LA IMPOSICIÓN DE LA ORTODOXIA

n 1527 el Arzobispo Manrique, con la esperanza de anular a los adversarios de Erasmo, convocó una reunión en Valladolid para decidir acerca de su ortodoxia. Aunque acabó sin llegar a ninguna conclusión, Manrique se apresuró a prohibir cualquier nuevo ataque contra Erasmo y pareció que los erasmistas habían triunfado. Pero los conservadores no estaban dispuestos a reconocer su derrota. Al introducir un elemento de duda acerca de la ortodoxia de Erasmo ya habían conseguido poner a sus adversarios a la defensiva y pronto se les presentó una ocasión para reemprender sus ataques, cuando Carlos V —el gran protector de los erasmistas— se trasladó a Italia en 1529. Esta vez los anti-erasmistas adoptaron la consigna de acusarles de iluminismo y luteranismo. Recibieron una ayuda inestimable de Francisco Hernández, antiguo director espiritual de los Alumbrados de Valladolid, vuelto a la ortodoxia después de su encarcelamiento y que denunció, uno por uno, a todos los principales erasmistas del país. Provista de este magnífico testimonio, la Inquisición se sintió lo bastante fuerte como para someter a interrogatorio a algunos importantes erasmistas, como los famosos hermanos Valdés y Miguel de Eguía, el impresor de las obras de Erasmo en Alcalá. La serie de interrogatorios alcanzó su momento álgido en 1533 con el del profesor de griego Juan de Vergara, amigo personal de Erasmo y figura de primera fila entre los círculos humanistas españoles. Denunciado como iluminista y luterano por Hernández, Vergara fue obligado, en 1535, a abjurar públicamente de sus pecados en un auto de fe y a pasar un año de reclusión en un monasterio.

La campaña de desprestigio del erasmismo mediante su vinculación a la herejías luterana e iluminista alcanzó un brillante éxito, y la condena de Vergara puso virtualmente punto final al movimiento erasmista español. Algunos erasmistas, como Pedro de Lérida, abandonaron el país, donde no veían porvenir para el estudio y la enseñanza, mientras otros fueron puestos bajo custodia a finales de la década de los treinta. Eran, en efecto, víctimas, como sus colegas de otras partes de Europa, de los tiempos en que vivían, exponentes de una tradición humanista tolerante que por

doquier iba de baja ante los progresos del dogmatismo religioso. Pero también eran víctimas de la peculiar situación interior española, donde los roces entre cristianos, judíos y moros habían creado unos problemas raciales de una complejidad sin igual y habían provocado la creación de un tribunal que buscaba una solución por el único camino que parecía viable: la imposición de la ortodoxia. La Inquisición española, que actuaba en un país donde las posiciones heterodoxas abundaban y donde, por lo tanto, las nuevas herejías podían arraigar fácilmente, se aterraba naturalmente ante el menor indicio de prácticas subversivas y no toleraba la más ligera desviación de la ortodoxia más estricta, por temor a que pudiese abrir el camino a herejías más importantes. En efecto, si los frailes que dirigían la Inquisición estaban animados por la aversión a las ideas extranjeras, también actuaban bajo el impulso del temor. El Santo Oficio era esencialmente producto del miedo e, inevitablemente, al ser producto del miedo, basaba su fuerza en el temor. Entre 1530 y 1550 se convirtió en un gran aparato movido por delaciones y denuncias, una terrible máquina que podía escapar del control de sus propios creadores y adquirir una existencia independiente por sí misma. Aun admitiendo, cosa que parece probable, que la mayoría de los españoles hubiesen llegado, hacia mediados del siglo XVI, a considerar al Santo Oficio como una protección necesaria —un “remedio dado del cielo”, como lo llamaba Mariana— esto no implica necesariamente que no les aterrorizara. El miedo engendra el miedo, y da idea del éxito propagandístico de la Inquisición el hecho de que indujera al pueblo a temer más a la herejía que a la institución creada para extirparla.

Los rasgos más notorios de la Inquisición, según relatos populares de sus actividades, resultan a menudo menos excepcionales —situados en su contexto contemporáneo— de lo que normalmente se cree. La tortura o la quema por causa de las creencias personales no eran, después de todo, prácticas exclusivamente españolas y —aunque esto fuese difícilmente una fuente de consuelo para las víctimas— los métodos de tortura empleados por el Santo Oficio eran, en conjunto, tradicionales y no caían en los nuevos refinamientos que la gente imagina. Se procuraba emitir siempre un veredicto “justo” y la pena de muerte constituía, al parecer, sólo una pequeña parte de las sentencias pronunciadas. Desgraciadamente, es imposible saber el número total de víctimas quemadas por herejía. Las cifras fueron probablemente elevadas durante los primeros años de vida del tribunal -— el cronista de los Reyes Católicos, Hernando del Pulgar, habla de unos 2.000 hombres y mujeres—, pero parece ser que disminuyeron durante el siglo XVI.

Aunque la quema y la tortura no eran en modo alguno prerrogativas exclusivas de la Inquisición española, el tribunal poseía en cambio ciertos rasgos distintivos que le hacían particularmente censurable. En primer lugar, e! secreto y la duración interminable de sus procesos: Fray Luis de León (1527-1591) pasó seis años en las celdas de la Inquisición aguardando su veredicto. También el indeleble sello de infamia con que el encarcelamiento marcaba no sólo al propio acusado sino también a su descendencia. Y aquél perdía no sólo su honor. Uno de los principales motivos del miedo que se sentía por la Inquisición residía en su derecho a confiscar las propiedades de todos los condenados. La “reconciliación” entrañaba por lo tanto la ruina tanto social como económica y proporcionaba, en consecuencia, innumerables ocasiones de hacer negocios sucios a los poco escrupulosos funcionarios del Santo Oficio.

De todas las características reprobables de la Inquisición la más reprobable, sin embargo, era quizá su tendencia natural a engendrar un clima de desconfianza y de sospechas mutuas, especialmente propicio a los delatores y espías. Existían unos 20.000 familiares del Santo Oficio, repartidos por todo el país, siempre atentos a las manifestaciones de heterodoxia, y sus actividades

se veían completadas por el desagradable expediente conocido con el nombre de Edicto de la Fe, por el cual los inquisidores podían visitar un distrito a intervalos regulares y poseían una lista de las prácticas reprobables y heréticas que leían ante la población congregada. La lectura era seguida por una exhortación a los oyentes para que denunciasen tales prácticas en cuanto llegasen a sus oídos y se amenazaba con penas severas a los que guardasen silencio. Como las víctimas de la Inquisición no llegaban a conocer la identidad de sus acusadores, el Edicto de la Fe presentaba una oportunidad ideal para el arreglo de cuentas pendientes y animaba a la confidencia y a la delación como cosas naturales. “Lo más grave”, escribía Mariana, refiriendo ostensiblemente la opinión de otros, pero expresando quizá la suya propia, “era que por aquellas pesquisas secretas les quitaban la libertad de oír y hablar entre sí, por tener en las ciudades, pueblos y aldeas personas a propósito para dar aviso de lo que pasaba...”

En este clima de temor y sospecha se reprimía toda discusión provechosa y se hacía sentir una nueva coerción. Aun cuando el Santo Oficio no se interfería directamente en las obras no religiosas, las consecuencias de sus actividades no podían limitarse exclusivamente a la esfera teológica, que oficialmente era su único campo de acción. Los autores, incluso los de obras no teológicas, tendían de modo natural a realizar una especie de autocensura, aunque sólo fuese para mantener sus escritos limpios de todo lo que pudiera inducir a error a los ignorantes y a los incultos y proporcionar así un arma más a los enemigos de la Fe. Por consiguiente, existía un nuevo espíritu de cautela ante el exterior que, inevitablemente, impedía el amplio debate y la investigación que habían caracterizado el reinado de los Reyes Católicos.

Sería errónea, sin embargo, suponer que la Inquisición era la única causa de coerción en la España del siglo XVI o que introdujo características totalmente nuevas en la vida española. Es evidente que pudo dominar de tal modo a la sociedad española precisamente porque daba sanción oficial a actitudes y prácticas ya existentes. Las sospechas hacia aquellos que se desviaban de la norma común estaban hondamente enraizadas en un país donde las desviaciones eran mucho más normales que en otros países, y un hombre podía ser suspecto tanto por su raza como por su religión. No es ninguna coincidencia que la creación de un tribunal dedicado a imponer la ortodoxia religiosa se viese acompañada por el nacimiento de ciertas prácticas encaminadas a mantener la pureza de la raza, pues las desviaciones religiosa y racial se identificaban fácilmente en la mentalidad popular. En efecto, junto a la preocupación obsesiva por la pureza de la fe, floreció una no menos obsesiva preocupación por la pureza de la sangre. Ambas obsesiones habían llegado a su grado más extremado a mediados del siglo XVI; ambas utilizaban los mismos procedimientos de confidencias y delaciones, y ambas tuvieron como consecuencia el reducir los ámbitos extraordinariamente amplios de la vida española y encajonar por la fuerza a una sociedad rica y llena de vitalidad en los estrechos cauces de la conformidad.

Aún más que el desarrollo de la Inquisición, el de la doctrina de limpieza de sangre ilustra las tensiones internas de la sociedad española y muestra con qué facilidad esta sociedad pudo caer víctima de las peores tendencias que albergaba en su seno. Durante el siglo XV el problema judío se había convertido en el problema converso y era seguramente inevitable que, tarde o temprano, se hiciesen intentos para excluir a los conversos de los cargos públicos. El primero de estos intentos, de carácter oficial, se produjo en Toledo en 1449. A finales del siglo XV y principios del XVI la limpieza de la ascendencia se convirtió gradualmente en condición indispensable para ser miembro de las Órdenes Religiosas así como para ser admitido en los Colegios Mayores de las universidades.

Los graduados de los Colegios tendían, de modo natural, a arrastrar consigo la idea de discriminación al acceder a los altos cargos de la Iglesia y del Estado, y sin duda alguna se vieron animados en este sentido por el hecho de que en la Corte de Carlos V, a diferencia de la de los Reyes Católicos, había pocos conversos, en parte quizá porque el emperador creía que habían estado complicados en la revuelta de los Comuneros.

Aunque el Emperador estaba dispuesto a dar fuerza de ley a los estatutos locales o institucionales que discriminaban contra personas de origen judío (la ascendencia morisca no parece haber sido cosa de consecuencia), el movimiento en favor de la pureza racial sólo empezó a cobrar fuerza como efecto de ciertos acontecimientos ocurridos a finales de la década 1540-1550. El escenario de los nuevos sucesos fue la catedral de Toledo y el principal protagonista, Juan Martínez Silíceo, nombrado arzobispo en 1546.

Tanto el lugar como el personaje dicen mucho acerca de los orígenes y el carácter del movimiento en favor de la limpieza de sangre. Toledo, la cuna de los Comuneros, siguió siendo, en los años que siguieron a la revuelta, una ciudad claramente dividida, en la que las facciones rivales de los Ayalas y los Ribera siguieron disputándose los cargos civiles y eclesiásticos. En el curso de los años, la cuestión de la ascendencia había llegado a desempeñar un papel principal en estas rivalidades. Los Ayala, que habían luchado por la causa del nacionalismo castellano frente a la Corte flamenca, se enorgullecían de la pureza de su ascendencia y veían en la limpieza de sangre un arma posible para expulsar a sus rivales de los cargos públicos, ya que los Ribera, los Silva y los Mendoza estaban teñidos, según se rumoreaba, de sangre judía. Sin embargo, los Ayala tuvieron al parecer poco éxito, pues en la época de la designación de Silíceo para la sede de Toledo el capítulo y los beneficios de la catedral estaban, según se decía, totalmente invadidos por los conversos.

La designación de Silíceo introdujo un nuevo elemento de perturbación en una situación ya turbia. Era costumbre de Carlos V, como lo había sido de los Reyes Católicos, el preferir a gente de familia humilde para los altos cargos civiles y eclesiásticos, y Silíceo era un hombre de orígenes extraordinariamente humildes. Esto era algo que probablemente no pudo olvidar jamás, y que de todos modos le hubiera sido muy difícil olvidar en cuanto se encontró entre sus canónigos toledanos. Las familias aristocráticas de Toledo habían conseguido las mejores canongías y los mejores beneficios y, encabezados por su deán. Pedro de Castilla, hombre de sangre real —y judía—, estos aristócratas se sintieron disgustados por el nombramiento de un arzobispo de rango tan inferior. Los orígenes de Silíceo podían ser muy humildes, pero tenía una indudable ventaja que sus enemigos no poseían: su ascendencia era pura. Naturalmente, hizo jugar inmediatamente este factor favorable en su rivalidad con Pedro de Castilla, y el deán, a su vez, vio en la adopción de la causa de la limpieza de sangre por parte del Arzobispo una conspiración para introducir en la archidiócesis a más hombres de origen plebeyo. El previsible choque se produjo después del nombramiento para una canongía de un tal Fernando Jiménez. Tras la oportuna investigación, Jiménez resultó ser hijo de un converso que había huido hacía poco del país, después de que la Inquisición hubiese emprendido una investigación en torno a sus pretendidas prácticas judaicas. Evidentemente, argumentó el arzobispo, nadie aceptaría a un caballo en su cuadra, incluso como regalo, sin estar seguro de su raza. Se negó por lo tanto a admitir a este caballo en su cuadra y en 1547 impuso al capítulo un estatuto de limpieza de sangre que hacía de la pureza de la ascendencia condición esencial para cualquier designación futura, para dignidades y prebendas.

precedente que fue imitado, una tras otra, por todas las corporaciones eclesiásticas y seglares de España. En 1556 Silíceo solicitó y obtuvo la ratificación real del estatuto. Era especialmente significativo que Felipe II justificase su aprobación observando que “todas las herejías que ha habido en Alemania, Francia, España, las han sembrado descendientes de judíos”. De hecho, la ortodoxia religiosa y la pureza de la ascendencia se hallaban ahora oficialmente asociadas y la monarquía había estampado el sello de su aprobación sobre un movimiento que ya empezaba a escapársele de las manos.

Aunque la Corona se había colocado final y decididamente del lado de los estatutos, las auténticas presiones para el establecimiento de las pruebas de limpieza no procedían de las clases altas de la sociedad española, sino de las inferiores. El entusiástico apoyo dado a la doctrina de la limpieza por hombres como Silíceo es por sí mismo sintomático. El propio Silíceo, como el villano de la comedia, era también una víctima, la víctima de un sistema social que concedía un valor extraordinario al nacimiento y al rango social en toda la Europa del siglo XVI. La divisa de esta sociedad era honor, que significaba para un español algo exterior a su persona: su valor a los ojos de los demás. El honor era esencialmente un atributo de la nobleza, el privilegio exclusivo de las personas de nacimiento elevado. Era natural que este código de comportamiento aristocrático fuese a la vez remedado y amargamente sentido por los miembros más humildes de la sociedad y sobre todo por aquellos que habían alcanzado posiciones importantes y se veían considerados como intrusos en el mundo de los privilegiados. La doctrina de la limpieza de sangre proporcionaba a hombres como Silíceo un código propio compensador y que, desde luego, podía realmente suplantar al código do la aristocracia. ¿No era acaso mejor haber nacido de familia humilde, pero de cristianos puros, que ser un caballero de antecedentes raciales sospechosos? La ascendencia pura se convirtió así, para las clases bajas de la sociedad española, en el equivalente de la ascendencia noble para las clases elevadas, puesto que determinaba el status de un hombre con relación a sus prójimos. Su honor dependía de la posibilidad de demostrar la pureza de su ascendencia, primero hasta la cuarta generación y más tarde, durante el reinado de Felipe II, desde tiempo inmemorial. Una vez establecido esto, era ya el igual de cualquiera, fuese cual fuese su categoría social, y esto contribuía, sin duda, a proporcionarle ese sentimiento de igualdad que es, a primera vista, una de las más paradójicas características de la tan jerarquizada sociedad de la España del siglo XVI.

La insistencia cada vez mayor sobre la pureza de sangre como requisito para la obtención de un cargo, colocó a la aristocracia en una difícil situación. Era mucho más fácil seguir la ascendencia de un noble que la de una persona de! pueblo, y había pocos nobles que no tuviesen algún antepasado dudoso acechándolos desde el pasado, como los famosos registros familiares conocidos por el nombre de libros verdes se cuidaban de proclamar a los cuatro vientos. Pero el sentimiento popular era tan fuerte y se había insistido tanto en las implicaciones religiosas de la ascendencia dudosa, que resultó imposible poner coto a la manía de la limpieza de sangre. En cuanto fue exigida para ocupar un cargo en la Inquisición y para entrar en una comunidad religiosa o en un organismo seglar, ya no hubo posibilidad de evitar las largas y costosas investigaciones que podían en cualquier momento desenterrar un esqueleto del panteón familiar. Como la declaración de un testigo malévolo podía arruinar la reputación de una familia, las consecuencias de los estatutos de limpieza fueron en cierto modo comparables a las de las actividades de la Inquisición. Acentuaron el sentimiento general de inseguridad, animaron a calumniadores y delatores y provocaron intentos desesperados de fraude. Se cambiaron nombres, se falsificaron ascendencias, con la esperanza de engañar al linajudo, el funcionario que viajaba por los alrededores recogiendo testimonios orales y comprobando linajes, y

A

se puso especial cuidado en evitar enlaces matrimoniales que pudieran contaminar a las familias con una tacha de sangre conversa o una condena por la Inquisición.

Hacia mediados del siglo XVI, por lo tanto, la ortodoxia en España había llegado a significar no sólo la profesión de una fe estrictamente ortodoxa, sino la posesión de una ascendencia estrictamente ortodoxa. Desde luego existían límites al poder del linajudo y quizás más que a los del inquisidor. Era difícil imponer la prueba de limpieza a las clases de la sociedad, y cualquier familia que hubiese conseguido el hábito de una de las órdenes militares quedaba automáticamente fuera del alcance del investigador. Pero la obsesión de la ascencendencia pura produjo el efecto general de confirmar en la mente del pueblo la opinión expresada por Felipe II de que existía una correlación entre la herejía y