5. El agua, un recurso prioritario para los municipios
5.1. Evaluación del sector de aguas después de las reformas
A pesar de que América Latina puede ser considerada como una región privilegiada en el mundo en cuanto a recursos hídricos, pues posee cerca del 28% en el planeta para una población de sólo el 6% (Global Water Partnership, 2000: 90), existen serios problemas con este recurso. La creciente demanda derivada de las actividades económicas y el creci- miento demográfico, y el deterioro causado por la contaminación y la ocurrencia de fenómenos naturales como sequías e inundaciones, han alertado sobre la necesidad de emprender una gestión integrada del agua orientada a solucionar los problemas presen- tes y a garantizar la oferta del recurso en el futuro. Sin embargo, las acciones encamina- das al logro de este objetivo presentan diversas dificultades que se mencionan a continuación. El uso sectorial del recurso continúa, lo que implica en la práctica que usuarios como industrias, centrales hidroeléctricas, agricultores y empresas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado, entre otros, tomen decisiones de inversión e infraestructu- ra no óptimas debido a la falta de interacción entre ellos y a la ausencia de mecanismos de planificación. En relación con lo anterior, la falta de interdisciplinariedad a la hora de formular proyectos y realizar inversiones conlleva desconocer los efectos ambientales, económicos y sociales que una intervención de éstas puede acarrear o malgastar los escasos recursos financieros que poseen las localidades.
Por otra parte, es evidente que la legislación en torno a la gestión del agua ha cambiado sustancialmente durante la última década y que se ha avanzado en cuanto a su manejo integral, lo cual ha dado lugar al surgimiento de muchas instituciones y esto, a su vez, ha conducido a que sobre un mismo río, o cuenca, actúen diversos agentes que entre sí la mayoría de las veces desconocen sus labores,46 superponen sus funciones y, en
últimas, hacen que la aplicación de las leyes sea poco efectiva. Sumado a lo anterior, la inestabilidad de los programas desarrollados, a causa de los ciclos políticos, frustra la realización de proyectos a largo plazo, que es la vía más apropiada de lograr un progreso definitivo en cuestiones tan nombradas actualmente, como la calidad ambiental, la participación en un mundo globalizado, la intervención de las comunidades y la dismi- nución de la pobreza, aspectos en los que el manejo del agua cumple un papel funda- mental.
Otro problema, en el cual coinciden las autoridades en el tema, es que la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento básico no dio los resultados esperados. Se buscaba mayor inversión privada, mejoras sustanciales en calidad y cobertura y el desa- rrollo de un mercado del agua. Pero la experiencia evidenció que el enfoque exclusiva- mente económico no es suficiente, que debían tenerse en cuenta las motivaciones de los agentes privados (lucro fácil) y otros aspectos, sociales, ambientales y culturales, que no encajan con la racionalidad económica. Ejemplo de esto es que la cantidad considerable de usuarios informales que durante mucho tiempo han hecho uso del recurso de manera gratuita no estarían dispuestos a pagar por él. Sin embargo, vale decir que la definición clara de derechos de propiedad sobre el uso del agua trae consigo la estabilidad de los derechos del agua, y este elemento incentiva las inversiones y la percepción del agua como valor económico, y hace que se transfiera a sectores más rentables de usuarios para promover su optimización económica (Dourojeanni, 2001, 13).
46 Un solo tramo de un río, sin hablar de su cuenca, puede ser fácilmente intervenido por más de 150 actores diferentes (municipios, secretarías regionales, ministerios, empresas públicas, superintendencias y varios usuarios), sin que ellos se comuniquen entre sí o coordinen sus acciones (Dourojeanni, 2001, 10).
La creciente participación del sector privado ha venido acompañada de duras críticas. Precisamente, cuando los servicios de agua y de saneamiento eran manejados por el sector público, algunos informes hablaban de servicios en manos del sector privado en los que se empleaban contaminantes peligrosos, las tuberías goteaban y pasaban semanas sin que fueran reparadas y, sobre todo, los elevados precios ponían a la gente pobre en situación de tener que escoger entre el agua y la comida. En Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, los precios aumentaron en un 35% cuando un consorcio privado se hizo cargo del sistema de agua en 1999, lo que generó protestas callejeras prolongadas y el contrato con el proveedor fue rescindido menos de un año después. Incluso los intentos de algunos gobiernos de países en desarrollo, de adoptar enfoques del sector privado, han servido como lecciones dolorosas.47 Estos casos reforzaron dos percepciones comunes: que
la participación del sector privado enriquece a unos pocos a expensas de muchos y que el agua fluye para quienes pueden pagar.
Los críticos dicen que las compañías privadas, en su afán de ofrecer mejores ofertas para contratos de largo plazo, siempre subestiman el costo de mantener un sistema de agua. Una vez obtenido el contrato e iniciadas las operaciones, ellas recurren a la reduc- ción de personal y de costos de mantenimiento, al incremento de los precios, o a ambos, para obtener beneficios. Otros opositores a la privatización sostienen que el agua es un derecho humano y que se debe garantizar a todos un acceso adecuado y equitativo sobre una base no lucrativa; según ellos, este sector no debe ser manejado por empresas con fines de lucro.
Finalmente, hay que reconocer que otro de los conflictos que enfrenta la gestión integral del recurso es la falta de información sobre el estado real de los recursos hídricos. Se desconocen los usuarios, las formas de explotación, la calidad del agua, entre otros. La poca participación de la comunidad también ha incidido de manera negativa en el desarrollo de programas sostenibles, al no existir una veeduría ciudadana en las obras que
47 Cuando el gobierno de Sudáfrica intentó terminar con los subsidios del agua en 2000, millones de personas pobres se vieron obligadas a usar agua de los ríos y lagos contaminados, causando uno de los brotes de cólera más grandes del país (Naciones Unidas, 2003).
se llevan a cabo, aunque en la mayoría de los países existen los elementos legales que amparan su participación.