«Fue en Elda la liberación unos días an- tes del final oficial de la guerra. La entrada de las tropas constituyó un desfile delirante. Pa-
saron los soldados en sus camiones. Arrojan- do cigarrillos a las multitudes y atronando los aires con sus vítores (...) Fueron las primeras tropas nacionales que atravesaron nuestra ciu- dad y, a su paso, dejaron una muchedumbre enardecida y llena de gozo (...)».5
Así narraba años después el sema- nario Valle de Elda el final de la guerra y la «liberación» de la ciudad. Sin embar- go, para otros la realidad fue algo dis- tinta: recuerdan las caravanas de vehí- culos y los grupos de personas que des- parramados intentaban llegar como pudieran al puerto de Alicante, buscan- do una salida hacia el exilio que les per- mitiera salvar la vida o evitar la cárcel. Las despedidas de familiares llenos de in- certidumbre, la miseria en los rostros, el cansancio y el desarraigo han quedado gra- bados en la memoria de sus protagonis- tas, superando las imágenes de una pro- paganda que durante décadas intentó moldear a la sociedad española y que se completó con las insistentes políticas del olvido, que dominaron un tiempo de silencio.
No fue una liberación sino una con- quista, la llegada de un ejército de ocu- pación que pronto, con la colaboración de una parte de la sociedad civil, comenzó a hacer expiar culpas colectivas.
Desde el principio el Nuevo Estado persiguió la aniquilación del enemigo político y la depuración de la sociedad, para lo que contó con un enorme aparato represivo que comenzaba en la labor de control y clasificación de los ayunta- mientos. Pronto plazas de toros, cine- mas y otros locales como fábricas, lava-
Conmemorando el 18 de Julio, día del Alzamiento Nacional.
deros y antiguos conventos fueron ha- bilitados en cada localidad y se llenaron de presos políticos que se habían pre- sentado voluntarios ante las autorida- des civiles y militares de sus poblacio- nes tras la desmovilización del frente o que eran conducidos desde sus casas, sacados en la madrugada por grupos policiales y para-militares para ser clasificados y puestos a disposición de la autoridad militar.
Elda quedó bajo el control de la Je- fatura de la Columna de Orden y Policía de Ocupación del Centro, dependiente de la Comandancia Militar que se instaló en el edificio de la otrora dinámica Casa del Pueblo. Al mando de la misma estaba el capitán de Infantería Juan Guerra Do- mínguez, a cuyas órdenes quedaron tro- pas italianas y africanas. Por su parte, la falange local colaboró con la Columna en las tareas de detención de todas aque- llas personas consideradas desafectas al
Nuevo Estado.
En los primeros meses la actividad de clasificación fue intensa. La primera au- toridad municipal intercambió informes con sus homólogos de otras poblaciones y centros. De esta forma podemos decir que toda España, a través de sus munici- pios, estaba en conexión en el proceso de clasificación de prisioneros y refugiados. Desde la alcaldía se solicitaban informes sobre diversas personas a la Jefatura Lo- cal de FET y de las JONS y a la Columna de Orden y Policía de Ocupación, para con- testar las demandas que sobre antece- dentes político-sociales de prisioneros se reclamaban desde toda la geografía es- pañola. Así, sólo en la primera semana de mayo el alcalde emitía más de 200 in- formes, entre otros –y baste como ejem- plo– con la Auditoria del Ejército de ocu- pación de Albacete, con el Juez Militar de los Juzgados de Peñarroya y de Al- mansa, con el Comandante del puesto de la Guardia Civil de Puerto Lapice (Ciu- dad Real) y con las Comisiones clasifica- doras de prisioneros de los campos de concentración de Trujillo, Mérida y San- tander. Al mismo tiempo se carteaba con el gobernador civil para dar cuenta de todos los individuos refugiados en la lo- calidad, tal como había ordenado la pri- mera autoridad civil de la provincia en las primeras semanas de abril.
Este vasto proceso de clasificación permitió controlar a todos aquellos des- movilizados de los que no se tenían los suficientes informes por parte de la quin-
ta columna local para que volviesen a sus localidades, donde deberían ser con- venientemente clasificados. Para asegu- rarse la máxima colaboración, el alcalde Mariano Segura publicó un bando el 8 de mayo en el que terminaba haciendo un llamamiento a la población para que co- laborase mediante sus denuncias con la alcaldía, una invitación a la colabora- ción que se combinaba con la política de la coacción y el miedo:
«Todo propietario de casas donde habitasen personas en estas circunstancias, vienen obli- gados a dar conocimiento a mi autoridad de to- dos aquellos vecinos que no cumplieran esta or- den, siendo dichos propietarios responsables de tal ocultación y sancionados como sabo- teadores de esta disposición.»
Antes de partir hacia su punto de procedencia debían solicitar el corres- pondiente salvoconducto de la Alcaldía, lo cual hacía tener el proceso totalmen- te controlado.
De esta forma, los distintos tribu- nales militares recibieron informes pro- cedentes de las autoridades municipales de los pueblos de origen de los inculpa- dos. En Elda, tuvo su sede en las Escue- las Nacionales de Padre Manjón, donde, entre abril y octubre de 1939, se suce- dieron 31 consejos de guerra –muchos de ellos colectivos– de los que salieron al me- nos 15 penas de muerte, a las que se unen las que se dictaron en los consejos de guerra celebrados en Alicante. En to- tal fueron condenados a muerte y eje- cutados 37 vecinos de Elda, de los que tan sólo 10 habían tenido relación directa con los treinta asesinatos cometidos en la localidad durante el periodo de guerra ci- vil, según se desprende de los informes sobre sospechosos de la Causa General. Además 11 condenas a muerte fueron conmutadas6.
Esta represión física se completa con 238 condenas a diferentes penas de pri- sión, que oscilaban entre los treinta años de reclusión mayor y los seis de prisión menor, y que dispersaron a muchos el- denses por toda la geografía española. Desde el penal del Dueso en Santoña hasta Porta Coeli, desde la prisión para mujeres de Málaga hasta el penal de Chinchilla, desde Rentería hasta el Re- formatorio de Adultos de Alicante.
El hambre, la falta de higiene, el ha- cinamiento y la masificación definen la situación en las cárceles y centros de re- clutamiento franquistas desde los pri- meros días, tal y como declaraba el director
de la prisión de Monóvar en agosto de 1939, quejándose de que albergaba a 441 presos, cuando sólo había cabida para 150. Lo mismo ocurría años después en el Reformatorio de Adultos de Alicante, edificio construido para 500 penados, que en julio de 1941 contaba con 3.600 reclusos. Este carácter de masificación fue una constante al menos hasta 1942- 43, años en el que la legislación fran- quista comenzó a aplicar los primeros decretos de excarcelación generalizados en régimen de libertad vigilada8.
Pero con la prisión no sólo se casti- gó a los penados, numerosas mujeres de- bieron hacer frente a los momentos de ca- restía redoblando esfuerzos para sacar a sus familias adelante (entre los que se incluía el propio recluso), superando la miseria, el hambre y el peligro que en ocasiones suponía burlar a las autorida- des para poder «estraperlar» como úni- co medio de subsistencia. Sin duda, el fenómeno del estraperlo está ligado a la realidad de posguerra, un fenómeno que sólo castigó al pequeño estraperlista, per-
Represión franquista en Elda. Fusilados7.
Nombre y apellidos Edad E.C. Profesión Milit. Natural Vecino Fecha Lugar de ejecución
Almiñana Fuentes, Joaquín 29 S Zapatero CNT Salinas Elda 31-11-39 Monóvar
Alonso Vera, Francisco 32 S Zapatero Elda 31-05-39 Alicante
Beltrán Giménez, Antonio 59 C Zapatero CNT Elda Elda 11-7-39 Alicante
Beltrán Richarte, Juan 33 C Cortador CNT Elda Elda 11-7-39 Alicante
Bellot Orgilés, Manuel 36 C Zapatero CNT Elda Elda 11-7-39 Alicante
Bellod Pérez, María 27 S S.L. CNT Elda Elda 16-11-39 Elda
Berenguer Picó, Tomás 33 S Camarero Monóvar Elda 17-12-41 Alicante
Bernabeu Aguado, Santiago 36 C Zapatero Elda Elda 15-6-39 Alicante
Busquier Santa, Juan 20 S Zapatero CNT Monóvar Elda 5-3-41 Alicante
Celestino Tafalla, Rafael 44 Zapatero P. Sind. Elda 18-10-39 Monóvar
Cerdá Ibáñez, Manuel 47 C Chófer CNT Novelda Elda 20-6-39 Alicante
Esquembre Tomás, Aníbal 30 S Zapatero CNT Villena Elda 28-10-39 Alicante
García Torres, Juan 47 C Albañil Hellín Elda 16-11-39 Monóvar
Gisbert Miró, Antonio 38 C Carpintero CNT Villena Elda 20-6-39 Alicante
Gómez López, Antonio 33 S Zapatero CNT Elda 18-10-39 Monóvar
Gómez López, Manuel 36 C Zapatero CNT Elda 16-11-39 Elda
González Vera, José 31 C Zapatero CNT Elda Elda 17-1-40 Alicante
Ibáñez García, Deogracias 25 C Albañil CNT Montealegre Elda 20-2-42 Alicante
Ibáñez Morcillo, Elias 35 C CNT Elda 16-11-39 Elda
Iñiguez Valiente, Pedro 43 Zapatero Elda 16-11-39 Monóvar
Lledó Durá, José 38 C Albañil CNT Pinoso Elda 15-6-42 Albacete
Maestre Payá, Francisco 46 C Abogado IR Elda Elda 15-11-39 Alicante
Marchirán Millá, Vicente 24 S Zapatero CNT Montealegre Elda 20-2-42 Alicante
Martínez Moyá, Antonio 30 S Impresor CNT Elda 16-11-39 Monóvar
Mateo Cerdán, Antonio 28 C Zapatero CNT Elda Elda 3-9-40 Alicante
Mateo Cerdán, Francisco 25 S Zapatero CNT Elda Elda 16-11-39 Monóvar
Miguel Navalón, Juan 33 C Zapatero CNT Elda Elda 13-8-40 Alicante
Molina Molina, Juan 23 S Almacenista Elda Elda 12-6-39 Paterna
Navarro García, Constantino 61 V Jornalero Elda 31/05/39 Alicante
Navarro Soriano, Tomás 47 C Zapatero Elda 31/05/39 Alicante
Noguerón García, Mariano 43 C Zapatero CNT Almansa Elda 18-10-39 Monóvar
Ortín Cerdán, Jaime 34 C Zapatero CNT Villena Elda 15-6-39 Alicante
Rocha Calderón, Antonio 50 V Labrador Elda 31-5-39 Alicante
Sánchez Mina, José 28 C Zapatero CNT Elda Elda 17-1-40 Alicante
Santos Olcina, Luis 43 C Zapatero CNT Elda 31-5-39 Alicante
Valentín Martínez, Domingo 27 C Camarero CNT Albacete Elda 16-11-39 Monóvar
Vieco Albert, Antonio 49 C Zapatero Elda 31/05/39 Alicante
Fuentes: ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945), Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil Albert»,
1995. GABARDA CEBELLÁN, Vicent, Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1993. Registro Civil de Elda. Registro Civil de Monóvar. Archivo Municipal de Monóvar, Expedientes de Responsabilidades Políticas.
mitiendo unos niveles de corrupción ini- maginables entre los grandes acapara- dores, que acumularon beneficios a cos- ta de la miseria de la mayoría9.
En cuanto a la sociología de los in- culpados, la profesión más castigada fue la de zapatero, algo que está relacionado tanto con el peso del sector secundario en Elda, como con la actividad política y sindical de los inculpados, dada la in- fluencia del movimiento obrero entre los trabajadores eldenses. En cuanto a la militancia política, el estudio del pro- fesor Glicerio Sánchez Recio demuestra que la represión alcanzó a todo el círcu- lo político de izquierdas, destacando la importancia de la militancia en Izquier- da Republicana, superior a la del resto de partidos. Por su parte la afiliación sindical fue mayor que la política, de los casos conocidos presentaban afiliación el 65% de los inculpados, de los que el 33% es- taban afiliados a la UGT y el 67% a la CNT, dato que se corresponde con la tra-
dicional preponderancia del sindicato anarquista en Elda10.
Se buscaba el escarmiento y la de- puración de la sociedad, haciendo desa- parecer a los principales cargos políti- cos y sindicales de cada localidad. Las ejecuciones ejemplares persiguieron so- bre todo a aquellos que habían desem- peñado cargos de responsabilidad, como el caso de Manuel Bellot Orgilés, alcalde de Elda entre agosto de 1936 y agosto 1938, fusilado en Alicante en julio de 193911.
La ejecución del alcalde se efectuó en muchos de los municipios de la provin- cia, como en los casos de Petrer, Monó- var, Elche o Novelda, por citar algunas po- blaciones de la comarca. Junto a alcal- des, concejales, líderes sindicales y políticos en ocasiones pagaron con sus vidas por- que fueron arbitrariamente responsabi- lizados de los asesinatos cometidos en los primeros meses de la guerra, por el mero hecho de haber desempeñado dichos car- gos en aquellos momentos.12
El fusilamiento, la prisión y el exilio de los principales referentes republicanos de la localidad provocó la desmovilización total de una población que, sumida en la inseguridad y el miedo que se derivaban de un régimen de terror, no tuvo otro remedio que adaptarse a la situación, centrando sus esperanzas en sobrevivir al franquismo. En estas condiciones fue imposible estructurar un núcleo de opo- sición, más allá de algunas actuaciones individuales o de pequeños grupos, que se redujeron a pintadas subversivas, re- parto de hojas volantes o colocación de alguna bandera republicana a finales de los años cuarenta, cuando muchos habían salido de prisión13.
Para quienes se hubieran librado de los tribunales militares, el régimen arti- culó dos leyes encaminadas a seguir la la- bor de depuración y castigo. Se trata de la Ley de Responsabilidades Políticas, por la que al menos pasaron 216 elden- ses, y la Ley para la Represión de la Ma- sonería y el Comunismo. La primera per- seguía la represión económica y aunque la mayoría de las sanciones impuestas fueron de inhabilitación, hubo dos que alcanzaron las 30.000 y 50.000 pesetas. Dos puntos destacan en el despropósito de esta Ley: su carácter retroactivo has- ta octubre de 1934, sancionando todas las formas de apoyo a lo que se denomina- ba la «subversión republicana», como el haber militado en algún partido que for- La CNT fue el grupo más
castigado por la represión franquista en Elda. En la fotografía, tomada en Barcelona el 22 de noviembre de 1936, un grupo de milicianos, entre ellos varios eldenses, asiste al entierro de Buenaventura Durruti. Sobre la bandera del sindicato anarquista puede leerse: «El grupo 3º Centuria 17 a su compañero Durruti. Cataluña y Elda» (Foto del autor).
mase parte del Frente Popular o simple- mente haberse opuesto «por acción u omisión» al triunfo del Movimiento Na-
cional, y la transmisión de las penas, ya que
disponía la herencia de la sanción para los familiares de aquellos sancionados que hubieran fallecido.
En cuanto a la Ley para la Repre- sión de la Masonería y el Comunismo, que pese a su nombre se dirigió fundamen- talmente contra los masones y no contra los comunistas, afectó directamente a 28 eldenses –la mayoría de ellos inte- grantes de la logia «Amor»–, con dife- rentes penas de reclusión e inhabilita- ción. Tras la capital, Elda fue la población de la provincia más castigada por esta ley, hecho que no debe sorprender dada la tradición masónica existente en la lo- calidad desde finales del siglo XIX. Sin em- bargo, es conveniente matizar el dife- rente peso que tuvieron las condenas su- fridas por los masones de una y otra localidad, ya que tan sólo 8 de las 40 sen- tencias que recayeron sobre la masonería de la capital contemplaban el ingreso en
prisión; por el contrario, 22 de los 28 el- denses procesados por el mismo delito fue- ron condenados a penas que van desde los 12 años de reclusión menor a los 20 de reclusión mayor14. Aunque son diver-
sos los factores que explican esta dife- rencia, como las acusaciones infunda- das (23 sobreseimientos en el caso de Alicante) o el mismo funcionamiento y alto grado de discrecionalidad ejercido por la justicia franquista, lo cierto es que la logia eldense había tenido una impor- tante actividad durante los años de la II República, mayor que otras de la pro- vincia. De hecho, la mayoría de sus miem- bros pertenecían a Izquierda Republica- na y desarrollaron una intensa actividad política y cultural que se remontaba a los años de la dictadura de Primo de Ri- vera, defendiendo su credo político y mo- ral a través de su participación en perió- dicos y revistas culturales de tirada local y provincial15.
El proceso represivo se completaba con las Comisiones de Depuración, que en el ámbito local actuaron sobre los
Manuel Bellot Orgilés (primero por la izquierda), alcalde de Elda entre 1936 y 1938, poco antes de ser fusilado, junto a otros encarcelados en el Reformatorio de Adultos de Alicante.
maestros y el personal dependiente del Ayuntamiento. En cuanto a los primeros, un maestro fue separado de su puesto de trabajo y trasladado de la provincia du- rante tres años, si bien el peso de la re- presión sobre el magisterio eldense pro- cedió de las penas impuestas en los con- sejos de guerra y por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comu- nismo, con la condena de tres maestros a 20 años de prisión menor y otro a 12 años. En cuanto a los funcionarios del Ayuntamiento se creó una comisión mu- nicipal que el 26 de abril de 1939 decre- tó la «separación del servicio de la corporación,
sin prohibición de encontrar empleo en otras»,
de más de una veintena de funcionarios municipales, lo que da muestra del ca- rácter de castigo de su aplicación, además de la consideración de la administración municipal como auténtico botín de gue- rra, ya que estos puestos fueron cubier- tos fundamentalmente por mutilados de guerra, excombatientes, excautivos y familiares de caídos16. De esta forma, en
una posguerra marcada por la escasez el
Nuevo Estado supo distinguir y premiar a
quienes habían defendido la «causa na- cional», permitiéndoles que se benefi- ciaran de una legislación laboral basada en el privilegio. Esta clara discrimina- ción respecto al acceso a puestos de tra- bajo público hizo que ayuntamientos y toda clase de organismos públicos se lle- nasen de apoyos potenciales cuyas cua- lidades eran los méritos adquiridos en la Guerra Civil y su fidelidad al régimen.
Lo cierto es que las medidas tuvieron efecto en la provincia, de tal modo que en mayo de 1941 no sólo no existían pro- blemas de paro entre los excombatientes de la misma, sino que se había colocado a 600 que procedían de otras provin- cias17.
Una última forma de represión es la que podemos calificar como represión ideológica, que alcanzó todos los niveles de la vida cotidiana, ya que desde el pri- mer momento se persiguió la uniformi- dad de pensamiento, tratando de ree- ducar a una población calificada como «tradicionalmente izquierdista».
El primer paso para la reeducación fue la ruptura total con todo lo que hi- ciera referencia al periodo anterior, para lo que se había allanado el terreno por or- den de la Comandancia Militar de 16 de mayo, en la que se comunicaba a los al- caldes la necesidad de que, en el plazo máximo de veinticuatro horas y sirvién- dose de los medios que creyesen más convenientes, «desaparezcan en su totali-
dad todo letrero, pasquines etc. de propagan- da marxista colocados en lugar cualquiera de la población», bajo pena de una severa san-
ción a sus infractores18. Antes, el 9 de
abril, se había ordenado, desde la Jefatura Provincial de Propaganda, que en un pla- zo de 36 horas fueran borrados de to- das la fachadas «los letreros pintados por
las hordas del marxismo». De todas formas,
este afán por borrar lo anterior no nece- sitó de las disposiciones generales y du- rante la misma entrada de las tropas, tal Foto escolar de los años
cuarenta. La escuela durante el franquismo fue considerada un instrumento fundamental para la formación en los en los valores del Nacional- Catolicismo.
y como años después recordaba la pren- sa local en el aniversario de «la victoria»,
«un oficial de alta graduación hizo detener su automóvil en la calle de Queipo de Llano, pi-