L A SOLIDARIDAD Y LA DICTADURA

La palabra solidaridad se ha utilizado con distintos sentidos en los últimos cuarenta años. Se ha usado para defender distintos intereses sociales y políticos, como invocar la justicia social, la igualdad de derechos y la caridad cristiana, por nombrar algunos. En su nombre se han abordado asuntos sociales, políticos y económicos cruciales, como son el rol del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la protección de los más desfavorecidos. Y se la ha usado en cuestiones tan diversas como son la libertad de prensa y expresión, la defensa de la vida en el caso de la violación de los Derechos Humanos y la invitación a comprar un producto

solidario (Dockendorff, Román, & Energici, 2010; Dockendorff, 1993; Román & Energici, 2006, 2010; Román, Tomicic, & Avendaño, 2007)

Antes del golpe militar, la solidaridad se vinculaba principalmente con el ejercicio de la justicia social y la caridad cristiana (Dockendorff et al., 2010; Román, Energici, et al., 2014). El Estado era una institución protagónica en la gestión y coordinación de la solidaridad. Las pocas ONG de la época (aproximadamente 40) contaban con importantes beneficios tributarios en un contexto de relaciones fluidas con el aparato público (Cancino, 1996). La participación

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solidaria se promocionaba a través de la concurrencia a las instancias e instituciones públicas, por ejemplo, a través del pago de impuestos, véase la Figura 1.

Figura 1: Pieza publicitaria 1970

En la Figura 1, se presenta una pieza publicitaria en que se promueve que los clientes exijan la boleta (“¡Usted debe EXIGIRLA!”), a través del siguiente texto: “La ley establece que el impuesto incluido en el precio que usted paga, sea su aporte al progreso nacional… al futuro de todos los chilenos y que la prueba de su aporte será su Boleta de Compraventas y

Servicios”. Exigir la boleta es semantizado como “ayudar a construir Chile”. De este modo, es solidario el buen ciudadano que cumple con sus deberes cívicos.

Muchas de las prácticas solidarias de este período implicaban una reflexión crítica sobre la falta de equidad en Chile y se vinculaban explícitamente con asuntos políticos y económicos: cuestiones de derechos, equidad, propiedad pública y trabajo, por nombrar algunos.

En esta época la solidaridad se relacionada explícitamente con asuntos propios del Estado, y sobre todo con el pago de impuestos.

La instalación del neoliberalismo potenció al menos dos nuevos grupos de sentidos para el término solidaridad. Un primer conjunto de significados fueron asociados a justicia e igualdad

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de derechos (Dockendorff et al., 2010). Ejemplo de estas son la labor de instituciones como el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad que se abocaron a la defensa y promoción de los derechos humanos. Realizaron un importante trabajo jurídico, junto con labores en otras áreas tales como comedores infantiles, atención sanitaria, centros de apoyo escolar y programas como el comprando juntos (Precht, 1998). Dentro de esta misma línea podemos ubicar la solidaridad popular, de las cuales las arpilleras son un importante testimonio histórico (ver . Figura 2). En la arpillera de la población Santa Adriana se retrata (en la parte superior) una situación de violencia con la presencia de carabineros en una protesta “Protesta por la recuperación de los Derechos humanos en nuestro país”. En la parte inferior se retrata una “Olla común en la calle”, la cual fue una de las prácticas solidarias más habituales. Las ollas comunes eran organizaciones que agrupaban a un número variable de familias que residían en una misma área, estas ponían en común recursos económicos, materiales, alimentos y su trabajo para cocinar en conjunto. En este sentido, fueron formas de organización social que eran un instrumento de denuncia de las condiciones sociales, políticas y económicas de la época, y a su vez, una respuesta de los sectores populares para sobrevivir el hambre (Hardy, 1986).

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El segundo sentido fue una caridad desde la iniciativa privada, favorecida por el Estado. Se sentaron las bases jurídicas e institucionales para el traspaso de la solidaridad desde el Estado al tercer sector y al sector privado. Para esto se crearon franquicias tributarias que permitirían la creación de un tercer sector financiado con un importante aporte privado. Ejemplo de esta solidaridad fue la creación de la Teletón en 1978, para ir en ayuda a la Sociedad Pro-Ayuda al Niño Lisiado (SPANL), la cual se trasladó al alero de la Fundación Teletón en 1986, al amparo de esta nueva ley. El evento contó desde el inicio con la aparición de celebridades y una activa participación empresarial. Hasta la fecha, es una de las acciones emblemáticas en cuanto a la participación del sector privado con fines de lucro en la solidaridad7_.

La aparición de estos nuevos sentidos no implicó la desaparición de los sentidos anteriores, sino más bien todo lo contrario, la solidaridad como justicia social y caridad cristiana se insertó en los nuevos dispositivos de promoción de la solidaridad (Román, Energici, et al., 2014). Finalizada la dictadura militar, la solidaridad continuó siendo traspasada a la sociedad civil, dejando de ser entendida como una responsabilidad fundamental del Estado para considerarse progresivamente como un asunto de toda la sociedad (Dockendorff et al., 2010) delegado principalmente en el tercer sector. Luego del triunfo electoral de Patricio Aylwin, hubo una oleada de nuevas ONG (Cancino, 1996), no obstante, el tercer sector perdió el financiamiento que obtenía de la cooperación internacional y se ha focalizado, desde entonces, en la ejecución de acciones y programas de política social (De la Maza, 2003, 2004). En este sentido, es un tercer sector, que si bien es grande, no cuenta con una gran autonomía y que se constituye como efecto de la flexibilización de las políticas del sector público con un importante aporte privado (Román, 2009).

Este traspaso de la solidaridad a la esfera privada (fuese con o sin fines de lucro), no implicó la erradicación absoluta del Estado de las prácticas solidarias. Más bien su rol fue redefinido al menos en dos sentidos: en primer lugar, desde el aparato público se ensambla un dispositivo que incluyó leyes, fondos y licitaciones, por mencionar algunos, para financiar un tercer sector que contara con un alto apoyo del empresariado. Sería ingenuo pensar que dicho

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financiamiento ha estado exento de intereses políticos, por tanto, desde una posición quizás invisibilizada el Estado da forma y marca los límites de los que será el campo de la solidaridad. En segundo lugar, comenzaron las mediciones de pobreza, lo que implicó, como indica Ramos (2013) la creación de un objeto epistémico sobre el que intervino la gubernamentalidad estatal. En estos años, por tanto, comenzaron las políticas de focalización a través de las cuales el aparato público respondió a las demandas de los sectores más desfavorecidos. Si bien se puede juzgar si la calidad de dicha respuesta fue satisfactoria, lo que me interesa mostrar es que durante la dictadura se sentaron las bases para acciones estatales, que si bien en sus inicios no fueron consideradas como solidarias, más adelante, en los gobiernos de la Concertación sí fueron semantizadas en estos términos: por ejemplo en “Chile solidario” o la “Red protege”. En definitiva, en la dictadura podemos ver un traspaso de la solidaridad desde el aparato público al sector privado con y sin fines de lucro, donde los sentidos de la justicia social y la caridad cristiana, se comienzan transforman a partir de nuevas significaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos y una solidaridad en el consumo. El Estado parece

remitirse a un lugar secundario o invisibilizado como agente de la solidaridad, no obstante, en esta época se gestionan las posibilidades de una solidaridad pública diferente a su acepción anterior a la dictadura (vinculada a asuntos colectivos y el pago de impuestos).