Las Políticas Públicas en el contexto municipal

Para Arzaluz (2005) los estudios locales han tomado relevancia en el campo de las ciencias políticas y sociales vinculados a distintas problemáticas: en los años ´80 el análisis político local se centró en el proceso de democratización; en los ´90 en los estudios urbanos y de la gestión local, especialmente ligados a los procesos de reforma del Estado y, hacia fines de esa década, comenzó a surgir la temática de la participación ciudadana. En tanto, según

32

Por ejemplo, como bien señala Nirenberg (2009) algunos ámbitos sectoriales “clásicos” (educación y salud) se estructuraron bajo una fuerte impronta estatal y generaron jerarquías de saberes y poder (personificados en el médico o el maestro), que han vuelto las concepciones sobre participación como discursivas, y a veces poco operativas, dependiendo la incorporación de miembros de la sociedad (por ejemplo bajo la figura de promotor) o la creación de órganos participativos y su funcionamiento a la voluntad de las autoridades estatales.

33

Neirburg y Plotkin (2004) reflexionaron acerca de las figuras de intelectuales y expertos y destacan del primero, una forma de pensamiento crítico, independiente de los poderes y sustentado en el uso de la razón y, en los segundos, ubican a los técnicos y especialistas que trabajan en y para el Estado y, más recientemente para ONG y organismos internacionales, que evocan especialización y entrenamiento académico.

Nardacchione (2011), la cuestión local se desarrolla desde los ´80 como resultado de la crisis del Estado y en el marco de sus reformas, principalmente ligada a su política de descentralización (tema planteado en el capítulo anterior).

Respecto al tema de la descentralización existen distintas posturas que comprenden un amplio abanico de posiciones donde se hace hincapié en la intención de dotar a los municipios de mayor autonomía administrativa, financiera y política. Por un lado, desde quienes propician la descentralización como una herramienta que facilita la eficiencia del Estado, postura ligada a presupuestos de corte neoliberal y, por otro, se enfatiza la amplitud de la democratización. Esta proximidad permitiría la actuación directa sobre el terreno, una mejor percepción de los factores del contexto, sin intermediarios que produzcan luego una mala asignación de recursos, aplicando un tratamiento específico a realidades diversas y con mayor responsabilidad de los funcionarios ante las comunidades a las que prestan servicios. Desde la segunda postura, Leal González (1997: 88) define que la descentralización constituye “un amplio proceso de democratización que intenta producir modificaciones en las relaciones entre el Estado y la Sociedad, a través de la desconcentración del poder del Estado, el sistema político y el fortalecimiento de la participación ciudadana”.

Otros enfoques resaltan que la descentralización es un medio para liberar de cargas fiscales al Estado nacional y que se delega la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos en los municipios, donde la participación se constituye en un instrumento para tal fin, asumiendo la intervención directa de los ciudadanos en la ejecución de tareas públicas. En este encuadre se ubica García Delgado (1998) que afirma que mediante el proceso de descentralización el Estado traslada la crisis para abajo, hacia las provincias primero y de éstas hacia las comunas, en un proceso que apareció atravesado por un cruce entre dos tendencias: por un lado, por una suerte de revitalización de la esfera local y, por otro, como punto de condensación de la fragmentación social, de la crisis de mediaciones y de la falta de recursos. En este mismo sentido, para Svampa (2003) la falta de transferencias de los recursos necesarios para la gestión de muchos programas, tanto económicos como de equipos técnicos, llevó a que los ámbitos locales reformulen ciertos lineamientos a fin de adaptar los requerimientos de los programas a sus propias capacidades. Otro autor crítico es Boisier (1997), que señala que en América Latina se observó el despliegue de un interesante proceso de transferencia de la responsabilidad de hacer gobierno desde arriba hacia abajo, mediante procesos de descentralización, sin que al mismo tiempo esto se acompañe con la adecuada difusión y recursos pertinentes. Sin embargo, aclara el autor, el proyecto descentralizador es una histórica demanda política originada por la sociedad civil pero que en la actualidad se ha transformado en una oferta política que emerge desde el seno propio del Estado. De este modo, la oferta

descentralista encuentra su racionalidad principal en el ámbito económico y, secundariamente, en el político.

Más allá de estos debates, el proceso descentralizador fue conformando un nuevo mapa político, donde la aproximación al territorio y a la demanda de la ciudadanía modificó las modalidades de acción política y formas de actuación. Durante años los municipios tuvieron como función: regular el uso y la producción del suelo urbano, construir infraestructura y equipamientos colectivos, prestar servicios de limpieza de la vía pública, alumbrado, disposición de los residuos urbanos, desagües, etc. Bajo esta lógica, aparecían con una dimensión residual, es decir, que se ocupaban de aquellos servicios que por alguna razón económica o técnica no se justificaba que los preste el Estado nacional o provincial. En este sentido, Brugué y Gomá (1998) señalan que los gobiernos locales tendieron a orientar su actuación hacia la prestación de servicios puntuales y que ello fue consolidando una estructura política poco compleja que le permitiera asumir roles meramente operativos y de ejecutores de políticas diseñadas en niveles superiores.

En los últimos años, a partir del proceso de descentralización, las autoridades locales asumen nuevas responsabilidades entre las que mencionamos: promocionar proyectos productivos de desarrollo local enfocados hacia mercados internos y externos, atraer inversiones, fomentar el crecimiento; fortalecer la infraestructura local; atender a la población con menos recursos que demanda al nivel local por ser la escala de gobierno más próxima (funciones relacionadas con la asistencia social, la salud, fomento de la educación, cultura, etc.); rediseñar y fortalecer las estructuras administrativas y emplear nuevas tecnologías de gestión, para lograr mayores niveles de productividad institucional. Si bien parte de la bibliografía en un inicio se enfocó a que los municipios tenían que dar respuestas más amplias pero con similares recursos o sin las capacidades técnicas y de gestión necesarias (García Delgado, 1998), más recientemente, autores como Carmona (2012b) destacan algunas experiencias que surgieron como nuevas prácticas de gestión relacionadas con visiones estratégicas respecto del desarrollo de la ciudad, iniciativas descentralizadoras al interior de los municipios con mayor población y nuevas formas de interrelación con la sociedad a partir de la implementación de instancias participativas. Estas nuevas tendencias coexisten con diversos modos de gestión y, en la provincia de Buenos Aires, frente a un reclamo de mayor autonomía municipal.34

34 _{En este sentido, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 hace mención explícita a la autonomía municipal} en el artículo 123. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires este sigue siendo un tema pendiente. La reforma de la Constitución provincial, al igual que la Constitución Nacional, si bien agregó algunos artículos, dejó poco espacio para figuras participativas (art. 28 participación en la defensa del ambiente; art 44. en la manifestaciones culturales y de identidad cultural y art. 67 iniciativa legislativa y la consulta popular). Esta incorporación de artículos demuestra según Gaba (2004) un interés en orientar nuestra democracia hacia su forma participativa, pero al mismo tiempo sugiere límites a la participación al reconocer sólo mecanismos de democracia semi-directa.