Liberalización comercial, promoción de exportaciones y acuerdos internacionales

La liberalización comercial se comenzó a llevar a cabo en Bolivia con la NPE y tenía entre sus objetivos básicos, a corto plazo limitar el incremento de los precios domésticos de los bienes transables56 y restablecer las recaudaciones aduaneras, reforzando el programa de estabilización y a mediano plazo elevar la competitividad del sector transable de la economía, promoviendo una efectiva apertura e integración de Bolivia al comercio exterior.

La NPE eliminó la dispersión de aranceles, que variaban entre 0% y 150%, al crear un arancel único y uniforme de 20% aplicado a todas las importaciones y se eliminaron las exoneraciones y las barreras para-arancelarias, como la necesidad de conseguir licencias previas de importación. Bolivia buscó llevar a cabo sus políticas comerciales dentro de las normas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), participando del acuerdo desde 1989, y posteriormente como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Debido al elevado contrabando, que es uno de los problemas estructurales que enfrentaba y enfrenta la economía boliviana, y al reducido desarrollo de la industria nacional, no existieron fuertes reacciones de oposición a las medidas de liberalización comercial.

A lo largo del tiempo y en la transición de buscar no sólo la estabilización sino también promover el crecimiento económico se redujo la alícuota del arancel al 10% en 1990 y posteriormente se estableció una diferenciación entre los bienes de capital a los cuales se aplica una tasa arancelaria de 5%, manteniendo 10% para el restante de los bienes importados.

Se entiende por bienes no transables los que sólo pueden consumirse en la economía en que se producen, es decir, aquellos que no pueden importarse ni exportarse.

Generalmente se considera bienes no transables a los de las categorías electricidad, gas y agua; construcción; hoteles, restaurantes y comercio; transportes y comunicaciones; servicios financieros (este último grupo debe ser tomado con cuidado ya que la libre movilidad de flujos financieros puede alterar su condición de no transable) y servicios comunitarios y sociales. Sin embargo, estas categorías no son taxativas, sólo reflejan grados de transabilidad. La naturaleza transable o no transable de un bien se determina por dos ejemplos. La quinua es un bien transable, porque al aumentar su producción, el precio no baja, dado que puede ser llevada a otros mercados. En cambio, el transporte público en una ciudad es no transable, porque al aumentar el número de unidades vehiculares el precio debe bajar pues la misma cantidad de pasajeros tiene una oferta mayor. (Definición tomada del Informe sobre desarrollo Humano en Bolivia 2004, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

A partir de 1987, con el D.S. 21660, de la Reactivación Económica y la Ley 843 (Reforma Tributaria), se comenzaron a realizar algunos intentos de promover las exportaciones, introduciéndose mecanismos que buscaban garantizar la “neutralidad impositiva”, al autorizarse la devolución de impuestos indirectos pagados, por los exportadores de productos no tradicionales y en algunos casos mineros, en la adquisición de insumos, materias primas y otros componentes incorporados en el costo de las mercancías exportadas. Los mecanismos de compensación de impuestos fueron alterados en diversas oportunidades debido, en general a problemas de liquidez del TGN que generaron atrasos permanentes en las devoluciones y al mal cálculo y administración ineficiente de las devoluciones, que se asoció a problemas de sobrefacturación por parte de algunas empresas exportadoras, que buscaban obtener devoluciones “extraordinarias”.

Asimismo, con el D.S. 21660 de 1987, se establecieron algunos subsidios en los precios y tarifas de los sectores de hidrocarburos, transporte ferroviario, energía eléctrica y transporte aéreo, en las empresas aún controladas por el Estado, para beneficiar a las exportaciones. Estas medidas si bien buscaban promover la competitividad de los sectores transables, al reducir sus costos de producción y transporte entraron en contradicción con el esfuerzo de estabilizar la economía y fueron paulatinamente eliminadas.

A inicios de la década de los años 1990, se creó el Régimen de Internación Temporal para la Exportación (RITEX), mediante el cual se otorgaba la suspensión de impuestos y otros gravámenes a la importación de materias primas y bienes intermedios destinados a la producción de bienes que son posteriormente exportados. El RITEX se relacionaba con la creación de Zonas Francas industriales en 1992, ya que en estas se realizaría la transformación física de estos insumos.

Estas Zonas Francas industriales para la exportación, funcionaban bajo el principio de segregación aduanera y fiscal, con exención de imposiciones tributarias y arancelarias.

La política de promoción de exportaciones de Bolivia tomó un nuevo impulso con la aprobación de la Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones (Ley No. 1489) en abril de 1993, donde se clarificaron los conceptos para la devolución

impositiva57 y sobre el tratamiento del RITEX y de las Zonas Francas. Con esta Ley, además se estableció: i) la libertad de exportar e importar sin necesidad de permisos o licencias previas (salvo en el caso de productos que comprometan la seguridad del Estado, la flora, fauna y el patrimonio histórico y cultural de la nación), ii) la garantía a los exportadores del acceso directo potencial al financiamiento internacional, iii) el libre tránsito por el territorio nacional sin ninguna restricción y iv) la libre contratación de servicios de empresas y entidades que los exportadores estimen convenientes.

Para agilizar los trámites administrativos y reducir la burocracia y centralización, se creó el Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX), abriéndose oficinas descentralizadas en diversas regiones del país. Asimismo, se buscó impulsar una mayor coordinación de políticas y acciones entre el sector público y privado con la creación del Consejo Nacional de Comercio Exterior (COMEX), donde participan representantes del sector público y privado.

Así con estas reformas comerciales, el Gobierno boliviano buscó reducir el contrabando y aumentar las recaudaciones aduaneras.