LOs beNefICIaRIOs y Las CONseCUeNCIas DeL pODeR

¿Cuáles son las percepciones y expecta- tivas de la ciudadanía respecto a los resulta- dos y consecuencias del cambio político? O, en otras palabras: ¿a quién beneficia el cam-

gRáfICo 1.1 Indicadores de desempeño de la democracia en América Latina y el Caribe, 2009

nota: a. ¿en general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país? las respuestas corresponden únicamente a “muy satisfecho” y “más bien satisfecho”. b. en términos generales ¿diría Ud. que bolivia está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? las respuestas corresponden únicamente a “para el bien de todo el pueblo”.

Fuente: latinobarómetro, 2009.

26 Un aspecto “visible” del proceso de cambio es la presencia, antes casi inexistente, de personas de origen indígena originario campesino en diferentes esferas de la administración pública, así como su inclusión en los órganos de representación mediante circunscripciones especiales.

bio político según las representaciones de las bolivianas y los bolivianos? La indagación en esta parte del capítulo se refiere a la inciden- cia de la acción de gobierno y de las políticas públicas en la situación (en especial econó- mica) de la ciudadanía, en el horizonte de la movilidad social.

El planteamiento central es el siguiente: hay un desfase entre el cambio político-institucio- nal en democracia, que genera inclusión en la estructura de toma de decisiones políticas y empoderamiento de la diversidad; y el cambio socioeconómico en un modelo capitalista con horizonte de “economía plural”, que trans- forma la sociedad y desarrolla múltiples vías de movilidad social, pero enfrenta la persis- tencia de desigualdades estructurales y el sur- gimiento de nuevas desigualdades.

La relación entre interculturalidad (polí- tica) e igualdad (socioeconómica) plantea el desafío de evaluar otra relación: la que se establece entre movilidad social y cambio político. La primera es normativa y debe guiar el camino de la reforma estatal. La segunda es fáctica y es necesario auscultar sus efectos para avizorar si provoca avances, y cuáles, en la construcción de una democracia intercul- tural con igualdad.

Para el efecto recurrimos también a las representaciones sociales. En éstas la centra- lidad de la situación económica muestra que el cambio político ha sido positivo para los sectores populares beneficiados con las medi- das redistributivas del gobierno del MAS. Esta orientación puede evaluarse como una búsqueda de igualdad que se refuerza con la participación política de los indígenas que constituyen, precisamente, los sujetos a quie- nes más afectan las desigualdades socioeco- nómicas y de la discriminación.

La presencia indígena en las esferas del poder político es una muestra de movilidad social hacia la igualdad (socioeconómica). Sin embargo, la tensión entre inclusión indí- gena y exclusión de otras identidades sociales muestra que la interculturalidad tiene mucho camino que recorrer para que la democracia

sea un espacio de igualdad ciudadana; un espacio que ponga límites al poder político que tiende a reproducirse, por la naturaleza intrínseca del Estado, estableciendo distincio- nes identitarias que pueden transformarse en exclusiones selectivas de algunos actores.

Las representaciones sociales muestran las novedades y las rémoras en el imagina- rio colectivo después de diez años de cam- bio. También muestran que el poder político ocupa una centralidad llamativa que le con- fiere al Estado un papel protagónico que se reproduce en la esfera económica, donde el Estado vuelve a ser protagonista.

Así las cosas, el núcleo de la representación social general que la sociedad boliviana tiene sobre el poder político gira en torno a la idea de que éste se ejerce, a través del Gobierno, principalmente para mejorar la situación eco- nómica y defender los intereses de la gente pobre mediante la entrega de los distintos bonos que el Gobierno ha implementado y las donaciones que realiza de manera directa “repartiendo plata”.

¿Pero a quién beneficia el cambio político? En general, las representaciones sociales sobre el poder político muestran como núcleo común una valoración positiva de la situación económica que redunda en beneficio de los sectores populares como consecuencia de las decisiones gubernamentales. Esta percepción central en la visión de la gente contrasta con las emisiones discursivas en los ámbitos de la política institucional y en los comentarios en los mass media. Esos discursos inciden en temas secundarios para el imaginario colec- tivo, tales como la institucionalización, la legalidad y el autoritarismo que se condensan en el reclamo sobre la supuesta inexistencia de una figura de Estado de derecho. Estos ele- mentos están presentes en las representacio- nes sociales en algunas capitales y en la Media Luna, aunque de manera lateral y aislada.

Estas percepciones y expectativas tienen relación con otra mirada relevante acerca de la justicia social y la distribución de la riqueza en democracia27_{. La citada percepción positiva}

de la ciudadanía boliviana sobre el desempeño de la democracia y la sensación de que “se 27 Corporación Latinobarómetro, 2009. Informe 2009.

gobierna para el bien de todo el pueblo” coinci- den con una importante sensación de “justicia en la distribución de la riqueza” (34%), superior a la media regional (21%); y un sentimiento de que la democracia garantiza una justa distri- bución de la riqueza (ver gráfico 1.2 con datos del Latinobarómetro 2009). Es evidente que responder a estas expectativas optimistas de los bolivianos y las bolivianas sobre el bien- estar presente y futuro constituye uno de los mayores desafíos de la década que viene.

Ahora bien, la mejora económica está vin- culada, en el imaginario colectivo, a dos deci- siones del gobierno que lo distinguen nítida- mente de sus predecesores: la recuperación de los recursos naturalesy la lucha contra la corrup- ción. Este hecho tiene consecuencias positi- vas en la mejoría de la calidad de vida de los bolivianos. Es decir, se trata de dos acciones que tienen como protagonista al Gobierno del MAS que ejecuta una política de naciona- lizaciones —a partir del decreto de naciona- lización de los hidrocarburos promulgado el 1° de mayo de 2006— y despliega una cam- paña anticorrupción y de transparencia en la gestión pública.

Entonces, el Gobierno es el sujeto del poder político que encara una serie de medi- das económicas que favorecen a los secto- res populares a partir de disponer de mayo- res recursos debido a la modificación en las relaciones entre la inversión extranjera y el Estado. La corrupción en las entidades públi- cas se encara con castigo a los funcionarios involucrados, una actitud que transforma el sentido de la valoración sobre este fenómeno porque el hecho de que se sancione la corrup- ción es más importante que la constatación de su permanencia y reiteración en la gestión pública. La figura presidencial es un elemento crucial para cuidar la imagen del Gobierno, puesto que la popularidad de Evo Morales no sufrió menoscabo alguno a consecuencia de los actos de corrupción en YPFB, como acon- teció con el “caso Santos Ramírez”, un diri- gente de alto rango del partido de Gobierno que fue detenido y encarcelado. Al contrario, la actitud presidencial frente a este hecho for- taleció la imagen de un Gobierno que lucha contra la corrupción.

Este tema, no obstante, tiene otra faceta que se relaciona con la vinculación que el

gRáfICo 1.2 Percepciones sobre la justicia en la distribución de la riqueza en América Latina y el Caribe, 2009

nota: a. ¿cuán justa cree Ud. que es la distribución del ingreso en bolivia? las respuestas corresponden únicamente a “muy justa” y “justa”. b. ¿Hasta qué punto las siguientes libertades, derechos, oportunidades y seguridades están garantizadas en bolivia? las respuestas corresponden únicamente a “completamente garantizadas” y “algo garantizadas”.

discurso oficialista establece entre neolibera- lismo y corrupción, acusando a funcionarios de anteriores gobiernos para preservar la legi- timidad de la actual prédica contra ese flagelo. Así, la promoción oficialista de la aprobación de una ley anticorrupción es un elemento adi- cional que fortalece la imagen gubernamental porque se asienta en el cuestionamiento a los partidos políticos del ciclo de la “democracia pactada”, pese a que es percibida por la opo- sición y algunas entidades cívicas —Comité Pro Santa Cruz— como “un instrumento para la persecución y el amedrentamiento a los adversarios del Gobierno”.

La idea de que el Gobierno reparte plata por medio de la entrega de bonos y donacio- nes se asocia con tres nociones que matizan la representación social sobre el ejercicio del poder porque muestran diversas percepcio- nes que corresponden a distintas facetas de la labor gubernamental. Una primera noción presenta connotación positiva, puesto que los bonos y donaciones se perciben como una dádiva del Gobierno que beneficia a los pobres, hecho muy significativo para la gente de estrato socioeconómico bajo, y que es per- cibido como un acto sin precedentes en la historia del país. Los otras dos nociones tie- nen connotación negativa, en tanto se conci- ben los bonos, por un lado, como fomento a la flojera y, por otro, como un despilfarro que se enlaza con otras medidas atentatorias para la estabilidad de la economía.

Al respecto, los entrevistados explican que la orientación de estas políticas tiene que ver con la vida del presidente Evo Morales, sobre todo con una infancia de privaciones y carencias que lo hacen muy sensible a las necesidades de los sectores sociales exclui- dos y relegados. Es decir, existe una valora- ción de la tarea gubernamental como acto de justicia o reparación histórica respecto a los pobres más que como una concepción de política pública que responda a un plan de desarrollo. También es percibido como un acto de reafirmación de sus lazos con sus bases sociales de apoyo político-electoral, aspecto que es resaltado por otros entrevis- tados como una muestra de rentismo —y no de redistribución mediante políticas socia- les— haciendo énfasis en el carácter “popu- lista” del Gobierno.

Por último, la defensa de los intereses de los más pobres se explica porque en el Gobierno del MAS se ha producido una mayor participación política de los indíge- nas, y los entrevistados resaltan el hecho de que el Gobierno ha situado a dirigentes de los pueblos indígenas en cargos públicos que en el pasado eran exclusivos para personas de otros estratos sociales y/o con instrucción superior. En este caso, la figura de Evo Mora- les también funciona como ejemplo inaugu- ral de la presencia indígena en la cúspide del poder político. De manera similar que en el caso de la orientación popular de las medidas de redistribución de los recursos generados por la nacionalización, la figura presidencial juega un papel decisivo en la participación política de los indígenas porque Evo Mora- les expresa esa característica en el ejercicio de Gobierno. Sin embargo, los indígenas son percibidos como beneficiarios de las decisio- nes gubernamentales y no tanto como suje- tos del poder político, puesto que el poder se concentra en el Gobierno, como se vio en el anterior acápite.

¿Y qué pasa con las representaciones socia- les respecto a las consecuencias del cambio político en la inclusión de actores-sectores en la toma de decisiones colectivas? De la misma manera que aparecen connotaciones positivas y negativas con relación a las medi- das redistributivas del Gobierno, el protago- nismo de los sectores populares es visto bajo el filtro de la tensión entre inclusión y exclu- sión. La mayor participación indígena se aso- cia a la exclusión de mestizos, profesionales y empresarios, gente de clase media y de la región oriental. La idea de exclusión de otros sectores de la población se confirma en la per- cepción de que el beneficio en el manejo del poder es para el pueblo y los más pobres, así como para la “clase baja” y el campesinado, dejando de lado a la clase media.

La tensión entre inclusión y exclusión muestra una variante en la representación social general porque en torno a esta antino- mia se refuerzan las percepciones negativas respecto al ejercicio del poder político por parte del Gobierno. Así, en la mirada oposi- tora se presenta la idea de que la exclusión de la clase media se da, principalmente, “por venganza o revanchismo político” hacia un

grupo social que antes detentaba el poder y abusaba de su manejo. Otra manera en que el Gobierno promovería la exclusión, según algunos entrevistados, es “exacerbando el racismo y provocando enfrentamientos entre bolivianos y entre regiones”.

De nueva cuenta, el sujeto en torno al cual convergen las relaciones políticas y sociales es el Gobierno, cuyas decisiones y acciones orde- nan el campo político-discursivo y las prácti- cas sociales. Se trata de un estilo de gobernar que es cuestionado por sus supuestas conse- cuencias negativas respecto a la vigencia del Estado de derecho, una invocación normativa de la democracia difundida por la oposición, que contrasta con la valoración fáctica de las medidas gubernamentales y sus consecuen- cias positivas para la población beneficiada e identificada con el oficialismo.

En conclusión, la disyunción de ideas res- pecto al ejercicio del poder y acerca de los beneficiarios de sus decisiones expresa la polarización política que caracterizó la pri- mera gestión gubernamental del MAS. Sin embargo, predomina una mirada positiva sobre el accionar gubernamental y no existen dudas sobre el sujeto del poder, el Gobierno. Su protagonismo no es explícito sino subya- cente a las medidas adoptadas en el ejerci- cio del poder cuyos efectos son valorados de manera disímil, aunque con una tendencia más proclive a la aprobación que al rechazo. La mirada positiva privilegia la justicia, la igualdad y la inclusión, mientras que las crí- ticas negativas al Gobierno y su gestión enfa- tizan en la exclusión, la ilegalidad y el autori- tarismo.

1.5 HaCIa UNa DemOCRaCIa