Los desafíos de nuestra Modernización Carcelaria

En los acápites anteriores, hemos visualizado que la prisión o sistema cerrado, como concepción clásica de la pena, no resocializa; más bien corrompe completamente a los que estaban sólo medio corrompidos, desocializando a los que se integran en la subcultura carcelaria. En realidad, sólo se puede socializar en la sociedad de los hombres libres.

Aún cuando la herramienta de la prisión es el mecanismo hasta ahora más utilizado, sendos informes de Paz Ciudadana nos detallan las infortunadas consecuencias que derivarían de una sobre población penitenciaria. La mencionada institución aduce que de las cifras disponibles el año 2002 con 34.901 personas recluidas, el 56% corresponde a condenados, 38% procesados en espera de una sentencia o bajo prisión preventiva, y el 6% son detenidos. Estas cifras nos obligan a reflexionar en una inmediata modernización carcelaria, que vaya a la par con la Reforma Procesal. De este modo, entre 1995 y 2002 el número de personas recluidas aumentó a una tasa promedio anual de 6,8%, acumulando a la fecha un 58% de población penal, en circunstancia que bajo el período de transición el crecimiento era del orden de un 4,2% con la coexistencia de un mayor número de concesiones de beneficios intrapenitenciarios, y de una tasa delictiva inferior a la actual. ( sólo el año 2002 se denunciaron alrededor de 150.381 delitos; y a la fecha , año 2004 se incrementó en unas 300.000robos, como especial figura delictiva).

Conjuntamente el aumento de hechos delictivos en la última década ha incidido en el aumento de presupuestos , y a una política de concesiones de Sujetos privados, quienes han licitado proyectos de construcción de nuevos centros de detención penitenciaria, modernos y espaciados (CCP).

Actualmente, según las estadísticas de UNICRIM, existen un número de 23.000 reclusos , con un promedio de hacinamiento , que llega al 60 %, y que hace imprescindible la construcción de a lo menos 10 nuevos centros de cumplimiento penitenciario, bajo el modelo Augsburgués, confiriendo mayor dignidad a los reclusos.146

Estos proyectos contemplaban, inicialmente una inversión cercana a los 280 millones de dólares, y permitía contar con 20.000 nuevos cupos. Estas concesiones a empresas privadas, tienen un plazo de 20 años de percepción de derechos, y además merecen incentivos tributarios, con subsidios a los concesionarios por obras construidas, que sigue las tendencias implementadas en países como Australia y nueva Zelanda, y también en EE.UU con las orientaciones del New Public Management.

El año 2003 el déficit en plazas era de 12.000, y se proyecta por la Fundación Paz Ciudadana que, quedarían libres 8000 plazas. Este proyecto modernizador supone que la población penal no crecerá hasta que todas las cárceles estén funcionando con la Nueva Reforma Procesal, panorama, que en la práctica no logró concretarse.

Por otro lado, si se mantiene la actual tasa de crecimiento del 6,8% en el crecimiento de la sobrepoblación, en sólo 4 años el sistema penitenciario estará sobrepoblado nuevamente, principal crítica de la opción de construcciones y concesiones privadas de la infraestructura penitenciaria en curso. Los costos futuros del sistema, que no consideran esta variable de creciente sobrepoblación, pueden amenazar los costos proyectados por el Estado, haciendo de la modernización una solución parcial y onerosa. Es necesario, minimizar la reclusión, ampliar las medidas alternativas y procesos rehabilitadores. Estas últimas determinan menores costos, cumplimiento de normas mínimas y coordinación de recursos con las metas generales de la modernización de la Justicia.147 _Actualmente

según Gendarmería , en el año 1997 sólo el 36% de los condenados han optado a las medidas alternativas, permitiendo descongestionar la rotatoria carcelaria, por lo tanto las tasas de reincidencia son superiores a los ingresos y egresos, es éste otro factor que hace peligrar la modernización carcelaria, y requiere mayores proyectos de selección y capacitación de parte de las iniciativas privadas empresariales, para sacar a los primerizos de la delincuencia como continuum subcultural.148

Por lo antes dicho, la reforma procesal más que alivianar la carga penitenciaria, sólo la descongestiona en los ingresos provisorios, pero en cuanto a las causas, que se tramitan con gran

146 _{Vid. Revista de Estudios Criminológicos y penitenciarias, Ob. Cit. Pp. 132-137. En el mismo sentido Informe de Paz Ciudadana, en} revista Conceptos, N°38, agosto de 2003, pp.4-6.

147 _{Revista Conceptos, N°38, Fundación Paz Ciudadana, agosto de 2003, pp 5.} 148_{www.gendarmeria.cl página acerca de modernización, y estadísticas penitenciarias.}

celeridad, por medio de juicio oral, abreviado y simplificado han determinado condenas rápidas y ajustadas a derecho, pero como el sistema ya presenta sobrepoblación se han generado contradicciones. Así, mientras se construyen diez nuevos centros, la Reforma Procesal condena en juicio oral una gran cantidad de individuos , que deben cumplir en régimen cerrado sus penas, aún cuando no representan un peligro efectivo para la sociedad.

En consecuencia, estas modernizaciones de recursos , al parecer resuelve el dilema, aplicando las estrategias del New Public Management, que consiste en invertir en NTICS, diseños de construcción , administración , servicios e instalaciones que cumplan los estándares internacionales de seguridad y reglas mínimas penitenciarias, den confort a los reclusos y se acerquen al indicador de accountability de los organismos penitenciarios, pero con mayores grados de disciplinamiento y control.

Por otro lado, se previene en las reformas crear nuevos reglamentos penitenciarios para transformar la capacitación y relación penitenciaria, actualmente de cuidado y observación, tornándola una función de reinserción y promoción social efectiva de los reclusos. Por todo lo antes señalado, la modernización carcelaria debe considerar expresamente:

*capacitación laboral de los reclusos, mejorando sus indicadores de empleabilidad, para reducir su tasa de reincidencia.

*Infraestructura y capacidad de gestión , cumpliendo con las N.U.

*Políticas privadas y estatales de rehabilitación , a fin de no estigmatizar a los reclusos que vuelven a la vida libre, confiriéndole un trato equitativo con subsidios de empleabilidad para captar un mercado de trabajo permanente, siguiendo el modelo australiano y norteamericano, donde aproximadamente 145.000 reclusos están bajo la tutela de empresas privadas en convenio con los recintos penitenciarios, respetando el proceso de reinserción laboral de la OIT, que penaliza el trabajo forzado, incentivando la microempresa y la capacitación técnico calificada de los reclusos.149 2.6 . La Seguridad Ciudadana y La Modernización Carcelaria

Este trabajo ha logrado demostrar con diferentes elementos de información, tanto estudios nacionales, estadísticas penitenciarias y la experiencia de países que han encauzado correctamente

la modernización de su justicia y de las cárceles, la manera de orientar las políticas de modernización con una gran participación de la sociedad civil.

Actualmente los criterios de seguridad ciudadana, que nacen de la contingencia y emergente visión infaústica de los medios, han minado el éxito en la percepción de la población de la Reforma Procesal Penal, imputándole apelativos como de la “justicia blanda”, “La puerta giratoria”, que en el corto plazo van amenazando las políticas públicas de modernización carcelaria al exigirse de parte de diferentes sectores de la ciudadanía medidas más intensas de la prisión preventiva de los detenidos y condenas cada vez más altas.

En cierta medida, los ecos del temor en las calles han distorsionado los efectos reales de la reforma en la percepción de la ciudadanía. El debate actual pasa muchas veces por la violencia de casos reales, en particular de las formas delictivas en atentados patrimoniales, como por ejemplo el caso de los robos con intimidación de carácter pluriofensivo, que en la mayoría de las veces extractados en notas de prensa, con lesiones y horrendas agresiones, que causan la muerte de las víctimas, despiertan el espanto, altas dosis de efectismo en la teleaudiencia, y terminan por arrancar el convencimiento en la ciudadanía de la peligrosidad que representa el delito en nuestra sociedad, que permiten una entera manipulación de parte de los medios y las organizaciones más alarmistas de la sociedad civil, que exigen a las autoridades más resguardo , más cárceles, y de consiguiente más penas.

Si bien existen aumentos en la tasa de delincuencia, también es cierto que Chile posee altas tasas de concentración de población en las ciudades metrópolis, donde la desigualdad y segregación de las comunas perfilan una condición de inseguridad y de bajo desarrollo humano, que sirve de móvil en varios de los delitos atentatorios de la propiedad.

Por otra parte se debe agregar, que en todo proceso de transición a la democracia, aparecen voces de regreso a la punibilidad militar, que se sustentaba en la sociedad del miedo y del orden irrestricto. Pero que no se preocupaba de colocar a la persona – ya sea en la condición de recluso o imputado- en un primer lugar dentro de las instituciones de justicia y equidad. Esta inseguridad tiene un importante componente subjetivo y simbólico, que se basa en percepciones sociales susceptibles de ser influidas, a través de imágenes distorsionadoras o sobredimensionadas que presentan un cuadro de peligro para los intereses más vitales de las personas, significativamente mayor que el que realmente existe. Es la denominada inseguridad subjetiva, que acompañada de candidaturas irresponsables, configuran supuestos que acaban por persuadir el imaginario colectivo, con la

sensación de que nuestras ciudades chilenas son altamente peligrosas y que la criminalidad va en aumento.

Sin embargo, por las estadísticas proporcionadas en la última cumbre de justicia de las Américas, logramos apreciar que Chile es con creces uno de los países con menos delitos sexuales y contra la vida que en la mayoría de los países de la región150 _.

Lamentablemente, la discusión, las opiniones y la reflexión en torno de la criminalidad suelen presentarse de manera efectista, intentando encontrar o poner soluciones a corto plazo. Se reitera la prisión preventiva, que ya observamos tiene en una fase crítica a las cárceles y eventualmente amenaza a las reformas actuales. Pero, se exacerba el ius puniendi, en desmedro de la calidad de vida de las personas, y una mayor participación ciudadana de la población, que como hemos reflexionado en el primer capítulo son la clave para la prevención del delito.

En nuestro país, en esta carrera por mejorar los niveles de seguridad de la ciudadanía aumentando la severidad de la respuesta penal , se ha intentado más de una vez restringir las facultades constitucionales de los jueces en el ámbito de la administración de Justicia, en lo concerniente a otorgar o denegar las libertades provisionales. La justificación se afianza en la pedagogía de la ley, por criterios retribucionistas de la pena, pero que olvidan, que las cárceles y el derecho penal no mejorarán las tasas de desigualdad o coeficiente Gini, que según la última medición de Encuesta casen 2004, que junto al PNUD nos posicionaban como un país con alto crecimiento y gran desigualdad151_.

De manera explicativa, este trabajo nos devela con la documentación analizada que el sistema penal y carcelario, sólo representa un aspecto de la realidad chilena, pero serán necesarias reformas sociales, que sean impulsadas en década siguiente,y logren cambiar la visión excluyente y determinista que se tiene de un recluso, olvidando su condición esencial de persona, que adquiere relieve en un estado social y democrático como el nuestro.

2.7.- La percepción ciudadana y las cárceles en Chile.

Desde hace ya un par de décadas, las ciudadanías latinoamericanas, tienden a condenar el estado y funcionamiento de las administraciones públicas, en particular el ámbito de los servicios

150

Vid CEJA. www.ceja.cl Centro de Estudios de la Justicia de las Américas 2004-2005. Sección Chile.

151 _{Este punto es la tendencia hasta la encuesta CASEN 2010, que no disminuye la persistencia de los índices de desigualdad y la} concentración de la pobreza urbana en verdaderos guetos interurbanos, y periféricos, que concentran los principales índices de inseguridad ciudadana.

públicos estatales. Inclusive, se tiende a concluir, a partir de las encuestas y estudios de muestreo longitudinal realizados en la región, que cada vez , cuando se interroga acerca del poder del Estado para resolver problemas, la respuesta es que es muy limitado, e incluso que ha ido disminuyendo: en 2003, 57% de los latinoamericanos opinaba que el Estado era la institución que tenía más poder, porcentaje que se redujo a 49% en 2005.

Significativamente, las encuestas realizadas, permiten corroborar el desprestigio del cual las entidades públicas han venido en mostrar y ser objeto de fuertes críticas. En contraste, se ha fortalecido la percepción del poder de las grandes empresas: de 40% en 2003 a 44% en 2005.152

Además, el funcionamiento de las instituciones públicas es evaluado como mediocre: 52% lo califica como «regular». El resultado es aún más desalentador en lo que respecta a la confianza en la administración pública: esta aparece como la cuarta institución que genera menos confianza, solo superada por el Congreso, los sindicatos y los partidos políticos. Indagando en las áreas estratégicas que afectan la opinión ciudadana, surge una conclusión demoledora, que evalúa la percepción negativa de los ciudadanos en relación con el funcionamiento de diversos servicios públicos. Así al menos, se logra concluir de manera evidente: los servicios públicos no presentan un desempeño satisfactorio desde el punto de vista de la ciudadanía. ¿Significa esto que la sociedad prefiere los servicios prestados por el mercado? Si nos atenemos a las encuestas del Latinobarómetro, la respuesta es negativa: en 1998, 45% de los habitantes de la región consideraba que las privatizaciones habían sido beneficiosas para su país; en 2005, solo 31% manifestaba esta opinión y en 2008, 32%5. Del mismo modo, cuando se indaga qué actividades deberían permanecer en manos del Estado, 86% opina que la educación básica y primaria, seguida por la salud (85%), la provisión de agua potable (83%), las universidades y pensiones/jubilaciones (82%), los servicios eléctricos y el petróleo (80%), los teléfonos (71%) y, finalmente, el financiamiento de los partidos políticos (59%). Lo sorprendente es que los ciudadanos prefieren un mayor control por parte del Estado en ámbitos que fueron cedidos a manos privadas.153

152 _{Corporación Latinobarómetro: Informe Latinobarómetro 2005: diez años de opinión pública 1995-2005, 176.554 entrevistas, 10}

mediciones en 18 países, Latinobarómetro, Santiago de Chile, 2005, p. 18.

153 _{Corporación Latinobarómetro: Informe Latinobarómetro 2008, Latinobarómetro, Santiago de Chile, noviembre de 2008, p. 34.} Según el Latinobarómetro, la satisfacción con los servicios públicos privatizados está creciendo desde 2004, considerando que en ese año solo 15% de la gente de la región estaba muy satisfecha con estos servicios.

Al parecer, la idea resultante de estos estudios de opinión, permiten develar la centralidad del estado en los procesos de recomposición de las economías y democracias latinoamericanas, abriendo una fuerte demanda de lo estatal por sobre lo privado154_.

Una complementaria percepción acerca de la centralidad del estado en un servicio público, de manera particular, arrojó el estudio ICSOS de la Universidad Diego Portales, que se realizó en 2008155_{, permitiendo una interesante comprensión de la relación entre el acceso a la Justicia y el}

Servicio de Gendarmería, en particular la evaluación que los chilenos realizaban del estado de las cárceles, que no podemos olvidar es un servicio público centralizado, y dependiente del aparato central del Ministerio de Justicia. En este interesante muestreo face to face, de orden probabilístico, se constató lo que anteriormente señaláramos a nivel latinoamericano, y es que la mayoría de la población evalúa deficientemente la acción de los tribunales de justicia, en especial si nos remitimos a los sectores de la población de menores recursos, y provenientes de los primeros quintiles socioeconómicos, que dan cuenta de los resultados obtenidos en los últimos tres años (2008-2010), precisando la percepción en relación con la confianza de la sociedad chilena hacia los Tribunales de Justicia, que se ha mantenido inalterada. Esto es, a pesar de las fuertes oleadas reformistas aplicadas al sector justicia, la ciudadanía no ha presentado mayores variaciones en la percepción de confianza de la sociedad respecto de los tribunales, y su gestión.

Podemos apreciar la interesante muestra obtenida en el cuadro Nº 5 (Ver anexo II), que detalla las instituciones y servicios y la valoración que realiza la ciudadanía encuestada. En un reactivo asociado a la gestión de la reforma y Modernización de la Justicia, se preguntaba por las cárceles y la opinión de la población en cuanto a su funcionamiento y medidas alternativas al castigo carcelario, arrojando interesantes respuestas, que contrastan con las encuestas de Paz Ciudadana, realizadas para valorar la percepción de inseguridad y control del delito en la sociedad chilena. Al observar el cuadro Nº 6 ( Ver anexo número II), podemos apreciar la paradójica percepción de los chilenos en materia de cárceles, que si bien al ser

consultada la sociedad en el año 2005, sobre si la cárcel era la mejor forma de rehabilitar delincuentes, el 54,3% de la muestra se mostró en desacuerdo. Dejando una crítica al servicio

154 _{Cunill, Nuria. El mercado en el Estado. Artículo publicado en revista NUSO, Nº 221, mayo-junio de 2009, pp.35-53.}

155 _{Encuesta ICSOS, Universidad Diego Portales, disponible en el Instituto de Estudios Sociales de esta Institución, descargable en} Pdf, www.udp.cl ; ICSO-Justicia. 2008-2010.

público de Gendarmería, pese a los ingentes recursos destinados a la RPP, y la modernización del aparato penitenciario, que ya venía en curso desde 2003.

Ese mismo año, al consultar sobre las mejores alternativas para disminuir la delincuencia, las alternativas principales escogidas por la población fueron las de tipo preventiva (más empleo, más educación, mejores tribunales, etc.), por sobre las represivas. La opción “mejorar las cárceles” obtuvo un bajo porcentaje de preferencias ciudadanas (12%). Quizás esta tendencia, favorable a las medidas de resocialización y de políticas de seguridad social, estarían generando un espacio de debate en torno a qué se debe modernizar, o de qué manera se evalúa el funcionamiento carcelario y sus bienes sociales agregados, que la población no perciben como una medida adecuada al momento que se vive en nuestra sociedad.

Conjuntamente, al ser consultada la población, sobre las alternativas o penas sustitutivas, para aquellos que cometen delitos de BAJA GRAVEDAD (Encuesta UDP 2006), la mayoría de la población se muestra de acuerdo con opciones que no implican encierro (en cárcel o centro de rehabilitación). Estas respuestas, si bien representan la percepción recogida en un determinado momento, suelen no ser utilizadas en los debates penitenciarios y judiciales vinculados a las sesiones legislativas, que se orientan más bien en la tendencia a la construcción de cárceles concesionadas; y mega-cárceles de presupuesto estatal.

Contrariamente a lo que se suele decir a partir de la preocupación general de la opinión pública sobre la “delincuencia”, las cifras del cuadro Nº 6 (ver anexo II), muestran una sociedad que tiende a preferir soluciones de prevención por sobre las de castigo, instalando severos reparos a la ola punitiva y sensacionalista de las encuestas dirigidas por el Ministerio del Interior, y organismos encargados de monitorear la delincuencia en Chile.

Para un mayor desglose, podemos apreciar que la opción con mayor aceptación entre las respuestas de los encuestados, al construir un panel de opciones , se logra colegir que las medidas resocializadoras o de aporte social son mejor evaluadas en su conjunta que las medidas represivas desde las percepciones de los encuestados. Así se puede desglosar del cuadro Nº 7( ver anexo II), que interroga acerca de las alternativas a la cárcel.

Por su parte, al ser inquiridos los ciudadanos participantes en esta encuesta, sobre los delitos de menor gravedad, inalteradamente aparece la respuesta valorativa de vías o medidas alternativas a la pena privativa de libertad, que hasta la fecha se ha transformado en el axioma preferido de las sentencias judiciales en materia penal. Puede apreciarse con más detalle el cuadro Nº 8 ( ver anexo

II), que evidencia criterios político criminales más favorables a modelos de justicia relativa, trabajos sociales en beneficio de la comunidad y arrestos en centro de terapia y reeducación de los reclusos, sistema de probation o libertad vigilada bajo supervisión en el medio libre. De esta manera,