PARTE I. CUESTIONES PRELIMINARES
II. DE LAS TRECE COLONIAS A UNOS ESTADOS UNIDOS INDEPENDIENTES
1. Aproximación al origen y evolución de las personas jurídicas en el Derecho inglés El
2.2. El nacimiento de la responsabilidad penal Las entidades municipales
Como hemos dicho, las primeras corporations surgidas en el siglo XIX en los Estados Unidos fueron entidades municipales públicas por lo que no es de extrañar que fuera, precisamente, en asuntos relacionados con estas entidades donde podemos encontrar, como ocurrió en Gran Bretaña, los primeros pronunciamientos jurisprudenciales sobre la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas262.
Tales pronunciamientos263 fueron consecuencia de la formulación de acusaciones penales contra entidades municipales por los denominados delitos de nuisance264, esto es, delitos consistentes en la causación de daños a la Comunidad que, además, en este primer momento, debían tener su origen en meras omisiones –nonfeasance-. Esto es, en el incumplimiento por parte de estas entidades de ciertas obligaciones265 de distinta naturaleza, relacionadas, por ejemplo, con la construcción o reparación de puentes o carreteras, o, en general, con el incumplimiento de otros deberes públicos, deberes que a su vez podían tener su
261Para una evolución sobre el derecho de sociedades en general, véase, Friedman, Lawrence M., American
Law…, cit., p. p. 50-74.
262Laufer, William S., Corporate Bodies…, cit., p. 9; Elkins, James R, «Corporations and the …», cit., p. p. 91-92;
Brickey, Kathleen F., «Corporate Criminal Accountability: A Brief History…», cit., p. 405.
Cabe aclarar en este punto que, aun cuando como vamos a exponer, durante el siglo XIX, y hasta principios del siglo XX, la persecución penal de las entidades municipales fue frecuente, hay que tener en cuenta que durante ese mismo período de tiempo algunas de dichas entidades sufrieron importantes transformaciones en su estatus legal, pasando de ser asociaciones de ciudadanos relativamente independientes y que se dotaban de sus propias normas, a «mere subdivision» del Estado, sometidas a su control y regulación. Como consecuencia de este proceso de cambio, y entre otros aspectos, a mediados del siglo XIX, los Tribunales comienzaron a elaborar la doctrina, según la cual, cuando dichas entidades actuaran «in a governmental capacity» debían ser inmunes a cualquier acusación penal. Véase, Green, Stuart P., «The Criminal Prosecution…», cit., p. p. 1201-1203. También sobre la evolución de estas entidades y de su regulación, Friedman, Lawrence M., History of…, cit., p. p. 400-403.
263Entre otros, podríamos citar los siguientes: Commonwealth v. Hancock Free Bridge Corp., 68 Mass. 58
(1854); State v. Morris Canal & Banking Co., 22 N.J.L. 537 (1850); President of Susquehannah & Bath Turnpike Rd.
Co. v. People, 15 Wend. 267 (N.Y. Sup. Ct. 1836); People v. Corporation of Albany, 11 Wend., 539 (N.Y. Sup. Ct.
1834); State v. Corporation of Shelbyville, 36 Tenn. 176 (1856). Véase sobre el particular, Brickey, Kathleen F., «Corporate Criminal Accountability: A Brief History…», cit., p. p. 405.
264Un delito de public nuisance es aquel que consiste en una injerencia irrazonable en el bien de la Comunidad,
sea porque es peligroso para la salud, ofensivo según sus estándares de moralidad o porque constituye un obstáculo ilegal en el uso de la propiedad pública, pudiendo dar lugar a una demanda civil o a una acusación penal. Veáse, Garner, Bryan A., Black´s Law Dictionary, 9ª ed., 2009, p. 1172.
265Elkins, James R., «Corporations and the…», cit., p. 91; Brickey, Kathleen F., «Corporate Criminal
origen en el common law (esto es, ser de creación jurisprudencial) o estar previstos en alguna norma legal266. La finalidad primordial que se perseguía con la formulación de tales acusaciones era precisamente el cese inmediato de la injerencia que se estaba produciendo en el bien común267.
En uno de estos primeros casos268, People v. Corporation of Albany (1834)269, la ciudad de Albany fue acusada de no limpiar la cuenca del río Hudson, que se encontraba llena de todo tipo de desperdicios, incluido animales muertos; lo que había provocado la emisión de gases tóxicos y que el agua ya no fuera potable, con el consiguiente daño para la salud pública.
En contra de dicha acusación, los abogados de la ciudad alegaron que, como tal, no podía ser acusada penalmente, y que una responsabilidad de este tipo, derivada al parecer del incumplimiento de la obligación que la ciudad tenía de limpiar la cuenca, lo que también fue discutido, tenía que exigirse a las personas concretas que estaban obligadas a ello.
Respondiendo a esta alegación, el Tribunal Supremo de Nueva York mantuvo: «Es sabido que cuando una persona jurídica o un individuo están obligados a reparar una autopista o un río navegable, pueden ser acusados penalmente si incumplen esta obligación. Este es el único remedio que tiene el público para que ser resarcido por los daños causados. Si un individuo sufre un daño concreto, puede resarcirse de la pérdida, ejerciendo la acción correspondiente»270.
En opinión de Brickey271, el lenguaje utilizado por el Tribunal de Nueva York pone de manifiesto dos cuestiones que merecen ser destacadas: la primera, que en el año en el que se dicta la sentencia, 1834, el propio Tribunal reconoce como algo aceptado que estas entidades
266Green, Stuart P., «The Criminal Prosecution…», cit., p. p. 1204- 1205. Este autor cita como una de las
primeras sentencias al respecto, la dictada en el caso Commenthwealth v. Inhabitants of Dedham, 16 Mas. 141 (1814) en la que una ciudad –town- fue condenada por no cumplir con ciertas obligaciones impuesta por una ley del Estado de Massachussets, respecto a determinadas condiciones que debía cumplir el personal de las escuelas de la ciudad.
267Brickey, Kathleen F., «Corporate Criminal Accountability: A Brief History…», cit., p. 406.
268Véase, Brickey, Kathleen F., «Corporate Criminal Accountability: A Brief History…», cit., p. 406; Elkins, James
R., «Corporations and the …», cit., p. 91.
269People v.Corporation of Albany, 11 Wend. 539 (N.Y. Sup. Ct. 1834).
270Literalmente dijo el Tribunal: «It is well settled that when a corporation or an individual are [sic] bound to repair
a public highway or navigable river, they are liable to indictment for the neglect of their duty. An indictment and an information are the only remedies to which the public can resort for a redress of their grievances in this respect. If an individual has suffered a particular injury, he may recover his loss by an action on the case».
pueden ser penalmente responsables por los incumplimientos a los que hemos aludido; la segunda, que lo importante es la naturaleza pública del daño y la necesidad de que exista un remedio efectivo para repararlo.
Algunos años más tarde, de forma paralela a lo que ocurrió respecto a las personas jurídicas privadas desde mediados del siglo XIX272, estas entidades municipales públicas responderán penalmente no solo por omisiones del tipo de las reseñadas, sino también por acciones positivas –misfeasance-. Pero al igual que ocurría con las personas jurídicas privadas, durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, se mantuvieron por lo general inmunes a cualquier tipo de responsabilidad derivada de delitos que exigiera la concurrencia de algún elemento subjetivo, el conocido como mens rea.
No obstante, como se deriva de lo expuesto, la responsabilidad que se exigía a estas entidades municipales por los delitos de public nuisance era una responsabilidad de naturaleza penal, que derivaba de la formulación contra ellas de una acusación de esta naturaleza y suponía su sometimiento a un procedimiento penal, donde gozaban de las garantías procesales que entonces se les reconocía a las personas físicas273. Si finalmente eran declaradas culpables, se les solía imponer una multa, que podía oscilar entre los 10 dólares, que en el año 1844 se le impusieron a la ciudad de Barksdale por no reparar las calles de la ciudad274, hasta los 1.000 dólares que, en el año 1856, tuvo que pagar la ciudad de Bangor por no reparar un puente275.