O TERO P EDRAYO ,

La historia del patrimonio español de los últimos 150 años, período en el que se enmarca la creación de nuestros museos, va íntimamente ligada al devenir de las clases sociales más elevadas y pudientes. Tanto la nobleza como la jerarquía eclesiástica fueron, hasta el siglo XIX, los únicos estamentos en condiciones de encargar, poseer y coleccionar un arte al alcance de pocos. Las políticas liberales del siglo XIX y la entrada en juego de la burguesía establecieron un nuevo repertorio de posibilidades.

Desde la Guerra de la Independencia la situación económica del país obligaba a un replanteamiento que desembarcó en acciones desamortizadoras destinadas a la inversión de los beneficios de la venta de los bienes en manos de la Iglesia y la nobleza, en las delicadas arcas estatales. Por una parte se intentaba hacer frente a una situación económica, y por otra crear un nuevo estado social en el que los antiguos estamentos dejaban de tener un protagonismo único para compartir mantel con nuevas clases sociales pujantes120. En el fondo se buscaba una “revancha” política contra la Iglesia a la vez que la “democratización” de la cultura a través de la puesta en uso de bienes entonces reservados a unos pocos, bajo el lema liberal de “la utilidad”.

Iniciado ya el siglo XIX, la desamortización eclesiástica comienza con el Breve de Pío VII del 12 de diciembre de 1806 que enajenaba la séptima parte de los bienes de las iglesias, monasterios, órdenes militares y demás corporaciones eclesiásticas. Después, los gastos generados por la guerra fueron una de las mayores preocupaciones de la monarquía, lo que provocó que nuevas decisiones suprimieran las órdenes religiosas y

REVELTA GONZÁLEZ, M. La exclaustración (1833-1840), B. A. C., Madrid, 1976, pp. 484-489. Este autor señala, entre las causas políticas que favorecieron la supresión de las órdenes religiosas: la purificación de la sociedad de clases, la solución que suponía para la hacienda pública, la afirmación del control del Estado sobre la Iglesia, el castigo a las congregaciones favorables al absolutismo. A éstas se unen causas de tipo social como la clara decadencia de las órdenes y su división.

aplicaran esos bienes a la extinción de la Deuda Pública, como la dictada el 18 de agosto de 1809 por José Bonaparte. Tras la expulsión de los franceses, la situación no varió, pues el problema económico existía todavía y, aunque la vuelta de Fernando VII restituyó gran parte del patrimonio despojado, éste volvió a ser el blanco de los decretos exclaustradores de los años siguientes. Durante el trienio constitucional, el primero de octubre de 1820 se promulga la ley de supresión de algunas órdenes monásticas y la reducción de otras para la aplicación de sus bienes al crédito público, que no era sino la puesta en práctica de las reformas proyectadas por las Cortes de Cádiz unos años antes. El gobierno de Martínez de la Rosa legitima, en 1834, las compra-ventas de bienes nacionales anteriores y destina los bienes desamortizados a la extinción de la deuda121. A partir de entonces, los sucesivos decretos exclaustradores de los años 30 resultaron una clara muestra del espíritu anticlerical del momento. En ellos se aludía a la gran cantidad de conventos existentes y al escaso número de ocupantes, así como a la evidente relajación en el cumplimiento de las reglas monacales (razones que escondían mayores inconvenientes como el de ser centros de ideología absolutista y conservadora). El resultado fueron los decretos de 1835 de supresión de conventos y monasterios, y nacionalización de sus bienes, de 25 de julio y 11 de octubre. Estos decretos, de carácter moderado, quedaron rápidamente superados por los que se aprobaron el año siguiente bajo la iniciativa de Mendizábal. El decreto de exclaustración general de 8 de marzo de 1836 suponía la supresión total de todas las órdenes religiosas masculinas y femeninas, y el último paso para una serie de medidas de incautación y venta de bienes religiosos.

El fin principal de estas medidas era la obtención de bienes que pudieran amortizar la deuda, es decir, rentas, fincas, bienes inmuebles…, hecho que desvió la atención del tema artístico hasta que éste se hizo tan evidente que fue necesario determinar su futuro. Desde la Ley de Monacales de 25 de octubre de 1820 (en la que se establecía la obligación de la custodia de archivos, cuadros y libros procedentes de conventos suprimidos) y los decretos de 1835, se había atendido ligeramente al destino de estos objetos al determinar en el artículo 8 del D. 25 de julio de este último año que “los

archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes, así como también los monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados…” no se destinasen a la amortización a la espera de un destino

acomodado122. De nuevo, en el D. de 1836 se hacía una distinción entre los bienes raíces y los de valor histórico o artístico que pasarían a engrosar museos y bibliotecas, según su Art. 25. A pesar de ello, la crítica situación del año siguiente y la incesante guerra obligó a

MUTIOLA POZA, J. Mª. La desamortización eclesiástica en Navarra, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1972, pp. 45-85.

122

TEIJEIRA PABLOS, M. D. “La formación del Museo de Zamora. 1840-1911”, en Revista de Museología, nº 29, 2004, p. 69.

la aprobación por las Cortes de la venta de alhajas de la Iglesia el 5 de septiembre123. Ello no resultó un obstáculo para la aprobación del R. D. de 31de diciembre de 1837 por el que se aprobaba la fundación de un Museo Nacional con obras procedentes de los conventos desamortizados que debía ser realizado por una Junta especial encargada de la incautación de los bienes124; el resultado fue el malogrado Museo de la Trinidad.

Desde el punto de vista artístico, asistimos a la desposesión de un vasto patrimonio que, si bien no se dedica a la venta, tampoco reportará un beneficio socio- cultural inmediato. Ni el Estado ni los nuevos propietarios estaban preparados para asumir la gestión de un patrimonio tan ingente, por lo que gran parte de él quedó en un “sueño” pasajero del que despertaría con los decretos reguladores de los años 40. A través de la legislación anteriormente recogida no se pretendía poner en duda la capacidad ni el derecho de la Iglesia de adquirir bienes temporales, cosa que había hecho desde sus primeros tiempos, sino su utilización en los programas de instrucción general y acceso a la cultura de las clases más humildes. Cierto es que estas buenas intenciones adolecieron de mayores impulsos que hicieran real lo que entonces representaba un problema importante de conservación de patrimonio.

A pesar de las disposiciones decretadas, su cumplimiento dejó mucho que desear en el campo artístico. La cantidad de edificios a conservar era exagerada y, el llamado “patrimonio artístico” mueble que se conservó, casi se vio exclusivamente reducido a la pintura. Por estos años, la incautación y elaboración de inventarios se resumen en dos palabras: libros y cuadros. El valor estético e histórico de muchos otros bienes todavía no había sido estimado por los hombres principios del XIX, hecho que podríamos achacar a dos causas. La primera sería la atención especial a aquellos objetos que respondían mejor a sus objetivos: la atención a la educación (a través de los restos históricos del pasado visto desde su una perspectiva subjetiva) y el mantenimiento del ideal patriótico. Y la segunda, la eliminación de los objetos que simbolizasen los principios contra los cuales se habían levantado los gobiernos más liberales: la religión y el poder real125.

Un ejemplo gallego de lo que ocurrió con buena parte de los inmuebles desamortizados cuya gestión y responsabilidad pasaba a manos estatales, es el que nos relata José María Antequera en su obra de 1885 al hablar del estado de los monasterios cistercienses: “Monte de ramo fúe vendido después de la última exclaustración, habiendo

hecho en él divisiones que lo han estropeado: lo mismo sucede á la iglesia”.

MUTIOLA POZA, J. Mª. La desamortización…, Op. Cit., p.91.

124

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. El patrimonio cultural: la memoria…, Op. Cit., p. 91.

125

HERNÁNDO CARRASCO, J. Las Bellas Artes y la Revolución de 1868, Ethos -Arte, nº 15, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1987, pp. 52-53.

“Magnífico era el monasterio de Santa Maria de Sobrado, de la misma orden, con su hermosa iglesia, la cual lucia una preciosa fachada. Destruido todo él, apenas quedan algunas ruínas”.

“No menos admirable por su arquitectura era el monasterio de Bernardos de Santa Maria de Osera, á que se daba el nombre de “El Escorial de Galicia”. En la plaza de Orense están sus hermosas fuentes, y en varios edificios sus piedras. Quedan de este monasterio preciosos restos, que inspiran verdadero pesar al que los contempla”126.

A la hora de practicar la incautación de bienes, en algunos casos, las autoridades encargadas de llevarlas a efecto se ponían en contacto con asociaciones, sociedades o grupos de reconocida instrucción en el campo artístico para solicitarles informes sobre las obras a conservar o destinar a la venta. Este es el caso, por ejemplo, del Gobierno Político de A Coruña que en 1843 solicita un informe a la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago acerca de los retablos de los conventos suprimidos que debían ser conservados y cuales debían ser subastados (Apéndice documental 2). Las Sociedades Económicas, creadas durante los siglos XVIII y XIX para la recuperación económica, social y cultural del momento, acabarían por convertirse en un importante foco de difusión cultural y educador127, como ocurrió en la ciudad de Santiago de Compostela. Estos tímidos movimientos procedentes de la sociedad civil pronto se vieron acompañadas por la proliferación de grupos preocupados por la cultura, la literatura, los monumentos o la lengua que se organizarán en centros excursionistas, sociedades arqueológicas y grupos de estudio128. Pero junto a estas instituciones debemos destacar aquellas que fueron creadas de forma oficial y expresamente para la conservación de un patrimonio que se perdía por momentos: las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. Lo que hasta ahora había sido visto únicamente como símbolo del poder, adquiere un nuevo valor como patrimonio histórico de todo un pueblo en peligro de desaparecer ante la incontrolable amenaza de los efectos desamortizadores. Nacen las Comisiones, cuya labor fundamental será la protección patrimonial de los bienes eclesiásticos desamortizados.

ANTEQUERA, J. Mª. La Desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones, Madrid, Imprenta de a. Pérez Dubrull, 1885, pp. 443-444. De este mismo conjunto nos habla OTERO PEDRAYO en su artículo “Ensayo sobre la desamortización eclesiástica en tierras de Orense” publicado en

Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo 10, 1955, p.103 al aclarar que dicho monasterio salió a subasta el 30

de septiembre de 1848 con una relación de espacios que incluía dos colegios, un aula vieja, un refectorio nuevo, una panera, dos claustros, salas, habitaciones abaciales de verano e invierno, cocinas y otras dependencias y aclarando el anuncio de subasta que “se considera muy idóneo para la construcción de varias

fábricas, por la mucha abundancia de agua”. Su tasación fue estimada en 445.000 reales. 127

FERNÁNDEZ CASANOVA, C. La Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago en el siglo XIX, Cuadernos del Seminario de Sargadelos, Sada, 1981. REQUEJO ALONSO, A. B. “El Museo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago y su relación con el nacimiento de los primeros museos en Galicia”, en Boletín Auriense, tomo XXXI, Ourense, 2001, pp. 273-296.

128

FILGUEIRA VALVERDE, J. “D. Casto Sampedro y su Sociedad Arqueológica” en El Museo de Pontevedra, vol. V, 1948, pp. 16-49. IBAR ALBIÑANA, L. “Els museus arqueològics de Tarragona al segle XIX” en Butlletí

Las conclusiones obtenidas de la lectura de la bibliografía relativa a la labor de las Comisiones Provinciales se pueden resumir básicamente en tres: un buen proyecto teórico apoyado en grandes esfuerzos personales, un escaso respaldo económico y la falta generalizada de personal especializado129. Aunque pueda parecer un poco simplista, a nuestro entender éstos son los tres elementos alrededor de los que giran los estudios de las Comisiones. Cierto es que muchos otros factores rondarán el fracaso o éxito de éstas (según cada caso provincial) pero, en general, los fallos parecen repetirse en casi todos los lugares130.

No pretendemos hacer aquí un análisis profundo de cada una de las Comisiones gallegas, sino tratar de aclarar cuál fue su papel en la conservación del patrimonio, básicamente eclesiástico, desde su creación. Asimismo, intentaremos desvelar la estrecha relación entre la entonces naciente “conservación patrimonial” y los miembros de las comisiones (en varias ocasiones miembros también del estamento eclesial). Veremos cómo el patrimonio exclaustrado y en propiedad del Estado pasa a manos de estos comisionados. Por último, trataremos de responder a la pregunta de si podemos considerar los museos de las Comisiones Provinciales como los primeros de arte cristiano (que no de la Iglesia) puesto que un gran porcentaje de sus fondos eran del patrimonio nacionalizado de la Iglesia.

Varios años antes de la creación de las Provinciales podemos rastrear la intervención de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la formación de otras comisiones que nacieron en los meses siguientes a la exclaustración131. Hablamos de la Comisión Civil Recolectora de 1835, cuyos objetivos era la elaboración de inventarios y la recolección de objetos artísticos para la formación de museos provinciales132, y las Comisiones Científicas y Artísticas de 1837133. En cuanto a la

Dentro de las primeras Comisiones Provinciales de Monumentos encontramos mayoritariamente cargos políticos, abogados, religiosos, aristócratas y algún arquitecto a los que se les calificaba como amantes de las Bellas Artes y de las Antigüedades. A partir de la Reorganización de 1865 el personal comisionado tenderá a una mayor especialización, encontrando en sus filas cargos políticos (los Gobernadores políticos seguían siendo los presidentes de las Comisiones), Arquitectos Provinciales, y la obligatoriedad de que el restos de comisionados fuesen académicos de la Historia o de Bellas Artes.

130

“No desconoce la Academia que las circunstancias difíciles que atraviesa el país; la movilidad y variaciones

de personal por las ausencias de unos, mudanzas de domicilio de otros, y fallecimiento de algunos; la escasez casi carencia absoluta de recursos que padecen la mayor parte de las Comisiones; los frecuentes obstáculos que suscitan a ignorancia y la falta de sentimiento artístico, esplotados acaso alguna vez por la pasion política, y por ultimo la falta de cooperacion de parte de las Autoridades, á cuyo cargo han puesto la ley y el Reglamento el cuidado de estimular y proteger tan útiles tareas son causas bastantes para producir el disgusto el desaliento y el desvio…” así se expresaba la Academia de San Fernando en una circular de 20 de

abril de 1870 a todas las provinciales sobre la trayectoria de las comisiones.

131

Para un completo repaso de la labor de estas comisiones en Galicia desde 1835 a 1844, contamos con el trabajo de SÁNCHEZ GARCÍA, J. A. “Una década trágica para el patrimonio gallego. De la desamortización a las Comisiones de Monumentos (1835-1844)”, en Quintana, Revista do Departamento de Historia da Arte, Universidade de Santiago de Compostela, nº 3, 2004, pp. 123-151.

132

R. O. de 29 de julio de 1835, Gaceta de Madrid, nº 217, de 4 de agosto de 1835. Ordena a los gobernadores civiles de las provincias la formación de una comisión de 3 o 5 individuos para inventariar y recoger lo contenido en los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos así como las

Academia, ésta se había puesto en marcha desde el inicio de la desamortización para intentar controlar y salvar del desastre el patrimonio a través de la R. O. de 26 de enero de 1836. Con ella se esperaba aclarar el destino de los edificios nacionalizados con su derribo o su conversión en dependencias de uso público (escuelas, instituciones de beneficencia, establecimientos burocráticos). A juzgar por la respuesta que dieron algunas provincias, las garantías de conservación de muchos edificios habían desaparecido por completo. Es el caso de A Coruña que, el 9 de marzo de 1836 da contestación a dicha R. O. poniendo en conocimiento la mejor solución para los edificios afectados. En su “Informe aprobado acerca del destino que pudiera darse á los edificios de la provincia que

fueron monasterios y conventos, segun el espíritu de la Real Orden de 26 enero de 1836”,

la Junta (formada por D. Nicolás del Río y Noguerido, Don José María Romay y Teixeiro y Don Manuel Conde Gulast) determinaba drásticamente la demolición de hasta 30 edificios religiosos, entre ellos San Martín Pinario134.

Llegado el año 1844 las primeras comisiones recolectoras fueron sustituidas por la Comisión Central de Monumentos y por las Provinciales dependientes de ella, cuyo decreto de creación recogía la filosofía de las anteriores y la dotaba de mayores contenidos, campos de acción y responsabilidades135. La importancia de este hecho resulta clara cuando pensamos que es desde este momento cuando podemos comenzar a entrever una política cultural clara y una administración de la cuestión patrimonial que continúa hasta nuestros días. Entre las labores encomendadas a las comisiones estaban: recabar información sobre los edificios dignos de conservarse en la provincia, recoger los objetos artísticos y literarios diseminados, cuidar de los museos y bibliotecas (se entiende allí donde se hubieran creado) y formarlos en las provincias donde aún no se hubiera hecho, así como su ordenación e inventario, crear archivos, formar catálogos y dibujos de monumentos y antigüedades, y enviar trimestralmente informes de su trabajo al Ministerio

pinturas, esculturas y otros objetos. Éstos se reunirán en la capital de la provincia hasta darles un destino mejor.

133

Circular de 23 de mayo de 1837, Gaceta de Madrid, nº 907, de 28 mayo 1837. La heterogeneidad de los resultados obtenidos hasta entonces con las norm as dictadas, llevan al gobierno a establecer una normativa más específica en base al éxito obtenido en algunas provincias donde ya se habían empezado a formar museos. Un ejemplo de la trayectoria de estas primeras comisiones, que no debió ser muy diferente a la del resto de provincias, lo encontramos en el trabajo sobre el caso de Zamora en el trabajo de TEIJEIRA PABLOS, Mª. D. “Las comisiones de desamortización y la conservación del Patrimonio Histórico en el siglo XIX. La Comisión Civil y la Comisión Científica y Artística de Zamora (aspectos documentales)”, en La

documentación para la investigación. Homenajes a José Antonio Martín Fuertes, vol. I, León, 2002, pp. 540-

551.

134

En la ciudad de A Coruña se señalaba la demolición de la iglesia de San Jorge, la colegiata de Santa María, San Francisco y la Capilla de San Andrés de los Mareantes. En Betanzos se establecía la demolición de Santa María del Azogue, Santo Domingo y San Francisco. En Pontedeume la iglesia de San Agustín y la ermita de las Virtudes. Los monasterios de Caveiro y Montefaro, el de San Saturnino y el de San Francisco de Ferrol. Los conventos de Herbón, Melide, Noia, Muros, Pobla, etc. Se detallaba la posibilidad de utilizar las piedras de las fábricas en nuevas construcciones. Galicia Diplomática, tomo IV, nº 14, 7 abril 1889, pp. 105- 109.

135

R. O. de 13 de junio de 1844, e instrucciones para la organización de las Comisiones de 24 de julio de 1844.

de la Gobernación136. En las instrucciones para su formación, se determina la distribución de las labores en tres secciones: bibliotecas/archivos, museos de escultura y pintura, y arqueología/arquitectura. De la sección segunda se especificaba en el artículo 17 que “en

los puntos en donde no hubiere Museos, reunirán las Comisiones en un local seguro