ORÍGENES Y OBJETIVOS DE LAS ASAMBLEAS DE PAZ

¿Terrores del año mil y anarquía feudal?

La espera del Final de los Tiempos estuvo latente en la Edad Media, a pesar de la influencia de San Agustín que hizo cuanto pudo por desacreditarla y vaciarla de su significación al «espiritualizarla». Dicha espera permaneció en el fondo de las almas, pero hizo que se alternaran periodos de fiebre y de intensa emoción y periodos de relajamiento, de adormecimiento, pero jamás de olvido. He aquí una de las dimensiones religiosas que las laicizadas mentalidades de nuestra época, generalmente ignorantes de los fundamentos bíblicos de nuestra cultura, salvo en escasas circunstancias, experimentan alguna dificultad para concebir.

Esa espera, apuntémoslo, suscitó por lo demás en aquella época tanta esperanza como temor; he aquí también un aspecto que nuestro tiempo esencialmente materialista comprende mal. En efecto, los Últimos Tiempos proféticamente anunciados deben estar marcados por terribles tribulaciones, capaces de suscitar la angustia; pero son temporales y serán seguidos por la victoria del Bien sobre el Mal, de la resurrección de los justos y de la instauración del reino de Dios, al que todos los creyentes deben aspirar tanto más cuanto que su condición terrenal es precaria o dolorosa. Por todas esas razones, los pretendidos «terrores del año mil», popularizados por Michelet, son en lo esencial una invención del siglo XIX garantizada por historiadores impregnados a la vez de romanticismo, de cientificismo y de positivismo. La espera del Final de los Tiempos, en cambio, no lo es. Constituye un componente fundamental de la fe cristiana, pero parece que no desempeñó un papel capital en el movimiento de la paz de Dios que nació en el último cuarto del siglo X. Es preciso, por tanto, disociar ambos elementos: la paz de Dios no estuvo ligada a una espera escatológica particularmente viva. Pero esa esperanza sí que estuvo muy presente en la época de la primera cruzada y en las cruzadas ulteriores.

Por otra parte, en la actualidad se estima que el objetivo de la paz de Dios era tal vez más reducido de lo que antes se pensaba. Hoy casi no se cree en la existencia de una verdadera «anarquía

feudal» como resultado de la desaparición total de toda autoridad política. En efecto, el final del Imperio carolingio conoció el ascenso de los aristócratas regionales y la instalación de los principados, como muchos historiadores valiosos han demostrado de manera sólida desde hace un siglo. A la inversa, y de forma contraria a lo que todavía se repite en ocasiones, incluso en Francia no desapareció del todo una autoridad central, y los pequeños señores no hicieron reinar en todas partes el terror de sus ejércitos, ni explo- taron o sojuzgaron a los habitantes de sus tierras o de las regiones vecinas, ni incendiaron las cabañas de sus campesinos, ni raptaron o violaron a sus mujeres y a sus hijas, ni llevaron su ganado, como deploran tantas declaraciones conciliares.

¿Por qué esa distorsión, esa acentuación caricaturesca?

Al igual que sucede con las invasiones normandas, conviene recordar que los textos que relatan los hechos de este tipo son todos de origen eclesiástico, y que sus víctimas fueron muy a menudo las tierras de las iglesias y sus habitantes. Las fechorías mencionadas no fueron en verdad imaginarias, pero sí fueron amplificadas casi con toda seguridad. A esta constatación, sin embargo, es preciso añadir: «Ello no es razón suficiente para despreciarlas».

Hay algo más importante aún: las víctimas de aquellas fechorías, cuya amplitud y, sobre todo, su naturaleza conviene revaluar, fueron ante todo, también en este caso, las iglesias y los monasterios. Más que a la anarquía general que se complacen en evocar, como engendradora de violencias y depredaciones de los señores en detrimento de las masas campesinas en su conjunto, ¿esos textos no harían referencia a malversaciones de todo tipo cuyas víctimas fueron los señoríos eclesiásticos por parte de los señores laicos vecinos? Si tal fue el caso, la paz de Dios no traduciría realmente la voluntad de la Iglesia de sustituir, en tanto que institución, a las desfallecientes autoridades civiles para proteger a todos los débiles de las violencias, de venidas incontrolables, de una caballería desembridada, según la interpretación tradicional de las instituciones de paz. Traduciría más bien, al menos en su origen, la intención de la Iglesia de preservarse a sí misma, de luchar, con sus armas espirituales, contra las diversas usurpaciones que los señores laicos rivales de la vecindad llevaban a cabo en detrimento de los monasterios y de los establecimientos eclesiásticos. El estudio de los decretos de aquellos concilios de paz permite en cierta medida responder a esta cuestión al tratar de descubrir sus intenciones y la evolución de las mismas.

La paz de Dios, ¿protección del patrimonio eclesiástico?

A primera vista, los decretos conciliares parecen designar, para condenarlas, acciones violentas de naturaleza guerrera: los términos latinos que se encuentran por todas partes en los textos para describir las fechorías invocadas, condenadas por las asambleas y los concilios, pueden traducirse en español mediante las palabras depredaciones, usurpaciones, robos, pillajes de las iglesias y de

los pobres, etc. Parecen garantizar la idea de un clima de anarquía, de una paz turbada por bandas de guerreros saqueadores que, desde hacía poco tiempo, hicieron reinar por todas partes el terror y la inseguridad.

Ahora bien, estos términos no eran nuevos: se encontraban ya en los textos conciliares de la alta época carolingia, cuando la autoridad real era unánimemente reconocida, mucho antes de la pretendida «anarquía feudal» de las proximidades del año mil. En aquella época, no se aplicaron de ningún modo a caballeros bandidos y saqueadores, sino a los «señores» que discutieron las donaciones hechas a las iglesias, o que no respetaron las inmunidades y los bienes de los monasterios o de las iglesias. De una manera más general, designaron a aquellos laicos que atentaban contra el patrimonio eclesiástico. Dichos términos no implican, pues, como durante mucho tiempo se creyó, una anarquía feudal más o menos generalizada.

Hay que ir más lejos: esos términos no siempre implican incluso acciones violentas de naturaleza guerrera, o expoliaciones realizadas bajo la amenaza de las armas, sino acciones de todo tipo, incluido el jurídico, que contribuyeron a debilitar los intereses económicos de los establecimientos eclesiásticos. ¿Por qué habría de ser de otra manera, salvo pruebas en contrario, en los textos relativos a las asambleas de paz en la proximidad del año mil?

En esa perspectiva, pues, el objetivo principal de las instituciones de la paz de Dios sería, al igual que en los siglos precedentes, obligar a los laicos a renunciar a los derechos, tasas y rentas diversas que reivindicaban o continuaban percibiendo «indebidamente» sobre las tierras eclesiásticas o presumidas como tales. Si ello era así, el objetivo esencial de la paz no fue luchar contra una anarquía feudal, en la que, por otra parte, casi no se cree, en su forma generalizada al menos, sino recuperar el control de un patrimonio eclesiástico amenazado por las usurpaciones de los señores laicos rivales y vecinos de los dominios de las abadías, de los episcopados o de las iglesias.

En efecto, el patrimonio eclesiástico, como es sabido, estuvo amenazado en aquella época por varias razones. La donación, la limosna a los pobres (que se tradujo en una donación a la Iglesia encargada de socorrer a los indigentes), constituían desde hacía tiempo los principales medios de «rescate» que aportaba la salvación de su alma a los pecadores inquietos por su suerte en el Más Allá. Ahora bien, dichas prácticas comenzaron a declinar, al entrar en competencia con otras formas de piedad más personales, en particular con la peregrinación, que gozó de gran favor en los siglos XI y XII. Ello amenazó con debilitar otro tanto el patrimonio eclesiástico.

Además, en las familias aristocráticas o simplemente acomodadas, los repartos sucesorios reducían cada vez más la parte correspondiente a cada uno. Dicho movimiento iba a conducir, en los siglos XI y XII, a la limitación y al retraso de los matrimonios de los hijos, y luego al derecho de primogenitura, que redujo

considerablemente la herencia de los segundones. En la época de las primeras asambleas de paz, esos hábitos de reparto familiar no estaban aún establecidos de manera firme. Iban a imponerse a lo largo del siglo XI. Pero la reducción de los dominios condujo ya a las familias a reducir las donaciones a la Iglesia, y a impugnar a veces aquellas que fueron concedidas antaño por parientes o ancestros, o incluso a limitar su amplitud, a discutir sus cláusulas. En cambio, las crecientes necesidades de los señoríos eclesiásticos pudieron conducirlos a sobrepasar los derechos y concesiones que les fueron otorgadas, a tratar de establecer derechos nuevos e indebidos en las tierras codiciadas, mediante la producción de documentos falsos o, al menos, mediante interpretaciones tendenciosas de documentos auténticos. Como es evidente, esos hechos entrañaron conflictos que, en muchos casos, pueden explicar por sí mismos las primeras asambleas de paz.