Los primeros gobiernos de la regencia de Mª Cristina.

El 29 de septiembre de 1833, aproximadamente un año después de las sucesos de la Granja que sacaron a la luz el pleito sucesorio, murió Fernando VII. Las circunstancias en el momento de su muerte no podían ser más difíciles; MARTÍNEZ DE LA ROSA las resume magníficamente en El Espíritu del siglo: la heredera del trono en la cuna, la sucesión discutida, un pretendiente a la Corona en la frontera que además cuenta con apoyos importantes en el interior, un país al borde de la guerra civil...; por no añadir otros elementos igualmente perturbadores como lo problemático de la situación de las arcas del Estado, la existencia de tendencias diversas en el seno del sector liberal, apoyo necesario de las pretensiones de la heredera, y la pervivencia de estructuras económicas, políticas y sociales propias del Antiguo Régimen que ya no se sostenían.

Pocos días después del fallecimiento del rey se hizo público su testamento, cuyas disposiciones más importantes eran la designación de su viuda Mª Cristina de Borbón, a quien ya había asociado al trono en los meses finales de su reinado, como regente durante la minoría de edad de su hija Isabel, y la institución de un Consejo de gobierno con la misión de auxiliar y aconsejar a la regente “en los negocios más

graves de política y administración”. La vaguedad en la definición de las funciones

de este órgano ocasionó no pocos problemas después en sus relaciones con el Consejo de Ministros.

Con la muerte de Fernando VII se inaugura una etapa de profundas transformaciones, que venían fraguándose desde algunos años antes y que cambiaron radicalmente la realidad del país no sólo en el orden político, sino en el social y el económico. Desde este momento se precipitó la caída de las estructuras del Antiguo Régimen, se instauró definitivamente en España un régimen

parlamentario, se cambió radicalmente la planta y el sistema de Administración, se sentaron las bases de un nuevo modelo de economía capitalista, y las estructuras sociales se modificaron en igual medida, de modo que la realidad de la España de la década de los treinta del siglo XIX poco tendría que ver con la de la España de mediados de siglo.

Sin embargo nos encontramos ante una nueva paradoja; esta etapa de profundas y radicales transformaciones, hasta el punto de que durante la misma se llevó a cabo, en palabras de JOVER, “el desmantelamiento efectivo, irreversible de las bases jurídicas del Antiguo Régimen”46 se inaugura con una manifestación expresa de inmovilismo, al menos en cuanto a política se refiere. La primera medida de Mª Cristina fue confirmar en su puesto de presidente del Consejo de Ministros a Francisco Zea Bermúdez, y mantener a todos los altos cargos. El recién confirmado Zea se apresuró a hacer declaración de intenciones en un Manifiesto publicado el 4 de octubre en el que se contenía su programa de gobierno, a través del cual pretendía dar salida a la difícil situación del país y del trono.

En primer lugar, Zea dejaba claro a través del texto su intención de no introducir reforma alguna en el sistema político, pero su voluntad absoluta de dar paso a un ambicioso programa de reformas administrativas, con las que pretendía atajar la desastrosa situación del país. Así, se pretendía utilizar la reforma administrativa como sucedáneo de una reforma en el régimen político que cada vez era más inaplazable, solución muy propia de un hombre como Zea, máximo representante de una corriente ilustrada, de un neodespotismo que mantenía una confianza absoluta en la eficacia y los efectos de una Administración “ilustrada y de

fomento”. El Manifiesto es, en este aspecto, muy revelador en alguno de sus

párrafos: “Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la

prosperidad y la dicha, que son el solo bien de valor positivo para el pueblo, serán materia permanente de mis desvelos”.

Pero el Manifiesto de Zea que, al prometer la continuidad del régimen político y la defensa de la religión y del trono, buscaba evitar una guerra civil y que los sectores más conservadores se adhirieran al partido de D. Carlos, fracasó en sus

objetivos y originó el descontento de los sectores más liberales que constituían el más firme apoyo de Mª Cristina. Sobre la oportunidad política del Manifiesto, Javier de Burgos, titular de Ministerio de Fomento en el gabinente Zea, señala que:

“No era una tabla de derechos, sobre cuya extensión, conveniencia u oportunidad, no podía estar de acuerdo, de lo que se trataba en tal ocasión, no porque yo ignorase o desconociese las ventajas del régimen representativo sobre el absoluto, ni porque no condenase la extemporánea manifestación de la preferencia que, en el documento del cuatro se daba a esta forma de gobierno...Así, aunque no creyendo que debiera sostenerse mucho tiempo el sistema político del manifiesto del cuatro, pensé que solo bajo la influencia de un régimen absoluto, ilustrado y paternal, podían por entonces, desarrollarse los elementos para mejorar y cambiar progresivamente sin convulsiones ni trastornos”47.

A pesar del convencimiento del propio Zea, y como hemos visto, de sus ministros, de la oportunidad política del manifiesto, los resultados no fueron los esperados. En cuanto a evitar la guerra civil, casi simultáneamente al de Zea, D. Carlos desde Portugal lanzaba otro manifiesto, que junto a los levantamientos de Talavera y algunos puntos del Norte, significarían el comienzo de la guerra. Y respecto a la corriente liberal, a la que se habían acercado los fernandinos48 a quienes Zea trataba de tranquilizar con la exclusión de reformas políticas que proclamaba en su texto, quedó defraudada en sus expectativas de apertura del régimen político, de modo que desde el primer momento y desde varios sectores se trató de derrocar a Zea.

No obstante, VILLARROYA emite sobre el Manifiesto un juicio más favorable y sobre todo más cercano a las apreciaciones de Javier de Burgos, y opina que Zea logró así mantener en el trono a Isabel II, y que si hubiera sido posible llevar a cabo las reformas económicas y administrativas de Javier de Burgos, la apertura política las hubiera seguido irremediablemente49.

46

JOVER ZAMORA, Op Cit, P XXV 47

BURGOS Y OLMO, J, Anales del reinado de Dñª Isabel II, Madrid,1850, P 170 48

COMELLAS,J.L, Isabel II. Una reina y un reinado, Ariel, Barcelona, 1999., P 29 apunta como “los fernandinos se hicieron sin violencia por su parte, cristinos, hasta que llegó un momento en que no se podía ser anticarlista sin ser liberal”.

49

VILLARROYA, J.T, El sistema político del Estatuto Real, Instituto de Estudio Políticos, Madrid, 1968, P 26.

Así pues, el gabinente Zea pronto encontró una fuerte oposición entre las propias filas cristinas, además desde varios frentes. Encontró la oposición de diversas sociedades secretas que representaban el ala más extrema de la familia liberal (incluso meses después, desde el periódico La Abeja, el más afín a la corriente gubernamental y moderada de reformas lentas, se denunciaba en numerosos artículos la actividad de “las sociedades secretas que conspiraban contra el gobierno”). Encontró la oposición menos velada de destacados personajes, como Fernández de Cordova, el Marqués de Miraflores, e incluso dentro de la propia Familia Real del matrimonio formado por el Infante Francisco de Paula, hermano de Fernando VII y Luisa Carlota, hermana de Mª Cristina (el propio JAVIER DE BURGOS afirma en sus Anales del Reinado de Isabel II que Luisa Carlota se reunió con él y le pidió su colaboración para hacer caer a Zea, a lo que se negó rotundamente)50. Tampoco contaba con las simpatías de los influyentes representantes de las potencias extranjeras (Francia e Inglaterra), que veían con mejores ojos la instauración en España de un régimen liberal, y sobre todo contaba con la oposición del ejército. En definitiva, todos ellos, y también el Consejo de gobierno se oponían al régimen del manifiesto y reclamaban una inmediata convocatoria de Cortes.

El descontento de los liberales del ejército, base fundamental del sostenimiento de Isabel en el trono se hizo expreso a través de sendas exposiciones que elevaron a la Reina gobernadora los capitanes generales de Cataluña y Castilla la Vieja, Lauder y Quesada. Ambos pedían la remoción de Zea y la convocatoria de Cortes. No existen datos que avalen la existencia de una connivencia entre ambos militares, pero la proximidad en las fechas de su redacción (la exposición de Llauder lleva fecha de 24 de diciembre de 1833 y la de Quesada de 8 de enero de 1834), y en las reclamaciones que se plantean resulta, cuando menos, sorprendente. En todo caso, los comentarios posteriores hacen hincapié en que esta especie de pronunciamiento de guante blanco coincidía con la opinión pública en general.

La coincidencia de presiones desde estos diferentes sectores hicieron finalmente decidirse a Mª Cristina a prescindir de Zea y de su sistema; de esta manera, la Corona abría el paso a un proceso de transición desde arriba, único

50

medio de conservar a la pequeña reina en el trono51. Al efecto llamó a consulta a Javier de Burgos, en este momento Ministro de Fomento y de Hacienda y hombre fuerte del gabinente, quien estuvo de acuerdo con su decisión, no sólo por su carácter posibilista, que le hacía ver con claridad lo insostenible de la situación política de Zea, sino también porque él mismo aspiraba a ocupar el puesto de jefe de gabinente que Zea dejaría vacante. Para sustituir a Zea en la Secretaria de Estado, Javier de Burgos recomendó el nombramiento de Martinez de la Rosa, de inequívoco pasado liberal, antiguo doceañista y miembro del gobierno en el trienio, al que el tiempo y la experiencia habían moderado pero que mantenía una imagen impecable para el sector liberal.

En los Anales del Reinado de Isabel II reconoce JAVIER DE BURGOS que en Martínez de la Rosa buscaba el nombre y no el hombre, en definitiva, se trataba de un nombramiento de cara a la galería porque es fácil descubrir en las páginas de Javier de Burgos que su paisano Martínez de la Rosa (también era granadino) le despertaba escasa simpatía. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: tradicionalmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros iba aparejado a la titularidad de la Secretaría de Estado, pero en todo caso se trataba de una situación

“de facto” que no estaba regulada en absoluto, de modo que en principio, el cargo de

Presidente podía ser desempeñado por cualquiera de los ministros. Ello hizo que Javier de Burgos, consciente de lo consistente de su posición y de su influencia ante la Reina gobernadora, supusiera que él iba a ser nombrado presidente, quedando Martínez de la Rosa a cargo exclusivamente de la Secretaría de Estado; pero el nombramiento real nunca se produjo, y Martínez de la Rosa quedó como cabeza de un nuevo gabinete en el que se mantenían Javier de Burgos en Fomento y Zarco del Valle en Guerra, y entraban, además, Garelly en Gracia y Justicia y Vázquez Figueroa en Marina, con lo que se consumaba el cambio de tendencia del equipo ministerial52. Sin embargo estos nombramientos no dejaron de ocasionar críticas

51

BAHAMONDE, A Y OTRO, Historia de España. Siglo XIX, Cátedra, Madrid, 1994, P 184. 52

MIRAFLORES, Memorias para escribir la historia contemporánea de los siete primeros años del

reinado de Isabel II, Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, P 26 confirma la versión de Javier de

Burgos y señala que en principio, Martínez de la Rosa fue propuesto por Javier de Burgos y Zarco del Valle exclusivamente para ocupar la secretaría de Estado (Ministerio de Asuntos Exteriores), y la propuesta fue aceptada por el Consejo de gobierno, sin que en un primer momento se le otorgase la presidencia del Gabinente, que solo ocupó después.

entre los sectores más moderados por lo que Martínez de la Rosa y Garelly podían significar de continuidad con la etapa del trienio53.

En todo caso, el nombramiento de Martinez de la Rosa supuso el inicio de la vía de apertura política a través del Estatuto Real54. Respondiendo a las demandas de los sectores liberales, del Consejo de gobierno y de los capitanes Llauder y Quesada, el Estatuto Real constituyó una formula “sui generis” de convocatoria de Cortes, que será objeto de atención más especifico en el punto siguiente. Sin embargo, la fórmula de apertura, de vía intermedia, que ofrecía el Estatuto Real no contentó a todos, como tampoco la actuación de Martínez de la Rosa, que pronto empezó a dar muestras de debilidad, defraudando las esperanzas que en él se habían depositado. Al respecto el embajador inglés, en la correspondencia que mantenía con su ministro Palmerston, apuntaba desde el principio su impresión de que Martínez de la Rosa no reunía las condiciones de hombre de Estado que lo complicado de la situación requería, y basándose en la debilidad del propio Martínez de la Rosa y del gobierno que presidía profetizaba que acabarían arrollados por una revolución que no serían capaces de encabezar55.

Y, en efecto, el embajador inglés Villiers resultó clarividente; Martínez de la Rosa no fue capaz de dar respuesta a la guerra civil, ni al difícil estado de las cuentas públicas, ni a las exigencias de los sectores más exaltados del liberalismo, ni a las explosiones de violencia, como la que tuvo lugar en julio de 1834, poco antes de reunirse por primera vez los Estamentos salidos de la convocatoria de Cortes de Estatuto. Ante el avance en Madrid de la epidemia de cólera morbo que años antes se había declarado en otras zonas de España, se divulgó la versión de que el desencadenante de la enfermedad había sido el envenenamiento de las fuentes de la ciudad por parte de los frailes, lo que desató una sangrienta matanza de frailes y la quema, profanación y saqueo de multitud de conventos de la capital. La tibieza de las medidas que tomó el Gobierno, y la lentitud con la que se emprendieron estas dio la medida de la debilidad gubernamental para reprimir los excesos. A la quema de

53

MIRAFLORES, Op. Cit,. P 26 54

VILLARROYA Op. Cit P 47 afirma que “Sin necesidad de mayores precisiones, existía un sentir general que interpretaba la llegada de Martínez de la Rosa al poder como signo de inmediata reunión de Cortes”, interpretación que se compartía tanto en el interior del país como en el resto de Europa

conventos se sumaron otras revueltas violentas como la protagonizada por el teniente Cardero en la Puerta del Sol y, finalmente un atentado contra el propio Martínez de la Rosa quien al cabo presentó su dimisión bajo pretexto de su fracaso en la solicitud de un incremento de su ayuda en la guerra carlista a las potencias aliadas.

Fue sucedido en la presidencia del Gobierno por el Conde de Toreno, cuyo perfil político, sin dejar de ser moderado, constituía un paso más en el proceso de apertura. Durante su mandato adoptó una serie de medidas tendentes a complacer a la facción más exaltada, como la expulsión de los jesuitas o la clausura de los conventos donde hubiese menos de doce individuos profesos; finalmente, su intento de acercamiento a los exaltados le llevó al nombrar Ministro de Hacienda a Juan Alvarez de Mendizábal, quien a su vez llevaría a cabo el proceso desamortizador de los bienes eclesiásticos. Sin embargo todas estas medidas fueron inútiles; la actividad de los más exaltados, organizados en la Milicia Nacional y en las Juntas provinciales dio lugar de nuevo a acciones violentas en multitud de provincias, especialmente en Barcelona, donde a la quema de conventos se sumó el asalto a varias fábricas como las de Bonaplata y Vilaregut.

Como un nuevo avance en el proceso de apertura del régimen, el propio Mendizábal fue llamado a formar gobierno. Mendizábal es, probablemente, uno de los personajes más destacados de la regencia de Mª Cristina, no sólo por haber dado paso a la mayor de las desamortizaciones, sino también por su personalidad. Su fama deslumbrante de financiero de éxito y de hombre brillante le llevaron a ocupar los lugares más destacados en el partido exaltado y en la política del país, pero observadores más profundos emiten juicios severos sobre Mendizábal y su gestión política y económica. M. RODRÍGUEZ ALONSO, basándose de nuevo en los testimonios vertidos por el embajador inglés Villiers en la correspondencia con su ministro, pone de manifiesto como la opinión de éste sobre Mendizábal sufrió una rápida evolución en apenas tres meses; si en un primer momento lo consideró la única posibilidad de éxito de la Corona en el control de los movimientos

55

RODRÍGUEZ ALONSO, M; “Otra visión de los gobernantes, políticos y militares durante la regencia de Mª Cristina.”, Revista de Estudios Políticos., nº 65, 1989, P 232.

revolucionarios de los exaltados, pronto varió su opinión y empezó a denunciar sus defectos tanto de gestión como de talante, de manera que afirma que56:

“Las cualidades innegables que Villiers reconoce en

Mendizábal, que lo hicieron necesario en momentos de crisis, no pueden ocultar la triste imagen de aquel político con demasiados defectos: ignorancia, tozudez, autosuficiencia, irreflexión, apasionamiento, carencia de honestidad, falta de prudencia política y energía para oponerse eficazmente a una política que él mismo consideraba ante el embajador como inadecuada para las circunstancias de una sociedad como aquella”.

En todo caso la fórmula ensayada para contener a los exaltados no fue eficaz; Mendizábal pudo dominar una vez los movimientos de las Juntas provinciales mediante de su integración institucional a través de las Diputaciones provinciales, pero no pudo acabar definitivamente con lo que A. NIETO llama “la rebelión de las

provincias”, y a la que considera “un movimiento liberal burgués”, un instrumento que

utilizaba el sector liberal más exaltado para acceder al poder o para forzar al gobierno a acelerar el proceso de reforma, y que debe ser muy tenido en cuenta como elemento determinante durante el periodo de la regencia de Mª Cristina57. Finalmente Mendizábal debe dimitir, enfrentado al ala más progresista. Recurriendo una vez más al relato (poco imparcial) de JAVIER DE BURGOS, la situación del país en este momento era desastrosa, como desastrosa era la situación de la Administración debido al desorden reinante:

“No eran sólo los males de la guerra civil, extendida ya a la mitad de las provincias del reino, las que le afligían. Aun en aquellas en las que no había prendido el fuego de la insurrección, no existía un simulacro siquiera de orden, ni una sombra siquiera de legalidad. Por todas partes los milicianos dictaban la ley a la autoridad, que no fingían acatar sino cuando se avenía a hacerse instrumento de sus pasiones... Algunos de los mismos cuerpos, invadiendo las prerrogativas del trono imponían contribuciones o empleaban apremios para exigir de los pueblos cuantiosas sumas”58.

Esta fase de progresiva apertura en el régimen político, de pendiente hacia el liberalismo, que constituyó el periodo de vigencia del Estatuto Real, acabó con los llamados acontecimientos de La Granja o rebelión de los sargentos el 12 de agosto de 1836, culminación de un movimiento revolucionario de nuevo encabezado por las