2.3 El “Acuerdo Final”, la confirmación de la necesidad del reconocimiento
2.3.1. Reforma Rural Integral: reconocimiento del problema agrario como
El primer punto, titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)” parte de la idea sobre la necesidad de transformar el campo colombiano para buscar un desarrollo económico que esté en consonancia con las realidades regionales, busque la integración, la democratización en la tenencia de la tierra y reconozca las prácticas sociales y culturales que han determinado las maneras de producción de los territorios a lo largo de la historia. Al lograr estos objetivos, las partes entienden que las causas del conflicto, tal y como han sido comprendidas, pueden ser solucionadas.181 En segundo lugar, dado el enfoque territorial, ambas partes reconocen la necesidad de otorgar soluciones de integración económica a las regiones colombianas, en particular aquellos territorios que componen el mundo rural en Colombia el cual ha sido marginado por la violencia y la falta de condiciones institucionales y sociales para lograr su bienestar no de forma autárquica, sino en conexión con el mundo urbano y al mismo tiempo, con proyección internacional.182
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Bien es sabido que las democracias también puede ser instrumentalizadas para excluir, marginar y discriminar, a nombre de la “mayoría” y su sabiduría al elegir y decidir. Este es un hecho aún más complejo y perverso en la medida en que hace más difícil el reconocimiento y la aceptación de la exclusión y la injusticia. A fin de cuentas, una dictadura es un tipo de gobierno explícita y abiertamente totalitario que no repara en derechos y libertades. Pero la democracia no.
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“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, p. 10. Consultado el 10 de febrero en www.mesadeconversaciones.com.co .
182 Ibíd., p. 10. En el Informe de Desarrollo Humano de 2011 del PNUD titulado “Colombia rural:
razones para la esperanza” se hace énfasis en el carácter primordialmente rural del país y se llama la atención sobre el hecho de que las políticas económicas apuntaban más a la concentración de la riqueza y el bienestar de las zonas urbanas, en detrimento del desarrollo regional. También se pide mayoratención al mundo rural, el cual es comprendido como parte integrante de lo urbano y por lo
96 Por otro lado, en el enfoque de la RRI se busca reconocer la propiedad de la tierra a quienes fueron desposeídos en el marco del enfrentamiento bélico y en atención en sectores vulnerables como grupos raizales (afrodescendientes, indígenas, mujeres183) en condiciones de igualdad de oportunidades y acceso a créditos y formación técnica para buscar la productividad de las tierras de acuerdo con las características de los territorios. Por supuesto, esto incluye la presencia del Estado y la participación activa de los sectores civiles.
La RRI tiene unos principios dentro de los cuales podemos incluir la idea de la transformación del campo en términos de igualdad y democracia que implican acceso a la propiedad y a las oportunidades para desarrollar actividades agropecuarias. Segundo, se habla de “integralidad”, y se refiere a la búsqueda de un desarrollo económico que tenga en cuenta diferentes tipos de producción (agricultura, ganadería, turismo, comercio) con énfasis en las actividades familiares y campesinas y su posibilidad de integración a los modelos económicos existentes. Aquí es interesante anotar cómo en el “Acuerdo Final” se nombran las ideas del “buen vivir” y el “bienestar” como modelos alternativos a la producción de grandes capitales y empresas multinacionales que se ven favorecidas por las condiciones de producción y así, perpetúan el modelo de pobreza e inequidad de los sectores más pequeños y menos influyentes de la cadena económica. Desde el “buen vivir” se hace reconocimiento a las condiciones sociales y culturales de producción local y se busca su protección y su inserción en la dinámica económica.184
tanto, con la misma importancia y segundo, como un mundo con sus propias dinámicas que deben ser comprendidas e integradas en los objetivos de desarrollo económico de Colombia.
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Este es uno de los ejemplos que muestran el énfasis que se hace a lo largo del “Acuerdo Final” sobre el enfoque de género, que no es otra cosa que la atención prioritaria a las mujeres, quienes son entendidas como las víctimas que sufrieron de una manera especialmente feroz los rigores de la guerra, bien sea por la pérdida de sus hombres (esposos, hijos, padres) o por ser objeto de vejaciones de tipo social y sexual. Infortunadamente, esto sirvió de pretexto para los opositores del proceso para proclamar, de manera maliciosa, que lo buscado con este “enfoque de género” era implantar una “ideología” que busca reconocer diversidades sexuales y con ello, se lograría exterminar la familia como base conceptual de la sociedad. Esta idea caló muy bien en sectores profundamente religiosos e hicieron un gran aporte para que el “no” se impusiera en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Fue una de las tergiversaciones discursivas realizadas por quienes promovieron la negativa al acuerdo lo que generó cierto impacto cuando días posteriores el gerente de la campaña por el No “confesó” en una entrevista algunos detalles sobre cómo se había logrado manipular a la gente para que votara de forma negativa.
184 “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”,
97 Otro de los criterios básico que soportan la RRI propuesta consiste en la “priorización” de los sectores más vulnerables de la población, en particular las víctimas de la violencia (mujeres, niños y adultos mayores de diversas etnias y grupos culturales). Este principio está complementado por el “restablecimiento” de tierras a todas las víctimas que fueron desplazadas y despojadas de sus territorios. Se entiende, a su vez, que las víctimas serán reparadas, en tanto logren de nuevo acceder a la tierra que alguna vez perdieron por la acción de la guerra.185
Todo lo anterior cobra sentido en la medida en que el Estado, como garante de la seguridad y permanencia de condiciones institucionales se involucre directamente en la organización del catastro, la protección de los derechos relativos a la tierra y la restitución de las mismas. Al mismo tiempo, las comunidades son reconocidas como sujetos con capacidad para deliberar y tomar decisiones en lo concerniente a la tierra y la producción económica ligada a ella. Por último, toda concepción de desarrollo económico no sólo tiene que tener en cuenta realidades socioculturales, sino también un sentido de conservación del medio ambiente. En este sentido, el agua adquiere un valor fundamental como pilar del sostenimiento vital y económico del país.186
2.3.2 De la exclusión a la participación: oportunidad política para las