Vías para la consolidación del proceso: implementación,

En el “Acuerdo Final” prevé unos mecanismos específicos y detallados para la fase de consolidación del proceso, entendida en tres fases: la implementación, la verificación y la refrendación. A su vez, esta fase se fundamentó en once principios que giran alrededor de los Derechos Humanos en concreto, el reconocimiento y la protección de la vida y la libertad individual, en el marco de una democracia que se pretende incluyente y pluralista.

De esta forma, el primer principio hace un reconocimiento explícito de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y en especial de estas últimas como personas con posibilidad de desarrollo y participación activa en proyectos políticos y económicos como vía para la transformación de su condición de víctimas de la guerra entre el Estado y las FARC. Esto se basa en el hecho de que las mujeres sufrieron con particular profundidad los efectos de la confrontación bélica y por ello se considera que se requieren medidas tendientes al acceso de oportunidades de transformación en condiciones dignas. En segundo lugar, se establece la posibilidad de

110 participación de comunidades religiosas bajo la premisa de la libertad de cultos reconocida legalmente y se hace un llamamiento a estos grupos para que aporten en la búsqueda de caminos para la reconciliación. El tercer principio estipula la promoción de la integración territorial y regional a partir de las realidades sociales y culturales de las comunidades residentes, en especial aquellas con problemas de pobreza y marginalidad. En cuarto lugar, se establece el principio de la presencia del Estado a través de una institucionalidad eficiente, así como el reconocimiento de entes territoriales ocupados por diferentes culturas y etnias. Además, entre el Estado y estos territorios tendrá que darse una relación de reconocimiento mutuo y complementariedad, lo que significa una coordinación de ideas y acciones para la construcción y consolidación del “Acuerdo final”.211

El quinto principio establece la importancia de fundamentar la aplicación del “Acuerdo final” sobre los proyectos que ya existen en las regiones y que apuntan a la consolidación de la democracia. En sexto lugar, se proponen criterios de eficacia, eficiencia e idoneidad para gestión en regiones y territorios de programas y presupuestos destinados para la implementación. Séptimo, se plantea como criterio de implementación la priorización, lo que significa que la destinación de recursos se hará a regiones que se definan como las más necesitadas de intervención para una implementación exitosa del “Acuerdo Final”. En consonancia con lo anterior, el octavo principio reconoce la importancia de la transparencia en el manejo y distribución de los recursos destinados para la implementación. Para ello se faculta a la comunidad para participar en los mecanismos de control.212

Los últimos principios se refieren en concreto al reconocimiento de los Derechos Humanos de manera universal, en consonancia con el respeto por los mismos y la importancia de la no discriminación bajo la cual se fundamenta el Estado de Derecho colombiano. Este reconocimiento permite dar cabida a diversos grupos con orientaciones religiosas o sexuales, así como a los grupos étnicos y culturales que habitan en la extensión del territorio colombiano.213

Finalmente, la fase de consolidación del “Acuerdo Final” comprende un cronograma detallado de las acciones a realizar para darle el tránsito a las FARC hacia la reintegración social y política. En primer lugar, se procede a la

211

Ibíd., pp. 193-195.

212 _{Ibíd., pp. 194-195.} 213 _{Ibíd., p. 193.}

111 concentración de la tropa en zonas establecidas de antemano, luego se hará la entrega de las armas y posteriormente se dará inicio al paso de los integrantes de las FARC a las oportunidades de realización personal y colectiva por medio de la participación en proyectos de desarrollo económico y político en sus territorios, en ejercicio pleno de ciudadanía. Asimismo, entrarán en el proceso de justicia, verdad, reparación y no repetición, con la aplicación de las sanciones a las que se hagan merecedores, y las medidas restaurativas y reparadoras que tienen con fin buscar la reconciliación y la convivencia mucho más pacífica. De esta forma, se cierra el ciclo que inició con el reconocimiento del otro en tanto que adversario y no enemigo, junto con el reconocimiento de las víctimas y la necesidad de su reivindicación.

2.4 Conclusiones

La larga guerra entre el Estado colombiano y las FARC había consolidado la imagen que cada parte tenía de la otra en términos de enemigo a destruir. El Estado siempre consideró a la insurgencia armada como un peligro para la estabilidad institucional y el orden. Con excepción de los diálogos desarrollados con este grupo en la década de 1980 y luego entre 1999 y 2002, el Estado consideró como uno de sus objetivos primordiales la destrucción militar de las FARC. Esta visión tuvo una especial preponderancia en los ocho años que van del 2002 al 2010. Con el cambio de gobierno se empezaron a explorar de nuevo los caminos del diálogo como vía para buscar el fin de la guerra.

Por su parte, las FARC han considerado; desde sus mismos inicios, al Estado colombiano como su enemigo. Su lucha está fundamentada en una transformación de las formas como tradicionalmente se ha manejado el poder en Colombia y sus acciones políticas y militares han apuntado a la consolidación de este objetivo.

En la lógica de la confrontación con el enemigo, el enfoque militar ha sido característico a lo largo de la historia. Ambas partes han otorgado especial importancia a las acciones bélicas como vía para doblegar y vencer a la contraparte. Finalmente, en 2012, las dos partes enfrentadas dieron nuevamente muestras de querer explorar mediante el diálogo posibilidades para dar fin a la guerra. El proceso inició y poco a poco se fue consolidando hasta alcanzar el acuerdo definitivo. Visto en su conjunto, este acuerdo es la suma de dos voluntades dispuestas a lograr consensos. Para ello, era necesario un cambio de perspectiva, por cuanto mantener la visión del otro

112 en tanto que enemigo a destruir significaba la permanencia de la justificación principal de la guerra: la destrucción del otro por medio de las armas. Es así como entonces se pasa de la negación al reconocimiento del otro.

¿Qué significa este paso de la negación al reconocimiento del otro? En primer lugar, una postura de apertura al diálogo y una disposición a la discusión de ideas con objetivos comunes. En segunda medida, la posibilidad de lograr consensos en la medida en que las partes enfrentadas son capaces de visionar los puntos de vista y las razones del otro, y pueden llegar a acuerdos sobre los cuales se dé vía a la construcción de una salida pacífica a la guerra.

El acuerdo definitivo logrado en La Habana en agosto de 2016 y la posterior firma y ratificación por parte del Congreso a finales del mismo año, supone la confirmación de la voluntad de ambas partes para lograr el fin de la guerra. En ese sentido, ese acuerdo también significa la validación del reconocimiento que hacen las partes históricamente enfrentadas a través del poder disuasorio; pero tan destructivo, de las armas.

Asimismo, hemos visto que el reconocimiento también incluye a las víctimas, quienes fueron reconocidas como el centro del acuerdo alcanzado. No habría sido un reconocimiento suficiente si únicamente las partes hubieran hecho el reconocimiento del otro y las víctimas pasaran inadvertidas. Este reconocimiento es el que definitivamente le da fuerza al proceso de diálogo y consecución del acuerdo. Son las víctimas, con su sufrimiento latente y perdurable, quienes hacen a las partes recordar que la guerra fue una gran equivocación. A través de su dolor, silencio y vulnerabilidad las víctimas interpelan a los actores que generaron destrucción con sus armas. Entonces, se hacía evidente su reconocimiento.

Este es el primer paso. De aquí en adelante se abre un proceso lento, largo y complejo en el que se requiere ofrecer verdad, reparación y garantías de no repetición para alcanzar justicia, satisfacer los derechos y reivindicar a las víctimas en su condición. Se busca con ello tramitar heridas causadas y así, propiciar escenarios de reconstrucción de la confianza y la reconciliación. De esta forma, aparece otro concepto que complementa y fortalece al reconocimiento: la responsabilidad. De su importancia en relación a la reivindicación de las víctimas nos encargaremos en el siguiente capítulo.

113

Capítulo III

El sentido ético de la responsabilidad como reivindicación de las víctimas

Todas las estadísticas ofrecidas acerca de las víctimas ocasionadas por el largo conflicto armado en Colombia superan la capacidad de asombro de quien se detiene a revisarlas: más de 200.000 víctimas directas calculadas entre 1958 y 2012, más de 27.000 secuestrados entre 1970 y 2010, más de 23.000 víctimas de asesinatos selectivos entre 1981 y 2012, más de 1.500 víctimas de atentados entre 1988 y 2012, más de 11.000 asesinados en masacres entre 1985 y 2012, 68.000 personas desaparecidas forzosamente, más de 1.700 víctimas de violencia sexual entre 1985 y 2012, más de 5’700.000 víctimas de desplazamiento forzado entre 1985 y 2012, más de 10.000 víctimas de minas y más de 5.000 reclutamientos ilícitos por parte de los actores involucrados entre 1988 y 2012.214 ¿Quién o quiénes ocasionaron tal nivel de victimización?, ¿Sobre quién o quiénes recae la responsabilidad de esta terrible magnitud de destrucción y sufrimiento?

Preguntas obvias que parecieran no merecer consideración alguna. Pero la merecen. Responderlas abre la puerta de un verdadero fin de la guerra en

214 _{Estas estadísticas del conflicto armado en Colombia son tomadas del Centro de Memoria Histórica}

y el informe publicado en 2013 titulado ¡Basta ya! Considero necesario hacer tres comentarios: por un lado, estos datos no pueden ser tomados como absolutos por cuanto la información a veces es fragmentaria, inexistente o difícil de obtener. Sin embargo, demuestran un gran esfuerzo investigativo y recopilatorio con miras a dar luces sobre la dimensión de la guerra en Colombia. En segundo lugar, en estos datos están incluidas las víctimas causadas por acciones cometidas por todos los actores involucrados: Fuerzas Militares, guerrillas (no sólo FARC), paramilitares. Dado que este trabajo se enfoca en el tema Estado-FARC, las cifras darían una perspectiva más fuerte de lo que en realidad sucedió en lo concerniente a las acciones de sólo estos dos actores. No obstante, no es menor el asombro y el repudio que generarían las estadísticas referidas únicamente al enfrentamiento Estado-FARC. Por último, también es importante pensar en las víctimas que aún viven y cargan el dolor por la pérdida de familiares, hogares y pertenencias y con esto, la privación abrupta de proyectos de vida, sueños y aspiraciones individuales y sociales. Datos sobre el total de víctimas en Colombia señalan alrededor de 6 millones.

114 Colombia. Por esto mismo, en el “Acuerdo Final” firmado entre el Estado y las FARC se establece la centralidad de las víctimas como fundamento, sentido y fin del proceso de diálogo. Con esto, se hace justo reconocimiento al dolor que estas personas no tenían por qué sufrir en carne propia. Tampoco sus sobrevivientes tienen razones para sobrellevar el dolor de sus seres hasta el final de sus días. Menos las tienen todas aquellas personas que sufrieron algún tipo de vejamen en su propia humanidad y con esto, el peso de cargar con estas marcas dejadas en sus almas y sus corazones. Si el Estado colombiano y las FARC son consecuentes con la manifestación de voluntad de terminar la guerra, como resultado de un reconocimiento mutuo y el reconocimiento de miles de víctimas, el paso a seguir no es otro que asumir la responsabilidad por la victimización que ambas hayan causado en atención a las acciones de guerra adelantadas durante estas décadas de enfrentamiento militar. En otras palabras, el reconocimiento en la necesidad de reivindicar a las víctimas y lograr la transformación hacia una reconciliación social se relaciona de manera fundamental con el hecho de asumir las correspondientes responsabilidades.

La responsabilidad ética con las víctimas tiene cuatro efectos correlativos. En primer lugar, al hacerse responsables de la tremenda victimización, se realiza el acto justo de recordar lo sucedido y la posibilidad de las víctimas para ser escuchadas y visibilizadas. En segunda medida, la responsabilidad otorga la posibilidad de obtención de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. De esta manera, la responsabilidad por los actos cometidos contra personas inocentes otorga una posibilidad de reivindicación frente a los daños ocasionados. En tercer lugar, al ser asumida por los quienes tienen la obligación hacerlo, la responsabilidad se convierte en la base de la restauración en la confianza entre individuos, entre estos y las instituciones y proporciona la creación de espacios aptos para el otorgamiento de perdón y con ello, una posible transformación social hacia la reconciliación. Por último, la responsabilidad ofrece oportunidades para que en el futuro en el trámite de conflictos surgidos en el seno de sociedades más abiertas y pluralistas se encuentre una guía para saber cómo podría solucionarse sin necesidad de recurrir a vías armadas o bélicas.

De esta manera, la responsabilidad se constituye en una base ética para la búsqueda de una reconciliación en directa relación con la necesidad de reivindicar a las víctimas ocasionadas por la guerra entre el Estado y las FARC y la perspectiva de transformación social. Sin embargo, no camino no

115 es sencillo. Por un lado, se requiere el compromiso de los todos actores responsables así como un respaldo general. Esto significa una real voluntad para asumir las consecuencias de los actos realizados en el marco de la guerra y con esto, la disposición para ofrecer la verdad.

El modelo de justicia transicional aplicable en este contexto de transición de un estado de guerra a uno de reconciliación ofrece un escenario adecuado para nivelar la carga de la verdad y el otorgamiento de penas, que tienen como objetivo restaurar la dignidad de las víctimas por medio de la aceptación de la responsabilidad. En este sentido, la responsabilidad permite restaurar con propósito transformadores, lo que se opone a una justicia de carácter punitivo, que busca castigar en proporción a la falta, pero sin perspectivas de promoción de prácticas sociales y culturales que apunten a la paz y la reconciliación.

3.1 Reconocimiento y responsabilidad

El concepto de responsabilidad tiene un valor importante en la reflexión ética. En lo que concierne a la relación entre la responsabilidad pública, entendida como las consecuencias que afectan a un conjunto de personas a partir de acciones individuales, podemos nombrar a Max Weber como uno de los pensadores que se interesaron por reflexionar acerca de este tema. Así, Weber diferencia entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad dentro del campo de acción político. La primera hace referencia al tipo de decisiones tomadas con base en valores que apuntan a la verdad sin importar las consecuencias. Por su parte, la ética de la responsabilidad apunta a la consecución de fines que tendrían que tener un sustento en valores. Según Weber, en el terreno de la política prima la ética de la responsabilidad, porque el político tiene en cuenta las consecuencias de sus actos.

Para algunos intérpretes de esta conceptualización la ética de la responsabilidad se acerca a una ética utilitarista, más conectada con la idea de la máxima felicidad para la mayoría y por lo tanto, los fines se justifican siempre y cuando la finalidad sea útil para la generalidad.215 Según Corominas, la ética de la convicción queda relegada a la esfera individual y la ética de la responsabilidad es una ética de tipo racional, que se arregla de acuerdo con los fines buscados. La dificultad estriba en que el ejercicio del

215 _{Corominas. Jordi. “La marcha de los nibelungos y la ética de la responsabilidad en Franz}

116 poder no siempre conlleva el mantenimiento y la promoción de valores y se impone al final la utilidad y la necesidad de realizar acciones que no necesariamente son los mejores. 216

Hay otras tres concepciones de responsabilidad que pueden ser más funcionales a la idea de reivindicación de víctimas de un conflicto armado. Por un lado, la ética discursiva propuesta por Apel, nombrado más arriba, apunta a la necesidad de aceptar una responsabilidad atenida al consenso de la comunidad ideal de comunicación. Esto implica que en el proceso de construcción de escenarios de concertación a través del diálogo, las partes involucradas se hacen cargo de sus acciones teniendo en presente el objetivo de lograr acuerdos. Así, se evita caer en posiciones intransigentes o puramente enfocadas en mantener intereses individuales o grupales de forma estratégica.217 Si bien es posible pensar que este modelo apunta a un modelo ideal de comunicación y por lo tanto difícil de alcanzar, su apuesta no deja de ser atractiva, sobre todo en escenarios de guerra en los que precisamente se ha perdido; además de vidas, la capacidad de entendimiento entre los individuos.

En segunda medida, Hans Jonas ha propuesto un concepto de responsabilidad extensiva basada en la autoconciencia del inmenso poder que los humanos tenemos hoy en día en nuestras manos. Su propuesta ética apunta a generar un sentido de responsabilidad sobre las acciones realizadas a nivel planetario, cuyas consecuencias afectan a la vida misma y la sobrevivencia de toda vida en la tierra. Aún más interesante en este planteamiento es la idea de una responsabilidad que podríamos llamar “prospectiva”, por cuanto no sólo incluye a las consecuencias de las acciones en tiempo presente, sino que también involucra los efectos futuros de las decisiones tomadas hoy.218Por otra parte, la responsabilidad en Jonas es solidaria en la medida en que involucra a la totalidad de personas y a la naturaleza.219 Esto cobra sentido cuando pensamos que las víctimas tocan a quienes no lo son, por el hecho de hacer parte de la misma comunidad. En la ética de la responsabilidad de Apel y Jonas es posible apreciar un fuerte sentido de respuesta por las decisiones tomadas, de acuerdo con las

216

Ibíd., 3.

217 _{Cortina. Adela. Ética mínima…., p. 78.} 218

Corominas. Jordi. “La marcha de los nibelungos y la ética de la responsabilidad en Franz Hinkelammert”…, pp.11-12.

219 _{De Siqueira. Eduardo. “El principio Responsabilidad de Hans Jonas”. En Revista BIOETHIKOS,}

117 consecuencias generadas. Cada decisión tomada tiene que implicar un balance con las consecuencias más allá de cualquier cálculo estratégico o funcional a ciertos intereses, incluso por encima de valores como la vida o la dignidad. En escenarios de victimización, el sentido de responsabilidad propuesto por estos autores da luces en el camino del reconocimiento y la reivindicación de las víctimas de la guerra entre el Estado y las FARC. ¿En qué sentido?

Por una parte, la abrumadora cantidad de víctimas como consecuencia del accionar militar es una muestra palpable de la gran equivocación en la toma de decisiones tomadas por ambas partes, con base en legitimaciones y apelaciones a principios y derechos funcionales a la lucha que libraran. En segundo lugar, si se asume la responsabilidad en las tremendas equivocaciones que produjeron un gran nivel de victimización en la población colombiana, es pertinente cerrar el ciclo comprometiéndose expresa y constantemente a evitar a toda costa la generación de nuevas víctimas en nombre de ideales políticos.

Las víctimas en sí mismas son la prueba latente y viva de la gran equivocación: es el rostro de la víctima que interpela a su victimario y le reclama por sus actos. Es decir, la postura levinasiana de la responsabilidad “por” el otro adquiere sentido en escenarios de terminación de un conflicto armado y su transformación en conflicto más pacífico. La ética de la responsabilidad por el otro de Levinás da aún más fuerza al argumento aquí