Las regiones de los indios rebeldes

Las políticas agrarias llegaron rápidamente a las localidades que a partir de 1869 conforman el estado de Hidalgo; el descontento de la población incitó la lucha campesina en Tutotepec y Tenango, que se extendió primero a Tulancingo, más tarde a Huejutla y Metztitlán, y llegó a sumar 14000 sublevados, a los que se llamó indios rebeldes, en 1861. Las rebeliones se controlaron militarmente y las haciendas, con apoyo del gobierno, establecieron guardias blancas para protegerse, aunque las luchas renacieron en diferentes puntos del estado (Ruiz de la Barrera, 2010). La sublevación de los indios, la indiada y los

indios rebeldes fueron nombres comunes de los hacendados para referirse a los campesinos

que luchaban por la restitución de sus tierras comunales en la región de la Huasteca (Montoya, 1996). Las categorías no fueron solamente étnicas. En 1869, el intento de abrir las haciendas fue considerado un acto de bandoleros comunistas (Hernández, 2000). El general Cravioto, gobernador de Hidalgo en varios períodos (1876-1877, 1877-1881, 1889- 1893, 1893-1897), y otras autoridades locales se apropiaron de extensas propiedades de tierra confiados en la amistad que tenían con Porfirio Díaz. En el distrito de Huejutla las familias Andrade y Careta se apropiaron de propiedades comunales y las convirtieron en ranchos (Hernández, 2000).

Según Guerrero (1986), muchos indios sublevados fueron capturados y enviados como esclavos a Quintana Roo y a Valle Nacional, de donde casi nunca regresaban. En el Primer Congreso Católico en 1903, el obispo de Puebla solicitó apoyo de los hacendados para mejorar las condiciones de vida de los indios, mejorar las prácticas católicas y establecer escuelas para los niños indios (Powell, 1968). El obispo de Tulancingo, José Mora y del Río, solicitó en el Primer Congreso Agrícola Católico en 1904 el mejoramiento de las condiciones de vida de los indios de las haciendas (Powell, 1968; Hernández, 2000). El conflicto por la tierra no derivó exclusivamente en violencia y en despojo de tierras indias a manos de hacendados; según Lagunas (2004), muchos indios tepehuas de Huehuetla migraron hacia Mecapalapa, Tlachichilco, San Pedro Tzilzacoalpan y San

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Francisco. Algunos campesinos se unieron rápidamente al movimiento revolucionario contra las políticas porfiristas, pero la revolución llevó caciques armados a la Sierra de Tenango, quienes se impusieron y explotaron a la población (Dow, 2002).

El 14 de mayo de 1901, el artículo 27 constitucional se enmendó para aclarar que la ley solamente aplicaba en el caso de las corporaciones e instituciones religiosas y a las que estuvieran bajo su tutela, lo cual permitía a las corporaciones civiles el derecho a adquirir y administrar bienes y capitales inmuebles45_{, pero la inercia del despojo, los conflictos y las}

representaciones étnicas continuó. Venustiano Carranza enmendó el derecho agrario con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que quedó estipulada en el artículo 27 de la Constitución Política de 1917 y que estableció la devolución y el repartimiento de tierras y aguas para los pueblos, rancherías y comunidades (Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 5.2.1917). El término de la revolución y el cambio de la Ley Agraria en 1915 y del artículo 27 de la Constitución de 1917 produjeron cambios al interior de los pueblos. Los campesinos iniciaron solicitudes para la restitución de la tierra por la vía legal, como lo explicitaba la ley. Muchos pueblos volvieron al sistema de cargos y al trabajo comunal que se había prohibido durante el porfiriato para comprobar la identidad comunitaria y se registraron como pueblos para ganar el derecho a la restitución o a la dotación. El despojo de tierras había producido la desaparición del registro de algunos pueblos, como el pueblo de Chahuatitla, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, distrito de Molango, producido por Alberto Rubio, administrador de la hacienda Cahuazas, cuyo propietario tenía buenas relaciones con el gobernador. La mayoría de las restituciones no pudieron ser comprobadas, pero algunos pueblos lograron algunas dotaciones (Hernández, 2000).

En la región de la Sierra de Tenango, los pueblos empezaron a formar nuevamente gobiernos locales cívico-religiosos y a redistribuir el excedente económico familiar para recibir protección política (Dow, 2002). La población se dividió nuevamente en pueblos con sus gobiernos de indios y productores y comerciantes mestizos que mantenían el control sobre la tierra y sobre la población. En 1922, el juez de Tenango de Doria José Siles se convirtió en propietario y cacique y mantuvo el control político en la región porque por orden de Obregón, los hacendados estaban autorizados a portar armas para defenderse de los agraristas, que habían sido desarmados (Hernández, 2000).

45 Enmienda al artículo 27 constitucional (Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/- bib dig/const_mex/const_1857.pdf 3.8.2015)

Según Schryer, además de las tierras comunitarias y de las haciendas en el sur de la Huasteca también había ranchos que eran producto de las divisiones de antiguas haciendas y limitaciones de tierras comunales de pueblos indios. Algunos pueblos nahuas compraron partes de su patrimonio para asegurar el control de las tierras de sus comunidades. También había rancheros entre los campesinos nahuas ricos. Al igual que otros rancheros, los campesinos nahuas ricos utilizaron mano de obra de campesinos pobres, les prestaban dinero o les vendían maíz. Muchas comunidades indígenas de Huejutla pudieron mantener sus propiedades mediante sociedades agrícolas y condueñazgos formados por representantes de pueblos indios y mestizos recién llegados. Algunos mestizos pobres habían llegado a pueblos nahuas con permiso para pastorear el ganado y cultivar maíz a cambio de trabajo comunitario y contribuciones económicas para las ceremonias locales. Se habían convertido en campesinos nahuas porque hablaban la lengua y se vestían como ellos. Algunos de esos campesinos mestizos pobres se hicieron pasar por miembros de comunidades indígenas para adquirir tierras. Otros mestizos habían llegado a establecer negocios y ranchos por medio de renta y compra de tierra de los pueblos nahuas y mantenían su propia identidad. Los nuevos propietarios, nacionales y extranjeros, aprendieron náhuatl, la lengua dominante de la región (Schryer, 1990).