El Estado y los rituales de magia social

Definir el Estado no es tarea sencilla. Por ejemplo, podemos comprenderlo como un conjunto de prácticas, sentidos sedimentados e instituciones; como articulador social; como momento de lucha por la hegemonía; o como escenario de enunciaciones políticas. Aquí, nos proponemos abordarlo en sus múltiples dimensiones, como un conjunto de procesos yuxtapuestos y, la mayoría de las veces, contradictorios. Podemos pensar que, incluso sincrónicamente, un Estado está construido por un conjunto de discursos en disputa, propuestos por distintos gobiernos, por diversas esferas estatales y por múltiples sectores de la sociedad civil o identidades políticas no gubernamentales. “Las instituciones son condiciones condicionadas condicionantes” (2012:73), sintetiza Enrique Dussel.

Mabel Thwaites Rey dice que es poco conducente debatir en torno a un “tamaño universalmente óptimo” o unas “capacidades predeterminadas” del Estado, por fuera de las metas que éste persigue. No hay un concepto de funcionamiento ideal del Estado válido para cualquier

contexto, sino que es necesario evaluar la configuración de las relaciones sociales de cada tiempo y lugar:

…tiene que partir de una definición de cuestiones prioritarias en torno a una pregunta clave: ¿qué Estado para qué proyecto de país? (…) No es igual sostener que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y en la vida social, para dejarle libres las manos al mercado, que considerar irrenunciable la ampliación de las esferas de decisión y gestión públicas. No es equivalente considerar que el sistema político debe restringirse a articular formas de decisión en la cúspide más concentrada del poder, que proponer una participación activa del conjunto de los ciudadanos en la vida democrática. (…) No es idéntico administrar el orden existente que impulsar la redistribución, la equidad y la emancipación sociales. (Thwaites Rey, 2008:51. El destacado nos pertenece)

Por ende, las respuestas sobre qué Estado debemos darnos no pueden ser instrumentales o administrativo-burocráticas, sino que son respuestas profundamente políticas. Más aún, todas las soluciones técnicas son ineludiblemente respuestas políticas, aunque aparezcan veladas por el manto de neutralidad que se auto atribuyen, el cual, a la vez, les es funcional a fines de instalarse como “la única vía posible”.

Al igual que con el Estado, lo que debemos pensar es qué ciudadanía para qué proyecto de país, parafraseando a Thwaites Rey (2008:51). El análisis sobre los modelos de ciudadanía en disputa no puede reducirse a un “estatus legal” o a un recetario de derechos y obligaciones. Es preciso conocer, por caso, qué espacios de participación en el espacio público resultan accesibles. Es desde este lugar que podemos entender, por ejemplo, que un joven como Pedro, el destinatario del PROG.R.ES.AR que nos habla en el relato que antecede este capítulo, sostenga con orgullo su primera tarjeta de débito como capital que le permitió acceder por primera vez a un banco, una esfera del espacio público que tenía negada.

El Estado también deviene una posición enunciativa desde donde se nombra a los y las jóvenes invocándolos a ser ciudadanos de una nación. Una

operación para hacerlo es a través de políticas públicas destinadas a este grupo etario. Son “rituales de la magia social”, como dice Pierre Bourdieu, que pueden crear la diferencia ex nihilo entre grupos, o bien, explotar las diferencias, como la que existe entre las edades.

Instituir, asignar una esencia, una competencia, es imponer un derecho de ser que es un deber ser (o de ser). Es notificar a alguien lo que es e instarle a que actúe en consecuencia. (…) El acto de institución es un acto de comunicación, pero de un tipo específico: notifica a alguien su identidad, en el doble sentido de que se la expresa y se la impone al expresarla ante todos (…), notificándole de este modo con autoridad lo que es y lo que tiene que ser. (Bourdieu, 2008:103)

Tal es “la fórmula que subyace a la magia performativa de todos los actos de institución” (Ibidem:104), continúa Bourdieu. La nominación – realizada desde una posición instituida, legitimada– inviste a los sujetos de cierta identidad y delinea las fronteras entre los marcos de acción aceptables e inaceptables para dicha categoría de “ser”. El discurso estatal detenta una posición hegemónica para construir ciudadanías legítimas, aunque, claro está, no es el único que nombra a los y las jóvenes: sus enunciaciones muchas veces son desplazadas o resemantizadas por aquellas provenientes de otros actores, como los medios de comunicación.

…el éxito de estas operaciones de magia social, que son los actos de autoridad o, lo que viene a ser lo mismo, los actos autorizados, depende de la conjunción de una serie sistemática de condiciones interdependientes que componen los rituales sociales. Vemos que todos los esfuerzos por encontrar en la lógica propiamente lingüística de las diferentes formas de argumentación, retórica y estilística el principio de su eficacia simbólica están llamados al fracaso mientras no establezcan la relación entre las propiedades del discurso, las propiedades del que lo profiere y las propiedades de la institución que le autoriza a pronunciarlo. (…) no basta con que sea comprendido (incluso, en algunos casos, puede no serlo sin perder su poder), sino que sólo ejerce su efecto propio cuando es reconocido como tal. (Bourdieu, Ibidem:91).

Para conocer la eficacia de los sentidos propuestos por el Estado, será necesario rastrear también la instancia de reconocimiento, esto es, qué discursos son legitimados por los y las jóvenes para decidir sus trayectorias biográficas y colectivas, para establecer su sentido de pertenencia, para sentirse parte de una nación o ciudadanos con derechos en el marco de una democracia.

Por supuesto, los sujetos están inscriptos en múltiples relaciones que otorgan diversos modos de identificación, pero “es en su condición de ciudadano que un agente social interviene a nivel de la comunidad política” (Mouffe, 2018:89). Por tanto, la ciudadanía deviene una identidad articulatoria común a todos los sujetos políticos que están involucrados en luchas democráticas.

En síntesis, entendemos que la ciudadanía es un significante identificatorio que puede producir modelos de subjetivación para los y las jóvenes como nuevos ciudadanos. Pero es necesario agregar una cuestión más. Aunque se trate de una categoría arraigada a una concepción de la democracia liberal, en la actualidad, es un significante en disputa:

El liberalismo concibe la ciudadanía como un mero estatus legal y percibe al ciudadano como un individuo poseedor de derechos, libere de toda identificación con un “nosotros”. No obstante, la tradición democrática concibe la ciudadanía como un involucramiento activo en la comunidad política, como un actuar como parte de un “nosotros”, conforme a cierta concepción del interés general. (Mouffe, 2018:89)

Esta distinción que realiza Chantal Mouffe, entre una visión liberal y una visión democrática de la ciudadanía la lleva a preguntarse si es posible que ciudadanía y pueblo converjan. Está dialogando, en este punto, con la concepción de pueblo de Ernesto Laclau, para quien el pueblo se construye por la acumulación de demandas insatisfechas de diversos grupos de la sociedad y la incapacidad del sistema institucional de absorberlas. Ello provoca que esas identidades heterogéneas establezcan una relación equivalencial entre sí, articulándose en un pueblo (Laclau, 2009:98). Mouffe

comprende que, desde una concepción democrática radical de la ciudadanía, esta puede ser el locus para la construcción de un pueblo:

La identificación como ciudadanos cuyo objetivo político es la radicalización de la democracia uniría a los agentes sociales, quienes podrían estar involucrados en numerosos proyectos diferentes pero cuya “gramática de conducta”, al actuar en calidad de ciudadanos, estaría gobernada por la extensión de los principios ético-políticos de libertad e igualdad a una amplia gama de relaciones sociales. (2018:91).

Los actos de institución o rituales de magia social por la cual se “notifica” a un ciudadano qué “debe ser” son importantes. Pero queda claro que su identidad no se agota en lo que el discurso legal o estatal determina. También es posible que los ciudadanos construyan un “nosotros” que, como sujeto político, se despliegue contra el Estado. Bajo esta perspectiva: ¿sería posible pensar que en los momentos de desciudadanización y pérdida de derechos la identificación puede vigorizarse articulada tras las luchas democráticas que demandan más libertad e igualdad?

2.2.3. El derecho a progresar: hacia una expansión del imaginario