Situación del crédito y de la propiedad vinculada

el liberalismo triunfante del siglo XIX, tanto como el oportunismo de caudillos y políticos de turno, las necesidades económicas del estado y las presiones de hacendados y comerciantes laicos, llevaron a que el mercado de crédito sufriera transformaciones. sometidos a altas tasas de intereses, por parte de mercaderes y otros agentes económicos, debido a los tiempos de guerra y, luego, a las ines- tabilidades de los primeros años republicanos, la presión de los hacendados fue intensa contra los censos vinculantes y, de paso, contra otras cargas impositivas que afectaban a las propiedades rústicas.

bien es cierto que los capitales para préstamos sufrieron una disminución sensible, no solamente por la salida de muchos comerciantes criollos y españo- les, quienes se llevaron sus caudales tras la guerra, sino también por el enorme debilitamiento de instituciones como el Tribunal del consulado o las mismas corporaciones religiosas, antes ávidas de colocar recursos. el estado también contribuyó al retirar capitales no solo por la vía ya vista, sino también por la política de apropiación de recursos o préstamos forzosos a la que sometió a gre- mios e instituciones diversas durante la guerra de independencia y la república temprana.

así pues, la presión de los hacendados tenía una lógica operativa de bene- ficio. en el camino, se consiguió una reducción apreciable del diezmo gracias a una ley del congreso de 1834 —aunque hubo un primer intento en 1829— que la redujo en un tercio, tanto para los productos de tierras individuales como

comunales. a la par, se logró la condonación o el congelamiento de pagos de di- versas deudas contraídas en tiempos coloniales: por cobros de diezmos y primi- cias, por deudas al Tribunal del consulado o al estanco de tabacos, entre otras. además, el decreto bolivariano del 22 de abril de 1825 mandó que, en adelante, todas las imposiciones sobre bienes rústicos y urbanos pagasen solo 2% y 3% de réditos, respectivamente; lo que implicó una apreciable reducción de las rentas para los censualistas y ratificó aquí también una tendencia intervencionista del estado. aun más importante fue la reanudación de los procesos de desvincula- ción y desamortización, iniciados en 1804.

Previamente, la constitución de 1828, marcadamente liberal, planteó en su artículo 160 que no reconocía empleos ni privilegios hereditarios, ni tampo- co vinculaciones laicales, por lo que anunciaba que todas las propiedades eran enajenables y anticipaba que una ley concretaría la forma y modo de hacerlo posteriormente. evidentemente, se buscaba propiciar un movimiento de bienes. así, la noción de propiedad, de carácter individual y de libre disposición, es decir, enajenable, continuó la marcha hacia su pleno asentamiento, que había sido iniciada en el siglo XVIII. el marco fue establecido por la ley aplicativa de la constitución de 1828, dada por el congreso de la república el 20 de diciem- bre de 1829 y promulgada por el presidente agustín gamarra el 11 de enero de 1830.

el texto recordaba que todos los bienes laicos vinculados —incluyendo las capellanías legas, que beneficiaban a muchas familias criollas— eran ena- jenables y determinaba que no se podía disponer de ellos a “favor de manos muertas”; en otras palabras, no se podía volver a vincular un bien ni menos ser enajenado por instituciones eclesiásticas. además, se disponía que quienes tu- viesen la posesión o dominio útil de bienes vinculados podrían redimirlos a la mitad y, en consecuencia, adquirir propiedad sobre ellos: sus herederos estaban facultados para hacer lo mismo con la parte todavía vinculada, para obtener, de esta forma, el pleno dominio y propiedad sobre el bien.

¿Tuvo impacto esta ley? en la práctica, se trató de un pacto cerrado al inte- rior de la élite. a diferencia de otros mecanismos aplicados posteriormente, la redención en dos generaciones implicaba un fuerte desembolso para los con- ductores de bienes. si a ello se suma la inseguridad social y política y el hecho de que la agricultura, junto con toda la economía nacional, se caracterizó por una constante falta de capitales líquidos hasta 1850, se entiende que el proceso de desvinculación fuese poco atractivo y que la enfiteusis siguiese siendo una forma de financiación obvia. en Piura, en junio de 1824, el Hospital belén esta- bleció una enfiteusis por cien años sobre su hacienda macará, con una renta de 350 pesos, siendo el censatario el coronel republicano José Ignacio checa. Hasta 1845, doce enfiteusis fueron establecidas sobre bienes urbanos y rurales de los hospitales, hospicios y bienes propios de la beneficencia de lima, una cuarta

parte de todas las enfiteusis celebradas por ella durante el siglo XIX; mientras que el convento de la merced de lima impuso una enfiteusis sobre la hacienda surquillo en 1849, siendo el censatario manuel martínez aparicio. las rentas enfitéuticas de las instituciones eclesiásticas limeñas pasaron de 31.998,7 pesos a 40.784,9 pesos, entre inicios y mediados de ese siglo.8

los propietarios usaron los mecanismos de redención únicamente cuan- do contaban con todas las posibilidades de éxito, particularmente, con los bie- nes del estado, que fueron redimidos en gran medida en esta época. Incluso se denunciaron bienes en enfiteusis, no sujetos a la norma. en cañete, Pablo abellafuertes y su esposa rosa aliaga y borda, enfiteutas de las haciendas ungará y Palo, se ampararon en los decretos del 3 y 28 de marzo de 1831, sobre modalidades de expropiación de los conventos, para denunciar y obtener el do- minio directo que ejercía el suprimido convento de la buena muerte de lima sobre esas tierras.

3. Regiones, productos y mercados

en los primeros años republicanos, la crisis de la Independencia y de la república temprana obligó a la redefinición de algunos mercados; empero, hacia 1830, la producción y flujos mercantiles se habían normalizado, aunque en la práctica recobraron los niveles conseguidos a inicios del siglo XIX. la producción de azúcar en las chacras y haciendas de la costa central atendía a los mercados urbanos cercanos y era exportada a chile; mientras que la producción de la costa norte cubría su demanda local, la de la sierra norte y algunos lugares del ecuador. la misma lógica era seguida por el resto de lugares de producción, en la sierra y los valles cálidos.

la producción algodonera, hasta entonces ligada a las comunidades cos- teñas o a parcelas de indios muy pobres, sufrió un cambio interesante hacia 1830, cuando empezaron las primeras exportaciones de fibra de variedad país o nativa —gruesa y de textura áspera y semiáspera— desde el puerto de Paita. el creciente mercado textil, motor de la revolución Industrial, insaciable de este insumo, debió ser la causa trascendental, aunada al interés de algunos co- merciantes y hacendados por arriesgarse y vender las variedades locales en el mercado británico. de todas maneras, fueron unas pocas toneladas anuales y un interés periférico de hacendados piuranos e iqueños, quienes no por ello renunciaron a la producción de otros productos agrícolas en sus predios, sino más bien apostaron por una mayor diversificación. al parecer, en estos años, los comerciantes compraban el algodón a los pequeños agricultores y comuneros

y lo vendían a través de Paita o Pisco. en todo caso, el fenómeno tuvo altibajos importantes. Hasta 1840, la exportación fue en ascenso, para luego disminuir, entre otras razones, por la abundancia de fibras en el mercado mundial, pro- ducto de la entrada en producción de vastas regiones al oeste del misisipi, en los estados unidos.9

en cuanto a las primeras exportaciones de lanas —fueran de oveja, alpaca o vicuña—, se pueden rastrear con seguridad luego de la Independencia, aunque es probable que ya anteriormente se llevara a cabo de manera consistente al mercado hispano. la revolución industrial inglesa llevó a un constante aumento de lanas hacia ese mercado, aunque las cantidades fueron poco numerosas hasta mediados del siglo.

completaba este panorama la producción de productos agrícolas de pri- mera necesidad, destinados para el autoconsumo y para los centros urbanos cercanos, en los predios de la costa central y norte; las parras de vid, en los valles del sur; los granos de los valles interandinos y diversos cultivos periféricos sin excepción (frutos, legumbres, alfalfa, tabaco), en todas las chacras y haciendas conocidas. se cubrían las demandas locales y, a veces, comerciantes dedicados al arrieraje llevaban pequeños excedentes que eran colocados en pueblos fron- terizos vecinos, o bien los trasladaban, como antaño, hasta zonas tan lejanas como la argentina.