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La teoría de la conspiración en la legislación franquista

La victoria de Franco en la guerra civil trajo consigo la instauración de un nuevo modelo de estado en sustitución del régimen republicano. Aunque Franco estaba lejos de haber consolidado un nuevo régimen y habría de afrontar en el transcurso de los años siguientes divisiones internas, enormes dificultades económicas (sufridas no por él sino por la mayor parte de los españoles) y graves problemas de orden internacional, lo que sí había conseguido era concentrar todo el poder militar y político en sus manos. En la España de Franco imperaban los ideales de la Cruzada: caudillaje militar, estado fuerte, la retórica de la revolución nacional, visión unitaria de España en el plano cultural, religioso, administrativo y político, nacionalismo económico, en definitiva una mezcla de militarismo, tradicionalismo católico y las ideas fascistizantes de Falange.

El final de la guerra en los frentes no trajo consigo la desaparición de la represión franquista. Al contrario, los vencedores no hicieron nada para favorecer la reconciliación. Las ejecuciones continuaron de forma sistemática, decenas de miles de presos políticos llenaban las cárceles, y el temor y las medidas represivas hicieron extremadamente difícil la disidencia. En las tareas de control de la población colaboraron el partido único, el ejército, los cuerpos de seguridad (Policía y Guardia Civil), la magistratura y la iglesia. Las medidas represivas tenían como fin la apatía política, cuando no el miedo, de la mayor parte de la población, circunstancia reforzada por el recuerdo de la guerra civil, azuzado desde el régimen.

El gobierno elaboró una serie de leyes especializadas en la persecución de los derrotados, todas ellas inspiradas en las elucubraciones que dan contenido a la teoría de

la conspiración antiespañola. Los vencedores, quienes perseguían a los derrotados,

querían aparentar que existía una persecución desde el exterior contra España y lo español, simbolizado claro está por ellos, y por esta razón continuaron alimentando la teoría de la conspiración judeo-masónico-comunista, y no solamente en forma de artículos injuriosos y libros plagados de mentiras, medias verdades y una larga lista de expresiones insultantes. La existencia del enemigo servía para justificar el estado de excepción permanente impuesto por el régimen en su primera etapa y, más importante, el sistema dictatorial como algo definitivo y no provisional. La teoría de la conspiración

iba a ser trasladada al plano legal, a leyes creadas para perseguir al adversario: Ley de Responsabilidades Políticas (1939), Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), y Ley para la Seguridad del Estado (1941). Estas leyes establecieron las bases jurídicas para el ejercicio de una durísima represión de los españoles. También ayudaron a fijar los límites entre vencedores y vencidos. En virtud de estos y otros mecanismos los derrotados que no habían sido ejecutados o habían marchado al exilio fueron a parar a la cárcel, a campos de concentración o fueron depurados de sus antiguos centros de trabajo y obligados a intentar encontrar una nueva ocupación, algo que en la España de la posguerra resultaba extremadamente difícil, muy especialmente para estas personas.

Los campos de concentración durante la guerra civil y el franquismo

93 La Ley de Responsabilidades Políticas, de febrero de 1939, cuando faltaban muy pocas semanas para el término de la guerra, es un texto que, violentando los principios del derecho, ofrece una amplia gama de excusas para la persecución de los derrotados. No tenía otro fin que legalizar los muchos crímenes ya cometidos desde el inicio de la sublevación militar en julio de 1936, y los que habrían de venir, pues la represión franquista será ejercida con gran dureza hasta 1943, para después disminuir de forma paulatina en el exterior de las cárceles. Los tribunales encargados de imponer las sanciones estarían compuestos por representantes del ejército, la magistratura y el partido único, y todos ellos serían coordinados por un Tribunal Superior. Este texto había sido diseñado para juzgar supuestos delitos políticos cometidos no desde el inicio de la guerra y hasta su terminación, sino entre octubre de 1934 (para incluir el movimiento revolucionario desatado entonces por la izquierda) y la fecha de promulgación de la ley. Era considerado delito el haber formado parte de cualquiera de los partidos republicanos no conservadores, las formaciones socialistas, anarquistas, comunistas, nacionalistas vascas, gallegas y catalanas, y las logias masónicas, así como haberse opuesto al triunfo de las fuerzas franquistas, "con actos concretos o con pasividad grave" y cualquier acto de oposición al régimen de Franco en lo sucesivo.

La Ley de Responsabilidades Políticas fue complementada el 1 de marzo de 1940 con la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. De nuevo la legislación franquista venía a encubrir bajo un manto de legalidad la detención y encarcelamiento de personas cuyo único delito había sido el de haber formado parte de la masonería o de un partido de izquierdas; pero antes de la aprobación de esta ley, en plena guerra civil, la mayor parte de los masones detenidos habían sido ya fusilados, y lo mismo sucede con los cuadros de los partidos republicanos y de izquierdaTPF

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. Esta ley hacía responsables de cuantos males reales o supuestos uno quisiera imaginar a "las sociedades secretas de

todo orden" (fórmula que no dejaba claro si se quería hacer mención de la masonería o

de alguna otra misteriosa organización) y a "las fuerzas internacionales de índole

clandestina". El artículo primero de la ley establecía como delito "pertenecer a la

Masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas". Y se consideraba

comunistas no sólo a los miembros del PCE, sino que con ese término se englobaba a los considerados adversarios más peligrosos: "los inductores, dirigentes y activos

colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o similares".

En la exposición de motivos encontramos, como tantas otras veces sucede en los textos franquistas, un lenguaje y unos contenidos que muestran la mezcla de ideas propias del integrismo católico y de la derecha radical fascistizada.

De acuerdo con estas orientaciones el 1 de marzo de 1940 quedó constituido el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, años después sustituido por el Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas, en vigor hasta 1963, cuando se crea el Tribunal de Orden Público. Poco después la Ley de Seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1940, sometió a la jurisdicción militar los delitos

representados por el ejercicio de diversos derechos fundamentales, es decir, los de reunión, expresión, asociación y huelga, al ser catalogados como sedición o rebelión militar. Otra ley, de 2 de marzo de 1943, vino a ampliar la gama de delitos que eran competencia de la jurisdicción militar.

En consecuencia, todas las personas vinculadas al régimen franquista, con algún cargo o prebenda, expresaron opiniones conformes a esta legislación; unas lo hicieron convencidas, otras dispuestas a fingir,. Por lo que se refiere al general Franco, la fobia anticomunista y antimasónica del Caudillo, tal y como a él le gustaba ser nombrado, se puede rastrear con facilidad en los artículos publicados en el diario Arriba con el seudónimo de J. Boor. Y también en alguno de los discursos de su primera etapa de

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Sobre la represión ejercida contra miembros de la masonería debe consultarse Ferrer Benimelli, J.A., El contubernio judeo-masónico-comunista, op. cit., pp. 297-316. Acerca de la represión en la posguerra puede consultarse: la tercera parte, a cargo de Francisco Moreno, del libro coordinado por Juliá, Santos, Víctimas de la guerra civil, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1999; Cenarro, Ángela, "Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del Nuevo Estado", Historia Social, 30, 1998, pp. 5-22.

Los campos de concentración durante la guerra civil y el franquismo

94 gobierno. Por ejemplo, en el mensaje que dirige a los españoles el 31 de diciembre de 1939 con motivo de la celebración de fin de año. Franco afirmó que las penurias de la posguerra (destrucción, hambre) eran responsabilidad de los "enemigos de España", criticó a quienes especulaban con la miseria ajena (entonces para especular había que ser afecto al régimen y tener los contactos necesarios), e identificó a los especuladores con los judíos, para a continuación justificar la política nazi antisemita:

"Ahora comprenderéis los motivos que han llevado a distintas naciones a combatir y alejar de sus actividades a aquellas razas en que la codicia y el interés es el estigma que las caracteriza, ya que su predominio en la sociedad es causa de perturbación y peligro para el logro de su destino histórico. Nosotros, que por la gracia de dios y la clara visión de los Reyes Católicos hace siglos nos libramos de tan pesada carga, no podemos permanecer indiferentes ante esta nueva floración de espíritus codiciosos y egoístas tan apegados a los bienes terrenos que con más gusto sacrificarían los hijos que sus turbios intereses".

Ni en la Ley de Responsabilidades Políticas, ni en la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, ni en ninguna otra ley, se cita al judaísmo. Sin embargo, desde otras instancias del aparato estatal (la prensa), se recordaba periódicamente que la masonería era un instrumento del judaísmo, al tiempo que, durante un corto espacio de tiempo (cuando la victoria del Tercer Reich en la guerra europea parece algo completamente seguro al gobierno de Franco), el discurso antisemita gana terreno. Y no se trata sólo de palabras, pues se van a adoptar las medidas necesarias para poner en marcha, cuando se estime oportuno, la persecución de los judíos presentes en el territorio español. Sobre esta cuestión podemos aportar dos datos. En primer lugar, que en plena guerra civil Franco crea, dentro de la policía política, un departamento de Judaísmo. En segundo lugar, que de forma secreta la policía política franquista comienza a elaborar un archivo sobre los judíos, españoles y extranjeros, residentes en España.