rentes combinaciones de funcionalidades (situaciones o actividades importantes para el individuo) y, por lo tanto, poder desarrollar al máximo sus capacidades.15
El enfoque de las asignaciones justas o con equidad se centra en la inclusión de aspectos no cuantii cables de la calidad de vida en la determinación del bienestar (metodológicamente similar al utilitarismo). Toma en consideración las diferentes preferencias y habilidades de los individuos y determina el óptimo social en función de criterios de justicia social como la solidaridad y la equidad.
Sociedad de bienestar
Mientras que la visión económica del bienestar pone el acento en la agregación de los “bienestares individuales”, la idea que se desarrolla aquí se inclina más bien por eva- luar el bienestar en función del grado de difusión social de los derechos en efecto ejer- citados. Ciertamente contiene, vía el ejercicio de los derechos socioeconómicos, al bienestar económico, que podría interpretarse de acuerdo con las tres dimensiones a las que acabamos de referirnos, pero la noción política de bienestar, la que hemos lla-
mado alternativamente bienestar ciudadano o sociedad de bienestar, pone el
acento sobre la progresiva adquisición efectiva de derechos, y es el resultado de la ampliación de la ciudadanía.
Resumiendo: el bienestar ciudadano es el ejercicio colectivo de los derechos —po- líticos, civiles y sociales—; la ciudadanía es el proceso y la adquisición individual de esos derechos. Para que eso suceda (la adquisición y su goce efectivo) es necesario un cierto modelo de organización social y del poder en la sociedad que garantice alcanzar la realización efectiva de los derechos y proteja la continuidad de su goce. Ese modelo es dado por la democracia de ciudadanía y por la organización republicana.
La democracia instrumental (condición necesaria) está constituida por la demo- cracia electoral y por la forma de controles y balances de las instituciones republica- nas. La democracia de ciudadanía garantiza su goce efectivo, y los difunde a la mayoría de los habitantes construyendo la sociedad de bienestar. La democracia de ciudadanía excede, por tanto, a la electoral y al goce del núcleo básico de los derechos civiles. In- cluye como condición necesaria a los socioeconómicos y a la difusión mayoritaria de todos los derechos ejercidos, esto es, el bienestar ciudadano.
En este sentido, es correcto ai rmar que no es materia de la democracia la formu- lación de una política económica especíi ca. Sí lo son en cambio los efectos de esa política económica en términos de la creación de ciudadanía, de goce real de los dere- chos económicos y sociales. De cierta forma esto aclara la separación de los campos entre economía y democracia. La democracia no debe ser evaluada por una política económica, pero sí por la manera como las políticas económicas garantizan o no la ciudadanía, ya que esto afecta directamente la calidad de la democracia. Esta cuestión merece ser tenida en cuenta, ya que hay posiciones críticas respecto a la inclusión de 15 Véase A. Sen, 2009.
la ciudadanía social como parte de la evaluación democrática. Se suele argumentar que ésa es una cuestión de la economía. Dejando de lado que la realidad no se di- vide en disciplinas, como se hace con su estudio, resulta claro que pensar que el resultado del funcionamiento económico no afecta la estabilidad democrática es sencillamente ignorar la historia de nuestro continente durante todo el siglo xx. Con- cierne a la democracia el producto en términos de la ampliación de ciudadanía. Una política económica que concentra ingresos es claramente, por su consecuencia, con- tradictoria con la manera en que la democracia busca organizar el poder para lograr el goce y difusión de los derechos.
Si la ampliación de ciudadanía social no se produce, esto afectará el bienestar de la sociedad, la legitimidad del sistema democrático y su capacidad para regular el poder en el futuro.
Recapitulando, la democracia es una organización del poder en la sociedad cuya legitimidad se basa en su origen (elecciones) en la forma en que es ejercido según reglas y procedimientos (Estado democrático de derecho) y en su objetivo declarado de des- arrollar la ciudadanía política, civil y social. Es decir, supone que el objetivo colectivo de la sociedad es mejorar su bienestar y, en función de ello, el mejor sistema es la de- mocracia.
El objetivo de la democracia de ciudadanía es el bienestar ciudadano. Los niveles mayores o menores de bienestar no implican entonces más o menos democracia, pero sí revelan si la democracia cumple más o menos con su objetivo. Esto es clave para la legitimidad a mediano término de la democracia. En el corto plazo, aceptamos los go- biernos porque son votados y gobiernan mediante leyes. Pero, en el fondo, aceptamos este sistema de gobiernos votados y que gobiernan con leyes porque pensamos que a la larga traerá bienestar. Si i nalmente ello no sucede, esto afecta la legitimidad de la democracia. Por eso es clave la relación democracia-bienestar. El divorcio no es soste- nible en el mediano plazo y la expone a grandes riesgos.
Las etapas de construcción del bienestar ciudadano son dadas para cada momento histórico y para cada sociedad particular. Cada una de esas etapas se dei ne por la ciu- dadanía exigible.
Estas ideas sobre la cuestión de la i nalidad social, el sentido de la democracia, la construcción de la ciudadanía posible y, i nalmente, el bienestar dibujan en el diag- nóstico de nuestras realidades nacionales aquellas áreas donde parece haber mayor necesidad de debate y creación. Los temas en que la agenda política debería concen- trarse.
Los capítulos que siguen tratan de recoger algunas de esas cuestiones. En el marco de los análisis que presenta el capítulo 3 sobre la evolución de la democracia en América Latina, se resaltan tres cuestiones como sustantivas para la sostenibilidad democrática: i) separación entre los que eligen y son elegidos; es decir, la crisis de representación; ii) la creciente pérdida de los equilibrios y controles dentro del Estado; esto es, la cuestión de los déi cits republicanos y, i nalmente, iii) la cuestión irresuelta
y poco discutida del poder estatal y de la característica del nuevo Estado para la nueva democracia latinoamericana. Éstos son los temas que se tratan en el capítulo 4. A su vez, el capítulo 5 analiza tres dimensiones básicas de las políticas públicas: la i scali- dad, la integración social y la seguridad pública.
Ciertamente quedan fuera muchas cuestiones importantes. Sólo tratamos algunas que nos parecen condición necesaria para que la democracia dure y se amplíe. Éstas no son, por lo tanto, una agenda exhaustiva. Son los temas que nos parecen necesarios para avanzar en la creación de la democracia de ciudadanía, en su legitimidad social y, en consecuencia, en su sostenibilidad.
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L
uego de tres décadas de democracia en AméricaLatina, se ha dejado atrás el autoritarismo militar y muchas de las amenazas que han pesado sobre nuestras frágiles democracias. La transición convivió con la amenaza de la regresión hacia regímenes militares. Esto parece haber concluido, a pesar de los gol-
pes de Estado en Venezuela (2002), Ecuador (2000 y 2005)1 y Honduras (2009), y de
controversias en algunos países sobre manipulación del voto, respeto a la libre expre- sión, surgimiento de un presidencialismo acentuado, limitaciones a la independencia y control de los poderes, y desconocimiento de los roles y competencias de los gobier- nos locales.
Por cierto, haber dejado atrás el espectro del militarismo no implica la consolida- ción de la democracia. Como ya lo señalamos, ésta por dei nición nunca concluye, nun- ca está “consolidada”, su tarea es permanentemente incompleta: “La democracia se presenta como un régimen siempre marcado por formas inacabadas y de no cumpli- miento”.2
Se abre ahora una fase tanto o más compleja en el proceso de democratización: la “postransición”. Su rasgo principal es que los desafíos actuales tienen menos que ver con el retorno del pasado militar en la región que con las grandes dii cultades para expandir los derechos de ciudadanía y la proliferación de grandes concentraciones de poder político opuestas al objetivo democrático.
La postransición plantea interrogantes sobre el futuro, sobre la capacidad de la democracia para sobrevivir y ampliarse. Nos plantea la cuestión de la sostenibi- lidad democrática. Las preguntas no se rei eren a si un golpe instalará un gobierno