Las voces en la caracterización e identidad del Estado de Chile: estabilidad y legitimidad.

El Estado de Chile ha sido caracterizado a lo largo de su historia por su estabilidad y por haber logrado superar sus crisis con soluciones de relativa racionalidad y consenso en el contexto latinoamericano. Este es un logro reconocido por politólogos extranjeros, cientistas sociales, políticos e historiadores (Touraine, 1958).

Ésta característica de su construcción, según diversos autores, ha influido en la idiosincrasia cultural y el carácter cívico de las élites chilenas, situación ya detectable desde los tiempos de la Conquista, por la tendencia de la cultura hispánica de adherir a concepciones caudillistas del poder, tendencia que ha seguido la masa ciudadana (Jocelyn-Holt, 1998).

Otra tesis, defendida por los historiadores Alberto Edwards (1928), Mario Góngora (1981) y Gonzalo Vial (1979), atribuye la estabilidad a un “buen derecho”, creador en Chile de un sistema institucional virtuoso, cuya base es la calidad de las Constituciones, Instituciones y Leyes que el país ha sabido darse y respetar como forma eficiente de autodeterminación.

En la opinión de estos autores, la estabilidad conseguida por el carácter de las élites y por la calidad de las instituciones, es producto de haber definido y seguido el camino de normas

socialmente aceptadas y legitimadas, construyendo una definición sistémica que ha sido capaz de objetivar el poder para conseguir una modernidad.

La tesis central del Ensayo de Góngora señala que la nación chilena ha sido construida por el Estado en los siglos XIX y XX, cuyo valor está en ser un mediador general entre todos los intereses, ser una “potencia ordenadora y fuerza moral que posee dignidad propia”, “totalidad viviente del país” y que ha sido capaz de configurar los procesos históricos mas allá de los intereses de grupo y de las prestaciones utilitarias.

Góngora comprende al Estado chileno como un “organismo, a la vez racional y transracional que posee un valor moral y que tiene por función ordenar la existencia social” (Góngora,1981:388), es decir, no es un aparato mecánico establecido con una mera función utilitaria 35.

Según el historiador Gonzalo Vial, “lo que Góngora desea que miremos o consideremos es el papel fundamental del Estado en Chile, como creador de la nacionalidad (raro fenómeno histórico, admite Góngora) y como impulsor del progreso material y espiritual que ha constituido aquí,

tradicionalmente su fin…el bien común en todas sus dimensiones…” (Vial, 1981:307-311) destacando su acuerdo en cuanto a que el Estado chileno ha tenido un rol de agente activo en el progreso espiritual y material del país.

Ahora bien, la estructura de esta estabilidad institucional no ha estado exenta de avatares, es decir, los marcados cambios en las diferentes etapas de desarrollo del Estado de Chile son explicables, porque la ciudadanía tiene un sentir respecto del Estado que determina el grado de credibilidad que aquella tiene en un momento dado en el sistema y por lo tanto determina la adhesión –o rechazo- del orden legal vigente.

Entonces, hay una cierta eficacia en “el grado en que el sistema satisface las funciones básicas de gobierno tales como la considera la mayoría de la población” (Lipset, 1987:67) que lo hace cambiar al perderse la satisfacción y credibilidad que afecta en primera instancia a las políticas vigentes y a la dirigencia de turno y en segunda instancia a la legitimidad del sistema mismo 36.

En consecuencia, no es extraño que los liderazgos en Chile -y no solo los políticos- perciban al Estado como su instrumento, como una fuente de legitimidad y necesariamente un espacio a dominar, sino también como un campo de batalla donde se miden las fuerzas, y donde el mismo poder de las minorías sociales puede ser amenazado.

Así la arquitectura y más aun, la arquitectura del Estado, se debía ejercer consecuentemente con este contexto de representación del poder político e ideológico, y resultaba ser una forma de representación de la obra colectiva, que validaba una idea o una abstracción social y que era sometida a una competición y por lo tanto a una refiguración permanente.

Esto implica que, delegado el ejercicio del poder, los ciudadanos esperan que éste sea acorde con los principios que todos hemos aceptado y las obras que construyen la idea del Estado se basen en intangibles comunes, que son abstracciones sociales que requieren un soporte físico para consolidar su existencia. Esto hace que “la Arquitectura está sujeta siempre al juicio político, su realización y permanencia dependen a la postre de una decisión de la ciudad” (Ferrari, 1986:26).

35 Este autor rechaza la concepción marxista del Estado como producto y expresión de la infraestructura socio económica e instrumento de explotación, y se opone a la vez a una concepción liberal economicista que comprende el Estado como instrumento al servicio de los fines individuales, que evalúe los servicios del Estado en términos de utilidad, eficiencia y competitividad.

36 La legitimidad, según Lipset, “implica la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad. Hasta qué punto los sistemas son legítimos depende…de las formas en que se resolvieron los acontecimientos claves que dividieron históricamente a la sociedad” (Lipset,1987:67).

La estabilidad como consolidación de un orden, a su vez depende de la legitimidad que le da principio, esencia y poder, como esencia ciudadana. La estabilidad es una cualidad de pertenencia sistémica, y su historia es pública, oficial y visible, en cambio la legitimidad es una decisión

ciudadana, es un derecho y el poder de la ciudadanía, expresada en sujetos y hechos muchas veces ocultos que es necesario desenterrar subversivamente, para que no permanezcan oscuros y soterrados, olvidados entre los relatos oficiales de la historia 37.

Berger y Lukman centran el problema señalando que la legitimación es un proceso por el cual el orden institucional es justificado, pues le indica a los individuos el por qué de cómo son las cosas y de su accionar:

“la legitimación no es indispensable en una primera fase de la institucionalización, cuando la institución es un hecho que no requiere apoyo, ni intersubjetiva ni biográficamente… la legitimación justifica el orden institucional adjudicando dignidad normativa a sus imperativos prácticos…la legitimación no solo indica al individuo por qué debe realizar una acción y no otra, también le indica por qué las cosas son lo que son…” (Berger y Luckmann, 1967:121-122)

Importa, por lo tanto, si la ciudadanía participa protagónica y soberanamente en el proceso de construcción social y cívica del Estado, pues la legitimidad “surge del diálogo ciudadano” y es entonces “un valor social que emana de la sociedad y se agrega e incorpora a los constructos sistémicos como el único valor legítimo de éstos” (Habermas, 1991:120-128).