Acción jurisdiccional de protección al consumidor llevada a cabo ante la superintendencia de industria y comercio

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(1)1. Acción Jurisdiccional de Protección al Consumidor llevada a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Alejandra Roa Gómez. Jonatán David Salazar Mendivelso. Julián Felipe Camelo Ramirez. Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Derecho. Villavicencio, Meta. 2016.

(2) 2 Acción Jurisdiccional de Protección al Consumidor llevada a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Alejandra Roa Gómez. Jonatan David Salazar Mendivelso. Julián Felipe Camelo Ramírez. Monografía para optar el título de abogado. Asesora. Angélika María Rivera Benavides. Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Derecho. Villavicencio, Meta. 2016.

(3) 3 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO. AUTORIDADES ACADÉMICAS. Doctor CESAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ Rector nacional. CÉSAR AUGUSTO PÉREZ LONDOÑO Director de Sede Villavicencio. HENRY EMIRO VERGARA BOBADILLA Subdirector Académico Sede Villavicencio. ADRIANA MARÍA SERRANO CADAVID Decana Facultad de derecho. YEIMI LORENA GONZÁLEZ REA Jefe de programa Sede Villavicencio. LINA MARÍA MEJÍA TORRES Coordinadora Centro de Investigación Jurídica, Política y Social.

(4) 4 Nota de Aceptación. _________________________________________. _________________________________________. _________________________________________. _________________________________________ Presidente del Jurado. _________________________________________ Jurado. _________________________________________ Jurado. Villavicencio, noviembre de 2016.

(5) 5 Agradecimientos. A nuestros padres quienes han sido el motor principal para sacar nuestra carrera adelante, quienes siempre han estado ahí en los momentos más difíciles apoyándonos en todo lo necesario para nuestro crecimiento académico.. A nuestros profesores a quienes les debemos gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, gracias a su paciencia y enseñanza.. A la doctora Angélika María Rivera Benavides por asesorarnos para la realización de este trabajo, gracias por sus buenos consejos, motivación y horas de dedicación.. A esta Universidad por preparar jóvenes como nosotros para un futuro competitivo y por formar profesionales con criterios políticos..

(6) 6 Tabla de contenido. Resumen ...................................................................................................................................... 8 Introducción ................................................................................................................................. 9 1. Aspectos generales de la investigación ................................................................................ 10 1.1. Justificación ..................................................................................................................... 10. 1.2 Objetivos.............................................................................................................................. 11 1.2.1 Objetivo general. .......................................................................................................... 11 1.2.2 Objetivos específicos .................................................................................................... 12 1.3 Marco teórico ....................................................................................................................... 12 1.4 Estado del arte ..................................................................................................................... 28 1.5 Hipótesis .............................................................................................................................. 30 1.6 Planteamiento del problema ................................................................................................ 31 1.7 Metodología ......................................................................................................................... 33 2. Asuntos contenciosos llevados a cabo dentro de la Acción de Protección al Consumidor ... 34 2.1 Derecho de postulación en la acción jurisdiccional de protección al consumidor .............. 35.

(7) 7 2.2 Asuntos que originan la acción jurisdiccional de protección al consumidor ...................... 37 2.2.1 Violación Directa de las normas del Estatuto del consumidor. ........................................ 38 2.2.2 Acciones en aplicación de normas de protección contractual ......................................... 39 2.2.3 Acciones tendientes a la efectividad de las garantías ....................................................... 40 2.2.4 Acciones indemnizatorias por daños ocasionados en servicios que requieren entrega de bienes. ............................................................................................................................................. 41 2.2.5 Acciones contra actos constitutivos de publicidad engañosa ........................................... 43 3. Procedimiento verbal sumario dentro de la Acción de Protección al Consumidor ............... 44 3.1 Procedimiento verbal sumario llevado ante la SIC ............................................................. 44 3.2 Autoridades competentes para conocer de la acción jurisdiccional de protección al consumidor ..................................................................................................................................... 46 3.4 Requisitos y trámite ............................................................................................................. 56 4. Efectos de las sentencias judiciales proferidas por la SIC..................................................... 73 4.1 Ejecutoria de la sentencia y medios de impugnación .......................................................... 74 4.2 Diferencias en la ejecutoria de la jurisdicción ordinaria y la SIC ....................................... 81 4.3 Medidas cautelares en la ejecución ..................................................................................... 85 Conclusiones.............................................................................................................................. 93.

(8) 8 Recomendaciones ...................................................................................................................... 94 Bibliografía ................................................................................................................................ 95. Resumen El presente trabajo ilustra la acción jurisdiccional llevada a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, partiendo de la definición de conceptos básicos referentes, evolución histórica del otorgamiento de facultad jurisdiccional a autoridades administrativas, diferencias y ventajas respecto de la jurisdicción ordinaria para conocer de los asuntos de violación a los derechos del consumidor de acuerdo a la Ley 1480 de 2011 y, de este modo se procederá a analizar el procedimiento como tal, desde la presentación de la demanda , hasta la ejecución de la sentencia.. Abstract. The present work illustrates the jurisdictional action carried out before the Superintendence of Industry and Commerce, starting from the definition of basic concepts concerning historical evolution of the granting of jurisdictional power to administrative authorities, differences and advantages with respect to ordinary jurisdiction to know the Issues of violation of consumer rights in accordance with Law 1280 of 2011 and, thus, proceed to analyze the procedure as such, from the submission of the complaint, until the execution of the sentence..

(9) 9 Introducción Teniendo en cuenta el impacto que ha tenido en los últimos años, las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en lo atinente a la Protección al Consumidor, nos daremos a la tarea de ilustrar el procedimiento verbal sumario adelantado ante la SIC en ejercicio de la facultad jurisdiccional otorgada en este asunto especifico, para ejercer control sobre los oferentes de productos de consumo masivo que de cierto modo abusan de su posición dominante en el mercado, en la relación oferente-consumidor.. En el desarrollo del presente trabajo entonces se abordarán conceptos fundamentales tales como jurisdicción y competencia, debido proceso, sustracción de funciones jurisdiccionales, otorgamiento. de. funciones. jurisdiccionales. a. autoridades. administrativas,. trasfondo. constitucional y su evolución histórica. Además, se realizará un análisis sistemático relacionado con las causas que dan origen a la acción de protección al consumidor y el procedimiento llevado a cabo en la misma, análisis que. servirá como fuente de información directa a cualquier. consumidor que quiera hacer valer sus derechos y carezca de conocimiento jurídico para interpretar la normatividad existente.. En la última parte del trabajo se mencionará lo relacionado a la ejecución de las sentencias que se dictan en el curso del procedimiento verbal sumario de única instancia llevado ante la SIC, así como lo referente a medidas cautelares, medios de impugnación y diferencias entre la ejecución de las sentencias proferidas en virtud de la atribución de facultad jurisdiccional a la SIC..

(10) 10 1. Aspectos generales de la investigación Como quiera que la presente monografía busca orientar al consumidor de una manera fácil a fin de que ejerza sus derechos y garantías; los aspectos contenidos en este capítulo servirán para una generar una visión amplia del tema que se va a tratar y del manejo que se da en la actualidad.. 1.1 Justificación Este trabajo se justifica en la importancia de dar a conocer a los consumidores y usuarios, uno de los mecanismos jurídicos con los que cuentan para la protección efectiva de sus derechos, como es la Acción Jurisdiccional de Protección al Consumidor, consagrada en la Ley 1480 de 2011 y desarrollada mediante el procedimiento verbal sumario. Lo anterior, teniendo en cuenta que el común de las personas y muchos profesionales del derecho, desconocen este tema en razón a la aplicación novedosa que lo caracteriza y la escasa información al respecto, pues si bien es cierto, existen manuales otorgados por la SIC que orientan al consumidor, estos, requieren de conocimiento previo relacionado con la interpretación sistemática de normas, en razón a las modificaciones que surgieron a raíz de la entrada en vigencia del Código General del Proceso.. Esta acción jurisdiccional es una herramienta que fortalece el ejercicio de los derechos de los consumidores, amplía el acceso de todos los ciudadanos que requieran una pronta solución a los conflictos suscitados con algún ente comercial y contribuye a descongestionar la administración de justicia. Para ello se acude no solo ante la jurisdicción ordinaria que son los jueces civiles, sino ante una autoridad administrativa como la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia de 1991,.

(11) 11 ejerce funciones jurisdiccionales.. No obstante, por tratarse de un ente especializado, con. funciones de inspección vigilancia y control que por su naturaleza posee, tiene competencia para resolver los conflictos por violación al Estatuto del Consumidor, resolviéndolos de manera eficaz, con celeridad, garantizando la autonomía e independencia propia de su función y salvaguardando el principio de transparencia que debe regir en todas sus actuaciones.. Con la atribución jurisdiccional dada a esta entidad, los usuarios no tendrán que soportar los efectos de un sistema judicial como el actual: lento y congestionado; pues las demandas presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, serán resueltas con mayor celeridad, así el procedimiento establecido en el Código General del Proceso, sea el mismo al realizado por los jueces civiles. Por tal razón, la presente investigación resulta un mecanismo adecuado para que el público en general acceda fácilmente a la información e interpretación de normas sobre protección a los consumidores, lo cual a su vez, da una visión diferente a la forma en que actúa la justicia en este país.. 1.2 Objetivos. 1.2.1 Objetivo general. . Analizar el procedimiento verbal sumario llevado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de la acción judicial de protección al consumidor..

(12) 12 1.2.2 Objetivos específicos . Identificar los asuntos contenciosos que dan origen a la acción judicial de protección al consumidor.. . Explicar el desarrollo del procedimiento verbal sumario llevado ante la SIC dentro de la acción jurisdiccional de protección al consumidor.. . Enunciar los efectos de las sentencias judiciales emitidas por la SIC en uso de sus facultades jurisdiccionales.. 1.3 Marco teórico Para entender el presente trabajo, es importante conocer las teorías existentes en relación al tema de estudio y los conceptos doctrinales que sirven como referencia en este trabajo, tales como jurisdicción, superintendencia, función jurisdiccional otorgada a autoridades administrativas, trasfondo constitucional y relación con otras ramas del derecho.. Como es sabido la palabra Jurisdicción es polisémica, es decir cuenta con varios significados, que dependiendo del contexto en el que se vaya a utilizar, se acude a ella para dar el sentido que se desee a la frase.. La Real Academia de la Lengua Española la define como “el poder o autoridad que tiene alguien para gobernar”, pero distintos autores de importantes libros también han dado su concepto. Tenemos que para García Maynez (2009) es: “… aplicación de normas jurídicas a casos concretos, aplicación que obliga a los particulares y puede hacerse efectiva aún contra su voluntad” (pg. 229).

(13) 13 Hernán Fabio López Blanco (1997) dice que "entendemos, pues, por jurisdicción la función pública de administrar justicia mediante un proceso" (pg. 95). Finalmente, el concepto que más se ajusta al tema que se va a tratar es el de Hernando Devis Echandía (1984) quien afirma: "la soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y de la libertad y de la dignidad humana, y secundariamente para la composición de los litigios o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, o para investigar o sancionar los delitos e ilícitos de toda clase o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos y mediante decisiones obligatorias" (pg. 76). La palabra jurisdicción encierra las atribuciones judiciales que le son asignadas a las diferentes entidades estatales, a la luz del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia de 1991, queriendo decir con ello que se dejará a un lado la concepción que se tiene del territorio en el que el juez administra justicia.. Para tener más claridad con lo anterior, veamos el concepto de competencia:. Según Devis Echandía, (1984) la competencia hace referencia a la facultad tanto funcional como territorial que tiene el juez para ejercer la jurisdicción. (pg. 233).

(14) 14 Como vemos, ambos conceptos se pueden ver desde dos ópticas paralelas pues para ejercer jurisdicción se debe contar con competencia, sin embargo, cualquier funcionario judicial o para este caso, estatal, puede estar investido de jurisdicción y carecer de competencia.. Las superintendencias son “organismos creados para ejercer control, inspección y vigilancia de la prestación de un servicio público o ejercicio de una actividad, cuentan con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, con o sin personería jurídica”. Fueron creadas en el Decreto 1050 de 1968, derogado expresamente por el artículo 66 de la Ley 489 de 1998.. La superintendencia de Industria y Comercio surge debido al gran crecimiento y desarrollo industrial y económico que el país tuvo a mediados del siglo XX.. “Fue así como el gobierno, con base en las facultades otorgadas al Presidente de la República a través de la Ley 19 del 25 de noviembre de 1958, expidió el Decreto 1653 del 15 de julio de 1960, mediante el cual creó la Superintendencia de Regulación Económica. Este organismo de la Rama Ejecutiva fue el encargado especialmente de estudiar y aprobar con criterio económico y técnico, las tarifas y reglamentos de servicios públicos como energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y similares, y las tarifas de los espectáculos públicos, de los cines y de los hoteles” (Superintendencia de Industria y Comercio , 2016). Pero la anterior denominación ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo y de acuerdo a nuevas necesidades. Con el Decreto 2974 de 1968, nace la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad a la cual se le atribuyen diferentes funciones administrativas y.

(15) 15 jurisdiccionales en pro de la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de normas atinentes a la competencia desleal.. El estudio del. derecho como ciencia social que es, implica constantes cambios en su. ordenamiento y lineamientos jurídicos, que implica que el derecho debe regular los cambios del mundo moderno, y estos siempre deben garantizar y estar direccionados con los fines del Estado, regulado en la Constitución Política de Colombia de 1991, tal y como lo consagra el artículo 2 ibídem.. La norma superior regula la protección al consumidor en sus artículos 78 contemplado dentro de los derechos colectivos:. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.. Con fundamento en la protección de las personas por parte de las autoridades de la república, y viendo la congestión judicial que se existía para la década de los 90 en los despachos judiciales, paradójicamente chocaba con los principios y fines que el Estado colombiano debe garantizar, es.

(16) 16 así como se redactó el inciso 3 artículo 116 de la Constitución Política de Colombia de 1991, elevando a rango constitucional las competencias jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas.. “Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos”. Así mismo determina más adelante la importancia de la protección al consumidor en materia de servicios públicos en el título XII régimen económico y la hacienda pública, articulo 365 prestación de servicios públicos, y sobre la cual la honorable corte constitucional se ha pronunciado, en mi opinión es una garantía de los derechos de los consumidores, esto permitirá una relación justa y equitativa en los consumidores y todos los empresarios. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Sentencia c-172 de 2014.. Art 365 C.N. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita..

(17) 17 Con fundamento en cumplir estos principios el poder judicial concede algunas atribuciones al poder legislativo y ejecutivo, atribuciones que el poder judicial por la congestión no podría garantizar. Naranjo (1994) habla sobre: “La separación absoluta de poderes ha cedido ante las necesidades del Estado moderno”. Ve el legislador colombiano que es necesario atribuir unas funciones eventuales a determinadas autoridades administrativas, esto con base en el principio de colaboración armónica entre los poderes existentes en el Estado colombiano, debido a que la justicia es un servicio a cargo de la nación.. Dentro de los antecedentes más importantes relacionados con el tema se establece que el Acto Legislativo 1 De 1945 subrogo el artículo 52 de la constitución política de 1886, dejando la nueva norma así:. “son ramas del poder público la ejecutiva, la legislativa y la judicial, por ende el congreso, el gobierno y los jueces tienen funciones separadas, pero encaminadas a cumplir los fines del Estado”. En el ámbito internacional en Estados Unidos el presidente John F. Kennedy, dio un mensaje especial al congreso sobre la protección de los consumidores”…Derecho a ser escuchado: Derecho a asegurar que los intereses del consumidor reciban completa y amable consideración de la formulación de la normativa del gobierno, y a un tratamiento justo en los tribunales administrativos”..

(18) 18 Esta declaración se hizo necesaria ante la notoria desigualdad y desprotección en la que se encontraban los consumidores en comparación con las grandes compañías, y productores del sector.. El legislador colombiano vio la necesidad de atribuir competencias jurisdiccionales a entidades diferentes a las que ejercen funciones permanentes, es entonces cuando se atribuyen funciones diferenciando como funciones transitorias u ocasionales, en base al principio de colaboración armónico que existen entre los órganos del Estado, y garantizar el acceso a la justicia y cumplir con los fines del Estado.. En el año de 1970 se sanciona por el presidente, el decreto 1265 de 1970, regulando la administración de justicia, donde se establece que funcionarios administrativos podrán ejercen la administración de justicia en casos especiales, siendo así esta la primera norma en Colombia que estableció la posibilidad para ejercer funciones administrativas por autoridades administrativas.. Artículo 1o. La administración de justicia se ejerce de modo permanente por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Tribunal Disciplinario, los Tribunales Superiores de Distrito, Administrativo, de Aduanas, Militar y Disciplinarios, y los Jueces Superiores, de Circuito, de Instrucción de Menores, de Distrito Aduanero, Territoriales y Municipales. En casos especiales se ejerce por el Senado y por funcionarios administrativos. Los jurados y los árbitros ejercen ocasionalmente funciones jurisdiccionales.. La Ley 446 de 1998 “Descongestión, Eficiencia Y Acceso A La Justicia, en su título cuarto, capitulo 2, habla sobre la protección al consumidor de la siguiente manera:.

(19) 19 Artículo 145. Atribuciones en materia de Protección al Consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá, a prevención, las siguientes atribuciones en materia de protección del consumidor, sin perjuicio de otras facultades que por disposición legal correspondan:. a) Ordenar el cese y la difusión correctiva, a costa del anunciante, en condiciones idénticas, cuando un mensaje publicitario contenga información engañosa o que no se adecue a las exigencias previstas en las normas de protección al consumidor;. b) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección del consumidor, o las contractuales si ellas resultan más amplias;. c) Emitir las órdenes para que se suspenda en forma inmediata y de manera preventiva la producción, la comercialización de bienes y/o el servicio por un término de treinta (30) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto y/o servicio atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores;. d) Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, las investigaciones a los proveedores u organizaciones de consumidores por violación de cualquiera de las disposiciones legales sobre protección del consumidor e imponer las sanciones que corresponda..

(20) 20 En razón a estas sanciones, el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificada por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, establece que las decisiones adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales no están sometidas a acción o recurso alguno ante autoridades judiciales, las superintendencias se instauran como tribunales de máxima instancia.. El ordenamiento en razón a los autos que dicten las superintendencias, fue declarado exequible por la corte constitucional mediante la sentencia C-384 de 2000, pero condicionado a que admite la acción de tutela para controvertir las providencias que dicten las superintendencias en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y admite también las acciones contencioso administrativas cuando las superintendencias en razón de su providencia actuaron excediendo sus competencias jurisdiccionales. Este procedimiento sufrió grandes cambios en cuanto a los recursos e impugnación de autos dictados por las superintendencias en virtud de las facultades jurisdiccionales; Con la Ley 1564 de 2012 se suplió este vacío normativo, toda vez que en el parágrafo 3° del art. 24 se determina quién será el juez de conocimiento del recurso de apelación como lo veremos más adelante.. En el ordenamiento jurídico colombiano encontramos en la Ley 1480 de 2011, “estatuto del consumidor” la regulación que el legislativo colombiano ha hecho sobre el tema, aspectos de protección al consumidor.. El código general del proceso Ley 1564 de 2012, en su artículo 24 atribuyó a la superintendencia de industria y comercio facultades jurisdiccionales para conocer procesos que versen sobre:. . Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el estatuto del consumidor.

(21) 21 . Violación a las normas relativas a la competencia desleal. . Infracción de derechos de propiedad industrial. Así mismo el inciso segundo del parágrafo 24 del código general del proceso establece que “cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado”.. No obstante en parágrafo 1° del artículo 24 del código general del proceso, establece que estas funciones jurisdiccionales generan competencia a prevención, por lo cual las autoridades judiciales y las autoridades administrativas siguen teniendo competencia sobre los temas objeto de estas funciones jurisdiccionales asignadas:. Parágrafo 1o. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos.. Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado.. Parágrafo 2o. Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les.

(22) 22 atribuyen, administrarán justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales.. Parágrafo 3o. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces.. Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa.. Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable.. Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en única instancia.. En efecto tenemos que el código general del proceso instala unas reglas de unificación: i) la competencia a prevención; ii) identidad de vías procesales; iii) Inexistencia de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso; iv) Identidad en la procedencia de medios de impugnación; y, v) Identidad en el ejercicio del derecho de postulación..

(23) 23 Y como reglas especiales: i) El principio de inmediación; ii) Gradualidad en la oferta; iii) ejercicio de funciones jurisdiccionales no es integral ni limitativa. (castillo, 2012) En aras de dimensionar la facultad jurisdiccional de la SIC es importante resaltar el trasfondo constitucional de la misma; entonces en primer lugar tenemos lo establecido por el Art. 1 de la Constitución Política de 1991 que reza:. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Esto nos define el modelo de Estado impuesto, el cual tiene por pilar fundamental la división tripartita de poderes desarrollada desde la época de la Ilustración, cuyo fin es la independencia entre cada una de las ramas del poder público así como su constante limitación entre cada una de las mismas, esto es el también llamado sistema de equilibrio de poderes de gran trascendencia en los Estados modernos, sin embargo en la misma Carta Magna en su artículo 116 nos establece lo siguiente:. “(…)Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias. precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos (…)”. Por tanto tenemos una excepción a la regla general de orden constitucional que determina que en casos excepcionales se sustraerá la administración de justicia de la rama del poder público a la cual pertenece, de allí surge entonces el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a las.

(24) 24 autoridades administrativas, para efectos del presente más concretamente a la SIC en lo relacionado con la protección al consumidor.. Dicho ello surgen los interrogantes (1) ¿Si el Estado tiene una rama especializada en administrar justicia, a que se debe que se le sustraiga la función jurisdiccional para otórgasela a entidades de otra rama del poder público? (2) ¿No violaría ello los principios de imparcialidad e independencia de las actuaciones judiciales? (3) ¿la función de la SIC de inspección, vigilancia y control entraría en pugna con las facultades jurisdiccionales otorgadas?. Develaremos cada uno de los interrogantes planteados acudiendo a la doctrina y a la jurisprudencia sobre el tema, en sentencia C-1071 del 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos:. “(…) el ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades no judiciales representa una excepción al reparto general de funciones entre las ramas del poder. Ello explica que su alcance sea restrictivo ya que únicamente pueden administrar justicia aquellas autoridades administrativas determinadas expresamente por la ley, que también debe indicar las materias precisas respecto de las cuales ello es posible[3]. Sin embargo, esta Corte ha precisado que ese carácter excepcional no significa que a las autoridades administrativas no se les puedan atribuir funciones jurisdiccionales permanentes, pues lo excepcional no es aquello que no reviste el carácter de permanente sino aquello que constituye una excepción de la regla general. De otro lado, la Constitución señala campos en donde no es posible conferir atribuciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, por ejemplo la instrucción de sumarios y el juzgamiento de delitos. Por consiguiente, la Carta establece dos.

(25) 25 primeras exigencias para el ejercicio de funciones judiciales por autoridades administrativas: (i) éstas deben estar claramente delimitadas en la ley y (ii) no pueden recaer en ciertos ámbitos, como la investigación de delitos. Con base en esos criterios, que delimitan las posibilidades que tiene la ley para asignar funciones judiciales a las autoridades administrativas, esta Corte ya ha admitido que las superintendencias desarrollen determinadas funciones judiciales (…)”. Resalta este pronunciamiento el carácter excepcionalísimo de la atribución de facultades jurisdiccionales a entidades administrativas así como la reserva que tiene el legislador al respecto.. En sentencia C-415 del 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett la Corte Constitucional se pronuncia resaltando la importancia de la atribución del juez natural, pilar fundamental del debido proceso de la siguiente manera:. “(…) se observa que la norma fija a nivel general el procedimiento jurisdiccional que deberá seguirse ante las superintendencias, y adicionalmente consagra la posibilidad de apelación ante las autoridades judiciales. La disposición por sí misma, no determina claramente cuál es la autoridad judicial que deberá conocer del trámite del recurso de apelación, por lo cual a primera vista podría pensarse que no existe determinación del juez que debe conocer de ese recurso.(…)”.. Con la Ley 1564 de 2012 se suplió este vacío normativo, toda vez que en el parágrafo 3° del art. 24 se determina quién será el juez de conocimiento del recurso de apelación “(…)Las.

(26) 26 apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable(…)”.. El derecho comercial alimenta de gran manera el análisis de la acción jurisdiccional de protección al consumidor otorgadas a la SIC en relación con la protección al consumidor, “por la complejidad y particular naturaleza de las relaciones mercantiles, los jueces que decide los pleitos comerciales han de ser técnicos y tener criterios a los de los jueces civiles” (Vergara, 2008, pg. 93), en virtud de ello es que se le han delegado funciones jurisdiccionales a la SIC, para lograr verdaderos procesos judiciales sin tener que padecer un sistema judicial colombiano colapsado y teniendo verdaderos expertos en temas mercantiles.. De antaño se conocen procesos mercantiles especiales ajenos a la autoridad competente designada por la autoridad predominante en cada época (Rey, Emperador, Presidente, Parlamento), verbigracia el pueblo Asirio situado en el suroeste asiático, que ocupaba el norte de la antigua Mesopotamia antes de 1900 a.c. comerciaban con los Hititas de manera fluida, lo que permitió que el Emperador de estos otorgara ciertas concesiones para aplicar jurisdicción en asuntos mercantiles relacionados a su intercambio de bienes y servicios; otro ejemplo de ello son los Egipcios que a través de su Emperador le concedió a los Griegos con quienes comercializaban, una jurisdicción especial para que aplicaran sus propias leyes, incluso otorgándoles una ciudad para que se instalaran. (Vergara, 2008).

(27) 27 Más adelante en el medioevo se empezó a aplicar esta jurisdicción especial por parte de los gremios de comerciantes de las ciudades, los cuales designaban a una persona que dirimía el conflicto, a esta persona se le llamaba cónsul, las fuentes de esta jurisdicción eran las leyes de las ciudades-Estado, el precedente de lo adoptado con anterioridad y la costumbre, posteriormente esto evoluciono a órganos colegiados de Magistrados que dirimían los conflictos suscitados, de este modo observamos la necesidad de procesos jurisdiccionales especiales relacionados con el Derecho Comercial que obedecen al dinamismo y la marcada influencia de la costumbre en esta rama del Derecho. (Vergara, 2008). Esta facultad jurisdiccional excepcional ejercida por la SIC, obedece al desarrollo y al crecimiento económico del mundo moderno, sumido en un consumismo y en una producción de bienes y servicios a niveles descomunales, en esta relación consumo se desdibuja una de las bases de los actos jurídicos tales como la compraventa, la consensualidad, se desdibuja esta por el hecho que el consumidor en múltiples ocasiones no está en capacidad de plantear su posición frente a las cláusulas que regirán el contrato de compraventa con su oferente, su proveedor, ejemplo de ello son las compras que se realizan a almacenes de cadena, grandes superficies, entidades financieras y demás, en los contratos suscritos, en la adquisición de bienes y servicios frente a estos no es posible discutir el contenido de las cláusulas que regularán el negocio, por tanto en últimas el consumidor simplemente se adhiere a unas cláusulas ya establecidas sin tener la opción real de discutir las mismas, lo cual es paradójico frente a los presupuestos de los actos jurídicos, a este tipo de negocios la doctrina los ha llamado Contratos de adhesión..

(28) 28 1.4 Estado del arte Se hace necesario en primer lugar reconocer el concepto de lo que en sí. es la facultad. jurisdiccional, entiéndase este como el poder del Estado para dirimir conflictos que se presentan en la sociedad en virtud de la soberanía que la sociedad le reconoce a través de organismos idóneos, en el desarrollo de la concepción jurídico-política de Estado tradicionalmente se circunscribe esta facultad a la rama judicial, pero el Estado y el Derecho deben evolucionar a la par de las necesidades que surjan, por lo tanto, se delega la referida facultad jurisdiccional a organismos no circunscritos a la rama judicial, como lo son las Superintendencias, que son organismos. técnicos de carácter administrativo adscritos a los respectivos ministerios, el. desarrollo del trabajo se centrará en la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.. Y ¿por qué se delega esta facultad? debido a la prevención que realiza el Estado creando estos organismos técnico,. entonces en este orden de ideas estos organismos son idóneos para. administrar justicia por su conocimiento especializado en los asuntos que maneja, verbigracia la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual desarrolla ampliamente, valga la redundancia los temas industriales y comerciales, allí podemos encontrar como se han desarrollado dos aspectos comerciales inherentes a la apertura de los mercados, el consumo masivo y la libre competencia, los cuales son la competencia desleal y la protección al consumidor, en el desarrollo de estos aspectos y de acuerdo a las facultades jurisdiccionales delegadas, últimamente se han sentado precedentes importantes en estos campos como las recientes sanciones impuestas por la llamada cartelización, publicidad engañosa, infracciones marcarias etc..

(29) 29 Para efectos de determinar el estado del arte del objeto de investigación del presente trabajo, es necesario. iniciar. con. los. antecedentes. en. materia. de. protección. al. consumidor. jurisdiccionalmente hablando, dentro del ordenamiento jurídico colombiano inicialmente se enmarcaron las relaciones de consumo en el Código Civil desde una óptica netamente contractual, por ello tenemos las disposiciones de los arts. 1914 y ss. que nos determina la acción redhibitoria por vicios ocultos en bienes objetos de venta, la cual persigue el cumplimiento de la obligación en cabeza del vendedor de garantizar la posesión útil del bien objeto de venta, esto es que el bien objeto de venta funcione en debida forma de acuerdo a las características del mismo y por tanto se le pueda dar su correcto uso, como se observa esto nos hace referencia a la compraventa de cualquier tipo de bien, desde un bien inmueble hasta uno mueble de un valor mínimo, como se puede apreciar estas disposiciones iniciales referentes a la protección de los consumidores, de los compradores de bienes era limitada, puesto que dejaban por fuera la adquisición de servicios ya que se ligaba únicamente esta acción para la compraventa de bienes.. Posteriormente debido al crecimiento económico del país el Estado Colombiano opta por intervenir en las relaciones de mercado, de compra y venta de bienes y servicios, por esta razón en el transcurso del siglo XX se promulgan varias leyes y decretos con el fin de regular la relación productor/vendedor – consumidor, entre ellas tenemos la ley 155 de 1959, por medio de la cual se regulan los precios de los bienes de consumo, Decreto 1653 del 15 de julio de 1960, mediante el cual creó la Superintendencia de Regulación Económica, Decreto 2974 del 03 de diciembre de 1968, por medio del cual se creó la Superintendencia de Industria y Comercio, en una primera etapa estas normas se limitaban a regular los precios de los bienes, mas no otorgaba.

(30) 30 ninguna acción frente al abuso de los productores/vendedores a los consumidores, ya que allí se establecía únicamente una actuación administrativa destinada a regular los precios.. A partir de 1990 con la apertura económica y la promulgación de la Constitución Política de 1991, el Estado tuvo que adecuar todas sus instituciones para el cumplimiento de los fines y deberes del Estado Social de Derecho, con base en estos pilares fue que se promulgó el Estatuto de Protección al consumidor, por medio de la cual se delega finalmente facultad jurisdiccional a la SIC debido a la especialidad que se requiere para estos asuntos.. 1.5 Hipótesis La primera hipótesis que se plantea en el presente trabajo es que la acción jurisdiccional de protección al consumidor llevada a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es un proceso que se supone debería adelantar un abogado con especial conocimiento en el tema, razón por la que son las grandes empresas y agentes intervinientes de la relación comercial, las que acceden a la SIC para reclamar la protección de sus derechos. Así mismo, se presumiría que dicha acción procede en cualquier momento en aras de proteger todos los derechos de los consumidores y que por tratarse de una autoridad administrativa, no podría obligar con sus posturas a las partes, en razón a que no es un juez de la república.. Por otro lado, las decisiones que tome la SIC como autoridad administrativa, tendrán control en la rama de lo contencioso administrativo, pues todas las decisiones que profiera, serán actos administrativos y no sentencias judiciales, pues la norma por la que se regiría sería el CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)..

(31) 31 De lo anterior se deduce la inexistencia de una competencia a prevención, teniendo en cuenta que siempre será la SIC, la entidad encargada de resolver asuntos entre consumidor – productor, por estar revestida de facultades administrativas y sancionatorias.. 1.6 Planteamiento del problema El Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011) agrupa las acciones jurisdiccionales creadas por el legislador mediante el decreto 3466 de 1986 y las leyes 446 y 472 de 1998, permitiendo así conocer con exactitud, cuáles son las autoridades competentes para llevar a cabo dichas acciones y el procedimiento correspondiente para hacer efectiva la protección de los derechos de los consumidores. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio, es una autoridad administrativa y no un juez de la república; la mayoría de usuarios o profesionales del derecho, desconocen las facultades jurisdiccionales que posee dicha entidad, las cuales fueron otorgadas por la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 116 y que le permiten de manera excepcional impartir justicia. Por ende, acuden a la jurisdicción ordinaria, generando así mayor congestión judicial y a su vez, retraso para obtener soluciones a los conflictos suscitados..

(32) 32 Con la entrada en vigencia del nuevo Código General del Proceso, se da un giro total al procedimiento llevado a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de las acciones jurisdiccionales. La razón, hace referencia a la integración normativa realizada por el legislador en aras de propender por la celeridad y economía procesal.. Por lo anterior, se hace necesario analizar todos los pormenores de uno de los procedimientos llevados a cabo dentro la acción jurisdiccional de protección al consumidor, como lo es el procedimiento verbal sumario, siendo uno de la más importantes a la hora de proteger derechos de consumidores, pues si bien es cierto se trata de asuntos de mínima cuantía, y no se requiere la representación de un abogado, la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá tener en cuenta la vulnerabilidad que tienen los usuarios frente a las grandes empresas productoras.. Es así como en el transcurso del presente trabajo se resolverán interrogantes como:. 1. ¿Cómo se aplica el derecho de postulación para iniciar la acción jurisdiccional de protección al consumidor? 2. ¿Cuáles son los asuntos contenciosos que conoce la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de la acción jurisdiccional de protección al consumidor? 3. ¿Cómo es el procedimiento llevado ante la SIC en el desarrollo de la acción judicial de protección al consumidor? 4. ¿Cómo es la ejecutoria de la sentencia, y como se desarrollan los medios de impugnación frente a la misma? 5. ¿Cuáles son las diferencias en la ejecución de las sentencias proferidas por la SIC en uso de facultades jurisdiccionales frente a las proferidas por la jurisdicción ordinaria?.

(33) 33 6. ¿Existen medidas cautelares tendientes a asegurar la efectividad de la sentencia proferida por la SIC?. Para dar respuesta a los problemas planteados se debe analizar las normas existentes relacionadas con el tema a tratar y así, realizar una interpretación sistemática, que permita acceder fácilmente a la información necesaria para interponer una demanda o también llamada Acción Jurisdiccional de Protección al Consumidor. Tener claridad en el tema, sirve para que cualquier persona del común que pretende hacer valer sus derechos como consumidor, lo haga de manera tranquila y confiada.. Finalmente, se hace necesario el planteamiento de estos interrogantes, para dar alcance a los objetivos planteados en el presente trabajo, pues se realizará un estudio acucioso de todo lo relacionado con la protección al consumidor y el mecanismo de defensa que es la acción jurisdiccional.. 1.7 Metodología. Se optó como método de estudio el descriptivo y cualitativo, para brindar una efectiva resolución a cada uno de los objetivos específicos planteados, en donde se permite configurar la investigación para explorar los factores objetivos de la misma, logrando realizar el estudio a la población que se ha visto afectada en la ciudad de Villavicencio, permitiéndonos captar la realidad social a través de los ojos de la comunidad que está siendo estudiada, es decir la percepción que tiene de la eficacia del procedimiento verbal sumario que siguen las autoridades de tránsito, y para obtener el concepto de la sociedad..

(34) 34. El Tipo de investigación es Jurídico - Económica en razón a que se parte de una normatividad existente que se ha venido desarrollando y que es un punto clave dentro del desarrollo de la investigación, y partiendo del tema económico como quiera que el desarrollo legal que se da obedece a un contexto económico de apertura de mercados y consumo masivo que tiene su fundamento en un mundo globalizado.. Las técnicas de investigación que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra investigación, será la utilización como principal recurso de un estudio minucioso y detallado de los referentes legales así como de su respectivo análisis, de igual manera se aplicará el mencionado procedimiento con los precedentes jurisprudenciales y legales.. Es así como se da por finalizado los aspectos generales dentro de los cuales se realiza un análisis de la legislación relativa a la protección de derechos del consumidor, doctrina y jurisprudencia relacionada, derecho comparado y conceptos fundamentales que sirven como base para dar inicio al tema en concreto es decir todo lo concerniente a la Acción Jurisdiccional de Protección al Consumidor.. 2. Asuntos contenciosos llevados a cabo dentro de la Acción de Protección al Consumidor Para acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, a fin de reclamar la protección efectiva de los derechos como consumidor, es necesario saber en qué casos podrá usted como usuario y sin representación de un profesional del derecho, presentar la demanda e invocar sus pretensiones, teniendo en cuenta las modificaciones existentes con la entrada del CGP y los.

(35) 35 asuntos taxativos que contiene la norma en comento. Por tanto, el presente capítulo se ocupará de explicar detalladamente estos aspectos.. 2.1 Derecho de postulación en la acción jurisdiccional de protección al consumidor Hernado Devis Echandía (1984) lo define como el “derecho que se tiene para actuar en los procesos, como profesional del derecho, bien sea personalmente en causa propia o como apoderado de otra persona. Agrega, que no se trata de disminuir la capacidad para comparecer en procesos, sino de reglamentar su ejercicio en defensa de los mismos interesados y de la profesión de abogado que, por su contenido social merece protección”. (pg. 185).. En el ordenamiento jurídico colombiano este derecho se encuentra consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual establece que es el derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia. La Ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Para el tema objeto de estudio, la Ley 1480 de 2011, en su artículo 58 numeral 4, mencionaba que no era necesario actuar en el proceso por intermedio de apoderado, es decir el demandante o el demandado podía actuar directamente, sin importar la cuantía del proceso. Sin embargo, con la aparición del nuevo Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. Significando lo anterior que para llevar a cabo una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por un asunto contencioso de mínima cuantía, se tramitará conforme a las reglas del C.G.P, es decir a través del procedimiento verbal sumario. Caso en el cual, el.

(36) 36 demandante podrá acudir a la jurisdicción y fundamentar sus pretensiones, sin la representación de un abogado.. Esto implica que la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá (i) interpretar la demanda cuando la misma no sea clara; (ii) decretar pruebas de oficio; (iii) hacer efectiva la igualdad de las partes; (iv) superar los obstáculos simplemente formales o procedimentales; (v) asegurar la vigencia de los derechos sustanciales; (vi) dirigir las audiencias con celeridad y respetando el derecho de defensa; (vii) rechazar peticiones improcedentes o dilatorias.. Por el contrario, si la acción judicial de protección al consumidor, corresponde a menor y mayor cuantía, será necesaria la representación de un profesional del derecho.. El apoderado judicial es el mandatario que la parte designa para el proceso y que lo representa mediante un poder general o especial. Vemos así, como el artículo 74 del C.G. P., indica que los poderes generales se entienden conferidos para toda clase de procesos y sólo podrán otorgarse por escritura pública. En cambio, el poder especial, puede conferirse por documento privado, especificando cuáles son los asuntos de encargo.. La superintendencia de Industria y Comercio cuenta con la dependencia de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales – Grupo de Defensa del Consumidor -, encargada de tramitar todas las demandas presentadas por los consumidores a través de la acción de protección al consumidor..

(37) 37 La norma establece (Ley 1480 de 2011 articulo 58 numeral 4) que las ligas y asociaciones de consumidores legamente constituidas, podrán representar a los consumidores (demandantes) en estos procesos.. 2.2 Asuntos que originan la acción jurisdiccional de protección al consumidor El nuevo Estatuto del Consumidor es una gran compilación de las acciones jurisdiccionales existentes para la protección efectiva de los derechos de los consumidores. En efecto, el decreto 3466 de 1982 estipulaba las siguientes acciones judiciales: a. la tendiente a indemnización de perjuicios por incumplimiento de las garantías, b. la indemnización colectiva de perjuicios, c. la indemnización por perjuicios ocasionados en la prestación de servicios que exigen entrega de bienes.. La Ley 446 de 1998 en su artículo 145 instauró 3 tipos de acciones: para obtener efectividad de la garantía, para hacer cesar la publicidad engañosa y para suspender la producción y comercialización de productos que afecten la seguridad y salubridad. En el mismo año, la Ley 472, al instaurar las acciones populares y las acciones de grupo, adicionó dos procedimiento más, mediante los cuales se pueden proteger de manera colectiva, los intereses colectivos o los intereses plurisubjetivos de los consumidores. Con el nuevo Estatuto, el criterio que permite agrupar las acciones es el de la autoridad competente para conocer de cada una de ellas, de acuerdo con el cual estas acciones son de tres órdenes: acciones de competencia exclusiva de los jueces. Acciones de competencia a prevención entre los jueces y las Superintendencia de Industria y Comercio y Acciones de competencia a prevención entre los jueces y la Superintendencia Financiera. Son acciones exclusivas de los jueces, las acciones.

(38) 38 de responsabilidad por productos defectuosos, así como las acciones Populares y de grupo. Son acciones cuyo conocimiento está asignado a prevención tanto a los jueces como a la Superintendencia de Industria y Comercio: Acciones por violación directa de normas del estatuto, acciones en aplicación de normas de protección contractual, las tendientes a la efectividad de garantías y las acciones indemnizatorias por daños ocasionados en la prestación de servicios que requieren entrega de bienes. (Universidad Libre de Colombia, Septiembre de 2012). El artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 reúne las acciones jurisdiccionales que conoce la Superintendencia de Industria y Comercio, mencionadas anteriormente, las cuales explicaremos paso a paso.. 2.2.1 Violación Directa de las normas del Estatuto del consumidor. La expresión «violación directa», es una de las causales de casación que para el caso en concreto se da un tratamiento distinto a su significado, es decir, se deja a un lado la interpretación de que dicha violación se da por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Y se toma, como el término que el legislador designó para referir que a dicha acción atañen temas generales relacionados con la infracción al Estatuto del Consumidor, es decir “una competencia residual sobre potenciales conflictos que puedan presentarse por vulneración de los derechos del consumidor, que no estén previstos en las otras acciones especiales, en estos casos se acudirá a una acción genérica por violación directa de las normas, en cualquier sector de la economía, salvo que el mismo esté adscrito a cualquier otra autoridad o a la Superintendencia Financiera”. (Guayacán, 2012, pg 422).

(39) 39 2.2.2 Acciones en aplicación de normas de protección contractual La protección contractual al interior del Estatuto del consumidor comprende cuatro aspectos: la denominada protección especial, que a su vez incluye, interpretación en favor del consumidor, prohibición de renovación automática no pactada y prohibición de ventas atadas. Las cláusulas de prórroga automática están definidas por el nuevo estatuto como: “la estipulación contractual que se pacta en los contratos de suministro en la que se conviene que el plazo contractual se prorrogará por un término igual al inicialmente convenido, sin necesidad de formalidad alguna, salvo que una de las partes manifieste con la debida antelación su interés de no renovar el contrato”.4 De otra parte, se regula la protección contra cláusulas prohibidas, cláusulas de permanencia mínima y cláusulas abusivas. Frente a estas cláusulas, la acción tiene como propósito que se declaren su validez y aplicación. Se entiende por cláusula prohibida aquella estipulada en contratos de adhesión en las que el productor y proveedor se reservan el derecho de modificar unilateralmente el contrato o sustraerse a sus obligaciones (art. 38 Ley 1480 de 2011). Respecto de las cláusulas abusivas, el nuevo estatuto las define como aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Cuando sean pactadas cláusulas de este talante, se establece su ineficacia de pleno derecho. (Art. 42. Ley 1480 de 2011). A propósito de las cláusulas de permanencia mínima, no está prohibida su inclusión sino condicionada a que sea expresamente pactada y que el consumidor obtenga con la misma una ventaja sustancial en relación con las condiciones ordinarias del contrato..

(40) 40 2.2.3 Acciones tendientes a la efectividad de las garantías Existen dos tipos de garantías: Garantía Legal. Es la obligación impuesta de responder por calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento. (Ley 1480 de 2011, art. 5º núm. 2) Mientras que la garantía suplementaria, es una garantía que ofrece el productor, de manera gratuita u onerosa, que mejoran la cobertura de la legal. Si es onerosa debe ser expresamente aceptada por el consumidor y este último tipo de garantía tiene como requisitos que debe constar por escrito, debe ser de fácil comprensión y por ultimo debe encontrarse escrita en caracteres legibles. El nuevo estatuto del consumidor define los tres aspectos más importantes en relación con la garantía así:. Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él;. Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado;. Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para.

(41) 41 la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro.. 2.2.4 Acciones indemnizatorias por daños ocasionados en servicios que requieren entrega de bienes. El régimen de los servicios que requieren entrega de bienes está previsto en el capítulo 1 del título III de la Ley 1480 de 2011, que se ocupa justamente de las garantías y de este tipo de servicios. Regulado por el artículo 18, donde se estipula la necesidad de establecer el estado en que se entrega el bien, determinar la fecha en que se entrega el bien, o el valor del servicio, aunque la determinación de este último se puede diferir, para lo cual será necesario que aparezca el consenso del consumidor.. El artículo 18 de la Ley 1480 de 2011 establece:. Prestación de servicios que suponen la entrega de un bien. Cuando se exija la entrega de un bien respecto del cual se desarrollará una prestación de servicios, estará sometido a las siguientes reglas:. 1. Quien preste el servicio debe expedir un recibo del bien en el cual se mencione la fecha de la recepción, y el nombre del propietario o de quien hace entrega, su dirección y teléfono, la identificación del bien, la clase de servicio, las sumas que se abonan como parte del precio, el término de la garantía que otorga, y si es posible determinarlos en ese momento, el valor del servicio y la fecha de devolución..

(42) 42 Cuando en el momento de la recepción no sea posible determinar el valor del servicio y el plazo de devolución del bien, el prestador del servicio deberá informarlo al consumidor en el término que acuerden para ello, para que el consumidor acepte o rechace de forma expresa la prestación del servicio. De dicha aceptación o rechazo se dejará constancia, de tal forma que pueda ser verificada por la autoridad competente; si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien, se entenderá que el consumidor lo entregó en buen estado.. 2. Quien preste el servicio asume la custodia y conservación adecuada del bien y, por lo tanto, de la integridad de los elementos que lo componen, así como la de sus equipos anexos o complementarios, si los tuviere.. 3. En la prestación del servicio de parqueadero la persona natural o jurídica que preste el servicio deberá expedir un recibo del bien en el cual se mencione la fecha y hora de la recepción, la identificación del bien, el estado en que se encuentra y el valor del servicio en la modalidad en que se preste. Para la identificación y el estado en que se recibe el bien al momento del ingreso, podrá utilizarse medios tecnológicos que garanticen el cumplimiento de esta obligación. Cuando se trate de zonas de parqueo gratuito, el prestador del servicio responderá por los daños causados cuando medie dolo o culpa grave.. Parágrafo. Pasado un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución o a la fecha en que el consumidor debía aceptar o rechazar expresamente el servicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 anterior sin que el consumidor acuda a retirar el bien, el prestador del servicio lo requerirá para que lo retire dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión de la comunicación. Si el consumidor no lo retira se entenderá por ley que abandona el bien y el.

(43) 43 prestador del servicio deberá disponer del mismo conforme con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto.. Sin perjuicio del derecho de retención, el prestador del servicio no podrá lucrarse económicamente del bien, explotarlo, transferir el dominio o conservarlo para sí mismo. No obstante lo anterior, el consumidor deberá asumir los costos asociados al abandono del bien, tales como costos de almacenamiento bodegaje y mantenimiento.. 2.2.5 Acciones contra actos constitutivos de publicidad engañosa La Ley 1480 de 2011, define la publicidad engañosa en el numeral 13 del artículo 5 como: “Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”. Es así como el consumidor puede optar entre acudir al juez de la jurisdicción ordinaria y/o a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando pretenda reclamar una indemnización derivada de tal publicidad.. El artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 establece que se encuentra prohibida la publicidad engañosa.. El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados..

(44) 44 Entonces, una vez se establezca la cuantía de las pretensiones el usuario determinará si es posible acudir a la jurisdicción sin representación de abogado y así procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el procedimiento verbal sumario, siempre y cuando el asunto objeto de controversia, se encuentre estipulado expresamente dentro de las cinco acciones que son de competencia exclusiva de la SIC.. 3. Procedimiento verbal sumario dentro de la Acción de Protección al Consumidor Los procedimientos llevados a cabo dentro de la acción jurisdiccional de protección al consumidor, dependen de la cuantía del asunto, razón por la cual en este capítulo, se analizarán todos los pormenores del proceso verbal sumario, las autoridades competentes para resolver, los requisitos y el trámite.. 3.1 Procedimiento verbal sumario llevado ante la SIC El proceso verbal sumario adelantado ante la SIC para resolver los conflictos que surjan entre las partes de la relación mercantil, es decir cuando el productor o proveedor de algún bien o servicio vulnere cualquier norma establecida en el estatuto de protección al consumidor, y el consumidor requiere que se le responda por los daños infringidos o causados, en calidad de consumidor, tiene el derecho a ejercer una acción de protección al consumidor, instaurando una demanda, la cual dependiendo de la cuantía se tramitara por un proceso verbal o un proceso verbal sumario, de este segundo trámite nos ocuparemos..

(45) 45 ¿Qué es la protección al consumidor? Protección al consumidor es el conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores. Concepto de la SIC.. Estas. acciones. de. protección. al. consumidor. comprenden. diferentes. temáticas:. telecomunicaciones, fallas en un producto o de baja calidad, problemas en la prestación de un servicio, incumplimiento de garantías, información engañosa, incumplimiento de incentivos ofrecidos, inconvenientes con el precio de un producto o pago de un servicio, financiación de compras, servicios postales, protección de datos personales “habeas data” metrología legal. (Superintendencia de Industria y Comercio , 2016). En esta acción de protección al consumidor, el Estado es quien debe garantizar la justicia, a través de su organización, brindar una seguridad jurídica al conglomerado social, lo cual se realiza cuando el Estado tiene el aparato judicial que aplique el derecho consagrado en la constitución y la ley, y así impartan justicia, esta facultad jurisdiccional que ejercerá la SIC solo le es posible por la facultad que la constitución política de 1991 de manera exclusiva le otorgo. En este proceso se busca que la SIC a través del superintendente delegado para la protección del consumidor, quien vigila el cumplimiento de las normas de defensa de los consumidores, fomenta el mejoramiento de bienes y servicios, revestido de jurisdicción y competencia, resuelva este conflicto entre las partes, velando por la protección del interés general, representado por el mercado y el consumidor, dicha sentencia solo tendrá efecto entre las partes..

(46) 46 3.2 Autoridades competentes para conocer de la acción jurisdiccional de protección al consumidor La Constitución Política de Colombia de 1991, consagro los derechos de los consumidores en su artículo 78, determinando que la ley regulara el control y calidad de los bienes y servicios comercializados, por ende deben existir autoridades que cumplan este mandato de la norma superior, el estatuto del consumidor actual recopila en una sola legislación unas acciones que estaban dispersas, pues el anterior estatuto del consumidor decreto 3466 de 1982 planteaba tres tipos de acciones jurisdiccionales.. Para desarrollar estas acciones jurisdiccionales debemos responder ¿Qué es un consumidor? ¿Qué requisitos o conceptos reúne un consumidor?; ¿Quién es productor? pues bien para dar respuesta a estos necesarios interrogantes nos remitimos a Ley 1480 de 2011, nuevo Estatuto del Consumidor, el cual está vigente desde el 12 de abril de 2012. Uno de los aspectos significativos de esta norma consiste en la precisión conceptual de los elementos subjetivos que identifican una relación de consumo, en efecto estos están descritos en su artículo 5, veamos:. Consumidor o usuario es “toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario”. Producto: es “todo bien o servicio”.

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