Buenas prácticas y puntos a mejorar

1. Buenas prácticas

La muy buena práctica que distingue a esta etapa de las políticas públicas argentinas es la inclusión reciente del INAES y con él, de la política para las cooperativas, en el Ministerio de Desarrollo Productivo extendiéndole la política para las pymes, que aportan casi 70% del empleo nacional, 50% de las ventas y más de 30% del valor agregado.

Es muy buena práctica que los presidentes de las confederaciones cooperativas y mutuales tengan representación en el directorio del INAES, y eso les permita cogestionar en ese ámbito las políticas públicas.

La creación en el ámbito del Ministerio de Educación y en su Secretaría de Políticas Universitarias de un Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad es una buena práctica que se debe destacar. Ha generado una producción y fundamentalmente una interacción entre el movimiento cooperativo y las universidades nacionales que ha contribuido sustancialmente a establecer e institucionalizar relaciones de reciprocidad, muy beneficiosa por la innovación y la profesionalización del sistema cooperativo.

El Estado hizo en años anteriores una importante dotación de fondos (5 millones de dólares) para llevar adelante proyectos de investigación, hasta el 2018 en el que se discontinuó el apoyo económico, que aún no se ha retomado.

Como estrategia principal del programa, para promover la vinculación de las universidades con el sector de la Economía social, se seleccionó el financiamiento de proyectos de investigación aplicada, en los que se requiere que los mismos sean diseñados y ejecutados conjuntamente entre la universidad y la entidad de la economía social, en base a problemas concretos de éstas últimas.

La mención de algunos de los proyectos pone de relieve la importancia de esa colaboración:

• Ruta argentina de las cooperativas.

• Manual de tecnologías abiertas para la gestión de cooperativas y entidades de la Economía Social y Solidaria

• Relevamiento y sistematización de experiencias de la Economía Social y Solidaria (ESS):

Mapeos participativos en territorios a nivel nacional

• Observatorio de las políticas de promoción de la Economía Social y Solidaria en Argentina

• La participación de los asociados en las entidades de la Economía Social y Solidaria

• Archivo histórico del cooperativismo argentino

Estos programas escogidos entre 300 no menos importantes que se ejecutaron, pone de relieve la dimensión y la naturaleza bifronte (sistema cooperativo/universidades nacionales) de la labor que promueve la Secretaría de Políticas Universitarias, y que se refleja en los mismos, y en todas las entrevistas que hicimos se destaca la alianza de las cooperativas con las universidades que promovió el programa.

El apoyo de la Subsecretaría de Producción Provincial, de la Secretaría de Agroindustria de la Nación -a través de programas como el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA), y Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) del INTA-, y de la Ley Caprina al desarrollo de la

“Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores de la Zona Centro de Neuquén Ltda.”, es una buena política pública, creada en junio de 2011 y que nuclea a 350 familias productoras del Centro neuquino que forman parte de 14 organizaciones que trabajan de manera asociativa desde hace 16 años. Este acompañamiento hace que el sistema productivo haya mejorado por una continua implementación de tecnologías (principalmente desde 1998 en que fue creado el Programa Mohair Neuquén). Las mejoras se aprecian en el manejo animal, y en la búsqueda de excelencia en la calidad de la fibra, lo que contribuye al sustento de las familias. Este proceso, asegurado por los productores que se han capacitado durante varios años para tal fin, oficiando de certificadores, hace que se corresponda luego con los resultados de laboratorio. Acopian unos 25 mil kilos anuales de mohair que son comercializados mayormente en Sudáfrica.

2. Puntos a mejorar

Sugerimos la conveniencia de generar políticas públicas estratégicas, sostenidas por el Estado y por la sociedad, a partir de un claro reconocimiento de la identidad cooperativa, para generar una política pública para las cooperativas y las organizaciones de la economía social, solidaria, popular y comunitaria, que conforme un polo productivo y generador de trabajo sostenible en la economía, en el Estado y en la sociedad.

Para integrar a las cooperativas en las políticas para el desarrollo productivo, para aplicar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para hacer progresivamente posible la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que son un compromiso de la Nación en el seno de la comunidad internacional, la política socioeconómica necesariamente debe sostenerse en objetivos estratégicos, y en ellos las cooperativas tienen mucho para decir. Vivimos sumergidos en políticas coyunturales que pudieran ser sean orientadas por objetivos de mediano y largo plazo que les den sentido y perspectiva.

Diferenciar en las estadísticas del Estado a las economías cooperativas, y de la economía social, solidaria, popular y comunitaria, las que deben reflejar no sólo mediciones económicas, sino también sociales (conforme se lo plantea recientemente el INAES) que son en definitiva las que la distinguen, asumiendo buenas prácticas comparadas, la distinción va a contribuir a generar el conocimiento de su específica naturaleza, y de la necesidad de fomentar su crecimiento.

El gobierno

Posiblemente, una deuda pendiente es la institucionalización, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, además de la aplicabilidad de los programas para las pymes, programas sostenibles en el mediano y largo plazo específicos para determinados subtipos cooperativos que respondan a su naturaleza (cooperativas campesinas, que recuperan empresas, sociales, de construcción y uso de viviendas, etc.), todo ello sin perjuicio de que su instrumentación sea interministerial, y que su ejecución se difiera al INAES, con afectación de recursos.

Los recursos para estos programas tendrían que estar referidos a tipos cooperativos específicos vinculados de manera directa, justamente con una mirada estratégica para el desarrollo productivo, estableciéndose a través de fideicomisos de afectación, para su rápida disponibilidad, una vez conformados.

En el tránsito es muy importante elevar de jerarquía al INAES, al grado de Secretaría de Estado, que mantenga la participación del sector. Ello contribuiría al dimensionamiento de la importancia de las Cooperativas y de la Economía Social, y a establecer una relación directa con el gabinete y el poder ejecutivo que facilite la conformación de un sistema económico para la economía cooperativa y social, en una economía mixta. Existe un antecedente valioso al respecto en el año 1984.

Finalmente, y respecto al gobierno, sería importante y posible que el Ministerio de Educación avance en la instrumentación del Art. 90, reglamentándolo adecuadamente, y que los gobiernos provinciales instrumenten presupuestariamente la educación cooperativa en la educación primaria y secundaria y apoyen el cooperativismo escolar, tal como prescribe el espíritu de la ley.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

El INAES se ha transformado a sí mismo y comienza a llevar su actividad en el territorio, federalizando la institución, política bien catalogada y en la cual se pudiera avanzar decididamente.

Es valioso el proceso de desburocratizar y descentralizar a la autoridad de aplicación (al INAES), trabajando con los gobiernos provinciales, municipales y locales, y con sus Secretarías de Economía Social y Solidaria, sin diferenciar su color político. Se han dado pasos en este sentido, sería muy bueno si se profundizan.

La autoridad de aplicación tendría a mediano y largo plazo que orientarse a delegar, reteniendo la función y con control de la autoridad delegada, con asignación presupuestaria, de la “registración”, en las Secretarías de Economía Social Provinciales, que estén en condiciones y del Contralor, con su acuerdo, en las Confederaciones, para multiplicar su propia función de fomento y educación cooperativa.

El INAES entiende que un digesto de sus resoluciones, para eliminar exigencias formales innecesarias y reiteradas y exponer de manera simplificada las resoluciones vigentes. Hace muchos años que se trabaja en esta tarea, esta administración podría completarla.

Constituir y gestionar cooperativas debería ser lo más sencillo posible, y eso no se logra solo informatizando los procedimientos. Sería aconsejable crear cooperativas simplificadas y cooperativas de múltiples interesados. El INAES ha dado pasos con resoluciones que resuelven parcialmente esta problemática, que, no obstante subsiste en lo sustancial, sería muy bueno que al encarar la Reforma de la Ley 20.337 se prevean la posibilidad de regularlas.

El compromiso del INAES de sistematizar, organizar y poner a disposición del gobierno y de la sociedad la información sobre las cooperativas, debería además de generar los mecanismos tecnológicos para recoger aquella que aún no tiene en sus archivos, y los incentivos para que le sea suministrada con veracidad, debería nutrirse de la experticia universitaria, y de sus observatorios, en un diálogo fructífero, para definir esos contenidos y promover la recolección en el territorio de datos completos para procesarlos.

Esa información debería discriminar a los distintos componentes de la Economía Social y Solidaria, su función económica y su función social. Se ha dado un paso muy importante en la decisión de recabar de las cooperativas información socioeconómica (Resolución N° 1437/202).

Es bueno resolver de manera sistemática y no esporádica, los problemas de financiamiento de las cooperativas. Aunque se entiende que cada paso que se está dando es muy positivo, es una oportunidad única, atendiendo a las posiciones de las actuales autoridades del Banco Central, es la conformación de una “Superintendencia de Entidades Financieras no Bancarias”, que permita, deslindar los diferentes niveles de actividad financiera, promoviéndola, y sacándola del ámbito de las reglas de las inútiles reglas de Basilea, estableciendo normas de liquidez y solvencia adecuadas a su dimensión, ubicación territorial y función social.

En tanto se acuerda políticamente es posible avanzar con fideicomisos que permitan fondear el financiamiento a las Cooperativas de Producción que necesitan de apoyo financiero. (Cooperativas que recuperan empresas, Cooperativas Campesinas, Cooperativas Sociales, etc.). Pensando en construir un polo de Producción, Distribución y Satisfacción de Necesidades Sustentable.

Sería, finalmente, conveniente generar mercados que canalicen con fluidez la producción de las cooperativas. Que el estado instale el “compre cooperativo” en las compras y licitaciones públicas, nacional, provincial o municipal/comunal.

Legislación

Sería una política muy valiosa la promoción de una reforma constitucional para, entre otros temas también indispensables, establecer el fomento del Cooperativismo, el Mutualismo y la Economía Social, Popular y Comunitaria. Y que la población y el estado asuman esta necesidad en el debate público que preceda a la reforma. Solo se institucionalizan aquellas políticas y aquellas normas que se discuten en la sociedad, que las incorpora y se aplican en la realidad.

Abogamos, en el marco de un amplio debate público una reforma a la ley de Cooperativas, que recoja 50 años de avances de la sociedad y de la legislación comparada.

Fundamentalmente que asuma exigencias que simplifiquen a las Cooperativas, tanto como lo están las Sociedades Anónimas Simplificadas, en su constitución en su funcionamiento y en los mecanismos de contralor. Que entienda la necesidad de incluir “Cooperativas de Actores Múltiples de Interés Social”, para asumir una realidad compleja y desarrollar la figura cooperativa.

Una ley que regule los nuevos y viejos distintos subtipos cooperativos, prestando atención a sus necesidades específicas.

Las “Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos”

Los sectores cooperativos involucrados pretenden que el Estado las reconozca y le proporcione los instrumentos administrativos y legales que atiendan a sus particularidades y fundamentalmente le habiliten tarifas que atiendan a las características del mercado.

La justa propuesta de un fondo compensador en el ámbito de los servicios públicos debería ser atendida.

En situaciones de privatizaciones y de crisis de los generadores y distribuidores de energía, las Federaciones deben ser preferidas para sustituir a los actores lucrativos como política de estado, arbitrando los recursos financieros para que ello sea posible.

Es necesario conformar una alianza público - privada cooperativa, que permita terminar con los objetivos lucrativos en la prestación de los servicios públicos, en lo inmediato en el interior el país.

“Cooperativas agropecuarias y campesinas”

Es muy valioso que el gobierno y las Cooperativas Agropecuarias, encuentren un punto de coincidencia que permita materializar un mecanismo automatizado que permita la efectiva devolución parcial de retenciones a los pequeños y medianos productores agropecuarios, que genere una política de incentivos, con apoyos presupuestarios, créditos internacionales de fomento, con participación de las Universidades, del INTI, del INTA, y del CONICET, para fortalecer las economías regionales, con apoyo del Ministerio de Agricultura para multiplicar e integrar a las cooperativas familiares, hortícolas, campesinas y de pueblos originarios jerarquizando la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente. Arraigando a la población nuevamente en el territorio. Para ello sería muy útil avanzar en la generación de mercados de proximidad.

Una ley de autogestión y de trabajo coordinado, que dentro o fuera de la reforma a la ley de cooperativas, que regule a partir de sus propias especificidades en su naturaleza, a las “Cooperativas de Trabajo”, a las “Cooperativas que Recuperan Empresas”, a las “Cooperativas Campesinas”, y a las Cooperativas Inducidas por Planes Sociales.

Es socialmente valioso que el apoyo a las “Cooperativas que Recuperan Empresas” cuente con legislación específica que atienda a su naturaleza específica y que consecuentemente regule la autogestión, que la Secretaría específica del INAES esté dotada de un importante presupuesto, y que el Ministerio de Desarrollo Productivo, genere un Fideicomiso de afectación específica, dotándolo de los fondos necesarios.

Las “Cooperativas de Trabajo Inducidas”, que constituyen un avance en políticas sociales, deberían ser inclusas en Proyectos Productivos que apunten a sostener en el mediano y largo plazo su sostenibilidad, y su autonomía, apuntando a su autogestión.

Es conveniente una especificación del trabajo de recolección, y reciclado y su extensión con la inversión necesaria al interior del país.

Este es un largo y complicado proceso que requiere que el Movimiento Cooperativo incremente sus apoyos pero que el estado reoriente esas políticas sociales en sentido productivo, dotándolas de

presupuesto con ese objeto y del apoyo de Universidades, generando educación y capacitación masiva, y de los organismos descentralizados con aptitud para apoyarlo. El primer paso es regularlas

Es muy importante que la ley impositiva declare a las Cooperativas, atendiendo a su naturaleza, que son “Sujetos no imponibles”, con todas sus implicancias.