Consecuencias de un embarazo y maternidad no deseada

Por otro lado, el consumo de alcohol en el Ecuador está relacionado directamente con la violencia de género, sobre todo en la población indígena -que presenta las tasas más altas de violencia contra las mujeres- y en la población afroecuatoriana (Larrea & Camacho, 2013).

Como se ha mencionada anteriormente, la violencia de género se relaciona con la violencia sexual y con los ENI. Por cuanto, las víctimas de mayor riesgo son las niñas y adolescentes de bajos recursos, de zonas rurales, de etnia indígena y afroecuatoriana; quienes también son las menos formadas en SS y SR (Freire et al., 2015).

Quizhpe et al. (2014) en las conclusiones y recomendaciones del Proyecto CERCA⁴ mencionan la asociación entre el inicio de las relaciones sexuales y el consumo de alcohol. Por tanto, recomiendan a los programas de SS y SR orientar cómo prevenir conductas de riesgo que no se les ha vinculado anteriormente con la sexualidad, como son la violencia y el abuso del alcohol y drogas.

situación de ENI, por último, y no por eso menos importante, se analizará la situación del aborto en el país.

1.10.1. Peligros en la salud en el embarazo y el parto

El parto prematuro y el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y postparto es significativamente mayor en las adolescentes que en las mujeres adultas (Cherry & Dillon, 2014; Ozdemirci et al., 2016). Por otra parte, los bebés que nacen de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer muertos, prematuros o con bajo peso (Oringanje et al., 2016; Velasco et al., 2014).

Además, la repetición rápida del embarazo presenta riesgos adicionales tanto para la madre como para el niño (World Health Organization, 2018) y en el caso del Ecuador, los nacimientos se producen seguidos, en otras palabras, en un período no óptimo de espaciamiento entre cada hijo.

Es común que una madre adolescente vuelva a serlo si no toma las medidas necesarias para evitarlo, de acuerdo con datos de ENSANUT, en el país “un 28.1 % de mujeres de 15 a 24 años tiene un hijo; un 10.2 %, dos hijos; un 2.4 %, tres hijos; un 0.7

%, cuatro hijos” (Freire et al., 2015, p. 270).

Todos los riesgos señalados se incrementan cuando más joven es la madre, por tanto, las niñas embarazadas pueden tener más problemas físicos y psicológicos (Salinas et al., 2014).

A esto se suma, el hecho de que el embarazo producto de la violencia sexual trae consigo los sentimientos de odio, rencor y vergüenza. Por tanto, la experiencia de la violación, el dolor del parto, las percepciones y las vivencias no producen - necesariamente- vínculos positivos con los hijos, es decir, las víctimas de la violación y embarazo posterior son dos “en este caso dos niños, la madre y él o la que ha nacido”

(De la Torre et al., 2015, p. 24).

En cuanto al desarrollo y bienestar del niño nacido de un ENI, algunos estudios sobre el abuso físico revelan que los niños criados por madres adolescentes experimentan más riesgo de abuso físico o sexual y presentan más problemas en su comportamiento. Resultado que se relaciona con las experiencias generacionales de crianza materna, es decir, las madres adolescentes aprendieron a educar a través del maltrato y lo traspasan como sistema de crianza a la siguiente generación (Putnam- Hornstein, Cederbaum, King, Eastman, & Trickett, 2015; Seay, Jahromi, Umaña-Taylor,

& Updegraff, 2016; Williamson, 2013).

1.10.2. Violencia de género y violencia intrafamiliar

De acuerdo con el informe Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad, Ecuador 2016 “el 33 % de los niños y niñas entre 5 y 17 años dicen recibir golpes de parte de sus padres y madres cuando no obedecen o cometen una falta” (Velasco et al., 2016, p. 95). Además, la mayoría afirma que se merecían mucho o muchísimo las reacciones de sus padres a sus faltas, es decir, la violencia está normalizada en el país.

Además, el estudio por primera vez investigó sobre las agresiones entre enamorados o novios. Se obtuvo que “el 21% de ellos y ellas ha sufrido maltrato” que comprende cachetadas, golpes o lastimaduras, además, maltrato verbal como gritos y humillación (Velasco, Carrera, Tapia, & Encalada, 2016, p. 107).

La violencia de género es un problema grave en el país, el 60% de mujeres ecuatorianas han sido violentadas en algún momento de sus vidas. Además:

Del total de mujeres que han vivido algún tipo de violencia el 76% ha sido violentada por su pareja o expareja. El 87,3% de las mujeres han vivido violencia física en sus relaciones de pareja; el 53,6% han vivido violencia sexual por parte de su pareja (…) Las mujeres casadas entre los 16 y 20 años son las que mayor violencia han vivido: 70,5%. (Burneo et al., 2015, p. 13)

El embarazo adolescente está asociado a la violencia de género en su sentido más amplio, que incluye la violencia física, simbólica, psicológica y económica. Son las niñas y las adolescentes embarazadas quienes se enfrentan a estigmas, rechazos y hasta amenazas de violencia por parte de sus padres y de sus parejas (Freire et al., 2015;

Salinas et al., 2014).

Sobre ello la OMS advierte que “las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años son más propensas a sufrir violencia dentro del matrimonio o en una sociedad” (World Health Organization, 2018).

Finalmente, la violencia intrafamiliar, de género y sexual se constituye en un grave problema de salud pública en el Ecuador, además, está asociada a complicaciones en el embarazo, a partos prematuros, a problemas ginecológicos. La violencia de género marca una apropiación del cuerpo de la mujer por parte del hombre, adicionalmente, como parte de la violencia simbólica, las mujeres no pueden decidir la cantidad de niños que van a tener, el momento indicado para usar anticonceptivos o el momento deseado para tener relaciones sexuales (Burneo et al., 2015).

1.10.3. El aborto inseguro

Una de las consecuencias de mayor riesgo de un ENI es el aborto clandestino.

En el mundo cada año ocurren alrededor de 3,9 millones de abortos inseguros entre las niñas de 15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud duraderos (World Health Organization, 2018).

En los países en desarrollo “cada año se registran 48 millones de abortos y 10 millones de abortos espontáneos” (Kollodge, 2017, p. 63). Adicionalmente, en América Latina, el riesgo de un aborto mal practicado aumenta por las condiciones insalubres y de riesgo. Se estima que del total de abortos inseguros en la región “el 15% se produce entre las adolescentes” (Salinas et al., 2014, p. 20).

Mientras que en el Ecuador, el 15,6% de todas las muertes de mujeres son ocasionadas por el aborto “ocupando el quinto lugar de todas las causas de muerte y el tercero de las causas de muerte materna” (Senplades, 2017, p. 23).

En cuanto a la legislación, en Latinoamérica, el embarazo producto de una violación es causal para el aborto legal en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Panamá. Por motivos socioeconómicos de la madre, solo Uruguay ha despenalizado el aborto, mientras sea realizado por un médico dentro de los tres primeros meses de la concepción. En países como Cuba y Uruguay, donde el aborto es legal, la morbilidad por aborto ha descendido considerablemente (Cordescu & Lobos, 2015).

Por otra parte, el Código Penal del Ecuador, en el Artículo 150., numeral 1, permite el aborto “Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014, p. 26). Y como se mencionó en el punto anterior, en casos de violación no es punible el aborto solo cuando la víctima padece discapacidad mental. Todo lo demás está vetado y castigado con penas de cárcel de uno a tres años para la persona que practique el aborto y de seis meses a dos años para las mujeres que consientan la interrupción de su embarazo.

Ortiz-Prado et al. (2017) dan a conocer que en el Ecuador -entre los años 2004 a 2014- se registraron 431.614 abortos espontáneos y no espontáneos. No obstante, los investigadores señalan que a pesar de que es difícil distinguir si los abortos son autoinducidos o espontáneos, los datos respaldan que algunas mujeres en Ecuador

“están intencionalmente interrumpiendo sus embarazos a pesar de la prohibición de abortos” (p. 129).

Xiana Yago (2017) en el documental Las Mujeres Deciden realizado en la Amazonía ecuatoriana, aborda la compleja realidad sobre el embarazo adolescente, la violencia de género y el aborto clandestino en el país. En el filme, se puede ver a mujeres que asisten a urgencias con complicaciones severas por abortos mal

practicados, también casos de ENI en adolescentes que han sido producto de violaciones y no han sido denunciados. Señala, por último, que entre el año 2013 y 2015, en Ecuador 138 mujeres fueron denunciadas por aborto y algunas ya han sido condenadas.

Para finalizar, es importante recalcar que el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW (2015), recomendó al Ecuador entre varios aspectos, considerar la despenalización del aborto en caso de violación, incesto y malformaciones fetales graves o serias.

Asimismo, el informe SOMBRA elaborado para la CEDAW sobre la situación de la mujer en el país, mencionó que era oportuno incluir en el Código Orgánico Integral Penal -vigente desde el 10 de agosto de 2014- la salvedad de que no sea punible el aborto en caso de violación.

Sin embargo, esto no ocurrió por la presión de varios grupos de oposición, quienes reunieron firmas para evitarlo. Sobre esto, señalan:

A pesar de que la Constitución vigente declara al país como estado laico, la característica fundamental del más importante marco legal ecuatoriano expresa el dilema de un estado garantista vs un estado controlador, en el cual se vive en la cotidianidad la intromisión de grupos de oposición a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) y una influencia excesiva en el quehacer de la salud sexual y salud reproductiva, generando situaciones en las cuales no se logra operativizar en la práctica el acceso a estos derechos consagrados en la Constitución. (Coalición nacional de organizaciones de mujeres, 2014, p. 49)

1.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Nacional de