Distribución de recursos a través de programas sociales

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“Antes hace como 9 años se hacían asambleas generales para dar el informe sobre sus gastos, pero ahora en adelante nadie explica dónde va el dinero, con qué se gasta. Ahorita no se hace eso ahora.

La gente ha exigido pero lamentablemente el presidente se escapa de las reuniones cuando hay tequios y se va.” (Aida, comunicación personal, octubre 2020)

Son varios los problemas que se observan. En primer lugar es evidente que la estructura municipal es inoperante en términos de la labor de redistribución de recursos y provisión de bienes y servicios básicos y esenciales para la población. Prueba de ello es la situación de pobreza extrema en la que se encuentra la comunidad y el desinterés por informar a la población el uso de los recursos públicos.

Esta inexistencia de un ejercicio claro y continuo de rendición de cuentas y transparencia habilita el escenario perfecto para prácticas de robo y corrupción, las cuales se relevan cada tres años durante el periodo electoral sin mayores consecuencias para las administraciones salientes. La cooptación de la estructura estatal por los partidos políticos deja en manos de la población mestiza el manejo y la administración de los recursos afectando aún más, las posibilidades de participación del resto de población que no habla español.

132 Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), actualmente Secretaría de Bienestar. Estas dependencias operaban en la comunidad a través de los programas PROCAMPO, PROSPERA y 70 y más ahora extintos. En el documento también se hace referencia a la presencia de otras ocho instituciones, entre ellas la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Entre los programas que aportaba mayores beneficios según las compañeras estaban el PROSPERA, otro para estudiantes y madres soleteras que era una cocina comunitaria pero que no recuerdan el nombre, PROCAMPO, 70 y más, otro para personas con discapacidad y otro que era sujetos vulnerables que entregaba despensas a los niños y a las personas que tenían discapacidades.

La valoración que tienen en torno al impacto de estos programas en la comunidad y en su vida, es particularmente “positiva” en relación al PROSPERA;

“Sí servía porque a veces no había ni recurso, no había trabajo, pero cuando llegaba y nos hacía falta libreta, mochila, ya cubríamos un poco de gasto para los materiales. Los zapatos. Antes cuando las mamás tenían 4 hijos a los 4 les llegaba. Ahora solo les llega a uno.

Afectó a las madres que tienen más hijos de 6 -7 años.” (Sofía, comunicación personal, octubre 2020)

Lo anterior resulta paradójico. Estudios realizados en torno al impacto del PROSPERA (Dyer et. al, 2017) y PROCAMPO (López H., 2019; Dyer et. al, 2017) retratan que ninguno de los dos programas, ni individualmente ni en conjunto, lograron aumentar significativamente la probabilidad de que los hogares rurales mexicanos salieran de su situación de pobreza o redujeran su vulnerabilidad. A pesar de ello, desde la perspectiva de las compañeras aunque el recurso que les daban a través del PROSPERA no era suficiente, la desaparición del programa y por lo tanto del subsidio, ha afectado su calidad de vida. “Ahora está el programa BIENESTAR pero solo para los niños, cada dos

133 meses se les da un poco de recurso para los gastos de los niños pero no alcanza.” (Sofía, comunicación personal, octubre 2020)

Los programas de corte asistencialista y clientelar como los antes referidos surgieron en el marco de las políticas neoliberales de atención focalizada, como programas de transferencia condicionada. Julio Boltvinik (2004) detalla que este tipo de programas define el derecho a la asistencia a partir de la demostración de necesidad. Además son programas cuyos beneficios son magros y están asociados al estigma social y tienen como objetivo presionar a los beneficiarios para participar en el mercado.

A pesar de ello, estos programas cubrían los principales servicios públicos en el territorio asociados con la alimentación, la salud, la educación y la producción agrícola. Todos ellos asociados a necesidades básicas que por lo que relatan las compañeras, quedaron descuidadas ante el cambio de administración.

Desde hace dos administraciones MORENA está en la presidencia municipal.

Actualmente llegan a San Martín los programas BIENESTAR, Apoyos a la tercera edad y Sectores vulnerables, que entregan despensas a niños, tercera edad y con discapacidad. Sin embargo, el acceso a ellos sigue operando a través de las mismas prácticas clientelares de las administraciones pasadas.

“Tienen que dar directamente con la autoridad. Aunque los comités son las encargadas que dan la autorización de que las personas se integren al programa. Luego les niegan a las personas que no votaron por ellos o las personas que les caen mal. Hasta tienen que ir a rogarles al presidente para que se integre.” (Aida, comunicación personal, noviembre 2020)

En torno a estos elementos se puede observar que las prácticas estatales redistributivas en la comunidad a pesar de ser deficientes implican el acceso a bienes y servicios que de otra forma las compañeras no tienen posibilidad de adquirir. No hay en la comunidad una estructura organizada para exigir al

134 municipio la prestación de los servicios que por ley le corresponde. Incluso entre quienes participan en el CIPO-RFM es más probable que terminen saliendo de la organización ante la necesidad de seguir siendo consideradas para la recepción de recursos de programas públicos, que plantear una postura colectiva en contra de este tipo de prácticas clientelares.

Tenemos entonces que la esfera de la economía capitalista empresarial y de la economía pública estatal están presentes en el territorio pero se manejan con objetivos ajenos al bienestar de la comunidad. A pesar de ello definen en gran medida la dinámica comunitaria de satisfacción de necesidades creando dependencia hacia bienes o servicios generados desde estas. Esta dependencia se expresa como flujos económicos en el marco del intercambio mercantil o prácticas clientelares con fines políticos.

Esta dinámica parece estar normalizada y asumida por la población. Además del CIPO-RFM, no parece haber otros actores organizados con miras a mejorar las condiciones generales de vida de la población. La estructura y las instituciones que operan desde estas dos esferas se han arraigado fuertemente en el entramado comunitario relegando las formas autonómicas y autogestivas ancestrales de la comunidad de la ejecución de trabajos específicos y excluyéndolas de los espacios de toma de decisiones como veremos en el siguiente apartado.

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