PDF superior La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

El encuadramiento de la responsabilidad prevista en el artículo 1337 entre la extracontractual introduce una deformación de la verdadera función que la ley atribuye a la buena fe en ese campo. La buena fe no podría ser entendía como buena fe objetiva en ese ámbito. La responsabilidad extracontractual se encuentra esencialmente ligada a la violación de deberes absolutos, que surgen desde fuera de la relación específica entre sujetos determinados, y es cierto que a la determinación del contenido de los deberes correspondientes a derechos absolutos es extraña una valoración conforme la buena fe. En la hipótesis del artículo 1337, la buena fe debería, por consiguiente, ser entendida en sentido subjetivo… “De tal modo, el artículo 1373 no sería una norma constitutiva de obligaciones entre los sujetos de las tratativas, sino que tendría sólo la función de fijar un elemento subjetivo necesario para el resarcimiento del daño derivado de la violación del deber ya existente independientemente del artículo 1337”. El significado de la disposición sería este: el daño injusto, ocasionado a una parte de las tratativas por un comportamiento de la otra parte causalmente conexo con la relación específica instaurada a los fines de la formación del contrato, es resarcible sólo en cuanto el daño sea causado de mala fe. “El artículo 1337 proscribe una figura especial de hecho ilícito donde la medida de la responsabilidad del autor no sería dado por el canon de la culpa – diligencia sancionado por el artículo 2043, pero si por la mala fe”. Dada la letra del artículo, la construcción de la responsabilidad precontractual como extracontractual, según el autor, además de implicar una involución, que lleva a la etapa donde únicamente se sancionaba el dolus in contrahendo, conduce inevitablemente, por ese mismo hecho, a la eliminación del concepto de culpa in contrahendo, al asimilar la culpa – negligencia a la mala fe (que se resuelve en el concepto de dolo). 59 (Lo subrayado me pertenece)
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“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS  ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”

“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”

El Código Penal Español reconoce ciertas particularidades atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estos apartados buscan la cooperación administrativa de una persona jurídica con el objeto de disminuir el grado de responsabilidad y de esta forma se tome en consideración los aportes realizados por varias autoridades corporativas para la sanción de hechos ilícitos cometidos (Código Penal Español, 1995). La legislación española separa a las personas jurídicas que pertenecen al derecho público para protegerlas de la responsabilidad penal en la que pueden verse involucrados por malas actuaciones de los representantes o colaboradores basándose en una determinación de la persona jurídica penal para las empresas que pertenecen al derecho privado.
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La responsabilidad objetiva en la legislación ecuatoriana para reparar el daño ambiental

La responsabilidad objetiva en la legislación ecuatoriana para reparar el daño ambiental

Para poder aplicar la responsabilidad objetiva en un caso concreto, debe existir el nexo causal entre el daño y el sujeto responsable y solo se lo puede desvirtuar en caso de fuerza mayor, culpa de la víctima y el hecho ocasionado por un tercero. En estos casos existe la ruptura del nexo causal, lo que implica la imposibilidad de imputar al órgano estatal o al particular la realización de un estado dañoso, y por consiguiente resulta la exclusión de toda responsabilidad patrimonial. Esta situación no ofrece ninguna duda en los casos en que la causa única de la lesión sea un acontecimiento extraño al círculo propio del órgano administrativo o del particular, fenómeno que puede consistir en las excepciones ya mencionadas. 56
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ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA

ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA

Debido al desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología moderna y sofisticada, siendo una era de un mundo globalizado y cibernético, las empresas en la sociedad actual, han adquirido una enorme importancia en el desarrollo económico multinacional, y de la misma manera también se ha innovado las formas de cometer infracciones utilizando a estas empresas, quedando dichos delitos muchas veces en la impunidad; de lo que surgió la necesidad en el legislador de regular su accionar delictivo, e imponer sanciones a las personas jurídicas que se encuentran establecidas en casos concretos en el Código Orgánico Integral Penal, pese a que a lo largo de la historia las penas han sido aplicadas a las personas naturales, como consecuencia de una acto determinado por la ley penal como típico y antijurídico, ya que para ello era necesario que el sujeto activo del injusto actúe con voluntad y conciencia; pues en el presente trabajo se realizara un breve análisis para conocer el por qué empezó hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica, la necesidad de que el Derecho Penal tradicional haga un replanteamiento de sus dogmas a la realidad actual, considerando ese grado de perjuicio que hoy en día no proviene de parte de una persona individual sino de entes corporativo, o mejor dicho, de personas jurídicas con una organización cada vez más compleja en donde existen la división del trabajo así como la función y cumplimiento de roles determinados y con gran capacidad de poder de decisión.
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La culpa in contrahendo y la responsabilidad precontractual en el Código Civil

La culpa in contrahendo y la responsabilidad precontractual en el Código Civil

señala como antecedentes de dicha norma al artículo 1328 del C.C. de 1936 (“Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, y deben ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”) y al artículo 1337 del C.C. Italiano de 1942 (“Negociaciones y responsabilidad.- Las partes, en el desarrollo de las tratativas y en la formación del contrato, deben comportarse de acuerdo con la buena fe”). Dice el autor que “debe ponerse énfasis que la buena fe y común intención tiene que existir no sólo al momento de la celebración o con posterioridad a ella, sino también en la etapa de su negociación o tratativas. Nosotros fuimos partidarios de que se consignara una regla conforme a la cual la ruptura injustificada de la negociación permitiese a quien sufriera sus consecuencias exigir el resarcimiento de los daños y de los gastos realizados. Empero, fue criterio de la Comisión Revisora no incorporar un precepto de esta naturaleza, pese a que existen dos parecidos en la legislación comparada y, concretamente, en los artículos 1337 del Código Civil italiano (ya citado) y 465 del Código Civil boliviano (“Art. 465.- Culpa Precontractual. En los tratos preliminares y en la formación del contrato las partes deben conducirse conforme a la buena fe, debiendo resarcir el daño que ocasionen por negligencia, imprudencia u omisión en advertir las causales que invaliden el contrato”).
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El derecho a la rectificación en la legislación Ecuatoriana

El derecho a la rectificación en la legislación Ecuatoriana

La Ley Orgánica de Comunicación fue expedida y publicada el 25 de junio de 2013 en el Suplemento del Registro Oficial No. 22, en respuesta de una consulta popular realizada el 7 de mayo de 2011 en la cual el pueblo ecuatoriano decidió que la Asamblea Nacional cree una ley de comunicación que sustente un "Consejo de Regulación que normalice la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores". En la Constitución de la República del Ecuador, en su disposición transitoria primera, estableció la obligación del órgano legislativo de aprobar, en un plazo máximo de trescientos sesenta días, una ley de comunicación.
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La Expropiación en la Legislación Ecuatoriana

La Expropiación en la Legislación Ecuatoriana

Creemos indispensable que este pecado de omisión de las autoridades debe redimirse sin pérdida de tiempo, inmediatamente, a través de una “socialización” sistematizada, y tan amplia como se pueda, de las medidas de prevención y seguridad adoptadas por el Gobierno, y de la justa causa pública que las inspira. Responsabilidad que recae en las autoridades municipales, pero, sobre todo en la Gobernación de la provincia. Las medidas de defensa de la región frente a un eventual desastre natural en la cuenca del Paute no deben detenerse por motivo alguno 65 . Se debe de forma inmediata emprender una difusión amplia a los pobladores del sector sobre el riesgo telúrico existente, y el peligro inminente de un nuevo colapso de La Josefina, en el que las primeras víctimas serían precisamente los habitantes del lugar, las poblaciones del entorno y las que se levantan aguas abajo del río Paute. Se debe concientizar a los dueños de esos terrenos que el derecho de propiedad, derecho garantizado por la Constitución, tiene restricciones determinadas, como en el caso que nos ocupa.
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“La patria potestad en la legislación Ecuatoriana ”

“La patria potestad en la legislación Ecuatoriana ”

evitar que el padre abuse del menor y lo maltrate, aunque el maltrato posee una concepción muy amplia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), define al maltrato como: “Toda forma de abuso físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, que produzca daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño y la niña, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o de poder.”

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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA: ANÁLISIS DE SUS BENEFICIOS E INCENTIVOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 2008

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA: ANÁLISIS DE SUS BENEFICIOS E INCENTIVOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 2008

El propósito de este trabajo es conocer de qué manera la Responsabilidad Social Empresarial [RSE] se ha constituido en los últimos años como una práctica cuya relevancia ha ido en aumento en organizaciones a nivel mundial y particularmente en el Ecuador, determinándose que los beneficios e incentivos que se generan a través de la aplicación de este modelo a partir de la Constitución del 2008, se ha direccionado a varios contextos, principalmente para garantizar que las prácticas empresariales se ejecuten bajo un marco de respeto y sustentabilidad hacia la vida de la comunidad y el medio ambiente en general. La metodología bajo la cual se direccionó el presente análisis fue no experimental debido a que no existió la manipulación de las variables que intervienen en el tema, siendo un estudio netamente documental y de carácter deductivo, debido a que la información teórica se obtuvo mediante la revisión bibliográfica sobre el origen y evolución de la RSE a nivel mundial y en el caso particular del Ecuador a partir del cambio de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, los resultados obtenidos permitieron determinar que la RSE en la actualidad no solo es percibida como un beneficio para los empleados, sociedad y medio ambiente, sino que otorga a las organizaciones que la aplican, un estatus de competitividad y valor agregado frente al Estado, clientes, accionistas y empleados, siendo beneficioso para la imagen de las empresas.
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La responsabilidad penal del Menor Infractor en la Legislación Ecuatoriana

La responsabilidad penal del Menor Infractor en la Legislación Ecuatoriana

Es realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva a término hechos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las personas. La responsabilidad penal la atribuye el Estado, y consiste en una pena que busca sancionar al malhechor e intentar su reinserción para impedir que vuelva a delinquir, en este aspecto al no responder el menor penalmente en nuestra legislación sino a medidas socio educativas, se propone una ampliación de la edad penal en el Ecuador que pretende solucionar gran parte de los problemas delincuenciales existentes, en los cuales se utilizan a menores de edad.
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La responsabilidad civil del notario en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad civil del notario en la legislación ecuatoriana

Para el Abogado Freddy Jaramillo: “La responsabilidad civil establece una sanción para el que la comete que a diferencia de la responsabilidad penal no va contra la persona sino que va dirigida contra su patrimonio, la sanción por ende va a consistir en el pago de una suma de dinero que repare, ya sea materialmente o moralmente, el daño sufrido por el ofendido, dicha suma tomará en cuenta el lucro cesante y daño emergente señalado por el juez competente considerado la prueba presentada por el actor. Tal acotación es posible vincularla con el resarcimiento que el Notario debe realizar a la víctima por la responsabilidad civil de su acto, quien deberá de su patrimonio restituir económicamente el perjuicio sufrido por el ofendido. No obstante de los otros tipos de responsabilidad en los que puede incurrir por el acto. La valoración de la sanción, será dada en la medida de que el perjuicio causado, obteniendo de ésta manera la indemnización correspondiente 101 ”.
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La responsabilidad social en los procesos de contratación pública en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad social en los procesos de contratación pública en la legislación ecuatoriana

Por ello, es necesario tomar en cuenta que los grupos de interés o stakeholders, son diferentes, dependiendo de los países, sus realidades, sistemas económicos, políticos y culturales , en el caso del Ecuador, debe tomarse en consideración que dentro de sus objetivos de política económica, se establece la necesidad de asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional, y en el ámbito específico de la responsabilidad social, en el Art. 284 de la Constitución de la República, numeral 5, manifiesta: “ La política económica tendrá los siguientes objetivos: (…) 5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad , en lo económico, social y cultural. ”; de esta manera procura armonizar la relación que debe existir como política de Estado, respecto a la organización económica en general y a la compra pública en especial, al considerar que su objetivo fundamental es lograr un desarrollo equilibrado, sin importar aspectos tales como la ubicación geográfica, diferencias sociales, culturales, y etnográficas.
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La responsabilidad precontractual en la legislación mexicana

La responsabilidad precontractual en la legislación mexicana

En mi opinión en el derecho mexicano las ofertas hechas a un ausente y posteriormente revocadas no configuran un supuesto en el cual puede existir responsabilidad precontractual. En primer lugar, se está ante una contradictio in terminis. Si se ha indicado que el periodo precontractual finaliza con la emisión de la oferta, no puede existir responsabilidad precontractual por acciones llevadas a cabo fuera del lapso temporal que antecede a la formación de los contratos. Si el orden jurídico obliga a un oferente a mantener una oferta durante un plazo determinado, ya se está ante un acto que rebasa las discusiones preliminares y que, por el contrario, es el resultado de las mismas. El orden jurídico reconoce ciertos efectos al acto de la oferta. Uno de dichos efectos es que el Código Civil impone como “sanción” a quien revocare una oferta, el deber de mantener los términos de la misma durante cierto periodo de tiempo. Por otro lado, si –en principio– el solicitante u oferente cuenta con la facultad de convenir algo distinto a lo dispuesto por la ley e indicar que puede revocar dicha oferta antes del plazo establecido para tal efecto, no se trata de un momento o acto jurídico no tutelado por el ordenamiento jurídico, sino por el contrario, la oferta es una exteriorización de la voluntad tutelada por el Código Civil y cuyo incumplimiento acarrea el deber de mantenerla.
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La pandilla en la legislación ecuatoriana y la reincidencia

La pandilla en la legislación ecuatoriana y la reincidencia

5. EL Juzgador realiza la valoración objetiva de las pruebas actuadas por las partes en la Audiencia Oral privada de Juzgamiento, que han sido debidamente anunciadas en la etapa de Evaluación y preparatoria de juicio (Art. 354 CONA El Fiscal solicitará al Juez, remitiendo el expediente de investigación, la fijación de día y hora para la realización de la Audiencia Preliminar en la que decidirá si existen méritos suficientes para proceder al juzgamiento del adolescente. Esta audiencia deberá realizarse dentro de un plazo no menor de seis ni mayor de diez días contados desde la fecha de la solicitud.).- La Fiscalía demuestra el cometimiento del delito; así como establece con certeza la responsabilidad de la persona procesada y su grado de participación; lo que debe ser valorado en forma conjunta y global, Analizada la prueba actuada en su conjunto en el curso de la audiencia de juicio se determina que la MATERIALIDAD de la infracción, se ha probado con el informe de autopsia realizada al occiso Np, y la RESPONSABILIDAD está probada con los testimonios de testigos y funcionarios policiales.
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“La responsabilidad compartida de los padres respecto de sus hijos en la legislación ecuatoriana”

“La responsabilidad compartida de los padres respecto de sus hijos en la legislación ecuatoriana”

Cuando se publicaron las reformas al Título V del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2009, no se tomó en cuenta el tema de la responsabilidad compartida que debe existir entre los padres con sus hijos, pues era de fundamental importancia que no solo se reforme el tema de las pensiones alimenticias, sino además que se incluyan parámetros que permitan dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales que obligan a los progenitores a que en igualdad de condiciones tengan bajo su cuidado, protección y crianza a sus hijos, cuya falta de normativa jurídica que regule de mejor manera este tema ha dado lugar al problema que se aborda en presente trabajo.
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Responsabilidad precontractual por ruptura injustificada de negociaciones : Jiménez Mira, David Alejandro con Armijo Cerda, Antonio de los Angeles Corte Suprema , rol 1872/2010

Responsabilidad precontractual por ruptura injustificada de negociaciones : Jiménez Mira, David Alejandro con Armijo Cerda, Antonio de los Angeles Corte Suprema , rol 1872/2010

“El ilícito precontractual no consiste en haberse resistido a celebrar el contrato, sino en haber negociado de mala fe o con grave desaprensión respecto de los intereses de la otra parte, como en este caso sería respecto de la ocasión de las rupturas de las negociaciones. En consecuencia, el perjuicio está dado por los efectos que se siguen de haber puesto la confi anza en la diligencia y buena fe de la contraparte, de modo que la pretensión indem- nizatoria tiene por fi nalidad que el demandado ponga al actor en la situación en que se en- contraría si esos específi cos ilícitos no se hubieran realizado”. (Considerando octavo).
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De la tenencia y la custodia en la legislación Ecuatoriana

De la tenencia y la custodia en la legislación Ecuatoriana

La tenencia y custodia que se le da a los niños, niñas y adolescentes son términos muy comunes en nuestra Legislación Ecuatoriana ya que se tratan de proteger los derechos de los mismos pero estos a su vez tienen un mal termino ya que se estaría tratando de una confusión en lo que es tenencia y custodia que son dos términos diferentes debido a que cada uno tiene un significado ya que la tenencia es otorgada a uno de los progenitores, ya que este no quita los derechos que ambos padres tienen con respecto a los hijos, pero en este caso quien está bajo su cuidado es quien toma en su mayor parte las decisiones con respecto a los menores dejando al otro apartado de las decisiones sobre los hijos; púes en su conjunto los padres tienen deberes y responsabilidades, por ende la importancia de conocer y aplicar de forma correcta la terminología sería la de Custodia por Tenencia ya que a su vez mejorara la protección que tengan los niños y niñas y adolescentes con una mejor calidad de vida.
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La contratación colectiva en la legislación ecuatoriana

La contratación colectiva en la legislación ecuatoriana

Los trabajadores deben intervenir en forma colectiva de acuerdo a nuestra legislación en la materia, los trabajadores siempre deben estar representados por una asociación sindical legalmente constituida, sin embargo de no existir esta asociación sindical, los trabajadores pueden constituir un comité especial para presentar un pliego de peticiones que contengan en si todas las cláusulas de un contrato colectivo y llegando a un acuerdo con el empleador, este acuerdo que por su contenido y efectos no seria otra cosa que un contrato colectivo, es un derecho que el propio Estado lo reconoce, el articulo 326, numeral 7 de la actual C.P.E, dice: “Se garantizara el derecho y a la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se garantiza la organización de los empleadores” 56
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El acoso laboral en la legislación ecuatoriana

El acoso laboral en la legislación ecuatoriana

Nuestro marco constitucional reconoce en sus artículos 33 y 326 el derecho a laborar en un ambiente adecuado y propicio a los trabajadores o servidores públicos, así mismo, instituye el respeto de su dignidad y que para hacer efectivo estos derechos es necesario la intervención del Estado, para que este pueda garantizarlos, sin embargo, no escapa la situación donde estos derechos constitucionales son vulnerados, con el supuesto de hecho de abuso del Empleador por su condición de jerarquía, para inferir malos tratos al personal que tiene a su cargo, o entre compañeros de trabajo, produciéndose un posible acoso en forma horizontal y/o vertical, en virtud de aquello, se origina esta problemática jurídica, que consideramos debe ser investigada, ya no como un problema jurídico, porque a partir del 9 de noviembre de 2017 fue incorporado y regulado en la legislación Ecuatoriana, sino más bien como un problema que merece ser prevenido enfatizando la creación obligatoria de conferencias y talleres orientados a identificar las distintas modalidades de acoso laboral, para prevenir su cometimiento, dentro del ámbito de clima organizacional.
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El daño moral en la legislación ecuatoriana

El daño moral en la legislación ecuatoriana

para valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que no estaría sujeto a resolver conforme un determinado criterio. En tal virtud, para demostrar si se atribuye a la sentencia la existencia de este vicio, deberá demostrarse que ha sido expedida con razonamientos arbitrarios. Por ello, con alcance de esta causal, la anterior Corte Suprema de Justicia se pronuncia emitiendo criterio, en el sentido que: “…no puede alterar la valoración de la prueba, ni cambiar los hechos establecidos por el juez de instancia, así como tampoco modificar su grado persuasivo, sino que debe limitarse a verificar si existe una violación directa de una norma jurídica que impele a valorar la prueba de los hechos de una forma distinta que la que ha efectuado el juez. Por tanto, debe haber expresa legislación positiva sobre el valor de determinada prueba para que la causal proceda; o debe acreditarse que la valoración es absurda o arbitraria, por atentar contra las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia” (R. O. N° 282, 12-III-2001, p. 25). Por lo que, no ha lugar a emitir pronunciamiento alguno por parte de la Sala, menos sobre esta causal. Constantemente ha expresado el Tribunal de Casación sobre el carácter técnico de este recurso que exige claridad y precisión en cuanto a la enunciación de las normas violadas en el fallo.
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