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Bandas criminales han secuestrado a

30.000 personas en

Eritrea desde 2007

con la connivencia de

cuerpos de seguridad

eritreos

Eritrea – Etiopía Intensidad: 1 Evolución:Tipología: Territorio Internacional

Actores: Eritrea, Etiopía

Síntesis:

En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlo y en diciembre firmaron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión

de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que forzó la retirada de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía, por lo que la situación continúa estancada desde entonces.

trata de personas, ya que unos 30.000 eritreos han sido secuestrados desde 2007 y trasladados al desierto del Sinaí donde han sufrido torturas y demandas de pago de rescates. Se estima que las familias han abonado alrededor de 600 millones de dólares a las bandas que actúan con la complicidad de funcionarios sudaneses y de la Unidad de Vigilancia Fronteriza Eritrea. Según el informe, la trata sería imposible sin la directa implicación de los cuerpos de seguridad eritreos, dadas las restricciones de movimiento dentro del país, la exigencia de visados en las fronteras y la política de “disparar a matar” a las personas que cruzan la frontera de forma ilegal. El embajador de Eritrea en el Reino Unido destacó que su país era víctima de esta situación y que estaba trabajando para revertirla. Finalmente, cabe destacar las acusaciones que realizó el grupo armado de oposición Eritrean Islamic

Reform Movement, con base en Etiopía, de connivencia de las autoridades sudanesas con Eritrea, por haber detenido a ocho de sus líderes que tenían su base en Sudán. Dicho grupo, que pretende instaurar un régimen islámico en el país, opera desde los años ochenta desde la vecina Etiopía. La UE hizo un llamamiento a finales de septiembre exigiendo la liberación de todos los presos políticos existentes. Por otra parte, el grupo armado RSADO, de

la comunidad afar, y el SPDM, se reunieron el 6 de septiembre en Addis Abeba, la capital etíope, de cara a preparar acciones militares con el objetivo de derrocar al régimen de Asmara.

Durante el año no se constataron avances oficiales en la solución del contencioso entre ambos países, aunque en los últimos años diversos países de la región han realizado llamamientos a la reanudación del diálogo

entre las partes, sobre todo durante el año 2012. En

2013 el primer ministro etíope Hailemariam Desalegn manifestó en dos ocasiones su interés y su disposición para iniciar conversaciones de paz, en cualquier

momento y sin precondiciones. La

fragilidad en que se encuentra el Gobierno de Isaias Afwerki, según diversos analistas, podría provocar que éste se implicara en nuevas acciones para prolongar su régimen. Esta situación podría también desembocar en un proceso de diálogo con la comunidad internacional y de apertura para obtener ayuda humanitaria. Como muestra de esta situación, ya en octubre de 2012 Sudán del Sur se habría ofrecido a mediar entre las partes, ofrecimiento que supuestamente habría sido aceptado, aunque durante el año 2013 no se dio a conocer ningún avance ni información al respecto. A su vez, a mediados de

diciembre de ese mismo año, Qatar había anunciado

al primer ministro etíope, que el presidente eritreo le había pedido su mediación para resolver el contencioso entre las partes. Afwerki habría ofrecido participar en unas conversaciones mediadas por Qatar sin ninguna precondición. Qatar y Etiopía, países que habían mantenido una relación tensa en los últimos años, normalizaron sus relaciones en el año 2012. A su vez, en una entrevista con al-Jazeera, Hailemariam Desalegn habría anunciado que viajaría a Eritrea para mantener conversaciones directas con Afwerki, ya que ésta había sido la política que siempre había mantenido Etiopía. Según él, su predecesor, el difunto Meles Zenawi, había pedido en numerosas ocasiones mantener conversaciones de paz con Afwerki. En marzo de 2012 también se filtró la posibilidad de un encuentro entre ambos países en Alemania con la facilitación de Israel y Qatar, pero tampoco trascendió ninguna información que ratificara esta noticia del medio eritreo Ansaba. Este pequeño país de la península arábiga, que ha mostrado gran interés en la región del Cuerno de África, está preocupado por la creciente influencia turca en la zona. El régimen qatarí también fue el país que medió en la disputa entre Eritrea y Djibouti. El emirato estableció un contingente militar en la zona en conflicto entre ambos países, Ras Doumeira. El ministro de Exteriores turco también visitó Eritrea durante el año 2012, ofreciéndose a mediar entre Eritrea y el nuevo Gobierno

Federal somalí, aunque tampoco se produjeron avances oficiales en torno a esta cuestión durante 2013.

se celebraron en diversas partes del país evidenció lo contrario. A mediados de julio el Gobierno detuvo a 42 miembros del partido opositor UDJ, que exigían reformas y la liberación de los presos políticos, aunque fueron liberados al día siguiente. En agosto se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía en diversas ciudades del país –Addis Abeba, Dessie, y en la región de Oromiya–, que causaron

algunas víctimas mortales. Además, se multiplicaron

las protestas en el país en denuncia de la persecución política a la que es sometida la población musulmana. La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció en octubre que las autoridades etíopes sometían a los detenidos por motivaciones políticas a actos de tortura y malos tratos de forma habitual para obtener confesiones. El Gobierno calificó el informe de parcial y le restó toda credibilidad. Diversos analistas señalaron que existe la posibilidad de que la creciente movilización política y la represión ejercida contra la oposición signifique el resurgimiento de ésta, que desde el brote de violencia postelectoral de 2005 había permanecido prácticamente silenciada y desaparecida. En paralelo, 12 miembros del partido gubernamental, EPRDF fueron asesinados y otros dos resultaron heridos, en la localidad turística de Bahir Dar, durante el ataque perpetrado por el grupo rebelde Ethiopian Unity and Freedom Force (EUFF). Este grupo, que reivindicó el ataque, tiene como objetivo los miembros de la coalición EPRDF y sus negocios. Todos los ejecutados eran miembros del Amhara National Democratic Movement (ANDM), uno de los cuatro partidos que forman la coalición EPRDF, en el poder desde 1991. El Gobierno nunca ha reconocido la existencia del EUFF, a pesar de sufrir algún atentado esporádico. Por último, cabe destacar que en la primera parte del año el Gobierno bloqueó el acceso a la web del medio de comunicación al-Jazeera. Previamente, Adis Abeba también había bloqueado la emisora estadounidense Voice of America y la radio German Amharic, acusadas de emitir propaganda desestabilizadora. Por otra parte, cuatro altos cargos del partido TPLF, muy influyente en el seno de la coalición gubernamental EPRDF, dimitieron durante la celebración de la 11ª reunión del comité central del partido: Seyoum Mesfin, ex ministro de Exteriores (2001-2010) y actual embajador en China; Birhane Gebrekirstos, actual viceministro de Exteriores; Arkebe Equbay, ex alcalde de Adis Abeba, y Zeray Asgedom, director de la Agencia de Radio y Televisión Etíope (ERTA). Estos líderes, miembros del comité central y fundadores del TPLF han estado en el poder durante más de dos décadas y su dimisión supone un intento del partido de introducir un plan de sucesión y renovar el liderazgo de la organización. Finalmente, cabe remarcar que los avances en la construcción de la presa sobre el río Nilo en el tramo etíope, de la que se estima que el 30% de las obras ya están acabadas, fueron motivo de creciente tensión entre Etiopía y Egipto.

Etiopía

Intensidad: 1

Evolución:

Tipología: Gobierno Interna

Actores: Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista.

Durante el año se incrementaron las protestas y la

movilización política en defensa de la libertad de expresión y la liberación de presos políticos, así como la represión de las autoridades. En junio tuvo lugar la primera manifestación autorizada desde 2005 en la que miles de personas hicieron un llamamiento al Gobierno para exigir libertad, justicia y la liberación de los prisioneros políticos, periodistas independientes y líderes musulmanes encarcelados bajo la acusación de terrorismo. Fuentes gubernamentales afirmaron que la mayoría de los manifestantes eran musulmanes con agendas ocultas. Esta manifestación tuvo lugar una semana después de la celebración de la cumbre de la UA, ya que el Gobierno había prohibido la celebración de este tipo de actos en el transcurso de la cumbre. Esta manifestación coincidió con el surgimiento de un nuevo partido político, Semeyawi (Partido Azul). La movilización transcurrió con normalidad, lo que hizo pensar a la oposición política que el Gobierno relajaba los controles para tolerar la disidencia, según diversos analistas. Sin embargo, la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad en julio y agosto a las manifestaciones que

Kenya

Intensidad: 3

Evolución:

Tipología: Identidad, Gobierno, Recursos, Autogobierno Interna internacionalizada

Actores: Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), SLDF, secta Mungiki, MRC, grupo armado somalí al-Shabaab

Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga, se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, aunque también está pendiente de juicio ante la CPI por su vinculación con los hechos de 2007. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenya en Somalia que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le ha sumado durante 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

Los tres hechos más destacados que marcaron la evolución de la situación en el país fueron la celebración de las elecciones presidenciales en marzo, la solicitud de juicio contra los dos principales líderes del país por parte de la CPI y la continuación de la campaña militar de Kenya en Somalia, que tuvo su expresión en el creciente clima de tensión hacia la comunidad somalí y musulmana y el atentado que cometió el grupo armado islamista al-Shabaab en un centro comercial en Nairobi. El 4 de marzo tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Kenya, que transcurrieron de forma pacífica a excepción de algunos disturbios en Mombasa. Los resultados, ratificados por el Tribunal Supremo de Kenya, dieron como ganador a Uhuru Kenyatta con el 50,1% de los votos, seguido por el actual primer

ministro Raila Odinga, líder de la coalición de partidos Coalition For Reform and Democracy (CORD). Kenyatta, viceprimer ministro en el anterior Gobierno de unidad, antiguo líder del partido fundador de Kenya (KANU), ex aliado de Mwai Kibaki, e hijo del histórico primer presidente del país, Jomo Kenyatta, se sumó en el año 2012 a una nueva plataforma, The National Alliance (TNA), para preparar su asalto electoral. Odinga aceptó el dictamen del Tribunal Supremo. En el último tramo pre-electoral Kenyatta formó una alianza con William Ruto, que también había ocupado diversos cargos en el anterior Gobierno de unidad, para ganar las elecciones.

Tanto Kenyatta como Ruto habían pertenecido a grupos

rivales y están acusados de ser los responsables de la violencia post electoral de 2007. Aunque ellos afirman ser un ejemplo de reconciliación, diversos analistas señalan que esta alianza surge como un intento de evitar a la Corte Penal Internacional, ante la que están pendientes de juicio acusados de crímenes contra la humanidad cometidos en el año 2007. El Tribunal Supremo del país les permitió participar en las elecciones. Kenyatta evitó una segunda vuelta al ganar con el 50,1% de los votos, sólo con 8.100 votos de margen. Una misión de observación electoral de la ONU certificó la ausencia de irregularidades y el clima de normalidad durante el proceso electoral. El juicio de la CPI fue pospuesto en diversas ocasiones durante el año por diferentes motivos. Finalmente, en septiembre se inició el juicio contra Ruto, pero fue aplazado una semana para que pudiera regresar a Kenya y gestionar el ataque contra el complejo comercial de Westgate en septiembre que causó 72 muertes. En el caso de Kenyatta, cuyo juicio debía iniciarse el 12 de noviembre, finalmente también fue pospuesto a febrero de 2014 por la misma razón, y se temía que no llegara a celebrarse. Diversos líderes africanos presionaron para que el juicio fuera pospuesto hasta que Kenyatta no estuviera al cargo de la presidencia de su país, afirmando que el proceso le imposibilitaría tomar las riendas del Gobierno. En paralelo, la UA acusó a la CPI de obsesionarse con los líderes africanos, y diversos países del continente amenazaron con retirarse del estatuto de Roma. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el 15 de noviembre una resolución que pretendía suspender el juicio. En paralelo, el 21 de noviembre el Gobierno propuso enmiendas a las Reglas de Procedimiento en la Asamblea de Estados Partes (ASP) de la CPI para que no fuera necesaria la presencia física de los sospechosos, y la ASP acabó aprobando reglas que minimizaban la obligación del acusado a estar presente. En relación a esta cuestión, la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenya publicó su informe final en el que denunció las injusticias cometidas en el país desde su independencia en 1963.21 La Comisión, creada tras los violentos enfrentamientos que se produjeron en 2008 después de las elecciones celebradas en Kenya en diciembre de 2007, denunció

21. Truth Justice and Reconciliation Commission, The Final Report of The Truth Justice and Reconciliation Commission of Kenya, 2013, http:// www.tjrckenya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=573&Itemid=238.

Somalia (Somalilandia – Puntlandia)

Intensidad: 2

Evolución: =

Tipología: Territorio Interna

Actores: República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo

Síntesis:

Ambas regiones mantienen una disputa por el control de las regiones fronterizas de Sool, Sanaag y Cayn desde 1998. Estas tres áreas, que forman la administración SSC (por sus iniciales) se encuentran geográficamente dentro de las fronteras de Somalilandia, aunque la mayoría de clanes de la región se encuentran asociados a los de Puntlandia. En diciembre de 2003 las fuerzas de Puntlandia tomaron el control de Las Anod, capital de la región de Sool. Previamente ambas administraciones habían tenido una representación oficial en la ciudad. Desde entonces se han producido choques esporádicos e intentos de mediación. A principios de 2012 se celebró en la histórica ciudad de Taleh, en la región de Sool, una conferencia que reunió a centenares de líderes tradicionales del clan dhulbahante y de la administración SSC. La reunión concluyó con la autoproclamación de una nueva región autónoma en Somalia, conocida como el Dervish State of Somalia o Khatumo State. Esta decisión contó con el beneplácito de Puntlandia y el fuerte rechazo de Somalilandia. Desde entonces, se produjeron periódicos enfrentamientos entre la milicia de la nueva entidad autónoma y los cuerpos de seguridad de Somalilandia, que según fuentes locales causaron decenas de víctimas mortales de ambas partes. En paralelo, las relaciones entre Khatumo y Puntlandia también se deterioraron como consecuencia del proceso de transición y formación del nuevo Gobierno a nivel nacional, ya que Puntlandia copó las cuotas de ancianos líderes tradicionales que correspondían al subclan dulbahante, al que pertenece la población del nuevo estado y también la de parte de Puntlandia.

que entre 1895 y 1963, la administración británica fue responsable de terribles violaciones de derechos humanos; que entre 1963 y 1978, el presidente Jomo Kenyatta dirigió un Gobierno que cometió numerosos crímenes, tales como torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y apropiación ilegal de tierras. La Comisión también señaló que entre 1978 y 2002,

el presidente Daniel Arap Moi perpetró masacres, torturas sistemáticas, crímenes económicos y que proliferó la corrupción. Además, entre 2002 y 2008, el Gobierno del presidente Mwai Kibaki fue responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes. El informe también destaca que agentes del Estado, en especial la Policía y el Ejército kenyano, fueron los principales responsables de flagrantes violaciones de derechos humanos. Asimismo, el informe menciona los agravios históricos por cuestiones de tierras que se encuentran en el origen de los conflictos y tensiones en el país; el hecho de que mujeres y niñas hayan