España (País Vasco)
Intensidad: 1
Evolución: ↓
Tipología: Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores: Gobierno de España, Gobierno de Francia, ETA, Gobierno vasco, partidos políticos y organizaciones sociales
Síntesis:
El conflicto vasco hace referencia a las disputas en torno a las aspiraciones identitarias y de autogobierno de un sector significativo de la población vasca y a la confrontación de proyectos políticos, todo ello en un marco demográfico plurinacional y complejo, que abarca principalmente la comunidad autónoma vasca y parte de la navarra, en España, y que tiene también su expresión en una parte del sur de Francia, considerada también históricamente vasca. Elementos culturales, lingüísticos y territoriales, entre otros, han movilizado históricamente a un sector amplio de la población vasca. El conflicto ha estado marcado desde la segunda mitad del siglo XX por la violencia directa protagonizada por el grupo armado ETA, creado en la década de los cincuenta en un contexto de dictadura, que demanda la autodeterminación del pueblo vasco y la creación de un Estado independiente. La campaña de violencia de ETA ha causado 829 víctimas mortales, mientras algunas fuentes atribuyen 23 muertes a la organización parapolicial GAL, activa en los ochenta bajo patrocinio de miembros del Gobierno español en su lucha contra ETA. Desde la restauración de la democracia en España, en la que se dio paso al actual Estado de las autonomías, con competencias específicas para el País Vasco y Navarra, ha habido intentos de diálogo en todos los Gobiernos. Cuestiones como “el derecho a decidir” o los “consensos suficientes” se introdujeron en el debate en el siglo XXI. ETA anunció en 2011 el cese definitivo de la actividad armada.
Europa
a) Europa Occidental, Central y Oriental
Continuó consolidándose el escenario de fin de la violencia abierto tras el cese de la actividad armada de ETA anunciado por el grupo en octubre de 2011, mientras continuaron los desacuerdos con el Gobierno sobre política penitenciaria y víctimas. La ausencia constatada de violencia fue motivo de satisfacción para la Comisión Internacional de Verificación (CIV), que señaló en febrero que, según sus interlocutores en el País Vasco, habían cesado los asesinatos, los ataques, las amenazas y la extorsión. Al mismo tiempo, la CIV admitió haber sido incapaz de lograr pasos por parte del Gobierno español y expresó cierta preocupación por las posibles consecuencias de una situación
de inmovilismo, aunque se mostró mayoritariamente optimista sobre los pasos futuros. A su vez, el Foro Social –espacio de diálogo impulsado por el movimiento ciudadano Lokarri y Bake Bidea y que cuenta con participación de partidos políticos– recomendó a finales de mayo el diseño de un proceso ordenado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de las armas y las estructuras militares de ETA, aunque no planteó calendarios concretos. Además, el foro abogó por la reinserción individual de los presos, con reconocimiento del daño causado. También el dirigente de la izquierda abertzale Pernando Barrena instó en julio a los presos de ETA a asumir la legalidad penitenciaria. Por su parte, el Gobierno central exigió de nuevo a lo largo del año la disolución de ETA. El Ministerio de Interior subrayó que el fin de la dispersión de los presos de ETA llegaría cuando el grupo se disuelva. En un comunicado en septiembre, el grupo armado instó a la “reconciliación nacional”, pero rechazó renegar de su “trayectoria de lucha”. La tensión aumentó a finales de septiembre, con la detención de 18 miembros de Herrira, la asociación de apoyo a los presos de ETA, y el cese cautelar de sus sedes y páginas de internet y el bloqueo de sus cuentas bancarias, por orden de la Audiencia Nacional bajo acusación de integración en banda armada. Los detenidos fueron puestos en libertad a principios de octubre. El partido nacionalista vasco PNV y la izquierda independentista vasca acordaron una declaración en protesta, mientras varios miles de personas se manifestaron en apoyo a Herrira y a los presos de ETA. Para esas fechas existía ya preocupación en círculos institucionales y sociales sobre el posible estancamiento en el proceso hacia la paz. Según el informe de octubre del Observatorio del proceso de paz de la organización Lokarri, el proceso de paz en el País Vasco atravesaba una fase de estancamiento, según una encuesta a más de 600 personas. En ese sentido, Lokarri emitió tres recomendaciones: concreción por parte de ETA de su voluntad de proceder al desarme; modificación de la política penitenciaria por parte del Gobierno español, especialmente en lo que respecta a la dispersión de presos; e incremento de esfuerzos del Parlamento vasco para avanzar hacia un acuerdo sobre paz y convivencia.
Uno de los sucesos considerados más relevantes durante el año fue la sentencia vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de anulación en octubre de un caso de la llamada doctrina Parrot –jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo español por la cual los beneficios penitenciarios se aplican de manera individual sobre cada una de las condenas de la persona presa y no sobre el máximo legal de permanencia en prisión–, creando nueva jurisprudencia. Según la sentencia, la interpretación jurídica que alargó la estancia en prisión de la presa de ETA Inés del Río vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un portavoz del TEDH precisó
que la sentencia no entraba a valorar otros casos, pero dictaminaba que la aplicación retroactiva de la doctrina para mantener en la cárcel a la presa había supuesto una detención no regular. El Gobierno afirmó que acataba el fallo, pero señaló que se trataba de una sentencia sobre un caso concreto y no sobre el conjunto de la doctrina Parrot, y que la aplicación de la jurisprudencia del TEDH sería estudiada por los tribunales españoles. Varias asociaciones de víctimas del terrorismo convocaron una concentración en Madrid en octubre para protestar contra la sentencia del TEDH, que congregó a miles de personas según prensa estatal y 200.000 según los organizadores. Así, desde la sentencia del TEDH y hasta finales de año, más de sesenta presos de ETA fueron liberados, en aplicación de la nueva jurisprudencia.
Como otro hecho relevante durante 2013, el colectivo de presos de ETA, que agrupa a más de 500 personas, anunció en un comunicado en diciembre que asumía la legalidad penitenciaria y se mostraba dispuesto a la reinserción individual. En el comunicado también rechazaban la violencia y reconocían el sufrimiento y daño causado. El colectivo daba así respuesta a la petición del Foro Social. La decisión contrasta con el debate interno mantenido por los presos a principios de 2012, que concluyó con la reclamación de la amnistía. La mayoría de las fuerzas políticas valoraron el comunicado como un paso adelante, a excepción del PP, que centró su reacción en calificarlo de insuficiente. El Gobierno vasco, gobernado por el PNV, instó a los presos a dar pasos concretos para dar credibilidad a su compromiso. Por otra parte, la ponencia de paz del Parlamento Vasco permaneció bloqueada durante el último trimestre, por las desavenencias entre los partidos políticos. A su vez, el Gobierno vasco quería trasladar a ese espacio institucional su plan de paz, aprobado en noviembre y que generó críticas de la oposición, incluido el PSE, que lo consideró insuficiente. El plan de paz recoge el llamado “suelo ético” –acuerdo de mínimos entre los partidos políticos–, aboga por un enfoque integral de todas las vulneraciones de derechos humanos, incluidas las producidas por las fuerzas de seguridad, pero hace una mención más crítica sobre la violencia de ETA. El plan de paz también insta a la disolución del grupo. Por otra parte, las principales asociaciones de víctimas de ETA mostraron su malestar con el Gobierno del País Vasco, denunciando que las víctimas parecían ser irrelevantes para el Ejecutivo y su plan de paz. En su discurso a finales de diciembre de valoración del año, el presidente vasco, Iñigo Urkullu, planteó la necesidad de llevar a cabo pasos rápidos y firmes para avanzar en el proceso de consolidación de la paz. Urkullu también señaló que había solicitado una reunión con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para tratar cuestiones como la política penitenciaria y el plan de paz del Ejecutivo vasco.
Se mantuvo la tensión vinculada tanto a movilizaciones y disturbios por parte de algunos sectores unionistas como a incidentes protagonizados por facciones armadas republicanas. Las protestas iniciadas en diciembre de 2012 contra la decisión del Ayuntamiento de
Belfast de reducir el número de días en que ondea la bandera británica se prolongaron durante el primer trimestre de 2013 y meses posteriores, aunque fueron remitiendo en intensidad. Entre enero y finales de agosto de 2013, 350 policías resultaron heridos en los disturbios callejeros vinculados a esas protestas en torno a la bandera. Además, 229 personas fueron detenidas desde el inicio de las protestas y hasta principios
de abril. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y Policía, así como amenazas contra políticos y periodistas, y ataques a vehículos y oficinas de políticos. El ministro de Justicia de Irlanda del Norte, David Ford, acusó a los principales partidos unionistas de alimentar las protestas.
Por su parte, la Federación de Policía de Irlanda del
Norte señaló al grupo paramilitar Ulster Volunteer Force de estar detrás de los disturbios y reclamó contundencia contra el grupo. En agosto se produjeron nuevas protestas
en Belfast, contra una marcha republicana, que derivaron en disturbios con ataques contra la Policía, incluyendo con proyectiles, y un balance de 56 agentes heridos. Le siguieron nuevos disturbios contra la prohibición de una marcha de la unionista Orden de Orange, lo que derivó en varias jornadas de enfrentamientos con más de 70 policías heridos. El Servicio de Policía de Irlanda del Norte anunció el reclutamiento de un millar de agentes adicionales.
Por otra parte, continuó la tensión vinculada a la actividad de facciones armadas republicanas, con diversos incidentes de violencia a lo largo del año. La Federación de Policía de Irlanda del Norte alertó de una mayor consolidación de los grupos republicanos disidentes, mayor coordinación entre ellos y cierto giro por parte de sectores republicanos hacia la disidencia. La Policía llevó a cabo operaciones especiales contra el llamado Nuevo IRA –organización surgida en verano de 2012 fruto de la fusión de diversos sectores republicanos disidentes, como el IRA Auténtico, Acción Republicana contra las Drogas, así como unidades autónomas. El grupo se atribuyó la muerte en octubre de dos personas, en Derry y Belfast, a las que acusó de estar involucradas en actividades criminales. A su vez, la Policía de Irlanda del Norte había alertado en junio de un incremento de tiroteos y palizas por parte de grupos disidentes republicanos a modo de castigos sociales con el objetivo de ganar apoyos entre las comunidades del oeste de Belfast. La Policía también alertó de las escasas denuncias al respecto, lo que atribuyó al miedo de la población a denunciar los ataques. A su vez, el grupo republicano Óglaigh Na hÉireann reivindicó como suyo un coche bomba aparecido en marzo en el condado de Fermanagh. Según la organización estaba prevista su detonación en un hotel en que se hospedarían líderes políticos internacionales durante la cumbre del G8. Ese mismo grupo admitió la autoría de otro intento de atentado con bomba en una estación de Policía en Belfast en marzo. El viceprimer ministro y ex líder del IRA, Martin McGuiness, afirmó haber sido alertado por la Policía sobre la existencia de amenazas reales y activas contra su vida por parte de un grupo disidente con base en Derry. McGuiness se ha significado por su llamamiento a las facciones armadas a abandonar la lucha armada. Por otra parte, la principal línea ferroviaria entre Belfast y Dublín hubo de ser evacuada en octubre por amenaza de bomba. En los últimos meses del año hubo al menos 16 ataques con explosivos por parte del Nuevo IRA y otros grupos disidentes. A su vez, a lo largo del año se produjeron detenciones e incautaciones de armamento, incluyendo dos lanzamorteros. La Unión Nacional de Periodistas también expresó preocupación durante el año por el creciente número de amenazas por parte de grupos paramilitares en Irlanda del Norte contra periodistas. A finales de año los partidos norirlandeses mantuvieron negociaciones, facilitadas por el ex diplomático