El Ensamblaje pos-social
V. c 2 El contexto de discusión sobre la recuperación de lo público estatal
En Argentina el mapa conceptual de los derechos de niñas, niños y adolescentes encontró en el lapso posterior al estallido social de diciembre del 2001 una nueva configuración.
El indefectible proceso de desestructuración social provocado por las políticas neoliberales colocó a la sociedad argentina en un estado de anomia generalizada. Se puede sintetizar diciendo que hubo crisis económica, financiera, social y política. La primera se profundizó a través del agravamiento de la recesión; la segunda implicó la huida de capitales, explosión del riesgo-país,
corrida bancaria, default y maxidevaluación; la tercera involucró un brutal aumento del desempleo y la pobreza, y la última a partir de la renuncia de varios ministros frente al ajuste fiscal del ministro de economía del gobierno de la Alianza debilitó la permanencia del presidente De la Rua, que luego de una manifestación masiva en todo el país, tuvo que dejar el gobierno (Gervasoni, 2002).
La protesta social que reflejó la crisis de representación se tradujo, al compás de las cacerolas, en el slogan “que se vayan todos”, que aunaba los reclamos de movimientos sociales de desocupados, piqueteros y sectores medios que vieron retenidos sus ahorros a partir de la decisión del ministro de economía Domingo Cavallo de evitar la salida de dinero del sistema bancario. De esta manera la misma desconfianza se trasladó a los bancos y al sistema de representatividad en general, reflejado en que los manifestantes fueron canalizando sus reclamos, preocupaciones y movilización a través de asambleas barriales. De esta manera el sistema político y económico quedó en jaque frente a la insurrección social.
En este contexto de anomia generalizada, la salida de la convertibilidad a través de la devaluación acrecentó y agudizó la desigualdad social. Según Basualdo (2008), en el 2002, mientras que la desocupación superaba el 20% y más del 30% con la subocupación, la caída del salario real alcanzó a casi el 30% de los ocupados. Esta profundización de la crisis social se atemperó con los programas focalizados de asistencia social que intentaban asegurar la gobernabilidad114.
La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003 implicó una apuesta profunda a la reconstitución de la discusión política para la construcción de proyectos de país. En esa polémica se priorizaba el papel que el Estado debía cumplir para llevar adelante las transformaciones necesarias para comenzar a reedificar un entramado social completamente fracturado. La apuesta a reconstituir el sistema productivo y la valorización del trabajo con sus instituciones fue generando un resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal y un proceso de contrarreforma (Danani y Hintze, 2010) como disputa central de
114Nos referimos al programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados implementado en los primeros años de la década que implicó la transferencia de dinero a cambio de que sus “beneficiarios” realizaran actividades como contraprestación en instituciones de los gobiernos locales.
sentido a partir del viraje discursivo y la reestructuración del papel a asumir por el Estado en la regulación social.115
A partir de la implementación de la reactivación de la producción industrial y de la construcción, se ha registrado una notable recomposición del salario real promedio, el aumento del salario mínimo, vital y móvil y el impulso de las negociaciones colectivas de trabajo que produjeron un descenso de la desocupación que desde el 2007 se ha ubicado alrededor del 8%. Sin embargo, es interesante notar paradojalmente, como lo indica Basualdo, que “en términos de la distribución del ingreso se constata una situación sorprendente que no parece estar en consonancia con esas modificaciones. La participación de los asalariados en el ingreso en el año 2007 (28%) es significativamente inferior a la vigente en 2001 (31%), es decir a la que estaba vigente antes de la crisis de la convertibilidad y la valorización financiera” (Basualdo, 2008:2).
Independientemente de estas intermitencias y las discusiones sobre la redistribución de la riqueza, lo que queremos indicar es que la Argentina vive hace diez años un acelerado proceso de cambio social y político en donde se han suscitado controversias sustanciales en la orientación de las intervenciones gubernamentales que ponen en discusión central el rol del Estado. Tal es el caso de la implementación de las políticas de Derechos Humanos, que reivindicaron los aportes de los movimientos y la necesidad de memoria, verdad y justicia como forma de dar un cierre a una lesión colectiva del pasado y mirar hacia el futuro.
Las políticas de Derechos Humanos ya habían tenido un profundo sentido reparador a partir de que se desarrollara el juicio a la Juntas militares en el año 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, recién recuperada la democracia. La creación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas como asesora de la misma permitió dar visibilidad a los crímenes de lesa humanidad. Este proceso tuvo luego su
115 Un conjunto de políticas sociales se han implementado inscribiéndose en la historia de la seguridad social en detrimento de las áreas asistenciales. Las autoras hacen referencia a la ampliación y la flexibilización de los requisitos de acceso a los beneficios previsionales que incorporó a más de dos millones de beneficiarios, las jubilaciones para amas de casa, la Ley de movilidad previsional que actualiza periódicamente los haberes percibidos. Luego del 2008 la estatización de los fondos de capitalización individual afianzaron la capacidad técnica de gestión a través del ANSES y el discurso sobre las garantías que el Estado debe otorgar en las prestaciones en detrimento de las áreas netamente asistenciales en las que se depositaba a través de programas el objetivo de la inclusión social (Danani y Hintze, 2010: 24,25).
noche obscura con los indultos a los enjuiciados al iniciar el gobierno de Carlos Menem.
En el lapso reciente la Secretaría de Derechos Humanos se ha constituido como querellante en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar que han sido reabiertos a partir de que se declararan nulas las leyes de “obediencia debida” y “punto final” que habían dejado sin juzgar a la mayoría de los responsables de estos crímenes. También la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad ha incrementado la búsqueda y la localización de los hijos e hijas de desaparecidos apropiados.
En el inicio de este complejo proceso se sancionó en el año 2005 la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061) y de esta manera quedó sin efecto la Ley de Patronato de Menores.
En los capítulos siguientes profundizaremos la formulación e implementación a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe.