Muere Lerena a principios de 1792 y es confirmado Gardoqui en el cargo de secretario del Despacho de Hacienda el 25 de marzo. El conde de la Cañada, Juan Rico Acedo, es el nuevo gobernador del Consejo.
De vuelta a Madrid, tras su estancia en Batres, Cabarrús sigue preso en el cuartel de Santa Isabel, pero ahora toma nuevas noticias sobre el Banco. Su proceso, comprende que va a depender del conde de la Cañada y de Diego de Gardoqui. En una comunicación de Cabarrús al primero, de 19 de mayo de 1791, entendía que se tambaleaban los argu- mentos tanto del punto relativo a que en el Banco faltaban 30 millones por el préstamo hecho a la Asamblea General como el pretexto utilizado de la carta de Remón, además, denunciaba que se hubiera rebuscado en sus papeles con la esperanza de descubrir al- gún tipo de contrabando179.
A pesar del tiempo transcurrido y de lo amplio del sumario, la causa seguía envuel- ta en oscuridades. El nuevo gobernador revisa la situación y realiza un informe fechado el 4 de abril de 1792. En él se da cuenta de lo actuado desde junio de 1790 hasta la reclama- ción de Cabarrús en Batres y, después de una conversación con Vilches de tres horas, su dictamen indica que los primeros pasos de la instrucción fueron capciosos y faltos de funda- mento, sin que se hallaran motivos para justificar la prohibición de salir de Madrid, aprove- char con la carta de Remón para ordenar registros y prisiones, sin atender a la explicación de Cabarrús, y no repararan en su condición de miembro del Consejo de Hacienda y título de Castilla. Al tiempo, suponía que el suceso con Vilches, relacionado con la operación de 1774, representaba una pretendida dilatación del proceso. Concluye que se debe conceder la li- bertad al prisionero. En cuanto a la causa, había de ser remitida a la Sala de Alcaldes o al Consejo de Hacienda o a otro tribunal de justicia, con lo cual se evitará la recusación, que no podría negarse al procesado en el caso de continuar la instrucción.
Desde entonces decaen los posibles aspectos políticos de la acusación y, desvane- cidos los motivos de la supuesta causa criminal, el proceso se centra en los temas del Banco. El 21 de abril de 1792 Gardoqui autoriza la comunicación de Cabarrús con su padre, y es más importante aún que consiente en su regreso a Madrid180. Aunque sigue prisionero en el cuartel de Santa Isabel, se dulcifican las condiciones carcelarias y, desde el 7 de mayo, se le permite recibir visitas; entre otras personas, acuden Domingo Codina, Pedro Galavert o Simón de Viegas, como abogados suyos que presenciaron el examen de los papeles.
Sin embargo, él no será el único encausado de esta época. Fue destituido el conde de Floridablanca, en febrero de 1792, y el nuevo secretario del Despacho de Estado, el conde de Aranda, tuvo un paso fugaz por su ministerio, apenas nueve meses de 1792. El 11 de julio de ese año será apresado Floridablanca y conducido a la ciudadela de Pamplo- na, donde ingresó en la cárcel, adoptándose rígidas precauciones para evitar que pudiera hablar o escribir. La causa de este trato se encontraba en un libelo en el que se le acusaba de malversación de caudales públicos, con ayuda del banquero francés Juan Bautista Condom, en asuntos relacionados con el Canal de Aragón, del que este fue su tesorero. Transcurridos dos años, con el ascenso de Godoy a favorito de Carlos IV, se le devolvía la libertad, retirándose a un convento de franciscanos, mientras que el conde de Aranda salía confinado para la Alhambra181. A Juan Bautista Condom, colaborador de Floridablan- ca, también se le procesó (mayo 1793-diciembre 1799)182.
De esta forma, el principal responsable del proyecto de creación del Banco de San Carlos, Cabarrús, y su máximo valedor, Floridablanca, que trataba de poner a nuestro
179 Ortega Costa y García Osma (1974), pp. 175-187. 180 Ortega Costa y García Osma (1967), p. 9. 181 Ferrer del Río (1867), Introducción, pp. 36-38. 182 Pérez Sarrión (2008), p. 65.
país a la misma altura de otros, ambos resultarían procesados. Habrá que suponer que con este final, al menos transitoriamente, se pretendían enterrar las ideas que habían sos- tenido y, con el encarcelamiento, purgar por las actuaciones basadas en sus tendencias francesas. Las demandas emprendidas, por sí solas, representarían, además, menosca- bar su prestigio personal. Así quedaba desmontado el apoyo francés que se había otorga- do al Banco.
En otro sentido, podemos conocer una versión complementaria de algunos suce- sos. Francisco Cabarrús había viajado en 1787 a París acompañado, en calidad de secre- tario, por Leandro Fernández de Moratín —literato español de familia asturiana—, merced a la amistad con el también asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos. Años después, cuan- do Cabarrús se encontraba en prisión, Moratín iniciará un viaje, narrado por Oliver183, que comienza por Bayona, donde a mediados de mayo de 1792 pasará unos días con los parientes de Cabarrús; comentará que empezaban las persecuciones y el riesgo existente para las clases privilegiadas del antiguo régimen.
En este viaje, Moratín va acompañado de un personaje incógnito denominado Chabot184. Sigue camino a Burdeos, una de las plazas comerciales a la que se extendían los negocios de los Cabarrús y en la que su hijo mayor, Teodoro, atiende la casa Cabarrús
fils et Cie. Llegan el 18 de mayo, y la primera visita es para Batbedat, primo hermano de
Cabarrús, y probablemente su socio o comisionado mercantil, a quien Moratín ya conocía por sus frecuentes viajes a España y por las temporadas que había pasado en Madrid. Batbedat acababa de sufrir los efectos de la prevención general contra los franceses, motivada por los efectos que la Revolución francesa iba suscitando en España y de la cual, según el citado Oliver, el proceso de Cabarrús, aunque nacido de pretextos interio- res, era su reflejo en gran parte. Su primo, que se hallaba entonces en la Corte, fue tam- bién encarcelado temporalmente en septiembre de 1790, y la servidumbre de Cabarrús fue expulsada de España cuando se le llevó a prisión. Moratín, cuando pretendía proseguir su camino hacia París, parece que surgieron determinados inconvenientes que hacían suponer que había emprendido este viaje absolutamente inconsciente de la verdadera situación de peligro que se vivía en ese país.
Retomando la causa de Cabarrús, que iba a pasar al Consejo de Hacienda proce- dente del de Castilla, parece que Gardoqui mantenía un cierto tono de neutralidad. Des- pachada el 7 de junio de 1792, se trasladó al gobernador del Consejo la Real Orden donde se indicaba que se pidieran al instructor Gonzalo de Vilches los autos que estaba actuan- do con atención a los fines de la carta que escribió Cabarrús a Marcos Antonio Remón y las operaciones del Banco y, junto con los que existen en la Secretaría de la Presidencia de Castilla, se envíen por vía reservada al Consejo de Hacienda. Así, el conde de la Caña- da dejaría de entender de las actuaciones subsiguientes y se evitaba un gran proceso ante el Consejo en pleno, que parece ser la idea que pretendía Cabarrús. El hecho de elegir el Consejo de Hacienda induce a pensar que los asuntos eran de naturaleza fiscal o de ges- tión financiera185.
En ese tiempo, Cabarrús hacía llegar a la Junta General de Accionistas, en la se- sión de 1 de agosto de 1792, los dos pliegos cerrados con sus tres documentos, de los que nos hemos ocupado detalladamente con anterioridad, para que se leyeran.
Se esperaba que los fiscales dieran pronto su respuesta y que esta fuera favora- ble; sin embargo, no llegó hasta el 27 de octubre 1792 y, en ella, destacaban el carácter grave del asunto, así como la idea de contrabando, mediante reiteradas extracciones de monedas, ejecutadas por el conde y los Remón. Mas, apreciaban el estado incompleto del
183 Oliver (1912), pp. 115-119.
184 Georges Antoine Chabot, nacido en Francia en 1758 y fallecido en 1819, era jurista y político; fue diputado durante la Revolución francesa y ocupó algún cargo significativo con Napoleón Bonaparte.
sumario, por defectos en las diligencias, y recomendaban la continuación del proceso con arreglo a leyes e instrucciones especiales, prosiguiendo los interrogatorios, documentan- do los cargos, etc. En un párrafo aparte se referían al desglose de las piezas pertenecien- tes a las operaciones del Banco para su envío a la Junta de Comisión, ya que los fiscales habían propuesto la abstención a favor del Banco, que podría resolver con carácter extra- judicial.
Tras la vista en el Consejo, vino la resolución y el nombramiento de Luis Álvarez Mendieta para que prosiguiera la instrucción. Este, entre el 19 y el 29 de agosto de 1793, ampliaría el interrogatorio a Cabarrús sobre el contrabando, si bien el Conde se remitía a los pasaportes, guías y pagos de derechos: sus remesas se hicieron con guía a las provin- cias exentas —mientras fue licito hacerlo— o sin guía a poblaciones del interior que no lo requerían, yendo siempre los envíos a Bayona con pasaporte. Poco se avanzaba con es- tos interrogatorios.
En otro orden, la Dirección del Banco186 había recibido una comunicación de Fran- cisco Pérez Mesía en la que trasladaba el oficio del Consejo del Rey en el Real de Ha- cienda sobre la causa que se sigue contra el conde de Cabarrús por la extracción de mo- neda, y donde consta que se había mandando llevar a efecto el embargo de todos los bienes pertenecientes a dicho Conde y que, al corresponderle algunas acciones y sus in- tereses en el Banco, se retengan y queden a disposición de tal Real Consejo, anotándose las notas en los libros y donde corresponda. La Junta de Dirección del Banco, en agosto de 1793, contesta a Mesía que Cabarrús solo cuenta con las 75 acciones que le cedió la antigua Dirección para así afianzar en la Subdelegación General los derechos de lanzas y medias anatas correspondientes al título de conde. No obstante, si por el citado Cabarrús, o en su nombre, se presentasen nuevas acciones para cobrar los dividendos de 1792, se retendrían. Se dejaba así abierta la posibilidad de que contara con más bienes de los que ahora el Banco indicaba.
Por otro lado, el conde había recusado a determinados miembros designados para su causa. Concretamente a Andrés Tirado por ser familiar de Lerena, al marqués de las Hormazas por ser director del Banco y a Gabriel de Achútegui por ser promotor fiscal, y lo mismo al fiscal Joseph Ibarra, pero resultó desfavorable187.