Dada la enrarecida situación que se vivía en el establecimiento, a iniciativa de la Dirección, se someterá a discusión y votación de la sexta Junta General la formación de una comi- sión de nueve accionistas que analizará la actuación que había observado la propia Direc- ción a lo largo de los años de su gestión. Según se acordó en la propia Junta, los miem- bros de la Comisión serían propuestos por el primer director, el conde de Altamira, pero reservándose aquella la facultad de excluir a los que creyera oportuno.
Esta forma arbitrada de elegir a los componentes de la Comisión favorecía, en principio, a los directores del Banco, quienes, dentro de unos límites de prudencia, podían escoger algunas personas de prestigio que no resultasen oponentes declarados de Ca- barrús y sus compañeros. Por ello, no debe descartarse que la iniciativa de la Junta de Dirección en realidad era una maniobra de adelantamiento a las decisiones que cabía es- perar de Hacienda, tras la promulgación de la anteriormente citada Real Orden de 25 de octubre de 1787, con la esperanza de obtener un dictamen condescendiente y aprobato- rio que alejara la posibilidad de una investigación, quizás, más severa84.
83 Ortega Costa y García Osma (1974), p. 70. 84 Tedde de Lorca (1988), p. 178.
Aunque lo realmente significativo sería el resultado de su examen —expuesto un año después a los accionistas en la Junta General—, también es interesante analizar los entresijos de esta Comisión, pues servirá de pauta a otras posteriores, incluida la que se ocupará de las futuras demandas, así como de los asuntos a los que presta atención en su investigación.
2.4.2.1 Organización, trabajos y Memoria elaborada por la Comisión
Una vez concluida la revisión encargada, la Comisión elabora una Memoria sobre los tra- bajos realizados, la cual sería expuesta por su propio secretario —Policarpo Sáenz de Tejada— desde la primera sesión de 29 de marzo de 1789 en la séptima Junta General85, continuando su lectura en días sucesivos. A la vista de la información facilitada, se encar- gó como redactor de esa Memoria a Ignacio Luis de Aguirre —alcalde de la Casa y Corte del Rey—, para que completase su contenido con la secuencia completa de aconteci- mientos: el origen y sus motivos, las razones de la Comisión en su informe, las respuestas dadas por la Dirección y, finalmente, añadida ahora, la resolución adoptada por la Junta General. En una palabra: que constaran todas las opiniones86.
a) Análisis de cómo se llega a esa situación
La Memoria comienza juzgando el camino recorrido por la institución. En sus inicios se le auguraba un próspero destino, dados los ventajosos ramos de su instituto y los que le había confiado el Rey. Se distribuían dividendos que excedían las esperanzas de los accionistas y superaban los repartidos por las compañías de Europa, alcanzando un elevado concep- to entre 1783 y 1785. Al año siguiente se alteró este progreso de prosperidad y reputación. Empezaron entonces a darse cuantiosas insuficiencias en las consignaciones mensuales que para las provisiones debía aportarle Hacienda, lo que generaba enormes atrasos que el Banco solicitaba que se asegurasen y remediaran. Sin embargo, ambos extremos eran denegados, a consecuencia de la forma establecida para la administración de las provi- siones. Se optó por escoger el menor de los dos inconvenientes. Así, se hizo un asiento retroactivo, asegurando el reintegro del Banco, pero asumiendo una pérdida elevada que iría aumentando en años posteriores; mas se confiaba en la rectitud y bondad del sobera- no, ante quien se habían presentado las reclamaciones. Con el cese de la décima, dismi- nuía un 2 % el dividendo anual. En 1787, la posición del establecimiento se vio alterada con la quiebra de Montaldi, lo que, unido a la disminución de beneficios del año anterior, hizo que todos los males se atribuyeran a los que administraban el Banco más que a los riesgos o defectos que pudiera presentar per se la institución.
b) Motivos para la formación de la Comisión, sus objetivos y miembros
Los acontecimientos se iniciaron por varios cargos que la opinión pública imputaba a los directores del Banco, a raíz de los incidentes de Montaldi; estos se concretaron en la Real Orden de 25 de octubre de 1787, a la que la Dirección del Banco dio contestación el 13 de diciembre del mismo año. Al no haber resuelto nada el Rey, e inquieta la Junta de Direc- ción por los recelos que entendía insinuados en la citada Real Orden, propuso en la sexta Junta General la formación de una comisión, compuesta por tres magistrados, tres comer- ciantes y tres miembros sin distinción de clase. En ella se escucharía a los directores del Banco y dependientes y se revisarían los documentos necesarios. Su actuación estaba destinada a acallar los rumores públicos sobre el comportamiento de los directores.
En la Junta General se nombraron como componentes de la Comisión, por una- nimidad: al Teniente General Juan José Vertiz, al marqués de Zambrano —tesorero gene-
85 BNSC, Memoria (1788), pp. 67 y 68. 86 BNSC, Memoria (1788), pp. 67 y 68.
ral—, Andrés Comenge —tesorero del Príncipe—, Sebastián Piñuela —secretario del Con- sejo Real—, al conde de Tepa —del Consejo de Indias—, Mariano Colón —del Consejo de Castilla—, José Zuazo —del Consejo de Órdenes— y a los comerciantes: Domingo Javier de Arecha, Antonio de Ibarrola Llaguno y Felipe Victorio Rávara. Además, a Pedro Manuel Sáez de Pedroso —procurador general de los Reinos— y, como secretario, a Policarpo Sáenz de Tejada Hermoso. Ello fue sancionado por Real Orden de 1 de marzo de 1788. No obstante, la Comisión podía reemplazar a algún miembro, si se excusara o faltara, como así sucedería.
La primera reunión se celebró el día 12 de marzo en una de las salas del Banco, lo que aseguraba el secreto de las deliberaciones. En esa sesión se tomaron una serie de decisiones relativas a su funcionamiento interno87, así como que las relaciones se llevarían por medio de los dos secretarios: el del Banco y el de la Comisión. Para la siguiente cita se aportarían propuestas sobre el método que debería seguirse.
En efecto, el 15 de marzo, el conde de Tepa presenta un documento que es apro- bado por la Comisión. En él se contempla repartir a todos sus miembros y tareas en tres grupos88. El primero, encargado del reconocimiento de los libros de Banco para averiguar la existencia íntegra de su capital y el análisis de sus partidas; posteriormente se investi- garía el descubierto de Montadi y los pagarés falsos de la Caja de Descuentos de Cádiz. El segundo debería examinar la economía del establecimiento, pidiendo los sueldos de los empleados, las comisiones que perciben los comisionados y propondría su reforma, si se considerase conveniente. El tercero revisaría las reglas constitucionales de la entidad y sus posibles modificaciones, sobre todo las relativas a la Junta General.
Para que les ayuden en las tareas, se acuerda que puedan buscar fuera del Banco personas inteligentes en las materias de que se trata, satisfaciéndoles lo que merezca su trabajo. Se solicita que el Banco facilite una papelera para el archivo de los documentos que la Comisión revise y, por último, se determina formar un libro de los acuerdos. c) El desarrollo de los trabajos de la Comisión
Las peticiones de documentación son atendidas por el secretario del Banco, quien las remite mediante un oficio89, al que dará contestación el secretario de la Comisión acerca de los papeles recibidos. La realización del trabajo hoy podríamos asimilarlo con una au- ditoría de cuentas. Entre las solicitudes iniciales se encuentra documentación contable (último balance y sus libros, inventarios, sueldos de empleados, comisiones de comisio- nados, etc.); documentación de operaciones (letras descontadas por Montaldi, letras de los directores Casamayor y Galavert, pagarés falsos de la Caja de Cádiz, etc.); documen- tación sobre normativa y acuerdos (Real Cédula de erección, los diversos reglamentos, certificaciones de las Juntas Generales, etc.).
Al comienzo, sin embargo, algún incidente debió presentarse, puesto que la do- cumentación que se había solicitado el día anterior había sufrido algún tipo de dilación, lo cual se hace constar por medio de un oficio dirigido a Pedro Davout y al secretario del Banco. A tal fin se hizo comparecer a Pedro Davout y se le previno lo conveniente en razón del retraso y la puntualidad con que los tenedores particulares deben entregar a la Comi- sión cuantos documentos pidieren. Finalmente, la Junta de Comisión90 acordó que de una noche para otra se entregue por el secretario de la Comisión una lista de lo que hubiera de examinarse al día siguiente.
De la revisión realizada sobre el inventario de 1787 surgieron cuatro cuestiones: 1) el coste de las obras hechas en la casa del Banco y lo excesivo y gravoso del arriendo;
87 ABE, Secretaría, AJC (12.3.1788), libro 207, fols. 1 y ss. 88 ABE, Secretaría, AJC (15.3.1788), libro 207, fols. 9-13. 89 ABE, Secretaría, AJC (5.4.1788), libro 207, fols. 16v-18v. 90 ABE, Secretaría, AJC (9.4.1788), libro 207, fols. 22 y 22v.
2) el préstamo de 500.000 reales hecho a la carretera de Gijón; 3) la ganancia de 100.000 pesos fuertes embarcados para Ámsterdam a finales de 1787 y que no se verificó por haber naufragado el buque que los conducía, 4) la falta de 7.983,,20 reales en la cuenta titulada «acciones a la par».
Además, la Comisión, para dar al público mayores pruebas de la exactitud de su trabajo, pidió a la Dirección que hiciese un corte general de las cuentas, hasta el 29 de mayo de 1788, de sus corresponsales y comisionados, de modo que se cuadraran exac- tamente las letras, efectos y dinero existentes en la central. Así formado, debía ser confor- me igualmente con el de 31 de diciembre de 1787, con la única diferencia de las ganancias habidas en ese período y el importe pagado por el dividendo anterior91.
Aparentemente ahí concluía su trabajo, sin embargo, la Comisión decidió exten- der el análisis a nuevos apartados no previstos inicialmente. Las subcomisiones adicio- nalmente se encargarían de abordar los puntos que ahora se les asignaban, estos eran: los procedentes de la Real Orden de 25 de octubre de 1787, los nacidos del reconoci- miento del inventario de 1787, más otros propuestos por miembros de la Comisión. Ello suponía recomponer las tres subcomisiones y reformular la distribución de temas. En lí- neas generales, la primera subcomisión se encargaría del examen de aquellos puntos que podríamos catalogar como orientados hacia una faceta revisora operativa o conta- ble. La segunda trataría de los apartados en los que parece primar un carácter consulti- vo. La tercera se dirigía, fundamentalmente, a las cuestiones surgidas de las operaciones conflictivas.
Por otro lado, se referían a estas tres subcomisiones como: primera Comisión, segunda o tercera, pero casi al final se denominan también como cuaternas utilizando in- distintamente ambos términos. Así, en la misma sesión92 se lee, por ejemplo, el dictamen de la segunda Comisión y, en otro punto, el dictamen de la segunda Cuaterna.
d) Final de los trabajos
Quedaba por dilucidar si, antes de la Junta General, las conclusiones extraídas de la revi- sión debían ser entregadas a la Dirección o no, sin que existiera unanimidad de criterio entre los miembros de la Comisión93. Para dirimir la confrontación, se elevará una repre- sentación al monarca, quien, mediante una Real Orden de 6 de febrero de 178994, resuelve que se comuniquen a la Dirección los reparos que ofrezca la Comisión y que la Junta de Dirección los dé contestación. En otro orden, el soberano deseaba que con curran ambos cuerpos, con la buena armonía que corresponde, a abreviar y perfeccionar esta operación para satisfacción de los accionistas y prosperidad del Banco.
Basándose en el reconocimiento del balance de 31 de diciembre de 1787 y del estado a 29 de mayo de 1788, la Comisión había formado una lista de observaciones y expedientes. De ellos se dieron por cancelados los correspondientes a95: las 10.000 acciones contratadas por Francisco Cabarrús con las casas de Lalanne, Le Normand, Le Couteulx y Dangiran de París; las quiebras de Monconill, Tutau y Montaldi. Igualmente se consideraron canceladas de la cuenta general de provisiones diversas partidas, así como las de algunos corresponsales y factores. Todas las demás se pasarán a los directores. Determinados temas, por el contrario, se estimó preferible tratarlos conjuntamente, entre la Junta de Dirección y la Comisión96, principalmente, los relativos a los cambios en los reglamentos,
91 Se trataba de retrotraer a final del año anterior la situación de las cuentas de los corresponsales. 92 ABE, Secretaría, AJC (11.3.1789), libro 208, fols. 259v-267.
93 ABE, Secretaría, AJC (24.1.1789), libro 208, fols. 103-105v. 94 ABE, Secretaría, AJC (7.2.1789), libro 208, fols. 183v y 184. 95 ABE, Secretaría, AJC (7.2.1789), libro 208, fols. 184v-185v.
96 Asistentes: Velamazán, Astorga, Vertiz, Castrillo, Revilla, Heredia, Comerge, Piñuela, Tepa, Cabarrús, Rossi, Galavert, Aguirre, Arecha, Ibarrola, Pedroso, Tejada —secretario—.
evitando que se prolongasen largamente97. Lo más significativo es la nueva figura de los comisarios.
En la última sesión de la Junta de Comisión de 27 de marzo de 1789, dos días antes del comienzo de la Junta General, se trata del informe que habían de presentar. Sin embargo, Domingo Javier Arecha entrega un papel98 en el que distingue los puntos en los que está de acuerdo con el dictamen de la Comisión y en los que no; a ello se adhiere Rabara. Durante los 13 meses que duró la Comisión, Manuel Donaire había servido para realizar cuantas cosas se ofrecieron, además de escribiente, con el mayor celo, inteligen- cia y actividad. La Junta de Comisión99 determina que se le reconozca ante el Rey para que se sirva destinarle en lo que fuera de su mayor agrado. Con ello se disolvió la Junta. 2.4.2.2 Presentación de las conclusiones de la Comisión a la Junta General
La expectación suscitada por la Junta
Los accionistas quedaron emplazados para recibir las conclusiones que resultaran de los trabajos de la Comisión al año siguiente y así se llevó a efecto. En la séptima Junta Gene- ral en 1789, el marqués de Velamazán-conde de la Coruña, como primer director, comien- za su lacónica alocución calificando de cuadro despreciable el que corría entre el público y establece como argumentos de su aseveración: «El Banco lo oyeron V.SS perjudicial á la Nacion: su fondo no existente, como desmerecida la Real proteccion: un dividendo esca- so: los Directores clamando por ser examinados: su pundonor proponiendo un tribunal que los residenciara; y la desconfianza aprobándole en recompensa de sus afanes»100. En una palabra: los puntos que debían ser verificados por la Comisión.
La conclusión a su intervención, sin embargo, era positiva sobre el comportamien- to que había observado en los directivos del Banco durante su mandato: «he visto hacer estudio de la verdad: que sus individuos solo someten su parecer á la voz de la razon: que los trabajos para rectificar los defectos que el tiempo manifiesta son continuos: que el fondo existe y que este establecimiento merece de S.M. la atención mas benéfica»101. Por tanto, todos los puntos en cuestión resultaban favorables. Así, existía profesionalidad en la Dirección, si bien se reconocían defectos y trataban de corregirlos, se verificaba el aspecto fundamental de la integridad del capital y seguía mereciendo la protección del Rey.
Según la exposición del secretario Benito Briz, esta Junta había superado la ex- pectación de todas las anteriores, donde el reparto del dividendo interesaba menos a los accionistas, desde que se logró avivar su desconfianza sobre la seguridad del capital. Las conclusiones de la Comisión
Uno de los puntos que debía preocupar a la Comisión era la elevada duración de la revi- sión efectuada —en torno a un año—, pues consideraban que, acaso, a los accionistas les habría parecido larga, a pesar de quedar justificada por su profundidad. Queda explicado en la Junta General el procedimiento seguido102. Así, se indica que, acabados de exami- nar por cada subcomisión particular los puntos asignados a cada una, la Junta de Comisión en pleno pasó a la Dirección todos los expedientes que se habían formado, excepto uno por falta de tiempo. Luego de oídas las contestaciones de la Dirección, de nuevo, la Junta de Comisión extendió su informe y, sobre este informe, posteriormente se añade la contestación de la Dirección, el parecer de la Comisión y la resolución de la Jun-
97 ABE, Secretaría, AJC (3.3.1789), libro 208, fols. 236-240v. 98 ABE, Secretaría, AJC (27.3.1789), libro 208, fol. 349. 99 ABE, Secretaría, AJC (27.3.1789), libro 208, fols. 351 y 351v. 100 BNSC, Memoria (1788), pp. 53 y 54.
101 BNSC, Memoria (1788), p. 56.
ta General. Con todo ello, los accionistas y el público podrían formarse una idea concreta de los puntos comprendidos en este examen. Las funciones encomendadas a la Comisión y su dictamen son los siguientes103:
1 Averiguar la existencia del fondo del Banco y la legitimidad de sus repar- timientos.
La Comisión manifiesta que, tras examinar el inventario de 31 de diciem- bre de 1787 y comprobado por el de 29 de mayo de 1788, ambos resulta- ron uniformes. Cifra el patrimonio neto inventariado a esta última fecha en 337,1 millones de reales104. Esas cantidades acreditaban la integridad del capital del Banco y, además, este se hallaba conforme con lo manifestado por la Dirección en la Junta General de 24 de febrero de 1788, con solo el quebranto de las provisiones, que se elevaba a fines de 1786 a 13,6 millo- nes de reales105. Adicionalmente, se comprobó que el importe de los divi- dendos pagados a los accionistas nunca se había hecho con cargo al capital, como con malicia o equivocación se había publicado.
2 y 3 Examinar los cargos contenidos en la Real Orden de 25 de octubre de 1787 y descargos de la Dirección de 13 de diciembre del mismo año, así como apreciar la conducta moral de los directores.
La Comisión, por lo que respecta a los cargos y descargos, a través del examen de 19 expedientes, en la mayoría de ellos observa que se había dado una resolución favorable a la gestión de los directores, quedando disueltas las pocas dudas que habían tenido. Estas resoluciones, y la de la Junta General, formarían el juicio de la conducta moral de los directores. 4 Graduar la suficiencia o no de las reglas del Banco y proponer las ne-
cesarias.
Señala la Comisión que los Reglamentos atestiguaban su celo y meditación, y que había tenido poco que añadir o quitar a una obra tan vasta y útil. La Comisión manifiesta que había procurado desempeñar su encargo haciendo justicia a los directores, destacando lo digno de advertencia, de tal suerte que asegurase la prosperidad de un establecimiento tan útil y la confianza pública. Como recompensa por esta misión, que representó un trabajo ímprobo y odioso por sí mismo, tenía la Comisión la satisfacción de reconocer que entre los cuerpos de esta naturaleza muy pocos podrían, tal vez, resistir a una censura, que parecería nimia, mas no era así si se consideran las preocupaciones esparcidas contra el Banco y que la Comisión tomó el empeño de disipar.
En la Memoria de la Junta General queda recogido el dictamen favorable de esta Comisión106. La Dirección propuso que, por medio de Cabarrús, se expresaran las gracias a los miembros de la Comisión por su celo y aplicación, y la Junta General acordó que Sebastián Piñuelas e Ignacio Luis de Aguirre —integrantes de aquella—, aunque no eran accionistas, pudieran asistir a las Juntas Generales, con voto, para ilustrarles con sus lu- ces y conocimientos.
Resultan interesantes las observaciones formuladas por Hernández Franco107, cuando indica que el conde de Floridablanca manda investigar a Cabarrús como director,
103 Aparece como un documento anejo a la Memoria de la Comisión [BNSC, Memoria (1788), pp. 99-104].