Tan pronto como en los años 50, miembros de la Escuela de Economía de Chicago estaban orgullos de ejercer su crítica pública a las prácticas macroeconómicas keynesianas desde las democracias occidentales hasta los países latinoamericanos. Fuertemente opuestos a su modelo desarrollista, Milton Friedman y su colega Arnold Harberger contaron con la ayuda de la Universidad de Chicago, el Departamento de Estado estadounidense, varias grandes empresas del país y la Fundación Ford para establecer programas en Sudamérica. Uno de estos, el denominado “Proyecto Chile” entrenó a cientos de estudiantes de economía chilenos – a partir de entonces conocidos en la región como “los Chicago Boys” – tanto en la Universidad de Chicago como en la Universidad Católica de Santiago, en los principios de la economía de mercado. Durante los 60, estos programas fueron expandidos significativamente por la región, y los estudiantes, poco a poco,
alcanzaron posiciones prominentes en las Universidades como en el gobierno de países como Argentina, Uruguay y Brasil.
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet dio, con el apoyo de la CIA, un golpe de Estado que derrocó al Presidente chileno elegido democráticamente, Salvador Allende, un firme defensor de la Escuela Desarrollista. Inmediatamente después del golpe, varios Chicago boys domésticos presentaron al nuevo hombre fuerte un modelo económico para el país de 500 páginas. Conocido como “El Ladrillo”, este documento llamó a una amplia e inmediata desregulación y la aplicación de medidas de privatización, así como el recorte del gasto social, la reducción de aranceles y el levantamiento de los controles de precios – con el objetivo aparente de luchar contra la galopante inflación de Chile. Tras la aceptación de una gran parte de este programa, Pinochet procedió rápidamente a imponer estas políticas neoliberales a una velocidad vertiginosa, mientras que aplicaba medidas represivas contra sus oponentes políticos. Si bien concedían que los métodos brutales de represión del general no encajaban con sus ideales libertarios, sin embargo, Friedman y Hayek argumentaron que tales tratamientos neoliberales de choque proporcionarían una “buena oportunidad” para el rápido retorno de Chile a la democracia, la libertad y niveles de prosperidad sin precedentes. Sin embargo, Pinochet mantendría amplios poderes dictatoriales durante las dos siguientes décadas, que fueron marcadas durante frecuentes desapariciones de disidentes políticos, la tortura y otras violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Durante su autoritario mandato, la economía de Chile se estabilizó en términos de inflación y de tasa de crecimiento del PIB, pero las clases media y baja perdieron terreno en la desigualdad económica, que aumentó notablemente. El 10% más rico del país se beneficiaron de las reformas neoliberales cuando sus ingresos casi se doblaron durante los primeros años pinochetistas. Hasta la fecha, Chile se ha mantenido como una de las naciones más desiguales del mundo. Los resultados de la “revolución neoliberal” que azotó al país desde la década de los 70 hasta la de los 90 continúan generando acalorados debates entre partidarios y detractores de la Escuela de Chicago, sobre las virtudes de las reformas neoliberales impuestas desde el exterior para orientar las economías hacia el mercado libre.
Colombia 53,8 (2005)
Chile 54,9 (2003)
Guatemala 55,1 (2007)
Panamá 56,1 (2003)
Brasil 56,7 (2005) Paraguay 56,8 (2008) Haití 59,2 (2001) Bolivia 59,2 (2006) República Centroafricana 61,3 (1993) Sierra Leona 62,9 (1989) Bostwana 63 (1993) Lesotho 63,2 (1995) Sudáfrica 65 (2005) Namibia 70,7 (2003)
Las 15 naciones más desiguales del mundo. El coeficiente Gini es un método estadístico de distribución de la renta y de la riqueza de un país. Un dato comparativamente mayor significa una distribución más desigual, mientras que un dato menor indica una distribución mejor. Fuente: CIA Factbook 2007
Argentina se enfrentó a una situación similar en 1976, cuando una junta militar constituida por tres generales tomó el poder de la Presidente Isabel Perón, la viuda de Juan Domingo Perón, fundador del nacional-populista Partido Peronista y una de las figuras más dominantes del país. Manteniendo contacto con los Chicago Boys locales, los generales en el gobierno impulsaron varias reformas neoliberales, pero rechazaron ir tan lejos como privatizar algunas industrias claves, tal como había hecho Pinochet en Chile. Con respecto a la represión política, los militares argentinos siguieron de cerca la estrategia de los hombres fuertes de Chile de hacer desaparecer y torturar a miles de disidentes políticos, a los que habían calificado de forma indiscriminada como “subversivos”. Como el muy premiado periodista económico Naomi Klein ha sugerido, la junta argentina supuestamente dio un giro hacia el mercado durante sus siete años de gobierno dictatorial, pero su modelo económico se parecía más al corporativismo fascista basado en la complicidad forzosa entre el gobierno y las empresas y los sindicatos.
Después del colapso de la dictadura militar que siguió a la desastrosa campaña militar de las Malvinas contra el Reino Unido, el recién elegido Presidente Raúl Alfonsín encontró que su país se tambaleaba al borde del colapso económico. Cargado con una enorme deuda nacional acumulada por el régimen anterior y amenazado por una inflación galopante, Alfonsín se enfrentó a masivas huelgas alimenticias en Buenos Aires y otras grandes ciudades. Aún más, Alfonsín fue presionado por los acreedores extranjeros, los cuales habían proporcionado a los gobernantes militares enormes préstamos
para devolver tan pronto como fuera posible. El presidente respondió firmando modestas medidas de desregulación dirigidas a promover el comercio y a ajustar la oferta monetaria para combatir la inflación. Calificado como muy moderado por los inversores y los acreedores internacionales, estas reformas hicieron muy poco para restaurar la salud económica del país. Forzado a dimitir en lo más profundo de la recesión económica, Alfonsín rindió el poder al Partido Peronista, liderado en aquel tiempo por el extravagante Carlos Saúl Menem. Juró su cargo como 48º presidente el 8 de julio de 1989, el ex presidente provincial prometió al electorado que nunca permitiría ni a los inversores extranjeros ni a los militares controlar el destino del país.
Por lo tanto, la mayoría de los argentinos se sorprendieron cuando su presidente nacional-populista con fuertes vínculos sindicales se negó a revivir el desarrollismo sudamericano, y en su lugar, dio entrada a los ajustes estructurales para globalizar la economía del país mediante la promulgación de amplias reformas neoliberales. Menem procedió a privatizar las industrias que quedaban en manos del Estado, como la empresa petrolífera, Correos, teléfonos, electricidad y agua. Posteriores privatizaciones disminuyeron los programas de seguridad social. El gobierno Menem también hizo severos recortes en el gasto público y liberalizó los controles de capital, animando de este modo a inversiones especulativas extranjeras.
Determinado a seguir su curso neoliberal, pese a una considerable resistencia incluso dentro de su propio partido, el presidente restringió el poder del nacional-populista Partido Peronista nombrando a varios “Chicago Boys” en importantes cargos gubernamentales. El más prominente de ellos fue el Ministro de Finanzas Domingo Cavallo, quién confió la estabilización de la moneda nacional a la Ley de Convertibilidad de 1991. Esta controvertida ley mandó que la nueva moneda nacional – el peso argentino – fuera vinculado al dólar. Esto se logró mediante una caja de conversión, que supervisaba la adquisición masiva de activos de reserva en forma de bonos de EEUU [se emitía tantos pesos argentinos como aumentaban las reservas del Banco Central argentino]. El régimen argentino de moneda dolarizada aseguró que los pesos podían ser cambiados por dólares en cualquier momento y en cualquier banco a una tasa fija. Reclamando que había exorcizado el demonio de la hiperinflación para bien, Cavallo se jactó de haber realizado el “milagro de Menem”. En su opinión, la adopción por el presidente de la “terapia de choque” del FMI llevaría al país a una etapa de prosperidad sin precedentes en la historia argentina.
Usada por Argentina hasta 2002, una baja de conversión supervisa el sistema monetario de un país cuya moneda se cree inestable y, por lo tanto, vinculada a una moneda más estable y ampliamente utilizada, como el dólar, la libra esterlina o el euro. Las exigencias básicas y tareas de las cajas de conversión son:
El país subordinado debe adquirir suficientes reservas de moneda extranjera para asegurar a todos los tenedores de moneda propia que podrán convertirla en la moneda propia.
La moneda subordinada debe ser totalmente convertible contra la moneda de reserva.
El tesoro/banco central subordinado abdica de imprimir dinero discrecionalmente, aunque retiene su capacidad de prestar.
Una caja de moneda no presta dinero a los bancos comerciales o manipula la tasa de interés para aumentar o disminuir la oferta de dinero (como hacen los bancos de reserva).
Durante los siguientes años, la predicción del Ministro de Finanzas pareció acertada, ya que Argentina disfrutó de bajas tasas de desempleo, estabilidad monetaria y fuerte inversión extranjera. La productividad se disparó y las exportaciones alcanzaron nuevos hitos. Durante gran parte de los 90, la economía creció a una fuerte tasa anual del 6%, incluso sorteando una recesión suave y temporal causada por el peso mexicano en 1995.
Pero hubo un serio revés para el peso, que tenía un valor alto y estable por su vinculación al dólar: se había vuelto bastante caro producir mercancías en el país, por lo que al abrir el mercado nacional a las importaciones extranjeras produjo una inundación de bienes baratos importados, que minaron las industrias locales y barrieron cientos de miles de puestos de trabajos. Más aún, a causa de la integración global promocionada por el FM, la economía argentina se había hecho más susceptible a los shocks externos como la crisis asiática de 1997-8, el crash de la economía rusa de 1998 y la crisis de la moneda que afectó a Brasil en 1999 [la mayoría de los economistas argentinos opina que la crisis que realmente afectó a la economía argentina y que desencadenó la crisis de 2001-2 fue la de Brasil, porque por su tamaño y proximidad, Brasil era el principal cliente de Argentina. El real también fue vinculado al dólar (para luchar contra la inflación) desde su creación en 1994 hasta que en enero de 1999 Brasil dejó flotar su moneda (se dejó que la cotización fuera determinada por el mercado
cambiario), y la moneda brasileña perdió las tres cuartas partes de su valor (pasó de 1 a 1, a 1 a 4). Desde ese mismo momento, Argentina era incapaz de competir con ningún país importante del mundo, y el país se llenó de mercancías brasileñas]. Como resultado del deterioro de la economía mundial, el acceso de Argentina a los mercados de capital se secó. Anteriormente celebrada por los oficiales del FMI y el Banco Mundial como un “modelo a imitar”, la orgullosa nación sudamericana estaba ahora al borde del colapso económico.
En enero de 2002, después de meses violentas protestas callejeras en las principales ciudades, Argentina formalmente anunció que no iba a pagar su masiva deuda pública de 141 mil millones de dólares. Para evitar una ruptura social completa, Eduardo Duhalde, el quinto presidente en solo dos semanas, limitó el acceso del público a sus ahorros depositados en los bancos [corralito] y desvinculó el peso del dólar. En horas, la moneda perdió un tercio de su valor, robando a la gente común los frutos de su trabajo [a aquellos que tenían depósitos en dólares en los bancos]. “Argentina está rota, hundida”, admitió el Presidente, “y el modelo neoliberal se lo ha llevado todo con él”. El progreso económico ha tenido desde esos días oscuros, cosas buenas y malas. En la parte buena, el PIB del país ha crecido a una media de casi un 9% anual, gracias a una exitosa reestructuración de la deuda, una reducción de la carga de la deuda externa, excelentes condiciones financieras internacionales y una política monetaria y fiscal en expansión [y a un aumento de los precios de los productos que exporta (minería, productos agrícolas y algo de industria, sobre todo automovilística) y a un aumento de la producción de estos bienes]. De otro lado, la inflación alcanzó un nivel de dos dígitos en 2006. El Presidente Néstor Kirchner, un “peronista-centrista”, respondió a esta amenaza implementando acuerdo de precios con los empresarios. Pero estos acuerdos de precios han congelado las tarifas de electricidad y gas natural solo para los usuarios residenciales, lo que llevó a un aumento del consumo de ambos ítems, a una reducción de los beneficios de las empresas suministradoras y a una reducción de la inversión privada, y por lo tanto, a restricciones para el uso industrial y apagones en 2007.
No hay duda de que Néstor Kirchner y su sucesora, su esposa Cristina, han reconvertido la economía neoliberal en una variante moderada del neoliberalismo. Por ejemplo, en 2008 Cristina Kirchner anunció el plan de su gobierno de nacionalizar los fondos de pensiones privados de 30.000 millones de dólares para proteger a los jubilados de la caída de valores y de los precios de los bonos [esa fue, sin duda, la explicación oficial, pero el motivo real fue obtener un aumento de los fondos públicos]. Una feroz crítica del Consenso de Washington, la Presidenta se ha visto obligada a lidiar con las consecuencias internas
de la crisis económica mundial en el marco internacional del grupo de los 20.
El grupo de los 20
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los Bancos centrales del grupo de los 20 (G-20) es un grupo de importantes líderes económicos de las 19 economías más grandes del mundo más la Unión Europea. Su propósito es promocionar el debate entre los líderes del G- 20 para abordar cuestiones políticas relativas a la promoción de la estabilidad financiera internacional. A raíz de la crisis financiera global ha reunido los jefes de gobierno de más del 60% de la población mundial, del 85% del PIB mundial y del 80% del comercio mundial.
MÉXICO
Las condiciones bajo las cuales el neoliberalismo llegó a México a principios de los 80 fueron similares a aquellas existentes en la Argentina. En ambos casos, las reformas orientadas al mercado fueron precedidas por la re-evaluación de las estrategias de la industrialización desarrollista, que había creado barreras al comercio exterior para proteger las industrias nacionales de la competencia estratégica. Caracterizado por una fuerte intervención gubernamental a través del desarrollo y la intervención de las empresas estatales, la versión mejicana del desarrollismo consiguió reformas sociales y compromisos de clase al precio de una alta inflación y un bajo crecimiento económico. Al igual que países sudamericanos como Argentina y Brasil, México compensó su déficit fiscal y anual durante la mayor parte de los 70 y principios de los 89 pidiendo dinero prestado a los bancos comerciales extranjeros [la deuda externa argentina tiene, en general, un origen muy distinto]. En agosto de 1982, el Ministro de Finanzas de México, Jesús Siva Herzog, declaró que su país no sería capaz de servir más su deuda externa. El default de México provocó la crisis de la deuda externa de América Latina, durante la cual, la mayoría de los principales prestamistas internacionales, o redujeron, o paralizaron totalmente la concesión de nuevos préstamos a la región. Descansando en los prestamos masivos del FMI para evitar una catástrofe social, los distintos gobiernos mejicanos a finales de los 80 y durante los 90 fueron obligados a aceptar las SAP [programa de ajuste reestructural] que iban anexadas a las muy necesitadas infusiones de capital.
La transformación neoliberal de México ocurrió principalmente en dos etapas bajo dos líderes bastante diferentes: el Presidente Carlos salinas de Gortari (1988-94) y el Presidente Ernesto Cedillo Ponce de León (1994-2000). Las reformas orientadas al mercado de Salinas fueron acompañadas de medidas políticas autoritarias, aunque un poco menos severas que las impuestas por Pinochet en Chile. El punto culminante de las reformas neoliberales de Salinas fue, sin duda, la integración en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Para implementar los acuerdos comerciales junto con los programas de ajuste temporal prescritos en el Consenso de Washington, el gobierno de Salinas trabajó conjuntamente con un grupo de economistas neoliberales de elite – la versión mejicana de los Chicago boys. Tras montar una poderosa alianza de economistas, expertos en política y líderes de negocios que representaban a las mayores corporaciones del país, el Presidente tenía la esperanza de atraer inversiones directas extranjeras, que él pensaba que eran esenciales para asegurar a México un futuro orientado a las exportaciones.
Sin embargo, el 1 de enero de 1994 – el día anterior a que entrara el NAFTA en vigor – la elite gobernante de México encontró un desafío inesperado a su neoliberalismo económico: un levantamiento popular en el estado sureño de Chiapas. Una banda de izquierdistas luchadores por la “liberación nacional” que se llamaban a sí mismo como “zapatistas”, por un líder revolucionario agrarista, Emiliano Zapata, se enfrentaron con las tropas de gobierno en un intento, que finalmente resultó fallido, de iniciar una revolución nacional. Sin embargo, se las arreglaron para llamar la atención del mundo sobre el impacto que las políticas neoliberales ocasionaban sobre los pobres y las poblaciones indígenas en el Sur Global. A pesar de este fracaso, el levantamiento de Chiapas dio como resultado una serie de protestas por toda la nación dirigidas a lo más alto del gobierno de Salinas, que acabó deteriorando el poder del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI), el cual se había atrincherado en el poder durante más de seis décadas. Los protestantes anticorrupción enseguida se unieron con grupos disidentes. La inestabilidad política y la incertidumbre económica crecieron en México con los secuestros de conocidos hombres de negocios y el asesinato del líder del PRI y candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994.
Alarmados con el deterioro de la situación política, los inversores empezaron a retirar sus fondos a una velocidad alarmante, iniciando con ello una crisis económica. Asumiendo el poder en esos días difíciles, el sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo trató de vincular la economía recientemente liberalizada a un programa más amplio de política democrática inclusiva de varios grupos de intereses. Una de las
primeras decisiones que el nuevo presidente tuvo que tomar fue la desvinculación del peso al dólar, con lo que la divisa estadounidense se revalorizó en algo más de un 50% en solo unos pocos días [según Wikipedia, de $3,40 a $8,70]. Esto hizo que los mejicanos no pudieran pagar las deudas contraídas en dólares. En un esfuerzo a la desesperada de cimentar las relaciones del gobierno con el mundo de los negocios y restaurar la confianza de los inversores extranjeros, Zedillo aceptó el paquete de rescate del FMI por valor de casi 40.000 millones de dólares a cambio de implementar un severo plan de austeridad que incluyó recortes en el gasto público y una elevación de las tasas de interés. Posteriormente, Clinton concedió un préstamo de 50 mil millones de dólares a México. La implementación de estas medidas neoliberales trajeron a la economía mejicana un alivio a corto plazo pero al coste de un aumento de la inequidad social [el aumento de los tipos de interés, según Krugman, aumentó los costes de financiación, tanto de las empresas como de los particulares (muchas empresas y particulares se arruinaron), y retrajo la demanda de nuevos créditos, miles de mejicanos se quedaron sin empleo o perdieron sus casas, con la consiguiente migración a las grandes ciudades, especialmente México DF, pasando así de clase media a lumpen proletarios. La crisis del Tequila, como se la denominó, acabó afectando a otros países, principalmente a Argentina].
Zedillo demostró su compromiso con una gobernabilidad más abierta al iniciar discusiones con los zapatistas y consiguió un acuerdo de introducir cambios en la Constitución mejicana para extender la