Contextualización de lo extranjero: Desde dónde se habla

En los años 50 España era un país predominantemente agrario: el 49% de la población estaba integrada en el sector agrícola y ganadero. La autarquía económica implantada tras la guerra civil beneficiaba en primer lugar a los grandes terratenientes, la ideología dominante exaltaba los valores de la familia cristiana (autoridad patriarcal, sumisión filial, estricta separación de los roles por sexos) el honor, el estatus y la propiedad. A partir de los años 60 se inicia una gran transformación societaria , conducida por el régimen político del franquismo, la apertura económica al exterior pone en marcha un proceso de despliegue capitalista que recompone la configuración social, económica e ideológica del país. El periodo de 1960-1975 (etapa desarrollista) se caracteriza por la industrialización, la modernización agrícola, las migraciones masivas, la urbanización, el desarrollo del consumo de masas y el inicio de un sistema estatal de protección social.

Durante estos 15 años unos cinco millones de españoles emigraron desde las zonas rurales hacia los polos de desarrollo o hacia la Europa industrializada. La población empleada en la agricultura descendió fuertemente (del 41,7% al 24,1%) debido a un proceso de creciente industrialización del sector (producción volcada al mercado, introducción de fertilizantes, mecanización etc). Las 32 provincias emisoras de emigrantes perdieron más el 20% de su población original.

Paralelamente se desarrolló un proceso de urbanización, centrado en unos pocos polos de desarrollo, que se asentaron en una notable industrialización y en el despliegue de nuevas ramas de servicios (el empleo en industria y construcción pasó del 28% al 35%, y el de los servicios de 28% a 39%). El Producto Interior Bruto se duplicó ampliamente y se redujeron las distancias con la Comunidad Europea (la renta por persona pasó del 58% de la media de países que actualmente componen la U.E. a cerca del 70%), paralelamente se desarrolló una dinámica centro/ periferia entre las zonas “modernizadas” (Madrid, País Vasco, Cataluña y Baleares) y las “atrasadas” dentro del territorio español.

Desde el punto de vista económico, los flujos de emigración jugaron un importante papel: la emigración exterior aportó, a través de las remesas, un apoyo sustancial a la financiación del desarrollo (alrededor del 3% del PIB y del 15% de la formación bruta de capital en los primeros años sesenta); la emigración interior fue el principal factor de equilibrio entre regiones y sectores económicos en términos de renta per capita debido a la fluidez con que se producía la asignación de recursos de mano de obra en un mercado de empleo con creciente actividad. Por otra parte, la emigración exterior se convirtió en una fórmula para exportar desempleo y gracias a ella, la tasa de paro era de un 1% al final del periodo.

El avance de la industrialización y la productividad generó una producción masiva que necesitaba un mercado solvente. El mecanismo de crecimiento se garantizó elevados salarios industriales (aunque por debajo del crecimiento de la productividad) y canalizando esta nueva y poderosa demanda, a través de nuevos medios de comunicación, hacia un consumo de masas que eleva constantemente el nivel de “necesidades” de la población, de acuerdo con los intereses y la oferta de las empresas. Mediante este mecanismo que se convierte en el eje del modelo social se consigue la estabilidad económica y la integración de amplias capas de trabajadores urbanos.

Dentro del marco político de la época, este conjunto de transformaciones dio lugar al surgimiento incipiente de un sistema d e protección social estatal. Contrariamente a lo que suele creerse, los fundamentos históricos del Estado de Bienestar español se levantan en los años 1964-75 (antes de la institucionalización democrática) periodo en que se constituyen las instituciones de protección social que llegan hasta hoy: seguro nacional de desempleo (1963), prestaciones sanitarias, pensiones y jubilaciones. Entre 1968 y 72 se da el paso de un estado de protección residual y despótico a otro institucional, que sólo más tarde adoptaría formas democráticas. En 1970 (ley general de educación) y 1972 (ley bases de la seguridad social) se da el punto de arranque al crecimiento del gasto social, apoyado en la coincidencia de las necesidades de acumulación (garantizar una demanda solvente) y las reivindicaciones sociales. En los años 70 se registró el máximo crecimiento histórico del gasto social en relación con el PIB, debido básicamente a los capítulos de educación y sanidad.

El periodo desarrollista supuso un cambio histórico de proporciones desconocidas en la historia española, el cambio registrado en la estructura social e ideológica de las clases de España ha sido designado como el de la “socialdemocratización material” base de un incipiente estado del bienestar autoritario. A mediados de los 70 la mayoría de la población vivía en ciudades, recibía un salario con derecho a ciertas prestaciones sociales y sanitarias, comenzaba a acceder a una educación pública gratuita, a viviendas propias, vehículo y a una variada y creciente oferta de bienes de consumo.

La mentalidad de la clase media, caracterizada por las expectativas de ascenso social, de progreso lineal y continuado dentro del orden existente, se convirtió en fuente de cohesión social, aún en un contexto institucional fuertemente jerarquizado y represivo.

El desarrollismo español situó a nuestro país entre los países de la Europa dependiente, a medio camino entre los estados poderosos del norte y los pobres del tercer mundo, en posición de “semiperiferia”.

A finales de los años sesenta el modelo de crecimiento empezó a dar señales preocupantes en los países occidentales más desarrollados, aunque hasta los setenta no se manifestó abiertamente su crisis. Los incrementos de productividad disminuyeron , las crecientes demandas sociales presionaban al estado para derivar recursos desde las esferas de la acumulación (producción) hacia la reproducción social (consumo), como consecuencia disminuyó la rentabilidad de los capitales (lo que frenó las inversiones) y estalló la crisis fiscal del estado.

En España el nuevo ciclo se caracterizó por la confluencia de dos procesos: la instauración de un nuevo ordenamiento político, basado en la constitución democrática que garantizaba las libertades civiles, y la crisis y reconversión del modelo socioeconómico.

Por otra parte, el reconocimiento constitucional de la diversidad nacional del estado español (pluralidad lingüística y diversidad cultural) construyó un marco que podría propiciar la convivencia normalizada de la “diferencia”. Frente al modelo unitario y centralizador del antiguo régimen, el 2estado de las autonomías” abre las puertas a un juego de identidades múltiples dentro del espacio estatal.

Este periodo se caracteriza por un incremento de las interrelaciones a nivel mundial (la globalización económica). En España la apertura a procesos de internacionalización se ha registrado en todos los ámbitos: en el económico (disminución del proteccionismo, implantación de empresas extranjeras, reconversión de sectores productivos, creciente importancia del sector financiero y especulativo etc); el institucional ( traspaso al ámbito de la Unión Europea de ciertos niveles de decisión, acompañado de un proceso de corporatización ene el que tienen más peso los “lobbies” de influencia que los mismos parlamentos); y el ideológico (Europa se ha constituido en paradigma de la modernidad y horizonte incuestionable, Africa y el Tercer Mundo se configuran cada vez más como distintas, en tanto pobres y atrasados).

Durante estos años se detuvo bruscamente la emigración hacia el exterior y retorna al país más de medio millón de emigrantes (la mayoría desde otros países europeos). Las migraciones interiores se ralentizaron en paralelo con el aumento del desempleo en las ciudades y la expansión de los sistemas de protección social (pensiones, subsidio agrario…) Además el índice de natalidad descendió aceleradamente hasta situarse en el más bajo de toda Europa. La estructura social sufrió variaciones de índole no coyuntural. Entre la población ocupada se registró el decrecimiento del proletariado industrial y de los empleados en la agricultura y una fuerte expansión del empleo en el sector servicios. Paralelamente se consolidó un paro estructural importante (del 1% en 1970 al 23% en 1993), se desarrolló la precarización del mercado de trabajo, así como la expansión económica sumergida; procesos que confluyen en un incremento de la polarización y fragmentación social con un crecimiento simultaneo de los puestas más cualificados.

Este proceso de fragmentación pone en cuestión los mecanismos de integración de las clases subordinadas construido en el periodo desarrollista.

De las expectativas de una sociedad de “clases medias” que tiende a reducir sus extremos inferior y superior, se pasa a al realidad de una creciente diferenciación de las formas de inserción laboral, niveles salariales, condiciones de trabajo o protección social.

Por tanto los españoles se encuentran en circunstancias sociales diversas, tanto entre sí como respecto a su pasado inmediato y a su valoración del extranjero como concepto. Desde su particular inserción en este contexto concreto (fin del desarrollismo, crisis del estado protector y sus mecanismos integradores, globalización creciente de la vida económica, transferencias de niveles de decisión a instancias supraestatales) los grupos elaboran su identidad social, estableciendo las fronteras entre el “nosotros” colectivo y el mundo de los “otros”.