Plan para la integración social de los inmigrantes

Los procesos migratorios no son un fenómeno nuevo en la historia de las sociedades. Pero, en la actualidad, la creciente importancia de las desigualdades entre países a escala mundial, lejos de mitigar el problema lo han acentuado, y la imagen del inmigrante se asocia muy frecuentemente a la pobreza y la marginación. La intensidad de los flujos de inmigrantes, y especialmente el origen y destino de los mismos, constituyen aspectos más novedosos de los actuales fenómenos migratorios. Concretamente, y respecto a España, el cambio más significativo lo constituye, sin duda alguna, el haber pasado desde hace ya más de 15 años de ser país emisor a país receptor de inmigrantes.

La procedencia de la mayor parte de los trabajadores inmigrantes que llegan a España (aparte de los europeos, que suelen ser en general de alto status ocupacional), es fundamentalmente de Hispanoamérica y Marruecos. Este hecho, y probablemente el que su número sea todavía muy inferior al que reciben otros países europeos, puede que explique que los problemas culturales de integración y asimilación sean todavía poco virulentos cuando se les compara con los que se producen en otras sociedades europeas. En cualquier caso España se sitúa entre los países europeos con menor proporción de inmigrantes, inferior incluso al 2% sobre la población española total.

No obstante, y de forma particularmente acusada a lo largo de los últimos años, se han producido en España hechos aislados de xenofobia que han alertado a la opinión pública sobre la posible aparición de actitudes más generalizadas en el futuro, en este sentido el impulso de políticas orientadas a la integración de los extranjeros se vuelve como una herramienta clave de cara a los próximos años.

El desarrollo económico experimentado por España durante los últimos años, enfrenta a nuestra sociedad a un nuevo reto: la acogida de trabajadores extranjeros, atraídos por las oportunidades de empleo y los niveles de bienestar existentes.

El Gobierno, en comunicación dirigida al Congreso de los Diputados en diciembre de 1990, remitió un informe sobre la situación de los extranjeros en España y las líneas básicas de la política española de extranjería. Por su parte, el Congreso, en abril de 1991, aprobó una proposición no de Ley, en la que se instaba a adoptar una serie de medidas, articuladas en torno a tres ejes fundamentales: control de los flujos, integración de los inmigrantes y ayuda al desarrollo de los países de los que los inmigrantes provienen. Con todo, el Gobierno español ha llevado a cabo durante los últimos años un amplio conjunto de medidas, prestando una atención prioritaria a resolver las situaciones de irregularidad y a controlar los flujos. La situación dista mucho, sin embargo, de estar resuelta, pues las medidas de regularización y control resultan insuficientes si los inmigrantes establecidos no progresan en la integración. Pero ésta difícilmente será factible, si los flujos se producen de forma incontrolada.

Pone de relieve Cristina Alberdi que a pesar de que control e integración constituyen las dos vertientes de una misma orientación, se ha señalado con reiteración que la política de extranjería, reflejo de lo que ocurre en los países conservadores de Europa, se plasma casi exclusivamente en formulaciones negativas: evitar nuevos flujos, eliminar la utilización masiva de la vía de asilo, reforzar las fronteras exteriores. Esta concepción se compadece mal con una visión abierta sobre el significado positivo de los flujos migratorios y ha sido característica de las posiciones menos progresistas y solidarias de los pueblos europeos a lo largo de su historia, cuando han visto con recelo a colectivos o minorías étnicas, socialmente diferentes.

Alberdi propone que frente a esta mentalidad, característica de la política de extranjería, es necesario articular una política de inmigración, que, sin abandonar los aspectos relacionados con la limitación y el control de los flujos, enfatice la necesidad de subrayar los aspectos referidos a la integración de los inmigrantes y la cooperación al desarrollo. Estos aspectos requieren, por su propia naturaleza, capacidad para suscitar la movilización social y el compromiso solidario, pues es con la mediación de la sociedad civil, a través de las organizaciones no gubernamentales y de las distintas formas asociativas que constituyen el tejido social, como estos procesos alcanzan virtualidad y eficacia.

En esta dirección, el Consejo de Europa y su Asamblea Parlamentaria han sido pioneros en la aprobación de documentos y resoluciones, como lo revela la comunicación sobre las políticas de inmigración y derecho de asilo de la Comisión Europea, cuyo objetivo, sobre la base de un planteamiento global, es dar “una respuesta integrada y coherente, que combine realismo y solidaridad, a los desafíos que plantean a la Unión en su conjunto las presiones migratorias y la integración de los inmigrantes legales”.

La comunicación de la Comisión aborda como punto de partida el acuerdo previo sobre la necesidad de un planteamiento global que aborde los componentes claves de una política de inmigración eficaz:

 Medidas para actuar sobre las presiones migratorias, en particular a través de la cooperación con los principales países con candidatos a emigrar hacia Europa.

 Medidas para controlar la inmigración, manteniéndola dentro de unos niveles aceptables.

La ventaja de un planteamiento global es que hace posible coordinar las medidas de control y admisión con la cooperación a largo plazo con los países y regiones de origen, así como una activa política para mejorar la situación de los ciudadanos de terceros países que ya residen legalmente en la Unión.

Merece la pena poner de relieve como en las elecciones al Parlamento Europeo, todos los programas electorales coincidían en estos dos objetivos:

 Impulsar una política común de inmigración que regule los flujos hacia la Unión Europea.

 Realizar una política activa en favor de la integración social y cultural de los inmigrantes legales, luchando contra toda manifestación de ra- cismo y xenofobia y penalizando sus más graves manifestaciones.

Por su parte, el Gobierno español considerando que la política inmigratoria forma parte de los programas de actuación de largo alcance que han de desarrollarse dentro del marco global de los Tratados de la Unión Europea y de Schengen, tomó como iniciativa el realizar una política de integración, que se fundamentara en un compromiso asumido por cada una de las partes implicadas, de tal manera que la sociedad española adopte una actitud abierta y tolerante con las diferencias y peculiaridades que caracterizan a los distintos grupos de inmigrantes y que éstos, a su vez, asuman las normas y valores que sostienen la convivencia democrática en nuestra sociedad.

Con ese propósito se aprobó el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes. El Plan define claramente los objetivos que se pretenden alcanzar con su puesta en marcha:

 Eliminar cualquier tipo de discriminación injustificada, tanto en el ejercicio de derechos como en el acceso a los servicios existentes. El principio de no discriminación constituye un elemento central, tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de nuestra propia Constitución, de ahí que el primero de los objetivos sea el de evitar la discriminación, en cualquiera de sus modalidades.

 Promover una convivencia basada en valores democráticos y en actitudes tolerantes. Una sociedad está más integrada y mejor articulada cuando existe un mayor grado de acuerdo en la identificación de los elementos esenciales que garanticen la convivencia y que mantenga una actitud tolerante ante las diferencias. La sociedad española ha consolidado, con esfuerzo, un sistema de valores democráticos y de libertades, que constituyen la base esencial de nuestra convivencia. Estos valores son los que deben inspirar la convivencia entre todas las personas que integran la sociedad.

 Garantizar al inmigrante una situación jurídica y socialmente estable. La precariedad legal o administrativa representa, con frecuencia, un obstáculo insalvable y termina por derivar hacia la marginación. La adopción de medidas que favorezcan la seguridad de residencia y la estabilidad representan un factor esencial para la integración.

 Combatir las barreras que dificultan la integración. Los inmigrantes son uno de los colectivos que parten de situaciones sociales en desventaja, y que se encuentran con determinadas barreras. La primera limitación está representada, en muchos casos, por la barrera lingüística, que impide la comunicación y el conocimiento recíprocos. Pero, junto a barreras evidentes, existen otras muchas, tanto de naturaleza subjetiva como objetiva, que impiden a los inmigrantes disfrutar del principio de igualdad de oportunidades.

 Erradicar cualquier signo de explotación. Los inmigrantes figuran entre los colectivos más vulnerables. La posibilidad de ser explotados se inicia con frecuencia en su propio país, al caer bajo la influencia de redes organizadas que obtienen sustanciosos beneficios a cambio de un traslado inseguro y peligroso, y la promesa de facilitar un puesto de trabajo. La lucha contra las distintas modalidades de explotación de que pueden ser víctimas los inmigrantes, constituya uno de los objetivos esenciales del Plan.

 Movilizar e implicar a toda la sociedad en la lucha contra el racismo y la xenofobia. El incremento de sentimientos y actitudes de naturaleza xenófoba y racista constituye uno de los mayores escollos para una convivencia armoniosa. Es necesaria la movilización de la sociedad frente a todo tipo de manifestación discriminatoria e intolerante. En particular, los medios de comunicación social tienen una importante responsabilidad, dado que la mayor parte de la población forma su opinión sobre los inmigrantes por las imágenes que ellos transmiten.

La puesta en marcha de Plan para la Integración Social de los Inmigrantes

supone el desarrollo de un conjunto de medidas que buscan dar respuesta a las principales necesidades que los inmigrantes tienen en el seno de la sociedad española. Necesidades que representan un obstáculo para su integración y que afectan a importantes ámbitos y órdenes de la vida social: educativo y cultural, marco legal, ámbito laboral y profesional, convivencia territorial, así como la participación ciudadana.

Están previstas actuaciones de carácter normativo destinadas a regular las condiciones legales de permanencia y estancia en territorio español, los delitos migratorios, la persecución de conductas y actitudes xenófobas o racistas. Se proponen medidas que favorezcan la integración laboral a través de la orientación y la formación profesional ocupacional. También se contempla el acceso y el uso de los servicios sociales existentes y se establece la creación de unos servicios específicos cuando las condiciones así lo requieran, como puede ser en el caso de los niños, los jóvenes o las mujeres.

Para atender las necesidades educativas y culturales de los inmigrantes, se apuntan actuaciones que favorezcan el intercambio y el conocimiento mutuo de las culturas, la incorporación al sistema educativo de programas de información, la prevención del riesgo de comportamientos racistas y xenófobos, estimulando el multiculturalismo y la tolerancia. Y, por último, medidas en materia de participación social que animen la presencia de inmigrantes en asociaciones y organizaciones participativas. También se desarrollarán actuaciones para la sensibilización de los medios de comunicación sobre su responsabilidad, en base a un «código ético», en la participación y organización de campañas de información y sensibilización sobre prejuicios y estereotipos referidos a los inmigrantes.

Como complemento necesario de estas medidas, se crean dos instrumentos específicos que servirán para asegurar y garantizar la efectiva aplicación del Plan. El Observatorio Permanente de la Inmigración, que se encargará de elaborar diagnósticos que permitan conocer en cada momento la situación real y poder hacer así un pronóstico sobre la evolución y consecuencias que pueda tener el fenómeno inmigratorio en las sociedades de acogida. Y el Foro para la Integración de los Inmigrantes, como cauce para la participación y el diálogo y vía para la implicación de toda la sociedad en la búsqueda de soluciones y alternativas que exija la integración del colectivo.

Para la ejecución del Plan se va a contar con el concurso, la participación y la coordinación de todas las Administraciones Públicas, tanto a nivel de la Administración General del Estado, como de las Administraciones Autonómicas y Municipales.