La asistematicidad del sentido común, al decir de Clifford Geertz, “(…) se nos presenta en forma de epigramas, proverbios, obiter dicta, chanzas, anécdotas, contes motals —un estruendo de expresiones gnómicas—, y no mediante doctrinas formales, teorías axiomáticas o
dogmas arquitectónicos”.123
Enumero, a continuación, sólo algunos de esos “epigramas”, “dichos sentenciosos”, “palabras significantes”, “frases símbolos” o “frases estigmas”, verdaderos sobreentendidos sociales que descalifican simbólicamente al interlocutor, construidos y acumulados por el discurso político en estos últimos veinte años de democracia:
“Politización del tema”, “afán electoralista”, “falta de voluntad política”, “búsqueda de protagonismo personal”, “pagar los costos políticos”, “pasarle la factura”, “asistir a un linchamiento”, “cortina de humo”, “cancha flechada”, “no se puede sacar rédito político a algo tan serio”, “rasgarse las vestiduras”, “la población como rehén”, “yo no hago futurología”, “no tengo la bola de cristal”, “bajar la pelota al piso”, “ineficiencia estatal”, “limitar el ingreso”, “cantinflesco”, “actuación desprolija”, “no hay pruebas”, “campaña de desprestigio personal”, “jugarreta política”, “no nos prestaremos a ese circo”, “carnaval electoral”, “vender las joyas de la abuela”, “colocarse en la vereda de enfrente y apedrear el rancho”, “embestida baguala”, “no puedo confirmarlo ni desmentirlo”, “unidad no es unanimidad”, “renovadores somos todos”, “oposición constructiva”, “cultura de gobierno”, “negociar o confrontar”, “insensibilidad social”, “estrechez corporativa”, “terrorismo verbal”, “defensa de intereses sectoriales”, “el Presidente de todos los uruguayos”, “aquí hay gato encerrado”, “riesgo de estallido social”, “no se puede negociar y aplicar medidas de fuerza al mismo tiempo”, “modelo neoliberal de país”, “los dos proyectos de país”, “los desafíos de la izquierda”, “nos debemos un gran debate”, “adaptarse a los nuevos tiempos”, “el contexto regional de crisis”, “en declaraciones off the record”, “las reformas que el país no puede seguir postergando”, “estamos de acuerdo en los grandes objetivos y discrepamos en matices, en los instrumentos y plazos”, “nunca más”, “mirar para adelante”, “ajustarse el cinturón”, “el esfuerzo que se reclama a la población a cambio de...”, “los hechos laudados por la Ley de Caducidad”, “contención del gasto público”, “por más que hagan paro no modificarán la política del Poder Ejecutivo”, “la inflación no es de izquierda ni de derecha”, “grupos nostálgicos”, “el malestar en filas castrenses”, “los energúmenos de siempre”, “recuperar la confianza de los inversores extranjeros”, “rendición de cuentas gasto 0”; “no se puede aprobar gastos sin tener los recursos”, “según como lo mire el vaso puede estar medio lleno o medio vacío”, “honrar la deuda”, “we are fantastic”.
el cansancio, con el tiempo y las crisis que se suceden en el país van provocando un efecto inverso a su eficacia original: el “efecto saturación” en sus receptores, con el consiguiente agotamiento de la palabra institucional: la distancia entre la emisión y la recepción, entre el enunciador gubernamental y el receptor ciudadano, se fue ampliando cada vez más.
Entonces, algunos sectores sociales empezarán a dejar de reconocerse en los mensajes políticos (sean de izquierda o de derecha), que dicen siempre lo mismo sobre las mismas cosas varias veces al día y durante muchos años. El final de este proceso, al menos para la clase gobernante tradicional, comienza a transitarse recién a partir de la crisis de junio del año 2002 y el fenómeno del zapping ante su sola comparecencia televisiva es uno de los indicadores más significativos de esa protesta de la opinión pública ante la falta de credibilidad de los “estadistas”.
Recordemos, nuevamente, que las instituciones son un “territorio privilegiado de la repetición, con marcas rutinarias, aburrimiento programado, ritmo de lo igual, identificándose la ‘mecánica repetitiva’
con la eficacia”.124 Por otra parte, “el carácter de ‘fórmula’ que tengan los
significados institucionales aseguran su memorización”125 o, como dice
Gramsci, “la repetición es el medio didáctico más eficaz para operar sobre
la mentalidad popular”.126 A través de la repetición de los estereotipos y
prototipos discursivos parecería, entonces, que “los significados residen en el uso, y los usos posibles están determinados en el sentido común;
allí reside el sistema de referencias de las palabras”.127
Siguiendo esa línea de razonamiento, como ya adelanté, otra de las características generales del tránsito discursivo de la dictadura a la democracia es la instalación del discurso público de la obviedad.
Según Clifford Geertz, la “naturalidad” es la propiedad fundamental (y primera) del sentido común, por la que “impone un aire de ‘obviedad’, un sentido de ‘elementalidad’ sobre las cosas —(...) sobre ciertas cosas escogidas, subrayadas—. Éstas se representan como si fueran inherentes a la situación, como aspectos intrínsecos de la realidad, como el rumbo
que toman los acontecimientos”.128
Así, enunciados que no tendría sentido reiterarlos permanentemente en forma pública, lo adquieren como parte de un mecanismo discursivo que necesita confirmar a cada rato la “situación normal” y/o desmentir a cada rato la “situación anormal” o difundir tal o cual decisión gubernamental a la vez que desmentir tal o cual rumor sobre las intenciones de los gobernantes al adoptar tal decisión.
Una especie de circularidad de sentidos en los anuncios públicos hace pensar o suponer a los ciudadanos que alguna razón habrá (manifiesta u oculta) para que las autoridades reafirmen siempre la “normalidad de la situación” del país; al mismo tiempo, alguna duda razonable les surgirá a esos ciudadanos acerca de por qué los políticos insisten tanto en destacar esa situación normal (si efectivamente todo
está bien) o sobre el peligro que pueden correr si lo que dicen no es verdad (si no, para que insisten).
En caso contrario, si hay riesgos de una crisis inminente, la denuncia acerca de la “anormalidad de la situación” por parte de la oposición política implicará, inmediatamente, la reafirmación gubernamental de la “normalidad de la situación”, asegurando así “tranquilidad a la población”. Pero, una vez confirmada la crisis en la realidad, nuevamente se reiteran las promesas oficiales acerca de una “pronta vuelta a la normalidad” o “la superación definitiva de la reciente crisis” (que habían negado anteriormente).
Como dice Searle, “la gente recuerda normalmente sus propios nombres, saben si tienen o no tienen dolor (...). En general, es inapropiado aseverar de una situación particular, standard o normal, que es una situación standard o normal a menos que exista alguna razón para suponer, o para suponer que alguien podría haber supuesto,
etcétera, que podría haber sido una situación no standard o normal”.129
O sea, insistir en señalar que una situación es normal es destacarla por sobre otras, y al hacerlo, al mismo tiempo, se está sugiriendo que puede no ser normal o podría no haber sido tan normal. Por eso, como continúa Searle “si un hablante que está describiendo una situación no conoce ninguna razón por la que alguien pudiera suponer que la situación no es standard o aberrante o necesitase que se le recordase su carácter standard, entonces, aseverar que se trata de una situación standard es, simplemente, algo fuera de lugar”.
Ese “algo fuera de lugar” de las situaciones normales-anormales, es un sinsentido del funcionamiento genérico del sistema político que, a través del discurso redundante, obvio, trivial o “más de lo mismo”, instrumentaliza o capitaliza los hechos de la realidad en cualquier sentido: afirmo-reafirmo-confirmo; miento-desmiento; niego-acepto. En conclusión, se trata de hilvanar múltiples combinaciones simultáneas: afir mando y/o negando; insinuando mediante rumores y/o desmintiéndolos mediante declaraciones; confirmando la situación real o verdadera como normal y descartando su crisis (vaya uno a saber). Es y no es (o puede ser) al mismo tiempo; pasó pero no volverá a pasar; podría eventualmente suceder si no se toman las medidas pertinentes, que ya se tomaron; etcétera.
Así sucedió en los trágicos ejemplos de la crisis de la aftosa y la crisis bancaria; cuando se denunció el atraso cambiario y la devaluación tardía de la moneda; cada vez que se rumorea una suba de tarifas públicas y se especula con el precio internacional del petróleo; cuando los malos negociados de nuestras empresas públicas en el exterior o
cuando se deben encarar los términos de las negociaciones con el FMI;
cuando se anuncia la posible apertura de mercados cárnicos en tal o cual lugar del mundo o cuando estalla una protesta en un penal o colonia de menores; cuando se denuncian violaciones a los derechos
humanos o se descubren nuevas verdades y responsables del terrorismo de Estado. En síntesis, cuando se declara, por enésima vez, la “consolidación” de la democracia uruguaya, la “estabilidad” de la economía y la “confianza” de los organismos internacionales de crédito y los inversores privados.
En este contexto, la distinción entre verdad y mentira con relación a lo que acontece en la realidad ‘objetiva’ (independientemente de la contextualización que de ella hace el discurso del poder), se torna difusa y confusa: ¿sucedieron realmente los hechos como dicen los gobernantes?, ¿sucederán?, ¿se volverán a repetir luego que se negó que iban a suceder y finalmente sucedieron?, ¿estará superada definitivamente la crisis?
En términos más generales, bueno es reconocer que en esta época pospolítica de ficciones y simulacros, la mentira ha cobrado un papel relevante para generar “efectos” de verdad y de realidad desde el poder político, como queda más que demostrado en la invasión norteamericana a Iraq, pretextada (en verdad): “por la posesión de armas de destrucción masiva” (una mentira).
En nuestro ejemplo uruguayo más modesto, hay una mentira subyacente a la reinstitucionalización democrática: la promesa de verdad y justicia respecto a la violación de los derechos humanos en la dictadura transformada luego en la impunidad bajo la Ley de Caducidad. De esa mentira fundante a la última mentira con relación a la estabilidad del modelo “plaza financiera”, hay una continuidad de falsedades, negaciones u omisiones del Estado que hacen al deterioro de la moral institucional, por ende, a la ética de la palabra pública en los últimos treinta años de la historia política nacional.
El discurso político mentiroso es tal porque, por un lado, omite o niega ciertos hechos de la realidad mientras absolutiza la visión parcial de la misma que le resulta compatible con su propuesta económica, política o de derechos humanos, presentándola como “la” verdad, “la” realidad”, “lo” racional.
Pero también el discurso de los políticos es mentiroso en la definición agustiniana de la mentira: “decir lo contrario con la intención de
engañar”.130 No obstante haber “cantado la justa” respecto a sus
proyectos de liberalización de la economía y caducidad de la pretensión punitiva del Estado, en la medida que ese modelo de desarrollo entró en crisis irreversible en julio-agosto del año 2002, la mentira del discurso oficial reside en el contraste entre aquellas idealizaciones y promesas hechas durante casi veinte años y la realidad actual que las desmiente. Por otra parte, en la medida que con el paso del tiempo aparece nueva información y documentación histórica sobre el terrorismo de Estado y la injerencia de los Estados Unidos en la región o a medida que la situación de los derechos humanos avanza más en los países vecinos con relación al nuestro, más mentirosa resulta la versión
interpretativa de los hechos sobre el pasado reciente sistematizada por el discurso político dominante durante casi dos décadas.
En todo caso, a través de los ejemplos que ilustran el uso de la mentira en el discurso político lo que interesa analizar no es tanto el caso del político que personalmente miente y manipula (que sí los hay) sino lo falso o poco verosímil de la palabra institucional que inviste, y esto nada tiene que ver con la legitimación electoral o representación partidaria que detenta. Expresado de otro modo, el problema que realmente interesa para el análisis colectivo no es que el político como persona se vaya al infierno por mentir sino cómo las instituciones políticas —la palabra, la representación, las promesas— se desinstitucionalizan, decaen en su significación y credibilidad públicas por mentirosas. Eso sí afecta la consolidación de la democracia posdictadura.