El discurso estatal que monopoliza los sentidos en el Uruguay posdictadura también terminará imponiendo un léxico político único del decir público, una convención generalizada que hace a todos los políticos nombrar con las mismas palabras los pocos acontecimientos y sujetos
que alcanzan el estatus de “significativos” en la democracia política y, por tanto, “nombrables” públicamente.
A partir de esa capacidad de “dar nombre” o “colocar etiquetas” a las cosas, los políticos y los medios de comunicación logran hacer aparecer determinado tipo de gente que responde a sus categorizaciones (marginales, menores infractores, el “Rambo”, el “plancha”, radicales, revisionistas, tolerantes), en una especie de “efecto de los nombres sobre los seres humanos”, que comprueba esa predisposición de las personas
a “dejar que se redefina la noción de uno mismo”.72
Al respecto, uno de los objetivos de la clase gobernante en el Uruguay posdictadura consistió en redefinir los sujetos de la acción política y las formas de la acción colectiva, propias de un universo social heterogéneo, movilizado y politizado en los años sesenta, en la lucha contra la dictadura y en la transición democrática. Procedió así tratando de “recapturar” la legitimidad del hacer política para los políticos profesionales y gobernantes y de “reglamentar” las prácticas sociales colectivas. El espíritu militante y contestatario de la sociedad antidictadura será debilitado a favor del voto como único significante de la democracia posdictadura, las elecciones como única forma de participación formalizada de la ciudadanía y los representantes y gobernantes electos como los únicos sujetos autorizados para las prácticas políticas cotidianas.
Despolitizar a la sociedad y encauzar el carácter disruptivo de la protesta pública, des-apasionar la historia reciente connotada por las intensas vivencias personales de sus protagonistas, negar la identificación de las víctimas del terrorismo de Estado y su exclusiva pertenencia a los partidos y grupos de izquierda son todos procesos que, de una manera u otra, también se relacionan con la “formalización” del lenguaje político en torno a un léxico común “neutral”, admitido por el consenso de las elites. Esto es, el lenguaje político instituido pasa a ser otra de las formas de fijación de los sentidos del orden estatal posdictadura.
Las prácticas discursivas o significantes, como partes de las prácticas sociales, deben sujetarse a reglas —las del juego de la política representativa— y a fórmulas de etiqueta —los “buenos modales” de la sociedad tolerante—, impuestas por las elites partidarias como forma de erradicar los efectos contestatarios significativos del lenguaje de la izquierda sesentista y los deslizamientos de sentido de las palabras políticas (la “metaforización” del lenguaje, el “doble sentido”, la ironía, la polisemia de los conceptos), que fueron muy eficaces en la lucha contrahegemónica en los años sesenta, y luego, en la resistencia simbólica a la dictadura.
Ahora, la palabra pública como signo o convención, la reducción del número de vocablos en uso, la limitación de su alcance figurativo y su circulación en los ámbitos exclusivos del sistema político
(gubernamentales, parlamentarios, partidarios, televisivos), también produce un efecto de elitización de las voces autorizadas para pronunciarlas.
Los gobernantes, políticos profesionales y tecnócratas, cual copistas que dominaban el latín en la Edad Media, en nuestra posdictadura, son los únicos portadores de la palabra pública y representantes de su sentido correcto y, en tanto tales, pueden hablarla, escribirla, interpretarla, corregirla, tanto en los cenáculos parlamentarios como en las escenificaciones mass mediáticas.
O sea, la democracia liberal posdictadura entendida como “procedimiento” o “reglas de juego”, omite decir que tales reglas son “constitutivas” (J. Searle) del propio juego; definen no sólo cómo se juega y dónde se juega; también, quiénes juegan. Esa formalización electoral de las prácticas políticas colectivas y delegación de los mandatos populares en los representantes partidarios conlleva, necesariamente, a un empleo convencional del lenguaje político como requisito para ser admitido como político “responsable” por el establishment y así poder jugar a la política “representativa”, actuar en los recintos parlamentarios y partidarios legitimados y ser consultado y publicitado por los medios de comunicación de masas como vocero “calificado” del sistema. El temprano desafuero del senador frenteamplista José Germán Araújo servirá siempre de “gran escarmiento” simbólico y mostrará el límite de la tolerancia discursiva de los políticos tradicionales.
Por eso mismo, la democracia posdictadura lo es de los “buenos modales” en público, sólo nombra sin excesos verbales, sin gestos de “puños crispados” y sin metáforas, requisitos de una sociedad “tolerante” y de una política “realista”, ni voluntarista ni ideologizada.
A partir de allí, se diseña un campo discursivo que, como señala Michel Foucault, fija límites y formas, entre otras: -de la decibilidad: ¿de qué se puede hablar en democracia?, ¿qué es lo que ha sido constituido como dominio del discurso?, ¿qué tipo de discursividad ha sido afectada a tal o cual dominio?; -de los límites y formas de la memoria: ¿qué enunciados se reconocen como válidos, discutibles o inválidos?, ¿cuáles han sido abandonados como despreciables y cuáles han sido excluidos como extraños?; -de los límites y las formas de apropiación: ¿qué individuos, qué grupos, qué clases tienen acceso a determinado tipo de discurso?, ¿cómo es institucionalmente la relación del discurso con el que lo sustenta, con el que lo recibe?, ¿cómo se desarrolla la
lucha por la asunción de los discursos?73
A través del léxico único, las palabras políticas iguales en boca de todos los políticos, recuperan la noción de neutralidad perdida en los años sesenta, ya que su generalización desidentifica las referencias ideológicas o la historia de los conceptos y sus portadores, las torna inofensivas para criticar o polemizar. Todas (y todos) dicen lo mismo. A símil del lenguaje científico, el ascetismo tecnocrático las codifica, las
estandariza y desideologiza para que no signifiquen lo que significaron en el pasado reciente ni puedan llegar a significar lo que deben significar en el presente como alternativa a lo real existente. De allí la tendencia a presentar la realidad social en clave “económica”, “técnica” o “estadística” o a describirla a través de sus “datos”, “indicadores” y “parámetros”.
Asimismo, el discurso político único bloquea la capacidad de “decir” las demandas desarticuladas de la sociedad civil, no deja entrar al circuito público a los que no tienen voz que, por tanto, son irrepresentables; por otro lado, elude la incorporación de ejemplos o pruebas contrafácticas a la racionalidad dominante, aquellas que hablan de las inconsistencias del poder o de las contradicciones de su realidad construida o de sus errores de gestión.
En ese marco general, el consenso de las elites como mecanismo de dominación en el Uruguay posdictadura tiene por efecto, entre otros, un acuerdo común sobre el sentido único de las palabras políticas que, desde otro ángulo, va a marcar la “falta de compromiso” de los significados, el fin del lenguaje crítico y polémico en tanto, como dice J. Searle, “retirarse del uso comprometido de las palabras debe incluir, en
última instancia, una retirada del lenguaje mismo”.74 La doxa así
construida durante veinte años, sin giros lingüísticos ni metáforas, también es parte constitutiva de una actividad política sin sorpresas, previsible, rutinaria.
En ese tedio democrático, la monotonía del discurso político profesional, el cliché y el estigma imponen un “concepto ritualizado que se hace inmune a la contradicción” (H. Marcuse), aunque ello marca un adelantamiento de la muerte de la política, en tanto ámbito de lucha, contradicciones y conflictos por las palabras.