Como bien analiza Carlos Liscano en su Ejercicio de impunidad, “la palabra, el modo de nombrar y calificar, implican una actitud ante los hechos (…) también el silencio es significativo, implica una actitud ante los hechos”. Por lo tanto, “las palabras, o su contracara el silencio, no
son indiferentes”.81
En ese sentido, la restauración de la democracia posdictadura implicó no sólo la lucha por la palabra pública, por el sentido o el sinsentido del pasado reciente, como ya señalé sino, también, por los silencios sobre lo importante: la falta de respuestas públicas, los secretos de Estado o el “no tengo conocimiento” de los gobernantes. En este ámbito, el discurso político dominante actúa en una doble dimensión: por un lado, opera como discurso de silencios, desmemoria u ocultamiento de la verdad; por otro lado, trabaja activamente para evitar que “las palabras signifiquen lo que deben”, sobre todo después de la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad, en 1986.
Al respecto, se produce un fenómeno de re-semantización de la palabra pública que pasa a formar parte del léxico único de los políticos profesionales y de los comunicadores buscando que, a poco de andar la democracia, las palabras perdieran el rastro de su significado original acuñado en los años sesenta y en la lucha contra la dictadura: “gobierno de facto” por dictadura; “excesos” o “apremios físicos” en lugar de torturas; “pérdida de referentes” en lugar de crímenes de lesa humanidad; “obediencia debida” en lugar de plan sistemático de represión y torturas; “pacificación” en lugar de impunidad; “sin vencidos ni vencedores” en lugar de víctimas y victimarios; “todos fuimos culpables” en lugar de responsables institucionales; “intolerantes” por
militantes; “economía de mercado” en lugar de sistema capitalista.82
Lo dificultoso de procesar en poco tiempo, y colectivamente, ese tránsito de sentidos y significados de las palabras políticas se relaciona con el sobredimensionamiento del orden simbólico en la etapa posdictadura. Es que allí (como dice O. Landi) “está en disputa el régimen de verdad de la sociedad, los tipos de discurso que ésta acepta y hace funcionar como verdaderos, los mecanismos e instituciones que permiten
distinguir los enunciados verdaderos de los falsos”.83
El “orden simbólico” como universo de sentidos interactúa con el “orden político” como universo de legitimidades. Puede afirmarse, entonces, con O. Landi, que la política en la inmediata etapa posdictadura “se construye como conflicto entre representaciones del ‘buen orden’ enmarcado en el conflicto por la hegemonía de la sociedad”. Y, si es en
los juegos de discursos donde “tiene lugar la producción social de
sentidos”,84 digamos que el discurso liberal de la clase política tradicional
se mostró más eficaz, más creíble para la sociedad que el discurso opositor de la izquierda (o que los discursos emergentes) a los efectos de capturar el sentido del “buen orden” democrático.
En ese marco general es que, parafraseando la célebre fórmula de John Searle, puede sostenerse que el discurso hegemónico en el Uruguay posdictadura justificó el orden político por actos de habla más que por actos de fuerza (como la dictadura). Expresado de otra manera, rehizo el orden con palabras.
No es que la violencia del Estado esté ausente en democracia, ¡justamente!, luego de once años de dictadura en el país y en la región del Cono Sur de América Latina. Pero, por eso mismo, luego de la dolorosa experiencia vivida en carne propia por todos los uruguayos, la misma no necesita exhibirse en público para creerle. Ese “plus” de autoridad obtenido en el pasado reciente se capitaliza y recicla por el Estado en el presente como violencia latente o violencia simbólica. Por eso mismo, la democracia puede restaurarse bajo la apariencia de ser un sistema político no-violento en el entendido de violencia física ejercida en forma directa contra la ciudadanía.
Aunque, por las dudas, están ahí intactos los aparatos de coerción protegidos por la Ley de Caducidad y los partidos tradicionales, igualmente capaces de reinstalar (o amenazar con reinstalar) la violencia en acto si algún conflicto social agudo compromete la seguridad pública o si el terrorismo internacional amenaza nuestro estilo de vida.
Pero esa capacidad de dominación coactiva del capitalismo tiene un ejercicio o “código positivo”, que es “su capacidad de seducción, de integración simbólica, asociada a la resignificación más o menos
expandida de los sentidos de vida”.85
En ese contexto, la palabra estatal, sobre todo a partir de 1985, actuó como un discurso de autoridad, apelando menos al argumento de la fuerza bruta (como hizo en el pasado reciente) y más a la fuerza simbólica para la creación de interpretaciones, sentidos y símbolos dominantes. El discurso político institucional, “al nombrar las cosas
las hace existir”,86 no necesariamente a través de órdenes expresas
respaldadas por la fuerza o por una racionalidad intrínseca, sino por medio de palabras o símbolos de autoridad que, al insinuarse o decirse públicamente por políticos y gobernantes o escenificarse por los medios de comunicación masivos, producen efectos de realidad en la población. En síntesis, el discurso estatal a la vez que “enuncia el orden de la
sociedad” funciona como una “palabra de orden”.87
A propósito, John Austin estableció aquellos casos que llamó enunciados realizativos, en los que “decir algo es hacer algo”.88 Parecería
así que el discurso gubernamental, en su propia práctica discursiva
las palabras que nombran o los ejemplos que explican, colocados dentro de un dispositivo de enunciación y estrategia institucional de poder, generan a través de sus ámbitos legitimados y enunciadores privilegiados un sentido de realidad y un criterio de verdad que las personas comunes (y no tanto) aceptan y asumen como propios, sin cuestionarlos a la hora de hacerse una composición de lugar, adoptar decisiones, apoyar a los mismos políticos con su voto o resolver sus asuntos domésticos (si se endeudan en dólares; si pasan al consumo de energía eléctrica).
Por eso mismo, avanzada la década de los años noventa y acallado el debate sobre la implosión del “socialismo real”, los discursos políticos sustituirán a las ideologías como rasgo del Uruguay pospolítico.