La eficacia del proceso de reinstitucionalización y relegitimación liberal de la sociedad uruguaya posdictadura se basó en el tratamiento de la historia como uno de los ejes del discurso político y uno de los fundamentos para recabar la obediencia de los uruguayos. Este tratamiento logró, finalmente, disolver el carácter épico de la historia de los años sesenta y de lucha contra la dictadura en el consenso apacible y tolerante de las mayorías electorales.
El tratamiento de la historia deviene así una prolongación de los recursos ideológicos del poder estatal y de la clase gobernante para recuperar su monopolio interpretativo, erosionado por la historiografía crítica de los años sesenta y las prácticas sociales incorporadoras de la historia de luchas recientes.
La visión hegemónica sobre el pasado “logra definir una memoria
oficial”178 que trata de reducir la carga emotiva contenida en el
protagonismo del “factor popular” y evitar que el carácter masivo y épico de la historia reciente sea reivindicado como señal de identidad colectiva en la democracia recuperada.
Por eso mismo, la reescritura de la historia desde el poder estructura una memoria del Estado sobre la sociedad sesentista a los efectos de resignificar la cultura del miedo y la percepción de amenaza a la estabilidad democrática recuperada. Al hacerlo así, la permanente “presentificación” de la dictadura o las “escenificaciones” de la radicalización social en el pasado reciente devienen dispositivos simbólicos fundamentales para relegitimar la autoridad gubernamental en la actualidad. Asimismo, configuran un “paradigma” interpretativo que busca efectos de censura y/o autocensura sobre la comunidad de historiadores, cientistas sociales, politólogos y periodistas respecto al tratamiento e investigaciones sobre aquella época.
La sistematización de una historia “administrada” por el Estado tiene directa relación con el proceso de “formalización” de los comportamientos de la sociedad uruguaya posdictadura tendente a reducir las incertidumbres y la espontaneidad de la acción social colectiva.
A propósito, recordemos que, entre 1967 y 1973, la crisis y el proceso de rearticulación autoritaria de la relación Estado-sociedad precipitaron una coyuntura de conflicto generalizado que, entre otros efectos,
promovió el “acceso masivo a la conciencia histórica”,179 sea como
experiencia de la historia —el protagonismo de vastos sectores obreros, estudiantiles y de capas medias—, sea como sentido de la historia —la lucha consciente por dotar de interpretación y orientación racional a los acontecimientos desencadenados—.
En ese marco, el liberalismo-democrático dejó de ser el referente ideológico unívoco de la sociedad verificándose, por un lado, la imposición de un liberalismo-conservador desde el discurso del Poder Ejecutivo del Estado y, por otro lado, la intermediación de otros proyectos crítico- alternativos sistematizados desde fuera del paradigma liberal. Son hechos ilustrativos de este último proceso, tanto el desarrollo e incidencia de las ideas marxistas como la proyección crítica de las capas medias, principalmente los sectores de intelectuales, estudiantes y profesionales, así como la autonomización de aparatos ideológicos del Estado, en primer lugar, la Universidad de la República, que resultaron fundamentales para la generación del consenso contrahegemónico. La misma producción historiográfica del período (el “boom de la historia”) es una confirmación más de que las visiones liberales tradicionales ya no cohesionaban al conjunto social.
En esas décadas de crisis-conflicto-desarticulación de la relación Estado-sociedad surge una dinámica de la historia muy particular, que se extiende hasta el golpe de Estado y la huelga general, en junio-julio de 1973. Esa dinámica disruptiva y masificada entrelaza de manera compleja, tiempos, espacios e historias de vida que, al decir de Edward Carr, entablan un “diálogo sin fin entre el presente y el pasado” y que
hace a la presencia cotidiana de la historia: su politización.180
El golpe de Estado y la dictadura, se tomaron más de once años para generar otra historia de la sociedad uruguaya. A través de la represión y el miedo, el autoritarismo buscó cortar aquella dinámica de la historia, la sucesión e interrelación de los acontecimientos, su carácter épico, su dimensión social y política y sustituirla por una dinámica de privatización de la historia. Ello lo logra a través de la represión de la acción colectiva, la fragmentación del conjunto social, el aislamiento de los sujetos en su cotidianidad, la disolución de ámbitos públicos y de prácticas convergentes, la dispersión de solidaridades e identidades colectivas.
Sin embargo, en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, desde el plebiscito de 1980 hasta el voto verde, en 1989, la historia recuperará su dinámica pública y masiva, retomando la sociedad civil su capacidad de generar hechos políticos cotidianos y convergentes desde distintos ámbitos de acción. Se abre así paso el período optimista de la historia reciente de Uruguay, que llega, finalmente, hasta el resultado plebiscitario que confirma la Ley de Caducidad.
Para la clase gobernante que reasume sus poderes legítimos en marzo de 1985, se trató de revertir el proceso masivo del quehacer de la historia en los años sesenta y la euforia popular de los inicios de la recuperación democrática, diluyendo el optimismo democrático en el consenso tolerante: la convivencia pacífica entre víctimas y victimarios, entre vencidos y vencedores.
Controlar el pasado reciente en su dimensión práctico-política significa domesticar su proyección simbólica e incidencia en el imaginario de la sociedad posdictadura. La historia popular debe despolitizarse, dejar paso a una historia de privados, a un registro de cotidianidades y rutinas de subsistencia cuya única notación para los historiadores o politólogos sea igual a una crónica sobre la conducta de los dirigentes políticos o los comentarios electorales cada cinco años.
Al mismo tiempo, se trató de una apropiación de la historia nacional y del pasado reciente por el discurso político dominante. Esa relación entre historia y discurso “funda la posición de verdad del enunciador”: si la historia es el lugar de la verdad, el lugar del que relata es de donde puede hacerse la historia. “Y quien puede decir la verdad sobre el pasado,
la está diciendo también sobre el presente.”181
Esto habilita sucesivos deslizamientos de la realidad a las representaciones y de la verdad a las interpretaciones hechas desde el poder: del papel de los obreros en la resistencia antidictadura al rol del ciudadano en las elecciones; de las clases sociales a los “actores políticos”; del análisis de las estructuras a la descripción de los “escenarios más probables”; de los militantes a los representantes; de la lucha ideológica y los principios a los matices y posicionamientos; de la revolución social a la modernización liberal; del terror dictatorial a la impunidad institucional; del “Día de los caídos en la lucha contra la subversión” al “Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas”; de la reivindicación de verdad y justicia a la impunidad institucional.
En ese marco, historia y liberalismo se necesitan mutuamente. Asumen su complicidad desde la transición democrática no sólo para articular el contenido del discurso del poder y renovar los argumentos legitimadores de la dominación pública. La revalorización del liberalismo por la clase política incluye también una “historia por encargo”. La “servidumbre” de la historia con respecto a la política crea ese “patrón
de lo deseado”,182 no sólo para ejercer una crítica radical y condena al
pasado sesentista sino para promover, a partir de allí, la necesidad de revalorizar las ideas liberales sin historia, como referentes únicos de la democracia posdictadura.
Por su parte, el monopolio de la idea de tolerancia permite disolver la “cólera sobre el pasado” reciente en el consenso rutinario de la gestión administrativa y de las elites gobernantes y excomulgar simbólicamente a quienes “no aprendieron nada” o “tienen los ojos en la nuca”, esto es,
a quienes intentan, como dice Jean Chesnaux, que “el pasado cuente para las masas populares (...) cuando se inserta directamente en sus
luchas”.183
Finalmente, la apropiación de la historia por la memoria del poder implica reasumir el relato hegemónico de la partidocracia, o sea, hacer de los partidos políticos tradicionales la “medida de lo histórico”, tanto en el proceso de construcción del Uruguay moderno como en el proceso de transición democrática y en el futuro de modernización del país.
Así, a poco de andar el proceso de transición de la dictadura a la democracia, la “voluntad general” se hizo “voluntad de la mayoría electoral”; el proyecto “común” de la sociedad antidictadura (acuerdos
de la CONAPRO, Multipartidaria e Intersocial) fue sustituido por el
programa del partido de gobierno; el “gobierno de unidad nacional” devino co-gober nabilidad de los partidos tradicionales; la democratización de la sociedad se limitó a los acuerdos del Club Naval y del Parque Hotel. En síntesis, desde la concertación a la gobernabilidad, se rediseña el campo político posdictadura en dirección a la consolidación del statu quo institucional y sus sujetos políticos legitimados.
Así, el factor de la militancia clandestina y la resistencia popular a la dictadura termina en el “sin vencidos ni vencedores” de la Ley de Caducidad, una conclusión del poder sobre nuestra historia reciente que, entrelíneas, significa que la derrota a la dictadura no fue consumada, ni real ni simbólicamente. Como dice G. Imbert para España, al igual que Francisco Franco, también en Uruguay, “los dictadores mueren en la cama” (y de viejos).