“La realidad se define socialmente”, dicen Berger y Luckmann, y “el poder en la sociedad incluye el poder de determinar procesos decisivos
de socialización y, por lo tanto, el poder de producir la realidad”.194 Este
poder social es el que captura el Estado. El orden “dado” o la realidad “tal cual es”, premisas del realismo y pragmatismo políticos dominantes, implican siempre una negación del orden “construido” socialmente.
Ahora bien, una de las primeras cuestiones que planteó críticamente (y resolvió políticamente) la modernidad en su lucha contra la cosmovisión religiosa medieval del “orden natural”, a imagen y semejanza del “orden divino”, se reactualiza (y revierte) en las justificaciones actuales
del orden económico y político por la clase gobernante en el Uruguay posdictadura.
Dejo que Samuel Huntington explique mejor lo que quiero señalar: “No cabe duda que la diferencia más importante entre el hombre moderno y el tradicional es su visión del hombre en relación con su ambiente. En la sociedad tradicional el hombre acepta su medio natural y social como algo tácito. Lo que es será siempre; tiene o debe tener la sanción divina; intentar cambiar el orden permanente e inmutable del universo y la sociedad no sólo es blasfemo, sino además imposible. El cambio no existe, o es imperceptible en la sociedad tradicional, porque los hombres no pueden concebir su existencia. La modernidad comienza cuando los hombres desarrollan el sentimiento de su propia competencia, cuando empiezan a pensar, primero, que pueden entender la naturaleza y la sociedad, y después que pueden dominarlas para sus propios fines. Por sobre todo, la modernización implica la creencia en la capacidad del hombre para cambiar su medio físico y social mediante la acción razonada. Significa el rechazo de las coerciones exteriores, su liberación
prometeica del dominio de los dioses, el hado y el destino”.195
Podríamos agregar que la naturaleza filosófica conservadora de nuestros liberales reniega de la naturaleza social del hombre y de su proyección activa en la construcción de un orden social humanizado. Las relaciones institucionales y las propias instituciones (el mercado, el Estado, la democracia, la política) adquieren una realidad propia, y hasta opuesta al individuo, un estatus ontológico (por el saber tecnocrático) y un estatus moral (por el discurso político) que no sólo separa la actividad humana de sus productos institucionales más significativos sino que la enfrenta como ajenos, despersonalizados, antagónicos.
Expresado de otra manera, la justificación de un orden económico naturalizado, un orden social impersonal y un orden institucional de facto, tiene por efecto retrotraer las relaciones económicas a un estado pre-social —en tanto no representan una realización humana sino una relación natural—, y a la sociedad a un estado pre-político —en tanto la inexistencia de un orden voluntario o intencional, socialmente construido—.
De allí que otra paradoja central de la construcción del orden en la etapa posdictadura consiste en que ese orden social no-humano que fundamenta discursivamente (como orden natural del mercado o como realismo de la política o como democracia “sin adjetivos”) termina siendo un orden inhumano, en tanto produce angustia existencial (miedos, dudas, desconfianzas, explotación, alienación).
El pasaje del orden construido voluntariamente al orden dado naturalmente permite hacer una nueva analogía histórica entre liberalismo y conservadurismo. Es conocido que los primeros desarrollos del pensamiento sociológico están ligados a una “situación de crisis” y
preocupación por la ruptura del antiguo orden político y por el caos que introducía el desarrollo industrial moderno y la presencia de la clase obrera como nuevo sujeto social. De allí que, contradictoriamente, aquellos intentos iniciales de justificar un nuevo orden social recuperan buena parte de los atributos y de las justificaciones conservadoras del orden antiguo: armonía, equilibrio, integración, prevención, consenso, no conflictividad.
Este afluente de pensamiento conservador implicó, necesariamente, una tendencia hacia la “naturalización de la realidad social”, esto es,
hacia la “aceptación de lo dado como natural”,196 que superara, de paso,
en el positivismo de los datos, el negativismo iluminista expresado como crítica de la razón o crítica a todo lo realmente existente. Y ello afecta los sentidos de las nociones de cambio y riesgo sociales.
En los años sesenta, la noción del cambio social estaba representada por distintas reflexiones teóricas y posiciones políticas sistematizadas en América Latina y en nuestro país: las ideas de modernización (Gino
Germani), desarrollo (pensamiento cepalino y CIDE), liberación (teoría
de la dependencia y teología de la liberación) y, sobre todo, la idea de revolución y sus equivalentes (marxismo y otras corrientes de la época). En la etapa posdictadura va perdiéndose el rastro a las elaboraciones de la noción de cambio identificada con la revolución social. En ese proceso también influyen los sucesivos desplazamientos de sentido impuestos por el discurso de la clase gobernante.
Efectivamente, luego de una primera acepción del cambio asumida dentro del proceso de transición: el pasaje del régimen político dictatorial al régimen político democrático, a poco de andar la reinstitucionalización del sistema, los referentes del cambio se fueron desplazando, sucesivamente: desde la esfera política (a través de la justificación e instrumentación de varias reformas: del Estado, de la seguridad social, la enseñanza, la legislación electoral) hacia la esfera económico-productiva (a través de justificar aquellas transformaciones que permitieran enfrentar los desafíos de la globalización y la integración regional: competitividad, reconversión industrial, inversiones extranjeras, flexibilidad laboral, costo-país).
Finalmente, la noción de cambio se desplazó a la esfera tecnológica y sus saberes especializados, a partir del nuevo paradigma de la “sociedad del conocimiento” (innovación, cambio de mentalidad, conexión en tiempo real, educación permanente, etcétera).
Al mismo tiempo evolucionó la noción de riesgo tan característica, también, de las conductas en los años sesenta. Hoy día, la pérdida de seguridades adquiridas define uno de los rasgos de la reformulación conservadora del liberalismo. Sin embargo, se utiliza una diferente noción de riesgo, según se trate de la esfera privada (empresarial-laboral) o la esfera pública (político-estatal-ciudadana).
de Estado “mínimo” debe reforzar en los capitalistas la noción de riesgo
como “factor de innovación social”197 en pos de la eficiencia y la
competitividad, en la esfera laboral, asumir la noción de riesgo lleva consigo una amenaza implícita a los trabajadores: la pérdida del empleo o la aceptación de la “flexibilidad laboral”.
Trasladada la noción de cambio a la esfera pública, en el plano político-estatal y ciudadano, esa noción de riesgo, parafraseando a Sorman, debe ser “factor de paralización social”, de estricta conservación de los mecanismos, reglas de juego y representaciones políticas tradicionales si no se quiere arriesgar la estabilidad democrática.
En definitiva, el liberalismo necesita conciliar: un empresario emprendedor que arriesga todos los días sin la protección del Estado, un trabajador disciplinado que contiene sus demandas para no perder el empleo y un ciudadano rutinario que sólo vota cada cinco años a la elite que debe gobernarlo.
En la crítica al “voluntarismo militante” y a la “demagogia populista” de los años sesenta, encuentra el discurso del poder estatal algunos de sus argumentos polémicos preferidos con relación al cambio social o político en los años noventa.