El interés de nuestros estudios se funda- menta en la creciente importancia que han adquirido los debates y la participación de la sociedad civil en las disputas por la de- mocratización y la cultura en Argentina, en Latinoamérica y a nivel mundial. Después de 30 años se reeditó el debate internacional sobre políticas de comunicación en la Cum- bre Mundial sobre la Sociedad de la Infor- mación convocada por la Organización de Naciones Unidas (Ginebra 2003 y Túnez 2005) y el Foro Social Mundial. En Argen- tina, a partir de la crisis de 2001-2002, se impulsaron múltiples experiencias tendien- tes a democratizar las comunicaciones, pos- teriormente se formó la Coalición por una Comunicación Democrática que aprobó los 21 puntos que se presentaron al Congreso de la Nación y fueron aprobados dando ori- gen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuya entrada en vigencia mo- dificó las reglas de juego en el sistema co- municacional argentino.
Además, en estos años, la UNESCO impulsó la llamada “excepción cultural” en la Decla- ración sobre la Diversidad Cultural de 2001. Asimismo, al igual que en otros países lati- noamericanos, se produjeron cambios ten-
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como actores de participación y cómo usan los elementos pasionales para interpelarlos. Cada año, las investigaciones se realizaron desde una perspectiva teórica interdiscipli- naria que nos permite analizar las prácticas desde un enfoque socio-histórico. El hecho de analizar las prácticas lleva a plantearse la pregunta acerca de los agentes que las pro- ducen por una parte, y de las condiciones dentro de las cuales llevan a cabo el proce- so de su producción, por otra. Se plantea que las prácticas encuentran el principio de comprensión/explicación en el lugar que de- fine la identidad social de los agentes que los producen (Costa y Mozejko, 2001).
El abordaje del problema recibe aportes de la sociología (Bourdieu 2000; Costa R. y Mozejko T., 2001, 2002; Costa R. 1997, 2010) y del análisis del discurso (Benveniste 1974; Charaudeau P. 2005; Hamson P. 1982). En el munes. El proyecto actual –y sus anteceden-
tes- han sido evaluados y financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) de la UNC. El proyecto integra, además, el pro- grama El Discurso como Práctica2.
En el proyecto desarrollado en 2016-20173,
el objetivo general a resolver es investigar las características que asumen las prácticas de organizaciones de Argentina y Brasil ten- dientes a incidir en comunicación, cultura, política y otros ámbitos de lo social con respecto a otras organizaciones y al Esta- do; hasta qué punto se puede afirmar que estas prácticas democratizan la comunica- ción y la cultura; y en qué medida es posible comprenderlas/explicarlas habida cuenta del lugar social de quienes las producen. En particular, intentamos averiguar qué suje- tos sociales las producen, qué tipo de suje- tos construyen en sus prácticas discursivas
2- Este programa estuvo dirigido por la Dra. D. Teresa Mozejko y co-dirigido por el Dr. Ricardo L. en Costa. R en el periodo 2012-2013, por el Dr. Claudio F. Díaz y por la Dra. Olga B. Santiago 2014-2015 y, actualmente, en el período 2016-2017, es dirigido por la Dra. Santiago y co-dirigido por la Dra. Segura.
3- En 2012-2013, el objetivo del proyecto “La sociedad civil en las disputas por los derechos a la comunicación y la cultura (argentina, post 2009), un enfoque socio-discursivo de las prácticas” consistió en averiguar qué características asumían las prácticas (discursivas y no discursivas) de agentes colectivos (organizaciones) de la sociedad civil que intervienen en comunicación y en otras áreas de lo social de la Argentina a partir del debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, en torno a las disputas sobre el vínculo entre comunicación, cultura, política y democracia; y en qué medida dichas prácticas podían ser comprendidas/ explicadas como estrategias que guardan relación con la posición de poder relativo de los agentes que las pro- dujeron. En 2014-2015, en el proyecto “La sociedad civil en la democratización de la comunicación y la cultura. Un enfoque socio-discursivo”, nos propusimos averiguar las características que asumen las prácticas de organiza- ciones de la sociedad civil tendientes a democratizar la comunicación y la cultura con respecto a organizaciones sociales que intervienen en otros ámbitos de lo social y con respecto al Estado; en qué medida se puede afirmar que estas prácticas democratizan la comunicación y la cultura; y en qué medida es posible comprenderlas/expli- carlas habida cuenta del lugar social de quienes las producen.
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y con capacidad de agencia a quienes estu- vieron históricamente silenciados, estigma- tizados o minusvalorados a quienes inter- pelan emocionalmente. Las características de sus prácticas discursivas y no discursivas se hacen comprensibles y explicables habida cuenta de su lugar de producción: al ocu- par un lugar de menor poder relativo con respecto al mercado y al Estado, procuran cambiar las reglas de un juego donde tienen menores posibilidades de ejercer su derecho a la expresión. En especial, con respecto a los sujetos que buscan representar, los inte- grantes de las organizaciones ocupan una posición de mayor poder relativo, lo que les permitiría hablar en nombre de ellos. En su estudio sobre los medios audiovisua- les sin fines de lucro a partir de la Ley 26.522, María Soledad Segura demostró que, frente a las novedosas condiciones de producción configuradas por la entrada en vigencia de la norma, estos agentes colectivos desarro- llaron diversas estrategias, habida cuenta de su lugar de menor poder relativo –en la medida en que constituyen el sector de menores recursos económicos, menor de- sarrollo institucional, menor visibilidad y cuya actividad era ilegal hasta hace apenas ocho años-, en un mercado históricamente dominado por el sector privado y en el que se registra un reciente fortalecimiento del sector estatal en su rol de productor comu- nicacional.
Así, para aumentar su probabilidad de pro- ducir y vender contenidos audiovisuales y de prestar servicios de comunicación audio- estudio de cada corpus particular se recurre
también a teorías de la comunicación (Pas- quali 1991; Barbero J.M. 1981; Mata 2002), estudios culturales (UNESCO 2005, 2007, 2011; García Canclini. N. (comp.) 1987; Ac- húgar H. 2003; Albornoz L. 2011; Escobar A. et al 2001; Chaui M., 2008; Margulis y otros 2014; Maouffe C. 2011; Bayardo R. 2008) y teoría política (Fraser N. 2006; Gamson W. 1998; Lazzetta O. 2005), en perspectivas que mantienen coherencia entre sí. Se pri- vilegian enfoques teóricos que se ubican en un nivel intermedio entre la necesidad que enfatizan los estudios del nivel macro y la libertad que destacan los del nivel micro, al procurar comprender/explicar las prácticas sociales a partir de la construcción del lugar social de los agentes que las producen en el marco de relaciones de poder relativo y de luchas (Mozejko y Costa, 2002).
Avances
en el año 2016
Las organizaciones de Argentina y Brasil tendientes a incidir en comunicación, cul- tura, política y otros ámbitos de lo social participan de disputas simbólicas para inci- dir en el Estado o alcanzar su control para la elaboración de políticas democratizadoras de sus respectivas áreas de trabajo y de la co- municación y la cultura. En particular, estos agentes colectivos construyen en sus discur- sos como sujetos valiosos de participación
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de cooperativas o pertenecen a cooperati- vas ya existentes, dedicadas inicialmente a otro rubro. Otras son fundaciones, asocia- ción sin fines lucro, o aún no han adoptado forma legal y trabajan formalmente en ca- lidad de personas físicas. Entre ellas, se es- tudiaron Cooperativa Anticrisis, Mutual de Empleados de la UNC Juan Pedro Campis, Asociación de Hoteleros de Sierras Chicas de Córdoba, Osa, Trabajo de Campo, Niño raro, Canal Salud, El Birke; y en 2016 se ini- ció el estudio de asociaciones y redes como Documentalistas Argentinos (DOCA) y la Red de documentalistas Argentinos.
Se observaron diferencias en las prácticas de las distintas productoras en relación a sus condiciones de emergencia, trayectoria y objetivos, como también a la continuidad y proyección de sus trabajos. Teniendo en cuenta el espíritu y objetivos de democrati- zación de la comunicación presentes en la ley, es posible afirmar que las prácticas de comunicación de las productoras audiovi- suales sin fines de lucro analizadas, eviden- cian un avance hacia procesos democratiza- dores de la comunicación.
Se puede afirmar que las políticas públicas como la Ley de Cine y la LSCA implemen- taron un marco legal que, en su aplicación, significó el avance de la democratización de la producción y comunicación audiovisual. Algunas de las organizaciones de la socie- dad civil que antes habían contribuido a la creación de estas leyes, en esta nueva ins- tancia tomaron las riendas para divulgarlas como forma de aportar a la concreción de visual, los tres agentes colectivos analizados
optan por cuatro estrategias complemen- tarias: articularse en una organización de mayor grado (Federación, Espacio); procu- rar el apoyo económico y el reconocimiento legal del Estado en su rol de regulador de las políticas del área e importante financiador del sistema; visibilizar su inserción social y territorial en la medida en que es un factor que los diferencia de los otros dos sectores de la radiodifusión; y fortalecer sus capaci- dades de producción de contenidos audio- visuales y sus estrategias de financiamiento. No obstante, dentro del sector hay diferen- cias en las tomas de posición y en las po- siciones de poder relativo de cada agente colectivo. La gestión de la relación con el gobierno a cargo del Estado en tanto regu- lador y controlador del sistema así como financiador relevante, constituye una de las principales estrategias de diferenciación, y muestra una clara relación con el lugar, la competencia, la gestión y la trayectoria de cada uno de estos agentes colectivos, en los que se conjugan fortaleza institucional, re- cursos económicos y tecnológicos, compe- tencias profesionales, relación con partidos políticos e inserción comunitaria y territo- rial.
En su investigación sobre la producción audiovisual no lucrativa en Córdoba desde la Ley de Cine (1994) y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), Na- talia Traversaro observó el nacimiento de nuevas productoras de este tipo a partir de 2009. Algunas de ellas adoptaron la forma
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tres tipos de organización: cooperativas de trabajo, asociaciones civiles y bibliotecas populares. Existe una diferenciación entre emisoras que tienen un perfil más orienta- do a lo noticiosos o periodístico, de aque- llas que se abocan más al trabajo militante como parte de una organización social. Por otro lado, respecto a la relación de fuer- zas dentro del campo de la comunicación, se reconoce que la sanción de la LSCA mo- dificó esta situación y las radios comunita- rias mejoraron su posición frente a los otros sectores dentro del campo de la comunica- ción. La conformación de redes y el trabajo integrado han permitido que estos medios puedan competir por las audiencias con al- gunas de las grandes cadenas que irradian desde la Capital hacia toda la provincia. Asimismo, si bien el sector sin fines de lucro tiene más y mejores derechos, también tiene más y complejos desafíos. La cuestión del financiamiento, el blanqueo de personal, el cumplimiento de las cuotas de producción, el fortalecimiento y ampliación de redes, la mejora en la producción de contenidos y el conocimiento más preciso de sus audien- cias, son algunos de los puntos a los que de- ben atender para lograr una alternativa de comunicación comunitaria de largo aliento. En tanto, Susanna De Guio abordó los po- sicionamientos discursivos en relación con las posiciones de poder de la televisora co- munitaria Antena Negra frente a dos suce- sos producidos en 2015. El primero, en el mes de septiembre cuando la Policía Fede- ral, junto con la Comisión Nacional de Co- su aplicación. La tarea conjunta y de coo-
peración entre sectores del Estado y orga- nizaciones de la sociedad civil, permitió la implementación de las medidas concretas que favorecieron el acceso y participación de quienes antes tenían imposibilitada la producción de contenidos audiovisuales. En su trabajo sobre las prácticas de las emi- soras comunitarias de Córdoba entre 2009 y 2015, Joaquín Urioste realizó un mapeo y un relevamiento de las radios comunitarias que comenzaron a funcionar desde la sanción de la LSCA. Entrevistó a integrantes de ca- torce radios comunitarias en las localidades de Cosquín, San Marcos Sierra, Villa María, Villa Giardino, Colonia Caroya, Anisacate, Unquillo, Alta Gracia, Salsipuedes, Argüe- llo, Las Chacras, Villa Animí, Casa Grande y la ciudad de Córdoba. Analizó que la ma- yoría de las radios relevadas no cuentan con licencias ni permisos formales para prestar servicios de radiodifusión. No obstante, la totalidad de las emisoras han sido reconoci- das informalmente por organismos públicos como la ex AFSCA y distintas dependencias gubernamentales como el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Cultura de la Nación, incluso en algunos casos por el Instituto Nacional de Tecnología Agro- pecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dejándolas libradas a un futuro incierto porque su per- manencia queda sujeta a la voluntad de los funcionarios de los organismos de control. En relación a la dimensión institucional, las emisoras han adoptado fundamentalmente
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a partir de gobiernos de inclinación pro- gresista que se instauraron entre 2003-2015 en ambos países. En Brasil, la cultura logró una acumulación institucional significativa entre 2005-2015 con un inédito protagonis- mo del área en el Estado y con vaivenes en la participación social. Sin embargo, los cam- bios en políticas de comunicación fueron muy leves. En cambio, el proceso que vivió Argentina a partir del debate y la aproba- ción de la Ley de Servicios de Comunica- ción Audiovisual fue mucho más profundo. No así, sin embargo, en políticas culturales. A partir de esta constatación, se analiza el proceso que vivió Argentina para que la co- municación fuese un área significativa en las reformas institucionales y cómo la cul- tura fue un punto de partida para la puesta en marcha de políticas públicas en Brasil. En esta línea, Valeria Prato investiga sobre las prácticas de la Red de Productores Cul- turales de Sierras Chicas de Córdoba, una organización que procura incidir en políti- cas culturales en Argentina, habida cuenta del lugar social de quienes las producen; y valora el potencial democratizador de la cultura de dichas prácticas con respecto a otras organizaciones sociales y al Estado. Por otra parte, Cintia Weckesser analiza las estrategias de la organización Justicia Le- gítima para incidir en la definición de po- líticas públicas. Justicia Legítima comenzó a conformarse cobrando visibilidad públi- ca cuando un grupo de más de 700 jueces, fiscales, defensores públicos, académicos y funcionarios de todo el país buscaron di- municaciones (CNC) y la Autoridad Federal
de Tecnologías de la Información (AFTIC) decomisan los equipos de trasmisión luego de que una empresa de seguridad privada, Prosegur, informara sobre interferencias en la frecuencia que utiliza para radioenlaces con la Policía Federal. El 20 de diciembre la emisora comunitaria vuelve a trasmitir en formato digital en la frecuencia de canal 20, pero en mayo del 2016 la Justicia le solicita que entregue los equipos nuevamente con la advertencia de que, de lo contrario, el presi- dente de la cooperativa sería detenido. El nuevo gobierno nacional que asumió en diciembre de 2015 (el segundo período de análisis) modifica sustancialmente la orien- tación de las políticas de comunicación que se venían impulsando hasta el momento, lo que afecta las condiciones de existencia y producción del sector de medios de comu- nicación sin fines de lucro. Esta transforma- ción en las reglas de juego en el campo de la comunicación audiovisual conllevan un de- terioro de la posición de poder relativo de la emisora. Esto permite comprender que, en esa etapa, en sus estrategias discursivas se incremente el cuestionamiento de esas re- glas que afectan a su capacidad para ejercer su derecho a comunicación.
Por su parte, en la comparación sobre las prácticas de las organizaciones sociales que procuran incidir en políticas de comuni- cación y cultura en Argentina y Brasil, Isa Paula Morais parte de constatar que las po- líticas de comunicación fueron modificadas en la Argentina y las de cultura en Brasil,
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ferenciarse de las organizaciones que re- presentan a los magistrados, aunque mu- chos de los impulsores de Justicia Legítima integraban esas organizaciones. Por este motivo, considera que el grupo comenzó a articularse desde una posición de poder marginal dentro de las asociaciones que los representaban. Pero si bien se trataba de un grupo con escaso poder relativo en ese sistema de relaciones, contaban con mayor poder relativo en la estructura judicial de la que formaban parte como funcionarios ju- diciales, por tratarse en su mayoría de jue- ces, fiscales y defensores de instancias supe- riores. Por otra parte, se trataba en algunos casos de académicos de reconocida trayec- toria nacional e internacional. Además, in- mediatamente, consiguió adhesión y apoyo por parte de numerosos jueces, fiscales, de- fensores públicos, rectores y académicos de universidades nacionales, de organizacio- nes representantes de un amplio espectro social y ciudadanos en general. Sus estrate- gias se habrían orientado a la construcción de enunciadores legítimos y de problemas legítimos, así como a la visibilización de tales construcciones. Esto, en un marco de particulares condiciones de enunciabilidad que hicieron “aceptables” sus reclamos de democratización de distintos ámbitos de lo social. Además, plantea que sus posibilida- des de incidencia se comprenden y expli- can a partir de sus particulares posiciones en sistemas de relación específicos y de sus competencias –en términos de capacidad de hacer-, definidas en tales posiciones.