A medida que los líderes de la UP eran asesinados sistemáticamente (unas 3.500 personas hacia 1992, con un nivel alarmantemente bajo de arrestos y de juicios), el mensaje desde Bogotá era que los asesinatos extrajudiciales de los subver- sivos, activos o retirados, se ignorarían abiertamente. Un ambiente tal ayuda a entender el acelerado aumento de narcotraficantes durante los años ochenta, cuando la producción, transporte y financiación de la cocaína se volvieron dominio de un grupo de audaces y diestros negociantes radicados en tres ciudades principales: Bogotá, Cali y Medellín. El más famoso, Pablo Escobar, nacido en 1949 en Rionegro, Antioquia, empezó su carrera como ladrón de poca monta: robaba lápidas y borraba las inscripciones para revenderlas (con descuento) a los desprevenidos familiares de los que habían muerto recientemente. Escobar
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M ic h ae l J. L aR o sa y G er m án R . M ej íafue elegido en 1982 como Representante suplente al Congreso de la Nación por Antioquia, mientras que su fortuna crecía con la producción y transporte de drogas, principalmente cocaína, para los mercados de Estados Unidos y de Europa. Por razones tanto geográficas como políticas, Colombia se convirtió en el epicentro de la exportación de drogas en Suramérica. El hecho de ser el único país del subcontinente con costas en los dos océanos le significó una gran ventaja, así como sus selvas y montañas, pues facilitaron ocultar los laboratorios en las mismas regiones que por su clima y altitud favorecían ampliamente el cultivo de la planta de coca (como también en Perú, Bolivia y otros países de los Andes). Políticamente, la descentralizada estructura del poder regional, junto a un gobierno central históricamente débil, permitieron que gente como Escobar comandara y controlara una gran red de tierras, mano de obra, dinero y políticos.
Hacia 1984, el poder y la riqueza de Escobar se habían vuelto notorios e inaceptables. Escobar tenía un zoológico en una de sus fincas de recreo en el Magdalena Medio antioqueño y había dado la orden al gobierno colombiano de no interferir en sus negocios. Cuando el joven y ambicioso ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla decidió condenar el lavado de dinero y destruir algunos de los laboratorios ilícitos de Escobar, este ordenó su asesinato. La muerte de Lara en 1984 desató una guerra de diez años que enfrentó al gobierno, a menudo reacio y a veces peor armado, contra los bien financiados y extravagantes capos del narcotráfico que se aprovecharon de la pobreza y de la desigualdad social para conformar cuadros de asesinos a sueldo. Estos adolescentes, en su mayoría de las comunas de Medellín, aceptaban el equivalente a cien dólares por asesinar a alguien, incluyendo políticos y policías. La guerra entre el Estado y el cartel de Medellín, liderado por Escobar, se intensificó entre 1989 y 1990, periodo al que el historiador Marco Palacios se refiere como “de fuego cruzado”8. En agosto
de 1989, mientras hacía campaña por la presidencia en Soacha, a las afueras de Bogotá, Luis Carlos Galán fue asesinado por órdenes de Escobar. Galán, posible sucesor del presidente Virgilio Barco, había prometido usar el poder del Estado para desmantelar los carteles, por lo que su asesinato significó un sombrío retorno a la violencia y la desesperación; además, cuatro candidatos que hacían campaña por la presidencia en 1990 fueron igualmente asesinados. Empezó entonces una feroz contraofensiva.
Los carros-bomba, los secuestros y los asesinatos se volvieron parte de la vida cotidiana hasta diciembre de 1993, cuando una unidad militar finalmente capturó y mató a Escobar en Medellín. Con la muerte de Escobar, la policía y el ejército se enfocaron en los hermanos Rodríguez Orejuela, que controlaban el cartel de Cali. Hacia mediados de los noventa, el sistema de los “carteles”, de control sistemático y
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H iS to R iA C o n C iS A D E C o Lo M b iA (1 8 1 0 -2 0 1 3 )total de todos los aspectos del negocio de la droga había sido reemplazado por el de grupos más pequeños de narcotraficantes, más dispersos, menos visibles y menos abiertamente agresivos. La producción y transporte de la droga desde Colombia continuó, protegida por fuerzas guerrilleras y paramilitares extralegales, pero la lucha entre los arraigados carteles y el Estado parecía haber terminado.
Mientras el Estado perseguía a los carteles y a los grupos insurgentes, un actor relativamente nuevo surgió a principios de los años 1980. Se trataba de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Las historias de la formación de las AUC son múltiples y vagas. Una versión, contada por la periodista mexicana Alma Guillermoprieto, describe una riña entre amigos que terminó saliéndose de control. Anota que las FARC secuestraron “al padre de un traficante de drogas y esmeraldas de poca monta llamado Fidel Castaño”.9 Fidel y su hermano Carlos
entonces organizarían una fuerza militar formidable y altamente disciplinada para vengar la muerte de su padre, que murió en cautiverio. Las AUC crecieron hasta alcanzar los treinta mil hombres en el ápice de su poder a mediados de los años 1990, y su mera presencia, además de las espantosas masacres que come- tieron, hicieron que gente razonable se preguntara quién, en efecto, estaba al mando en Colombia. Miles de personas murieron en esta nueva fase del conflicto en que los paramilitares se movilizaron para apoderarse de los terri- torios aún controlados o abandonados por las FARC y el ELN y de un sistema de producción de droga de más bajo perfil y en proceso de cambio. Hacia finales de la década de 1990, las FARC y el ELN combatían contra el ejército, las AUC contra las guerrillas, el ejército nacional contra todos ellos, y los narcotraficantes contra el gobierno mientras paralelamente luchaban o colaboraban con las guerrillas. Era una época confusa, y en medio del caos y el desorden, a medida que ascendía el número de víctimas, el país parecía fuera de control.