La transparencia pública se ha transformado en un concepto clave de la nueva época y del relato dominante. El Estado “populista” carece de legi- timidad y de representatividad en el imaginario de la derecha (dado que toda la responsabilidad de lo que ocurre de negativo se atribuye como causalidad a la corrupción). En el nuevo relato, la política, el populismo y la corrupción serían sinónimos, así como la pos-política, la transpa- rencia y el altruismo del nuevo gobierno lo son entre sí. Se parte de la creencia de que la trans- parencia crearía confianza para las inversiones y
por ello se convierte en bandera para sustentar la identidad del nuevo gobierno.
En este sentido, son numerosas las iniciati- vas legales tomadas por Cambiemos para gene- rar una institucionalidad de gobierno “abierto y transparente’”. En esta orientación, se inclu- yen la Ley de Acceso a la Información Pública, las leyes contra la corrupción, la incorporación del tema dentro del programa País Digital del Ministerio de Modernización y la promoción
de esta temática también para los municipios6.
Si bien el gobierno paralelamente busca camu- flar una naturalización del orden económico, y, por lo tanto, de la distribución de la renta y del poder, donde la regulación y la intervención a favor de los intereses mayoritarios dejan su lugar a los negocios privados, desde los medios masi- vos de comunicación se construye una mirada ética sobre el accionar público de Cambiemos en complicidad con cierto número de jueces y de
fiscales7.
Asimismo, promueve y profundiza la judi- cialización de la política. Para esto, utiliza los instrumentos tecnológicos más modernos del manejo de la comunicación y de la judicializa- ción (low fare). Como señala Luciano Nosetto (2017), la judicialización del debate público, y la consiguiente transformación de los adversa- rios políticos en acusadores y acusados, tiene un
6 Respecto de estas últimas leyes, y pese a lo pro- metido en agosto de 2016, la administración nacional no presentó en el Congreso, por lo menos hasta el cierre de esta edición, el proyec- to para hacer transparente los pasos en las licita- ciones de las obras públicas. El Senado demoró la sanción de la ley de extinción de dominio, que volverá a la Cámara de Diputados con mo- dificaciones. También está pendiente un nuevo proyecto de ley de ética pública.
7 Serra, L. (2017). Transparencia pública. Un balance positivo para el Gobierno, pero con fuertes desafíos pendientes. La Nación. 14 (19-03-17).
efecto lesivo para la República. Es que, bajo la forma o “modo tribunal”, el adversario político se vuelve un delincuente que debe ser condena- do y desterrado del espacio público. La perse- cución penal del adversario político está reñida con el pluralismo que está a la base de la vida
republicana8.
Ahora bien, el hacer uso del relativismo moral de la posmodernidad, en términos de configurar una pos-política que debería supe- rar la asociada a la corrupción y confrontación previas, empieza a encontrar sus propios límites. Por un lado, porque la sociedad de la transpa- rencia es el ropaje discursivo con el que la élite del poder disfraza y oculta los conflictos de in- tereses que genera. Y no alertan sobre todos los tipos de corrupción existentes, sino solamente sobre aquellos escogidos por los medios de co- municación y los sistemas judiciales. A diferen- cia de la corrupción individual clásica en el sec- tor público, los conflictos de intereses actuales son conflictos relacionados con los dueños de empresas que toman la gestión de ministerios y actúan en favor de las ganancias de estas empre- sas sin ninguna restricción. Es decir, se trata de una corrupción sistémica que involucra a múl- tiples gerentes públicos. Pero estos conflictos se los interpreta como regulables, desde el punto de vista de la justicia, y como procedimientos jurídicos formales o de instituciones de control, que son, a su vez, controlados políticamente.
Por otro lado, el neoliberalismo tardío ter- mina por transparentar el plan sistemático para involucionar también sobre la política de de- rechos humanos. Así, el pronunciamiento del máximo tribunal, la Corte Suprema, que por mayoría declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa hu- manidad, modifica un paradigma jurídico na- cional e internacional consagrado y una política de Estado sobre los derechos humanos y los crí- menes de lesa humanidad. No sólo es un craso
8 Veáse el capítulo escrito por Luciano Nosetto en esta compilación.
error jurídico de la Corte el considerar crímenes de lesa humanidad como si fueran delitos co- munes para aplicar la ley más benigna, sino tam- bién un error político, porque el Gobierno fue el que nombró a los jueces favorables a este fallo y, en principio, por decreto. Un fallo que, ade- más, es vinculable con la reciente iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina para propiciar una potencial reconciliación entre los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y los responsables de la última dictadura cívico-mili- tar. En este plan, el Gobierno, la máxima autori- dad eclesiástica local y vastos sectores del Poder Judicial, medios de comunicación concentrados y un sector de la dirigencia política buscaron dar por terminadas las políticas de memoria, verdad y justicia.
Por último, la auto-interpretación de la élite transparente frente a la que sería corrup- ta, presenta otra contradicción: en la sociedad de la información finalmente todo se sabe, los medios locales no pueden controlarlo todo y la judicialización y la lucha contra la corrupción termina llegando a aquellos mismos que la pro- movieron. Llega así el momento en que saltan a la luz las denuncias sobre los Panamá Papers, las sociedades off shore que sirven para eludir im- puestos y particularmente el negociado de con- donación de deuda del Correo Argentino, las escuchas y el sistema de control y de espionaje orquestado. Los conflictos de intereses múltiples (como la concesión de líneas áreas, la compra de dólares a futuro por miembros del gabinete, los “tarifazos” de servicios públicos y la conmoción despertada por las denuncias de coimas dadas por la empresa brasileña Odebrecht) se esparcen como una mancha de aceite sobre los países ve- cinos, sobre el jefe del espionaje de la Argentina y también sobre el círculo presidencia; todo ello muestra como un vidrio esmerilado la propia opacidad de la élite del poder. Como señala el filósofo Byung-Chul Han (2015):
Una sociedad donde la información es muy fá- cil de obtener, como es el caso de hoy, el siste-
ma social cambia: de la confianza al control. La sociedad de la transparencia no es una sociedad de confianza, sino una sociedad de control. El paraguas informativo de los medios protege o desnuda de acuerdo a los intereses de la alianza dominante. Los medios sociales trabajan cada vez más como un panóptico que disciplina y explota lo social.