LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL

Uno de los avances en México fue la creación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) (en enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación), la cual fue aprobada de forma unánime en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta ley fue el resultado del dictamen conjunto de varias iniciativas

presentadas en la Cámara de Diputados y una minuta de la Cámara de Senadores.

Fue una iniciativa ambiciosa, abarcó no solamente al conjunto de programas y políticas sociales federales, sino que estableció lineamientos para la medición de la pobreza, la evaluación de la política social y la definición del monto del gasto social del gobierno federal. Asimismo, creó un ordenamiento institucional que reúne –en distintas instancias y con diferentes funciones– al gobierno federal, a los gobiernos estatales y al poder legislativo federal.

Finalmente, la LGDS apareció como un punto de inflexión en la política social federal. Por una parte puede verse como la culminación de un proceso de cambio iniciado con la introducción del programa Progresa en 1996-1997; por el otro, constituye un punto de partida en la medida en que sus lineamientos crean un marco institucional para el conjunto de la política social.

Es la primera ley nacional que regula la política social, los programas y las acciones públicas orientadas al desarrollo social y que pone candados al gasto social. Con ello se crean verdaderos mecanismos de coordinación del sector público en materia social y se reformulan los criterios de planeación de la política social.

Cuadro 3: Ley General de Desarrollo Social

Principios que rigen la política social • Libertad • Justicia distributiva • Solidaridad • Integralidad • Participación social • Sustentabilidad • Respeto a la diversidad • Libre determinación • Transparencia

DERECHOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL • Educación

• Salud • Alimentación

• Vivienda, disfrute de un medio ambiente sano • Trabajo y seguridad social

VERTIENTES DE LA POLÍTICA SOCIAL

• Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación

• Seguridad social y programas asistenciales • Desarrollo regional

• Infraestructura social básica

• Fomento del sector social de la economía

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO Y EL GASTO SOCIAL • Tienen un carácter prioritario

• Estarán sometidos a procesos de seguimiento y evaluación

• No podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación

ÁREAS PRIORITARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES • Programas de educación obligatoria

• Campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica • Programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de

vulnerabilidad

• Programas dirigidos a zonas de atención prioritaria

• Programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil • Programas de abasto social de productos básicos

• Programas de vivienda

• Programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía

• Programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación

• Saneamiento ambiental y equipamiento urbano CANDADOS AL GASTO SOCIAL

• El gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior

• El gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del PIB en los Criterios Generales de Política Económica

• El gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior Fuente: Maldonado F. Carlos: 2013.

Probablemente la sección más trascendente de la Ley sea aquella que norma la evaluación de la política social y la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Éste tiene como objeto ―revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, para corregirlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente‖ (artículo 72). Además de normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, el artículo 81 le da al Consejo una segunda función, a saber: ―establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico de dicha actividad‖. Los ejecutores de la evaluación son el propio Consejo o bien organismos evaluadores independientes de educación superior, de investigación científica u organizaciones

no lucrativas que sean contratadas vía una convocatoria pública. Para ello, los programas sociales y las dependencias federales, estatales o municipales quedan obligados a incluir indicadores de resultados, gestión y servicios para medir cobertura, así como a proporcionar toda la información y facilidades para realizar evaluaciones anuales.

A pesar que la ley es ya un parteaguas en las políticas públicas y sociales en México, es un una ley que

tiende a reforzar la postura de afirmar que los derechos sociales dependen de programas gubernamentales, que son mandatos programáticos, pues reiteradamente se refiere a programas de desarrollo social, que se deriven de una política nacional de desarrollo social en las que participen los gobiernos municipales de la entidades federativas y el gobierno federal. Sin embargo, esto no quiere decir que por tal razón no haya, o no pueda haber, mecanismos para hacer valer los derechos sociales que se pretenden a través de esos programas. Tan es así que ella misma establece los mecanismos a la justicia y denuncia en caso de violación a sus preceptos (Corcuera, 2007:70).

CONCLUSION

A pesar de la continuidad observada hasta el momento y viendo hacia el futuro es necesario fortalecer las bases institucionales de Oportunidades. Claramente los esfuerzos para separar el programa de influencias políticas y electorales han jugado un papel clave durante los últimos años. En este contexto una pregunta es importante: ¿los esfuerzos son suficientes para asegurar la continuidad cuando la administración cambie?

Esa pregunta puede tal vez ser contestada en dos partes, sobre lo que se abunda en la siguiente sección. Por un lado, Oportunidades todavía debe mejorar su operación y continuar dando beneficios sustantivos a los pobres. Por otro lado, el programa debe convertirse en parte de un esquema más amplio de política social, con derechos y obligaciones para sus beneficiarios y con una base legal más fuerte, como es el caso de los programas sociales clave en países democráticos. Quizá sea posible convirtiendo a Oportunidades en un componente integral del marco de protección social de México, entonces los riesgos de que el programa sea explotado (y distorsionado) por manipulaciones políticas de corto

o eliminados.

De forma muy general anotamos ahora que Oportunidades debe evolucionar con la transición democrática de México y deben encontrarse los mecanismos para asegurar que se cumplan las necesidades de sus beneficiarios, independientemente de las contingencias políticas asociadas a la competencia electoral. Desde esta perspectiva, Oportunidades no sólo incrementaría el capital humano de los pobres, sino que también los facultaría para que participen de manera más activa en el proceso político.

CAPÍTULO 2