Pros y contras del programa segun las bneficiarias

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010.

Como se ha señalado, existe el riesgo de que el capital social sea manipulado54 con fines políticos o bien en beneficio de intereses particulares, por lo que la transparencia y los mecanismos de acceso a la información tienen un papel importante en los programas sociales sustentados en la cohesión social. Los canales de información pueden darle eficiencia a estos programas al acercarlos a posibles beneficiarios que carecen de otros medios para conocer sus características, requisitos de adscripción y beneficios. De esta forma se compensan las deficiencias de la focalización.

Si bien la focalización de ciertos programas –en particular, de aquellos orientados a la superación de la pobreza– está ampliamente justificada, no por ello pueden obviarse el conjunto de bienes y servicios cuya provisión forma parte de los derechos sociales fundamentales. Dicho de otra forma: la necesidad de focalizar ciertas políticas sociales no sólo no suple la necesidad de un Estado de

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Cuando las organizaciones sociales son absorbidas por programas y políticas donde la estructura de poder es vertical, la relación de confianza se desvanece, diluida por una dinámica más cercana al mercado y motivada por factores económicos. Por lo tanto, la eficiencia económica que estas redes sociales fomentan penetra de mejor forma si se basa en motivaciones no económicas, tales como la solidaridad y la identidad comunitarias. De cualquier forma, es necesario garantizar una participación equitativa que no merme la confianza en el sentido de pertenencia comunitaria, sin el cual se destruye el eje de relaciones preexistentes. El principio de interdependencia adquiere en esta perspectiva un valor estratégico para la

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Gráfica 42. Qué pasará al finalizar el programa con las familias beneficiarias

bienestar, sino que, en rigor, no tiene por qué estar en contradicción con la necesidad de garantizar a todos los ciudadanos un conjunto de satisfactores sociales. Las transformaciones que han tenido lugar en los mercados laborales obliga a revisar muchos de los derechos sociales tradicionalmente asociados al empleo formal, ello con el fin de garantizar su vinculación con la categoría de ciudadano, lo que implica una mayor responsabilidad del Estado, asociada también con una mayor capacidad de recaudación.

Otro factor que ha minado los esfuerzos de los programas de combate a la pobreza es el suponer que los grandes cambios estructurales y de política económica, como la apertura comercial, tienen lugar bajo el supuesto de una real homogeneidad de la economía. Esto ha traído como consecuencia la desventaja crónica del sector rural. Paradójicamente, al buscar (supuestamente) la competencia perfecta en el campo, se incurrió en una incompetencia perfecta que impidió generar las condiciones estructurales mínimas para que los agentes económicos pulverizados, casi o totalmente marginados del sistema mercantil, pudieran producir riqueza. De esa manera, los actores históricos de la ruralidad mexicana no han encontrado lugar en la nueva plataforma productiva y distributiva emanada del cambio estructural.

Ahora podemos reconocer que las políticas focalizadas tienen limitaciones en el rubro de combate a la pobreza porque están desvinculadas de políticas de fomento económico y desarrollo regional. La mejora en los niveles de salud y educación se traduce, en ausencia de oportunidades de empleo mejor remunerado, en frustración social y crecientes presiones migratorias, con las consiguientes tensiones que esto genera. Más aún, no parece precipitado afirmar hoy que, en condiciones de crecimiento bajo o mediocre –como las que han prevalecido en el último cuarto de siglo–, el capital humano forjado mediante las políticas focalizadas enfrenta una suerte de deterioro precoz que repercute sobre el conjunto de comunidades y familias originalmente beneficiadas.

La experiencia de participación y construcción de ciudadanía entre las mujeres indígenas constituye una aportación fundamental para la construcción de una

sociedad más justa, pero su trayectoria, las modalidades de su expresión y los espacios en los que se ha desarrollado son todavía poco conocidos por propios y ajenos.

A partir de la información disponible puede afirmarse que la inserción de las mujeres indígenas en la vida social y política de sus comunidades y municipios, así como en los ámbitos estatal y federal, se enmarca en una compleja gama de acceso a diversas estructuras de gobierno: sistema tradicional de cargos, comités comunitarios o municipales, cargos de representación popular en el cabildo, estructuras administrativas municipales. En el orden del gobierno estatal: cargos de representación popular, como diputadas locales o funcionarias de gobierno y en el federal, como diputadas, senadoras e, hipotéticamente también como funcionarias con cargos de gobierno.

Asimismo, puede afirmarse que la participación femenina indígena en procesos organizativos no tradicionales constituye otra gran vertiente de formación de liderazgos que alcanzan grados muy distintos de profundidad, visión e impacto, pero que permiten hacer visibles las necesidades, prioridades y propuestas en planteamientos dirigidos a la construcción de espacios más incluyentes y equitativos para las mujeres y, para el conjunto de la sociedad. Algunas mujeres indígenas que han sido obligadas por la comunidad a asumir la responsabilidad que le tocaba al varón de la casa se declaran ungidas de esa responsabilidad por un sistema tradicional de ―asusos y costumbres‖. Nuevamente esta situación obliga a tomar con distancia crítica una posición con respecto a las vías y formas en las que se da la participación política de las mujeres indígenas en las estructuras de la comunidad.

Examinar el Programa Oportunidades desde la óptica del género, caracterizar y medir los impactos de sus acciones sobre la condición social de las mujeres, exige una agenda específica de género.

Hasta hoy no ha sido factible llevar a cabo esta empresa con los instrumentos e insumos estadísticos disponibles. En efecto, ha habido un intento recurrente de incorporar algunas preocupaciones de género en varias de las evaluaciones realizadas desde inicios del programa (Rodríguez Núñez, 2005), sin

embargo, éstas se realizado con información limitada para este propósito.

La transferencia monetaria dirigida específicamente a las mujeres –en especial en un programa social de la envergadura de Oportunidades– ha significado un parteaguas en la visión de la política social en México, sobre todo porque se inscribe en una vertiente que busca incidir en las capacidades de los beneficiarios.

Algunos resultados de investigaciones de tipo cualitativo sugieren que contar con un ingreso y con los recursos provenientes de las becas aportados por Oportunidades, de forma regular ha posibilitado a las mujeres beneficiarias administrar los gastos del hogar –y aquellos derivados de la asistencia de hijos e hijas a la escuela– y tener un mayor acceso a la toma de decisiones en este sentido, lo cual no puede ser visto como autonomía de las mujeres ni empoderamiento, ya que el acceso a la toma de decisiones se da sólo en aspectos que tienen que ver con la administración de los recursos (González de la Rocha, Mercedes: 2006).

Si bien las decisiones sobre el destino del gasto en el hogar no significan autonomía ni empoderamiento es posible que ese hecho permita a las mujeres avanzar en algunas de esas dimensiones, lo cual es preciso investigar. Además, es necesario tomar en cuenta que el empoderamiento y el logro de mayor autonomía de las mujeres constituyen procesos que es preciso seguir en el tiempo para poder valorar los cambios. En este sentido se requiere generar información específica, de carácter diacrónico, que dé cuenta de estos efectos.

En medio de las transformaciones actuales de la estructura social indígena, atravesada por el impacto de la migración, el cambio en la vocación productiva, las relaciones interétnicas, las divisiones políticas, religiosas y culturales de los colectivos indígenas, puede seguirse afirmando que, en términos generales, la comunidad, concebida como espacio de decisión y representación indígena es un organismo masculino, ya que las condiciones para pertenecer a ella con derechos plenos difícilmente son los de las mujeres.

De esta forma, las primeras barreras comunitarias a la participación de las mujeres son:

1. El acceso a la tierra. Las mujeres indígenas, en general, tienen un derecho condicionado a este recurso vital; principalmente es en su calidad de esposas, madres o hijas que pueden tener una parcela y, con ello, los derechos asociados de participación y decisión que otorga la estructura de la comunidad. El derecho a la tierra es la expresión máxima de ciudadanía en las sociedades indígenas y se sustenta en el papel productivo de quien es cabeza de familia como proveedor, administrador y productor, así como en la organización de la familia y la unidad doméstica para cubrir la necesidad básica del sustento.

2. La responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico y familiar. Al asumir ―naturalmente‖ las tareas de crianza y reproducción doméstica, las mujeres indígenas se ven constreñidas al cumplimiento de jornadas intensivas cotidianas que les impiden disponer de tiempo para la participación en espacios públicos. Alrededor de estos roles de género establecidos se manejan, además, una serie de controles sociales sobre la palabra, el desplazamiento, la autonomía y la opinión de las mujeres, factores que pesan de manera definitiva en su capacidad concreta de ejercer el derecho a la participación y en la toma de decisiones del colectivo. Una de las manifestaciones del rezago que aún arrastran las mujeres indígenas para participar públicamente en las decisiones internas de la comunidad, y en las gestiones externas, es su limitado manejo del español, que inhibe también su participación pública. Las luchas colectivas por los territorios, los recursos, la autonomía, los servicios básicos interculturales, entre otras, han servido como procesos de politización y fortalecimiento de las identidades étnicas y de género, lo que plantea que en algunos casos se han modificado ciertos patrones, como las edades para la reproducción. Asimismo, se han ampliado los ámbitos sobre los cuales se ejercen liderazgos, los cargos a ocupar y las relaciones con los dirigentes de organizaciones. Así, las mujeres indígenas han logrado identificar y consensuar sus demandas específicas, crear estructuras particulares de mujeres dentro o fuera del colectivo mixto y ampliar la