En América Latina lo urbano marginal adquiere un carácter relevante a finales de la década de los 50, en ciudades capitales como Santiago de Chile, Lima, Montevideo y Buenos Aires. La década de los 80 fue un período de transición demográfica en toda la región debido a la migración de las poblaciones rurales hacia las recientes ciudades creadas. Pero esta
urbanización de la vida rural trajo consigo varias desventajas, como el inminente aumento de la pobreza. En América Latina, el número absoluto de pobres en los 80 había sido del 57%; ya para 1999, había aumentado al 62% (Lattes 1995). Al finalizar la década de los 90, ya no el campo, sino las ciudades, se habían convertido en el escenario más significativo de la pobreza y la marginalidad.
La década de 1990, marcada por una serie de procesos de ajuste económico, privatización y reducción del tamaño del Estado, influyó en la forma de reproducción de las ciudades y los territorios. La concentración de la pobreza, a su vez, generó la exclusión de los pobres urbanos en el acceso a tierras y a servicios antes, de una u otra manera, gestionados por el Estado, generando una mayor fragmentación territorial y concentración de los pobres en los márgenes de la ciudad.
En la época neoliberal existen una modernización y progreso fallidos porque los pobres tienen una frágil o ninguna inserción estructural, sobre todo en el empleo, he ahí el desajuste y la contradicción entre tener expectativas o metas y tener los medios para alcanzarlas. Por estas razones estructurales, crece la segregación espacial y se profundiza en los territorios que
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también experimentan la crisis de inversión pública en infraestructuras, la falta de garantías estatales y de recursos privados de sus habitantes para mejorar su situación. En ese sentido, el territorio es la manifestación física y real de la desigualdad económica y social (Di Virgilio, Otero & Boniolo 2011).
Lo urbano marginal para la sociedad industrial tenía un sentido diferente que durante el régimen neoliberal (Enríquez 2011). En el primer contexto, lo urbano marginal era un espacio transitorio o de emergencia que albergaba a mano de obra que sería empleada en la industria y que con ello mejoraría su situación residencial. No obstante, con el neoliberalismo de la década de los 90, las zonas urbano marginales se convirtieron en una constante, en “una condición de vida permanente y global que se mantuvo y acentuó con el tiempo” (Enríquez, 2011, 56) con el objetivo de acentuar las diferencias, en un proceso de creciente globalización y construcción de dualidades, centros y periferias.
Ya en el contexto nacional, aquellos contrastes territoriales “evidencian la configuración del poder estatal centralizado que supone un pacto entre las elites políticas en lo relativo a la distribución del poder, la asignación de los recursos, la existencia de distintos grados de autonomía local y la representación política” (Ibarra 2007, 5). Quito, Guayaquil y Cuenca han sido núcleos de poder regional, esto ratifica la inexistencia de identidades políticas regionales que integren a las otras ciudades,20 más allá de las mencionadas que han concentrado el poder político, incluso por encima del poder económico, ostentado sobre todo por las ciudades de la costa, vinculadas a una mayor producción agrícola y pecuaria.
En el Ecuador, en la década de los 80, el nivel de urbanización fue del 47%, en los 90
aumentó al 55.1% e iniciado el 2000, ascendió al 65.3%. En el contexto nacional tuvo un peso considerable la transferencia de población rural a las ciudades. En el período 1980-1990, el incremento urbano por este concepto fue del 48.3% y en el período 1990-2000, del 50.5%. (Lattes 1995, 56 según informe de las Naciones Unidas al 2000).
20 En el caso de Santo Domingo, al ser una parroquia rural de Quito (hacia 1944) y un cantón de la provincia de
Pichincha (hacia 1967), no tenía mayor relevancia política. Varios años más tarde entró en la clasificación de las ciudades intermedias, siendo una de las de mayor crecimiento en el país por su tamaño, dinámica e influencia económica.
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En el Ecuador, la pobreza urbana ha experimentado dos puntos muy altos entre los años 1990 (50%) y 1999 (46%) por la crisis financiera. En los hogares urbanos, esta tendencia se
manifiesta en tres formas de pobreza:
- Pobres por bajos ingresos e informalidad o pobres recientes, que tienen pocos ingresos y una inserción frágil en el aparato productivo, generalmente es el sector informal, pero no tiene carencias agudas en nutrición, vivienda ni educación. - Pobres por precariedad habitacional y deficiencia de servicios básicos. Y otros
grupos menores a quienes les afectan ingresos bajos, desnutrición y carencias educacionales.
No obstante, la ubicación económica de las poblaciones urbano-marginales que no son nuevos pobres ni han descendido en la escala social a raíz de la crisis, no se hace en ningún lugar. Lo que sí es seguro es que la crisis no afectó a las ciudades ni a las poblaciones de la misma manera, sino que aumentó “las agudas diferencias regionales preexistentes en el país” (Larrea 1994).
En Santo Domingo, durante el periodo 1950-1990, la población de la ciudad se incrementó 75 veces –de 1.498 a 120.000 habitantes– (Centro de estudios Ciudad-ACJ 1992, 11). En la década de los 90, se produjo una segunda ola migratoria de carácter urbano. Para ese año, el 60% de la población total del cantón se había concentrado en la ciudad, de esta manera, Santo Domingo se convertía en la ciudad intermedia de mayor crecimiento y en menor tiempo, a nivel nacional. No obstante, como uno de los desajustes del crecimiento, “al tiempo que la población urbana crece, la concentración de la pobreza en la misma se agudiza: en la década de los 90, Santo Domingo comparte con las ciudades de la costa los mayores índices a nivel nacional de pobreza urbana (83%)” (Hidalgo 1999, 195).
Santo Domingo inició sus procesos de urbanización gracias al cooperativismo de vivienda que tuvo un rol fundamental entre la década de los 60 y 70. Con el nuevo modelo de ocupación del suelo mediante invasiones y asentamientos irregulares, presidido por el alcalde Ramiro Gallo desde mediados de la década de los 80 y apoyado por otros alcaldes, entre ellos Kléber Paz y Miño, alcalde en los períodos 1978-1984 y 2000-2004, se agravaría la situación de los pobres urbanos, quienes con el neoliberalismo de la década de los 90, tras haber resuelto su
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problema inicial de acceso a la vivienda, tuvieron que autorganizarse para solventar el problema de infraestructura y servicios básicos hasta donde la política clientelar no llegaba. Con el cooperativismo de vivienda, las obras básicas de urbanización eran asumidas por estas organizaciones que trabajaban con los aportes económicos y de trabajo de los socios, a través de un modelo autogestionario para la dotación de obras, infraestructura básica y servicios. En la década de los 90, “como consecuencia de la crisis económica, se aprecia un agotamiento de este potencial de aporte” (Hidalgo 1999, 90). De modo que las cooperativas de vivienda empiezan a gestionar y a tramitar las obras que necesitan con las autoridades municipales de turno, siendo agentes intermediarios que piden obras y servicios y facilitando las relaciones clientelares.
Con el modelo de invasión de tierras que tiene auge en toda la década de los 90, se termina la organización vecinal como eje de gestión local y barrial. Antes, eran los vecinos quienes hacían mingas para la dotación de servicios, sin esperar las acciones del Estado o del municipio y sin necesitar recibir las ofertas de los políticos de turno. Había una comunidad vecinal fuerte que se disolvió con el neoliberalismo y las nuevas formas de asentamiento territorial en donde los individuos estaban cada vez más solos frente al poder del mercado: migrantes, desempleados o subempleados y sin vivienda ni ningún tipo de protección social.
Mientras tanto, para Kaztman y Retamoso (2005, 132) los barrios son: “contextos ecológicos que mediatizan el acceso de las personas a las fuentes más importantes de activos físicos, sociales o humanos localizadas en el mercado, en el Estado y en la comunidad”. Estos recursos se encuentran organizados en mecanismos instrumentales, que son las condiciones materiales que limitan o permiten la acción del individuo. Y mecanismos de socialización, que son modelos de rol, patrones comunitarios de conducta, procesos de socialización
institucional y el grado de exposición de las personas a imágenes, hábitos, comportamientos y discursos determinados.
De acuerdo con estos autores, el grado de influencia de los barrios urbano-marginales en los comportamientos de sus pobladores, se relaciona con que estos grupos, al ser más vulnerables a la reducción de otras vías de pertenencia, están más expuestos a la influencia del contexto. Primero, por la cercanía –el barrio es el primer contexto de socialización luego del hogar– que “opera como fuente de reconocimiento, de sociabilidad y de formación de identidades”
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Más aun durante la adolescencia, período crucial para la acumulación y consolidación de activos y oportunidades de vida (Sierraalta 2008). En efecto, es la socialización en los barrios la que complementa la labor de otras instituciones socializadoras como la familia y la escuela. Segundo, por el estatus social del barrio, que confiere una serie de accesos o limitaciones. Y tercero, por la trama socioinstitucional, es decir, por las interacciones entre pobladores e instituciones.