Nuevas modalidades de asignación presupuestaria

En la segunda mitad de la década del 90 se pusieron en práctica otras modalidades de asignación de recursos presupuestarios a las universidades nacionales, ya sea en función de prioridades o por mecanismos competitivos.

- el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (ver capítulo 8), que distribuye anualmente $70 millones entre los docentes que desarrollan proyectos de investigación previamente aprobados;

- el Programa para el Financiamiento de Inversiones (PROIN) destinado a solventar inversiones en proyectos de infraestructura presentados por las propias universidades y que posibilitó el mejoramiento de la infraestructura edilicia;

- el Programa destinado a financiar el desarrollo de las nuevas universidades nacionales creadas en ese período (PROUN), ya que las mismas requerían recursos específicos con incrementos anuales tanto para posibilitar la organización gradual de sus cursos como para disponer de infraestructura edilicia y equipamiento;

- el Programa Nacional de Becas Universitarias, al que se hará referencia más adelante.

Entre los programas para asignar recursos con carácter competitivo pueden destacarse los siguientes:

- el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad (FOMEC), al que se ha hecho referencia en varios capítulos de este trabajo;

- el Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU), destinado a desarrollar nuevas ofertas académicas de carácter terciario vinculadas con los requerimientos regionales y zonales y a promover la cooperación entre el Estado nacional y los provinciales, los municipios, las organizaciones sociales y las empresas, ya mencionado en capítulos anteriores;

- la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica y su fondo para el financiamiento competitivo de investigaciones (FONCYT), a lo que se ha hecho referencia en el Capítulo 8.

Algunos de estos programas y de nuevas modalidades de asignación continúan vigentes y otros han sido discontinuados en los años 2000 y 2001. La discusión crítica de estos modelos se plantea en el capítulo 6 del Estudio del CIN de Coraggio y Vispo, en el que sostiene que la consideración de los mismos debe enmarcarse dentro de una perspectiva más amplia de carácter académico y social y en una estrategia de consensos entre todas las instituciones.

El debate continúa abierto ya que la educación superior constituye una prioridad nacional, que exige un mayor esfuerzo financiero por parte del Estado nacional y,

simultáneamente, acciones tendientes a brindar mayor equidad, pertinencia y eficiencia, tanto financiera como social para su sostenimiento.

3. Becas y créditos para estudiantes

Entre los nuevos programas puestos en marcha en la segunda mitad de la década del 90 pueden mencionarse los de apoyo financiero a los estudiantes universitarios de menores recursos familiares y personales: el Programa Nacional de Becas Universitarias y el Programa Nacional de Crédito Educativo para la Educación Superior.

El Programa de Becas está principalmente destinado a estudiantes de universidades nacionales provenientes de hogares en situaciones de pobreza estructural y el de créditos a estudiantes que coyunturalmente atraviesan una situación económica crítica pero cuentan con avales que garantizan el reintegro del préstamo.

Además de estos programas que administra y financia el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, varias universidades nacionales gestionan y financian programas de becas para sus propios estudiantes.

El presupuesto asignado entre 1996 y 2001 para el financiamiento de las becas ha pasado de 4,5 millones de pesos en 1996 a alrededor de 7,4 millones de pesos en los años 1998, 1999 y 2001; en el año 2000 se redujo a 4,9 millones de pesos. Si se divide este presupuesto por el número de alumnos de universidades nacionales da una inversión anual del orden de nueve pesos por estudiante, que puede incrementarse a quince con la inversión que realizan las propias universidades con sus propios programas de becas estudiantiles. Esta inversión es bajísima si se la compara con US$ 3.553 de Suecia, US$ 2.692 de Dinamarca, US$ 2.347 de Holanda, US$ 591 de Francia y US$ 346 de España (Fuente: OCDE 1995, citada por Crovetto, 1999)

En los últimos años se han otorgado alrededor de 2.500 becas (excepto en el año 2000 que fueron 1.656) y en su casi totalidad por un monto de $3.000 anuales; en algunos años se otorgaron pocas becas y por montos menores ($ 2.225 y $ 1.500)

El modelo de ponderación de variables utilizado para la asignación de las becas cruza la estimación de los ingresos familiares y las calificaciones del estudiante, otorgándoselas

prioritariamente a los estudiantes con menores ingresos y mayores calificaciones. Este modelo esta siendo también utilizado por varias universidades para seleccionar a sus becarios.

4. Costos de matrícula y aranceles

No existe ningún estudio ni relevamiento realizado en el sistema universitario sobre costos de matrícula y aranceles. Por lo tanto, se utilizarán estimaciones de tendencia de costos e información relevada por el Estudio del CIN coordinado por Coraggio y Vispo.

Como ya se señaló, la enseñanza de grado de las universidades nacionales no está arancelada, excepto muy pocas excepciones de universidades y carreras. En estos casos los aranceles son del orden de los $40 ó $50 mensuales.

Las carreras de posgrado de las universidades nacionales son en su casi totalidad aranceladas, aunque los aranceles son muy variables. El costo de las maestrías oscilan, en general, entre $ 3.000 y $ 5.000, excepto las de tipo MBA cuyo costo en algunos casos es del orden de los $ 10.000 o mayor.

El costo de los estudios de grado en las universidades privadas es muy variable ya que depende del perfil académico de la institución y del sector social de la población a la que está principalmente orientada.

En un trabajo elaborado por Eric Alfredo Calcagno (ver CIN, Coraggio y Vispo), se presenta el caso de siete universidades privadas, en las que aranceles anuales oscilaban en 1998 entre $ 1.628 a $ 8.664, estando la mayoría entre $ 2.500 y $ 4.000 anuales.

Calcagno señala que las universidades privadas se financian, además de lo que reciben en concepto de aranceles, por donaciones, ventas de servicios y actividades tercerizadas. En cuanto a donaciones destaca los casos de la Universidad de San Andrés que en el año 1999 recibió donaciones por un monto de $ 3.770.909 –que en su mayor parte se destinaron a inversiones- y el de la Universidad Austral, cuyo campus en la ciudad de Pilar fue financiado en su mayor parte por el grupo empresario de Pérez Companc.

En el Taller Del Bello señaló que en la Argentina el sector privado -en general, las empresas- sólo apoyan a las universidades privadas. Según el especialista esto ocurre no sólo

financiándolas sino también participando en sus consejos de administración como, por ejemplo, Techint en la Universidad Argentina de la Empresa, Bagó en la Universidad Católica Argentina, otras empresas en la Universidad de San Andrés y el ya citado de Pérez Companc en la Universidad Austral.

Esto se relaciona con lo ya señalado en el capítulo 2 en cuanto a que el sector empresario confía la tarea de formar a los futuros dirigentes a las universidades privadas –especialmente a algunas de las creadas en la década del 90- y no a las universidades nacionales.