Otros hallazgos sobre la implementación del PAR.

Uno de los señalamientos que se hicieron en los grupos focales es la falta de seguimiento en los efectos que los productos tienen en las familias que los consumen, pues al no haber una cuantificación y padrón de beneficiarios, no se tienen registros de los beneficios que pueden tener en la alimentación, en la nutrición y, principalmente en la salud de quienes los consumen.

Algunos beneficiarios destacaron que tienen dudas sobre la calidad del maíz y otros productos que se venden en la tienda porque han escuchado hablar de “alimentos modificados o pruebas de laboratorios” en los lugares de donde les han información que viene el maíz. Esto en referencia a los transgénicos y los cultivos de granos genéticamente modificados en algunas zonas del norte del país o del extranjero, pues es bien sabido entre ellos, que una parte del maíz que se comercializa en las tiendas proviene de otros países.

Por estas razones, uno de los pendientes que ellos identifican es que haya un seguimiento sobre la calidad de los productos y los efectos que tienen en la salud humana, principalmente cuando en estos municipios habitan personas que son vulnerables por carecer de servicios de salud adecuados.

Conclusiones.

La revisión de la implementación de los programas de combate a la pobreza es un ejercicio importante para corregir los errores y mejorar los resultados que pretenden alcanzar. En particular cuando se trata de la implementación de dichos programas en contextos particulares como el de los pueblos indígenas, es indispensable la inclusión de los puntos de vista de los (las) beneficiarios(as) y las autoridades municipales porque son ellos quienes se

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ven afectados de manera directa por los problemas generados por la pobreza. Las estructuras organizativas y las perspectivas de estos varían de una comunidad a otra y juegan un papel determinante en las acciones y decisiones públicas para la solución de los problemas comunes.

En el caso de los programas Oportunidades, PAL y PAR, es importante plantear una definición clara del problema que combaten, pues las evidencias en el trabajo de campo confirman la ausencia de diagnósticos para implementar estos programas en las comunidades visitadas. Con estos elementos, se demuestra la verticalidad de los tres programas, es decir, su diseño y su implementación obedece más a estrategias del gobierno federal para solucionar problemas locales que requieren obligadamente de la participación de los directamente afectados y las autoridades locales. El desconocimiento de estos últimos y su nula participación en la operación de los mismos, desplaza y margina una parte importante de los actores involucrados, principalmente cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas, donde la mayor parte de las acciones que las autoridades adoptan e implementan son las que las asambleas comunitarias deciden.

En aspectos como la salud y nutrición, no hay un seguimiento adecuado de los resultados ya que, como indicaron los mismos beneficiarios, hay algunas modificaciones en los patrones alimentarios que no siempre son benéficos y tampoco se tiene certeza de la calidad de los productos que se comercializan en el PAR.

Respecto a los efectos en las relaciones comunitarias, destaca el hecho de que tanto con Oportunidades como con el PAL, se ha intensificado la participación de las mujeres en actividades que anteriormente sólo realizaban los hombres. En los grupos focales destacaron que la limpieza de la escuela, la clínica y otras obras de infraestructura tradicionalmente era realizada por todos los habitantes de la comunidad mediante tequios o faenas, sin embargo la introducción de programas como Oportunidades, PAL y Empleo Temporal, en localidades como San Simón Zahuatlán, modificaron esta actividad pues ahora este trabajo lo realizan solo las beneficiarias de estos programas y solo en las acciones que indican las integrantes del comité o el personal de la clínica.

Hay problemas comunes como la inadecuada información de la forma en que funcionan los programas por parte de sus operadores, la necesidad de ampliación de su cobertura, la

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exclusión de potenciales beneficiarios, la insuficiencia de los montos de los apoyos y la mala calidad de los servicios de educación y salud, que requieren soluciones donde intervienen otras dependencias y ordenes de gobierno pero que son urgentes si lo que se busca es la disminución de la pobreza y marginación en la que se encuentran los habitantes de estos municipios.

Otro problema identificado en relación al problema del combate a la pobreza alimentaria, es que en el caso de los pueblos indígenas, la escasez de alimentos está influida por factores económicos, culturales, ambientales y sociales que no están considerados ni en el diseño ni en la implementación de los programas. Las transferencias monetarias del PAL y Oportunidades así como los productos ofertados en las Tiendas Diconsa, solo cubren una parte del problema de la pobreza alimentaria, de la falta de alimentos o de su acceso en estas localidades, pero no resuelven el problema de fondo, que incluso fue manifestado por los grupos focales, que son la necesidad de incentivos, como los proyectos productivos, que pueden contribuir a la producción para el autoconsumo y la generación de empleos, los cuales pueden ser sostenibles en lugar de continuar con la dependencia hacia los recursos de las transferencias monetarias.

Las aportaciones de los grupos focales y las entrevistas con las autoridades municipales expuestas en este capítulo ofrecen información que no es fácil de captar con los instrumentos oficialmente diseñados para la evaluación. Por ello la importancia de incluir estos puntos de vista y conocer a fondo la operación de las políticas públicas, así como tener un panorama integral de su funcionamiento.

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V. LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y