cargas fiscales a los empresarios, así como la posterior manipulación del texto aprobado, en perjuicio de los contribuyentes, han servido para abrir un nuevo frente de confrontación entre los grupos empresariales (industriales, comerciantes, banqueros, etc.) y el recién inaugurado gobierno nacionalista de Pepe Lobo. El Poder Ejecutivo ha recibido el respaldo decidido del presi- dente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien salió en su defensa y acusó a los empresarios de insensibles y avaros. Al menos por el momento, Hernández aparece como uno de los principales aliados y sopor- tes de Lobo en la Administración gubernamental.
Pero son alianzas que serán pasajeras, en la medida que se definan las aspiraciones presidenciales de los distintos precandidatos nacionalistas que quieren sustituir a Lobo en el próximo periodo gubernamental. Hernández, al igual que el alcalde capitalino y presidente del Comité Central del partido Nacional (PN), Ricardo Álvarez, junto al ministro de Seguridad Oscar Álva- rez, el de Obras Públicas Miguel Pastor y el actual Canciller Mario Canahua- ti, no ocultan sus aspiraciones y apenas si disimulan su ambición prematura por disputar el liderazgo a Pepe Lobo. En la lista de aspirantes también figu- ra la Designada Presidencial María Antonieta Guillén, quien goza de la con- fianza de Lobo y podría contar con el importante apoyo del ex presidente Ricardo Maduro.
O sea que, en síntesis, Lobo está rodeado de personas que tienen sus am- biciones propias, lo que las convierte en aliados episódicos y apoyos espo- rádicos de dudosa credibilidad a largo plazo. No es casual que, en conver- saciones privadas con amigos cercanos, Lobo diga con frecuencia que “se siente solo”.
Y quizás por eso es que el presidente insiste en dar cumplimiento total a los compromisos contenidos en el Acuerdo Tegucigalpa/San José, firmado el 30 de octubre del año pasado, en un desesperado afán por complacer a la comunidad internacional y lograr su reconocimiento y respaldo pleno. Lobo busca en el exterior el apoyo que le niegan dentro del país sus propios compañeros de partido, los empresarios y la oposición agrupada en la Re- sistencia. Necesita urgentemente ser aceptado y reconocido.
La instalación de la Comisión de la Verdad, con el apoyo de países amigos y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de las Nacio- nes Unidas a través del PNUD, es el mejor ejemplo de la urgencia de Lobo por cumplir con los acuerdos políticos suscritos entre las delegaciones de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti en octubre de 2009. Sin embargo, tam- bién este ejemplo puede servir para evidenciar las dificultades que debe sortear el nuevo presidente hondureño. Un día antes de la instalación formal de la Comisión oficial, la Resistencia Nacional, con el apoyo de varias orga-
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Diario de la conflictividad en Honduras 2009 - 2015
nizaciones humanitarias internacionales, anunció en Tegucigalpa la creación de otra Comisión paralela, llamada Comisión de Verdad, la que estaría inte- grada por varias personalidades de renombre mundial, entre ellos los pre- mios nobel Adolfo Esquivel (argentino) y Rigoberta Menchú (guatemalteca). Esta Comisión paralela persigue el objetivo de desacreditar la que ha for- mado el presidente Lobo y dificultar su trabajo, profundizando todavía más la polarización social y la crispación política que prevalecen en el ambiente nacional.
La debilidad del gobierno lobista se hace cada vez más evidente. Las cons- tantes e inexplicables concesiones que el presidente hace a los círculos militares sorprenden a muchos. Les está entregando gradualmente circuitos clave del engranaje estatal, con el pretexto de que pertenecen al área de la seguridad del Estado. De esta forma, los militares, que en los últimos 25 años se habían ido replegando poco a poco a sus cuarteles, están retornan- do al escenario oficial, recuperando las posiciones perdidas y aspirando a controlar otras nuevas. Este peligroso proceso de remilitarización del apara- to estatal es, posiblemente, la amenaza más cierta y preocupante a la frágil y vulnerable democracia hondureña. El retorno de los militares les devuelve un protagonismo indeseable y desafiante, que reduce la influencia de los partidos políticos, desequilibra el balance de poderes y deteriora al sistema político en su conjunto, además de que se convierte en una amenaza per- manente contra los derechos humanos de la ciudadanía y en una fuente inagotable de corrupción y abuso de poder. El presidente Lobo deberá con- tener esa política de concesiones y hacer frente a las presiones militares, para lo cual debe buscar con inteligencia y decisión el apoyo de los países democráticos. La remilitarización del Estado es el peor daño que el gobierno lobista le puede hacer al proceso de construcción democrática y al Estado de derecho en Honduras.
¿Y la economía?
n materia económica, el gobierno lobista sigue pendiente de la firma de un ansiado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le abriría las puertas para tener acceso a los recursos de otros organismos financieros, especialmente el Banco Mundial y el Banco Inter- americano de Desarrollo. La más reciente misión gubernamental que visitó Washington el pasado día 20, escuchó las mismas recomendaciones de siempre: orden en las finanzas públicas, mayor austeridad en el gasto, con- trol y reducción del gasto salarial, más inversión social y lucha efectiva con- tra la corrupción. Una agenda de difícil cumplimiento en un Estado acos- tumbrado al clientelismo político, con un gobierno débil y acosado por todos los flancos, tanto internos como externos.