rable para ser escogido como el sucesor del principal militar golpista.
Pero Cuéllar ha sido nombrado sólo para cumplir el periodo que le faltaba a Vásquez en el ejercicio del cargo, es decir hasta el 11 de diciembre del pre- sente año, fecha en que, además, cumple sus 35 años legales de servicio en el ejército y, por lo tanto, debe pasar a condición de retiro. Luego habrá que nombrar un nuevo jefe del EMC. Mientras tanto, Lobo se apresta a nombrar, en consulta con Cuéllar y el nuevo ministro de Defensa, Pascua, a los miembros restantes de la Junta de Comandantes. Por el momento, se descarta la posibilidad de que sean ratificados algunos o todos los genera- les golpistas del 28J (Miguel Ángel García Padget, Javier Prince y Juan Pablo Rodríguez). De igual manera hay dudas sobre el destino final del Ge- neral Vásquez, aunque circulan fuertes rumores de que recibirá, a manera de premio de consolación, la Dirección de Hondutel. Si así fuera, el presi- dente Lobo estaría enviando un mensaje contradictorio a la comunidad in- ternacional, al destituir al General golpista y, al mismo tiempo, premiarlo con un apetitoso cargo en su equipo gubernamental. Si esto sucede, sería una prueba más de la debilidad intrínseca del gobierno lobista y una evidencia adicional de las múltiples y grandes presiones políticas a que está constan- temente sometido el nuevo presidente.
En el centro de las presiones
as presiones, como se sabe, son varias y de diversa procedencia y magnitud. Las hay desde el sector más duro de la cúpula militar y desde la vieja guardia del PN, teóricamente convertido ya en el nue- vo partido gobernante; desde las cámaras empresariales, desde el sector de los influyentes banqueros, los ya conocidos “grupos económicos” o “poderes fácticos”, que tantos problemas le causaron al ex presidente Manuel Zelaya; desde los mismos medios de comunicación que defienden los intereses de esos “grupos fácticos”, desde la ultraderecha agrupada en el grupo de los famosos “camisas blancas” o “perfumados”, que organizaron la defensa “civil” del golpe de Estado y, por supuesto, también desde la llamada Resis- tencia Popular, en donde proliferan los dirigentes radicales y radicalizados que todavía insisten en no reconocer la legitimidad electoral del gobierno de Pepe Lobo y le siguen considerando como expresión y “continuidad del gol- pe” del 28J. No se debe olvidar, tampoco, la discreta pero eficiente presión de la comunidad internacional, especialmente de algunos países amigos que demandan más y más claras señales de limpieza y desmarcación con respecto a los residuos del golpe de Estado.
Como podemos ver, la situación de Pepe Lobo es difícil y embarazosa. De- be moverse con extrema cautela y prudencia, lo que explica a veces su
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Diario de la conflictividad en Honduras 2009 - 2015
tendencia hacia la indefinición y la ambigüedad útil. Por el momento, cuenta con la lealtad segura de, al menos, unos cuantos hombres y mujeres clave dentro del gabinete: Arturo Corrales, Óscar Escalante, Marlon Pascua, Ós- car Álvarez, Áfrico Madrid, María Antonieta Guillén más los otros dos Desig- nados presidenciales, Hilda Hernández, Marlon Tábora (Coordinador del staff presidencial), Reynaldo Sánchez (Secretario privado) y varios Vicemi- nistros y Directores generales que el propio presidente ha escogido para ocupar esos cargos.
El descontento interno en el PN cada vez se hace más evidente. Discreta- mente estimulado por algunos dirigentes de la vieja guardia partidaria y, en especial, por el actual presidente del partido y alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, ese descontento ya se ha hecho manifiesto a través de reuniones “conspirativas” y “visitas”, casi invasiones, tan impertinentes como masivas de los activistas políticos a las oficinas de varios de los nuevos ministros. Los activistas reclaman, cada vez con mayor fuerza y descaro, el despido de los empleados públicos liberales para poder ellos ocupar sus puestos. Es la vieja historia del “estado botín” y la cultura política del reparto entre los ganadores del torneo electoral.
Los ministros, especialmente los nacionalistas, ya se han hecho eco de tales demandas. En varios Ministerios han comenzado los despidos masi- vos, en particular de aquellos empleados que no gozan de un acuerdo de nombramiento sino que trabajan en base a contratos temporales. Los pro- pios ministros que no pertenecen al partido gobernante han podido compro- bar que, aunque fueron nombrados a la cabeza de la institución, su poder de contratación laboral es limitado, ya que esa función la ejercen directa- mente los jefes de personal o los directores generales, todos ellos pertene- cientes al partido de gobierno.
Entre la corrupción y la represión paralela
estas dificultades, que pueden ser consideradas como “normales” y casi inevitables, Pepe Lobo debe sumar ahora el impacto mediáti- co y financiero de los abundantes escándalos de corrupción, surgi- dos a raíz de numerosas decisiones apresuradas e irregulares que fueron adoptadas en los meses que duró el gobierno de facto que presidía Roberto Micheletti. Se trata, en verdad, de varias contrataciones indebidas, amplia- ciones sospechosas en los montos de los contratos, venta de influencias, emisión fraudulenta de cheques, pagos ilegales, gastos millonarios sin res- paldo documental ni financiero, robo descarado de bienes estatales, falsifi- cación de documentos, en fin… Ahora ha quedado plenamente al descubier- to la verdadera naturaleza saqueadora y arbitraria del régimen golpista. Pareciera que los golpistas llevaron a cabo el derrocamiento del ex presi-