jueces despedidos y de los supuestos o reales padres de familia que recla- maban de los maestros el cumplimiento de los 200 días de clase por año, se han disuelto por si solos, una vez que los magistrados de la Corte Suprema ratificaron los despidos y luego que, en el caso de los padres de familia, se hiciera evidente la indiferencia y casi rechazo que su protesta había genera- do.
También se han producido protestas callejeras de los gremios magisteriales, incluyendo movilizaciones a nivel nacional, así como plantones y reclamos, con crucifixiones fingidas incluidas, frente a Casa Presidencial por parte de los grupos indígenas lencas, junto a paros momentáneos de labores de los empleados públicos en el área del Sector salud, en el Registro Nacional de las Personas, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y algunas Muni- cipalidades. En el caso específico de los maestros, el gobierno enfrenta serios problemas para cumplir con sus demandas, entre las que resaltan dos: a) la discusión y búsqueda de consenso en torno a la nueva Ley Gene- ral de Educación, que ya se encuentra en manos del Poder Legislativo (la normativa vigente data del año 1963), y b) el pago de la deuda de 3,640 millones de lempiras (unos 192 millones de dólares) que el gobierno de fac- to de los golpistas dejó de pagar al Instituto de Previsión del Magisterio (IN- PREMA) en sus siete meses de duración. A fines de enero de este año, la deuda todavía ascendía a 168 millones de dólares, debiendo el gobierno pagar una cuota mensual de 20 millones de dólares para poder capitalizar y evitar la quiebra del instituto de pensiones de los maestros.
La conflictividad y las protestas están en su mejor apogeo, afectando gra- dualmente cada vez más los niveles de gobernabilidad política y social en el país.
La economía y sus inciertos pronósticos
provechando la llegada de la Misión del Fondo Monetario Interna- cional (FMI) que vino al país (17-27 de mayo) para hacer una nueva revisión de las cuentas oficiales, el Banco Central de Honduras (BCH) presentó públicamente el nuevo Programa de política monetaria para el periodo 2010-2011, según el cual se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) entre 2,2 y 3,2% en este año, con una tasa inflacionaria que no supere el 6% (en abril ya era de 2,3%) y un déficit fiscal estimado para el mes de diciembre de 4,1% del PIB (en el año 2009 alcanzó un poco más del 6%).
La mayor preocupación del BCH, según palabras de su presidenta María Elena Mondragón, es el aumento de la deuda interna para poder financiar el actual déficit fiscal y pagar los elevados intereses millonarios (tres mil millo-
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nes de lempiras, unos 158 millones de dólares, por año) por los bonos emi- tidos o renegociados por el gobierno de facto anterior. Sin el apoyo de los organismos financieros internacionales, el gobierno lobista no podrá hacer frente a estos desafíos. De ahí la urgencia vital de llegar a un acuerdo lo más pronto posible con el FMI. En esta perspectiva, el gobierno nombró sus nuevos representantes ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Cosenza y Marlon Tábora respectivamente, ambos hom- bres de confianza del ex presidente Ricardo Maduro.
La Misión visitante, al marcharse, hizo público su comunicado de prensa habitual con las recomendaciones tradicionales: controlar el gasto público, focalizar los subsidios, rescatar las empresas estatales en situación finan- ciera difícil (ENEE, HONDUTEL, etc.), reducir la planilla salarial, etc., agre- gando su propio pronóstico sobre el crecimiento económico en el 2010: 2%. Las reservas internacionales netas, al 20 de mayo, ascendían a la suma de 2,137 millones de dólares, unos 21 millones más que en diciembre de 2009. Las remesas familiares, aunque no han crecido mucho, al menos tampoco han descendido en forma alarmante, tal como se esperaba a finales del año anterior.
La firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea a mediados del mes en la Cumbre de Madrid, ha abierto una ventana de esperanzas, espe- cialmente entre los empresarios de la industria maquilera, los cafetaleros y los productores de carne, a diferencia de los azucareros y los empresarios de la industria láctea que no quedaron muy satisfechos con los términos de la negociación y sus resultados.
Las recaudaciones en base al impuesto sobre la renta no llenaron las ex- pectativas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), al recoger 600 millo- nes de lempiras menos (unos 32 millones de dólares) de lo que se espera- ba. Por su parte, la Cámara de la Industria de la Construcción reveló que ese rubro, fuente fundamental de empleo, ha caído en un 32% en lo que va del año.
Para cerrar el círculo del pesimismo económico, a finales del mes la tormen- ta tropical Agatha provocó inundaciones y daños severos en toda la infraes- tructura del país, destruyendo más de diez mil manzanas de granos básicos y ocasionando pérdidas en la agricultura por unos 300 millones de lempiras (más o menos 16 millones de dólares), según cálculos preliminares de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (SAG).
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JUNIO
2010
La situación política
n este mes, el pasado día 28, se cumplió el primer aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno del ex presidente Manuel Zelaya y abrió una etapa de crisis y convulsión política permanente en la sociedad hondureña. Con motivo de la fecha, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) convocó a manifestaciones callejeras pacíficas en las principales ciudades del país y, una vez más, tuvo oportunidad de mostrar su fuerte poder de convocatoria y capacidad de movilización organi- zada. Miles de personas (en Tegucigalpa se estima que marcharon más de cien mil “resistentes”) desfilaron en todo el país condenando el golpe de Estado y a sus autores, al tiempo que reclamaban la pronta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el retorno incondicional del ex pre- sidente Manuel Zelaya.
En el mitin celebrado en Tegucigalpa participó activamente la ex primera dama Xiomara de Zelaya, quien vino directamente desde la República Do- minicana para traer el mensaje enviado por su esposo, el exiliado presidente Zelaya. La presencia de Xiomara en la manifestación sirvió para atizar los rumores sobre su posible lanzamiento como aspirante a la presidencia de la República en representación del liberalismo zelayista agrupado, fundamen- talmente, en las filas del FNRP. La idea de convertir a la ex primera dama en la heredera política de su esposo está cobrando cada vez más fuerza en las filas de la llamada Resistencia liberal, en momentos en que surgen por doquier numerosos aspirantes a convertirse en candidatos presidenciales del partido para las elecciones de noviembre del año 2013: Elvin Santos, que intenta repetir; Edmundo Orellana, Yani Rosenthal, Carlos Eduardo Reina, Rasel Tomé, Gloria Oquelí, etc. Aunque todos lo niegan, no hay duda que todos están haciendo desde ahora su labor proselitista en las bases liberales para tener opciones de triunfo en las elecciones internas y prima- rias que deberán celebrarse un año antes de las generales, es decir en no- viembre de 2012.
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Manuel Zelaya, líder indiscutible del liberalismo antigolpista y de buena par- te de los miembros no liberales del FNRP, es actualmente el gran elector dentro del partido Liberal (PL). Su peso específico y la influencia de su lide- razgo serán definitivos al momento de inclinar la balanza a favor o en contra de cualquiera de los pretendientes liberales a la silla presidencial.
Esta es una de las razones, entre muchas otras, por las cuales el retorno de Zelaya resulta tan polémico y controversial al interior del PL. Los dirigentes de la vieja guardia liberal -Carlos Flores, Rafael Pineda Ponce, Jaime Ro- senthal, el propio Roberto Micheletti, etc.-, por causas distintas aunque muy obvias, se muestran reticentes o abiertamente opuestos al regreso del ex presidente, celosos como están de la popularidad de éste y vigilantes para cuidar sus propios cotos de influencia, grande o pequeña, en las filas del liberalismo. Entre más se prolonga la incertidumbre sobre el retorno triunfal de Zelaya, mayor es la angustia y la confusión al interior del que debiera ser el principal partido de la oposición política.
De ahí, pues, que el eventual retorno de Manuel Zelaya al territorio nacional esté lejos de ser “un caso cerrado”, como dijo el presidente Lobo, o “un te- ma que ha dejado de ser crítico”, como lo calificó Arturo Valenzuela, secre- tario adjunto de Estados Unidos para América Latina, desde Washington. Lo cierto es que, al decir de Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, el “caso Zelaya” sigue siendo clave para la reconciliación nacional y el posible reingreso de Honduras en la organización continental.
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Coincidiendo con el primer año del golpe de Estado, el escenario político se vio más agitado que de costumbre y el clima de crispación se intensificó de nuevo. A ello contribuyeron las marchas callejeras del FNRP, la instalación, el propio día 30, de la llamada Comisión de Verdad (siete representantes, dos nacionales y cinco extranjeros), una especie de instancia paralela que la Resistencia decidió crear en oposición abierta a la considerada oficialista Comisión de la Verdad que fuera inaugurada por el presidente Porfirio Lobo el pasado día 04 de mayo, y la reaparición de Roberto Micheletti en las pan- tallas de la televisión local y en un foro empresarial en la capital salvadore- ña.
Además de estos hechos, ya de por si suficientes para atizar el fuego de la controversia, el propio presidente Lobo había escandalizado el escenario nacional el día 09 al denunciar la existencia de una trama golpista en contra suya. “Tengo información detallada, dijo Lobo,… me quieren quitar (pero) ya los tengo ubicaditos (sic), no se engañen con mi sonrisa”, advirtió al final. Los supuestos conspiradores serían miembros del propio partido Nacional (PN) y también del PL y otros sectores extrapartidarios. Al calificar la ideolo- gía de los complotistas, el presidente los describió como un “tuti fruti”, es decir una mezcolanza variada de ideas y opiniones (curiosamente, a uno de