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CAPÍTULO III. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y CIUDADANÍA

3.9. Jubilación laboral, a debate

3.9.2. Prejubilaciones y jubilaciones anticipadas

edad cronológicamente aceptada, pero el carácter arbitrario y burocrático como de cualquier edad-barrera, llevan a preguntarse por qué no establecer esta transición en virtud de otros criterios (Agulló 2001); esta cuestión que se plantea esta autora, se profundiza más aún, cuando somos testigos de la calificación de pensionistas a personas adultas, aún capaces física e intelectualmente, que son retiradas del terreno productivo.

Y es que la sociedad española ha estado dividida como refleja que el 56% afirmaba que la jubilación no debería ser obligatoria por razón de la edad sino por la disminución de las capacidades personales, mientras que el 39% estaba de acuerdo en que la edad fijara la jubilación, y sólo el 15% de los españoles compartía que retrasar la edad de 65 a 70 años sería una medida acertada (INE, 1995). Datos actualizados indican que para el 12% de los mayores la jubilación resulta un vacío (12%), una liberación (16%) y sin importancia (55%), y en cuanto a la posibilidad de seguir trabajando tras la jubilación, son partidarios un 60% de los mayores de 65 años, mientras que son partidarios un 65% de las personas entre 55 y 64 años (IMSERSO, 2010b). También se muestra que los jubilados con niveles más modestos apoyan adelantar la edad de jubilación, sin embargo, los de mayor cualificación profesional rechazan esta propuesta, debido a su no-aceptación del hecho de jubilarse, en plenas capacidades (Agulló, 2001). En cualquier caso, todos coinciden en que debería ser elegida, y no forzada por instancias externas a los procesos productivos.

El motivo de tales respuestas son las actitudes sociales hacia la vejez, fruto de una serie de estereotipos y prejuicios que rodean al envejecimiento. Según algunos gerontólogos e investigadores de la fisiología y neurología humana, señalan que dicho proceso se inicia a partir de los treinta años aproximadamente. A pesar del deterioro natural que se produce, y que a partir de los ochenta años se multiplica, existen opciones al alcance de los mayores para su desarrollo y autorrealización.

Dicho esto, las situaciones más paradójicas socialmente y el conflicto intrapersonal, surgen con las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas, que están generando una masa social de

trabajadores, que inician su proceso de envejecimiento de forma precoz, con tan sólo 50-55 años de edad. Por ello, aquellos ciudadanos que se encuentran en este estado postlaboral, bien concertada libre y voluntariamente, o bien impuesta por las circunstancias del puesto de trabajo desarrollado hasta entonces, están situados en la antesala y punto de partida de su vejez.

Para aclarar tales términos que llevan al retiro laboral, debe diferenciarse en que consiste, por un lado, la jubilación anticipada, que nos indica la jubilación antes de la edad legal (65 años), y por otro, la prejubilación como algo distinto (no son jubilados, aún), que incluye los excedentes laborales procedentes de los sectores afectados por la reconversión, con edades que rondan alrededor de 55 años, y que no han podido ser recolocados. Por tanto, la jubilación anticipada es una figura híbrida entre el desempleado y el jubilado (Agulló y Garrido, 1996), mientras que los prejubilados, ni son activos mayores, ni parados, ni se incluyen aún en la jubilación oficial, pudiendo percibirse a sí mismos y percibidos por el resto de la sociedad como “activos marginados por la edad” (IMSERSO, 2008).

Y es que las personas jubiladas son reconocidas como colectivo a nivel social, jurídico e institucional, y su imagen está aceptada socialmente en la actualidad. En cambio, las personas prejubiladas no poseen una imagen tan definida y connotada de significados positivos, capaz de securizar y arropar a las personas que están en esta situación (Ibíd.). De hecho, el Observatorio de Personas Mayores (IMSERSO) indica que la prejubilación a una edad temprana, que tiende a adelantarse cada vez más, promueve la aparición negativa del fantasma “vejez prematura”, así como sus consecuencias, especialmente debido a la incertidumbre con respecto al futuro.

Dejando a un lado las diferencias conceptuales, se puede afirmar que muchos de estos hombres y mujeres están afectados en su estado anímico, dado el problema de la desocupación laboral impuesta en edades adultas (50-60 años), establecido por mutuo acuerdo, o bien por las condiciones específicas de la labor desempeñada, hasta el momento. En aras a la productividad, estos trabajadores de edad no se consideran eficaces para lograr las cotas de rendimientos exigibles por el sistema productivo. Igualmente, estos trabajadores obtienen mejores puntuaciones que otros más jóvenes en los mismos centros de trabajo, en aspectos como el absentismo, la siniestralidad y la capacidad de

adaptación al trabajo, además del alto grado de satisfacción personal en el desarrollo de sus competencias laborales.

Lo que ocurre con los prejubilados y jubilados anticipados, es que los empleadores no están dispuestos a asumir los costes de reciclaje profesional de estos trabajadores de edad, pudiendo ser sustituidos por otros más jóvenes, con mejor cualificación académica -que no de conocimientos y habilidades laborales-, que les resulta más baratos en sus contrataciones. Ante esta realidad del mercado laboral, guiada por criterios empresariales de antaño (juventud es igual a productividad), resulta complejo que estos trabajadores de edad puedan competir en igualdad de condiciones, ante las hordas de jóvenes necesitados e inquietos por trabajar, al precio que fije la empresa contratante.

Autores como el profesor Subirats (1992:25) que opinan que “parece que cada vez es más difícil establecer edades cristalizadas, proponiendo que las etapas de formación y producción deban entremezclarse con mayor frecuencia dada la constante obsolencia de los procesos productivos. Es decir, que predominan las etapas de transición, de cambio, por encima de las etapas estables y definidas de formación, producción y ocio”.

Agulló (2001:59) destaca que “la vejez tiene un matiz más biológico, mientras que la jubilación o el retiro laboral, posee una connotación más oficial o institucionalizada”. A pesar de ello, asimilar la jubilación a vejez resulta un error, pues la vejez se define según las diversas condiciones de la persona. Lo que ocurre, según López Jiménez (1992), es que la ruptura que supone la jubilación no coincide con mecanismos naturales del envejecimiento humano, aunque este tipo de “envejecimiento social” incide notablemente en el envejecimiento psicológico y fisiológico. Y es del todo cierto, pues cuando se conversa con grupos de prejubilados, especialmente pertenecientes a sectores profesionales de “cuello blanco”, se niegan a aceptar su nuevo estatus de prejubilado o jubilado anticipado, por no sentirse viejos, y que su entorno más próximo así lo catalogue.

El pensionado o pensionista, se equipara con inválido, inactivo, jubilado o pasivo, entre otros conceptos que lo definen como mero perceptor de una renta o pensión del erario público tras años de cotización como trabajador. Esta situación de dependencia económica no es deseada por la mayoría de jubilados, especialmente cuando por motivos ajenos a su voluntad, y en plenas facultades físicas y

psíquicas, han sido retirados de sus correspondientes puestos de trabajo, siendo aún adultos aptos (menores de 60-65 años).